Comunicadores del Sur

14.5.2020

Por Liga Argentina por los Derechos Humanos

EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SE OCUPE DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS VILLAS

El “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, con sus múltiples restricciones, no frenó la decisión del Gobierno de la Ciudad de actuar en la Villa 31-31 bis “Barrio Padre Carlos Mugica” para poner en práctica su modelo de exclusión (del que no están exentos los demás barrios populares de la ciudad más rica del país), que a largo plazo busca la gentrificación de esa zona y a corto plazo significaría el desalojo de centenares de familias y el despojo de las tierras donde se erige el barrio y aledañas, con el fin de favorecer la especulación inmobiliaria. Desde la Liga hemos denunciado en reiteradas oportunidades con las organizaciones del barrio y otras fuerzas sociales la verdadera finalidad del plan para la supuesta “integración social y urbana” de lxs habitantes de la Villa. También hemos señalado más recientemente que la cuarentena no se sufre de la misma manera en los barrios populares que en las viviendas de la clase media o de los grupos más privilegiados. Y la semana pasada hemos denunciado que la ausencia de acciones eficaces gubernamentales ante la falta de agua en la mayor parte de la Villa 31-31 bis (y en otros barrios populares) genera enormes riesgos, que a la fecha alcanza el resultado de 628 casos positivos de Covid-19 y que ya han costado la vida de tres habitantes de ese histórico barrio. Exponemos también que, ante la falta de intervención del GCABA, lxs vecinxs, organizaciones de base y territoriales han sido quienes estuvieron siguiendo los casos «sospechosos» y «vínculos estrechos», como así también sosteniendo las ayudas económicas y de alimentos de las personas afectadas. En este sentido queremos remarcar, aunque parezca una obviedad, que buena parte de la población del barrio 31 trabaja de manera informal y, el aislamiento les imposibilita generar recursos para las necesidades básicas. Es en este contexto, en el que otra vez lxs vecinxs, organizaciones de base y territoriales se articulan para alimentar a un porcentaje importante de la población, a través de comedores comunitarios y ollas populares, dado que la IFE no fue diseñada para que todxs lxs habitantes puedan percibirla -recordemos que el barrio tiene un componente migratorio importante y que de las personas migrantes más de la mitad, hoy, no percibe ningún ingreso. En este mismo sentido, el Gobierno porteño ha avanzado con la reglamentación del plan de supuesta “urbanización” prevista en la Ley CABA 6129, en el medio de la imposibilidad de que lxs habitantes, representantes y organizaciones sociales participen al menos en esta etapa, cuando se les negó intervención real en las fases previas de elaboración y sanción de esta normativa, consolidando así una avanzada antidemocrática de avasallamiento de sus derechos. ¿Por qué, incluso mientras estuvo expresamente prohibido, el gobierno de Rodríguez Larreta continuó realizando mudanzas y relocalizaciones? ¿Por qué esta reglamentación se aprobó de manera callada y aprovechando la imposibilidad de participación de lxs habitantes, representantes y organizaciones del barrio, que se ocupan día a día de garantizar un plato de comida y luchar contra la falta de agua? ¿Por qué, si el Gobierno porteño dice no poder solucionar la prestación del agua corriente, no reclama públicamente a quien pueda hacerlo? ¿Y por qué no adopta mientras tanto medidas que permitan el suministro de agua a las familias en cantidad y calidad suficiente? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para reforzar la alimentación? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para minimizar otros graves peligros para la salud, como el dengue? La inacción del Gobierno porteño parece estar directamente vinculada con su voluntad de avanzar con su política de urbanización con criterios de exclusión y de desalojar a la mayor cantidad de habitantes que puedan, al tornar inhabitables los hogares de miles de familias. Por todos estos motivos, Exigimos que se garantice el acceso al agua potable y su efectivo suministro a lxs habitantes de las villas. Exigimos que se garanticen las medidas de higiene y sanitarias requeridas, para evitar la propagación del Dengue y el Covid-19. Exigimos el aumento de las raciones de alimentos de todos los comedores y merenderos populares. Exigimos la aplicación de una Renta Básica Universal que contemple a todxs. Exigimos las suspensiones de las demoliciones de las casas en el sector “Bajo Autopista” de la Villa 31, 31 bis “Barrio Carlos Mugica” y que se suspendan las relocalizaciones, que es el engañoso ropaje con el que se presentan hoy, los desalojos en el barrio. Y, en definitiva, exigimos que toda decisión importante para el futuro de los barrios populares sea tomada con participación real y plena de sus habitantes, sus representantes elegidxs democráticamente y organizaciones populares, ya que la salida a estos problemas es colectiva, es solidaria y que la vivienda digna es un derecho humano que debe garantizar el Estado

14.5.2020

Lo hicieron el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital, a través de una Medida Cautelar para que el gobierno porteño reubique a las personas en situación de calle en hoteles que contrate la ciudad o en viviendas sociales.

Reproducimos comunicado:

Hace casi dos meses (24 de marzo) alertábamos en un INFORME que los paradores, además de violar la Ley N° 3.706, creaban una situación de alto riesgo de contagio masivo por la aglomeración de personas en el caso de que el coronavirus ingresara. Es la situación que ocurrió en el parador de Retiro donde el 85% de las personas se contagiaron.
También hay casos de personas contagiadas en el parador Olímpico y en el parador ubicado en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza.
Además, se SOLICITÓ que se ordene al GCBA:
* Disponer de hoteles de la misma calidad y atención para las personas en situación de calle que los utilizados para los repatriados.
* Adoptar medidas adecuadas y específicas para atender situaciones de consumo problemático o problemas de salud mental que requieren de un acompañamiento y contención especial.
* Crear un COMITÉ DE MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE para evaluar y supervisar que se respeten los derechos de las personas en situación de calle.
* Establecer medidas especiales para garantizar la vacunación contra la gripe.
La Legisladora Laura Velasco, frente a esta situación, presentó un proyecto de Declaración N° 1012-D-2020 y un pedido de informes N° 1013-D-2020 en la Legislatura porteña.

14.5.2020

Por La Retaguardia

El martes 12 de mayo se confirmaron 79 personas contagiadas de COVID-19 entre residentes del Parador Retiro, que alberga a varones en situación de calle y está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este parador, que es uno de los tres con ingreso directo del gobierno porteño y se suman a los autogestivos Proyecto 7 y a los tres polideportivos que se habilitaron en la Ciudad, fue cerrado provisoriamente.

Todo comenzó hace casi una semana. Uno de los empleados administrativos del Parador, quien pidió se reserve su identidad por temor a las represalias laborales, había confirmado el jueves pasado que uno de los usuarios fue retirado con un estado febril por una de las ambulancias del SAME y trasladado a uno de los dos hospitales que dependen del área programática del Parador Retiro, el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. Lo llamativo de este primer caso era que el paciente no había salido del Parador, por lo que era más que probable no sólo el contagio comunitario sino la extensión hacia toda la población del lugar, cosa que sucedió, con el agravante de que 12 de ellos fueron trasladados al Hospital Muñiz en un micro escolar, cuestión que viola cualquier protocolo de aislamiento existente sobre Coronavirus y que produjo la elevación de una queja por parte de la responsable del Área del hospital. Lo que queda en evidencia, como tantas otras cuestiones que exacerbó esta pandemia, es el combo fatal de falta de improvisación, desidia y ausencia de acciones concretas por parte del Estado, que termina con la imposibilidad de tratar a personas en estado de vulnerabilidad social como sujetos de derecho.
Según la página oficial del gobierno los paradores “tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, pero en la realidad y, desde hace muchos años, sufren falencias estructurales y de sobrepoblación que la pandemia terminó subrayando. En la práctica, el dispositivo es un galpón con muchas camas en fila, en el que se viven conflictos diarios, muchos de ellos violentos; en el que se mezclan personas “pesadas” de ranchadas con adultos mayores o personas que recién ingresan al circuito “calle” y con pocos profesionales (Psicólogos, Médicos, Trabajadores Sociales) que, lejos de tener un enfoque interdisciplinario, deben hacer malabares con pocos recursos para mediar en situaciones emergentes. Muchos cuadros de esta dinámica cotidiana están muy bien representados en el documental “Parador Retiro”, filmado durante el 2008.
Los recursos ya limitados y con una evidente falta de planificación se muestran en el relato del empleado. La Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo, a cargo de Soledad Crugnale, le informó que durante el fin de semana posterior al contagio “no iban a realizar ningún hisopado (sic) a los demás usuarios”, pero que quedaba en cuarentena en su domicilio tal como indica el protocolo a nivel nacional. El resultado, una semana después, está a la vista: 79 usuarios del parador están infectados y 13 bajo sospecha.
Hasta su permanencia en el dispositivo, el mismo empleado aseguró que no se acercó ningún funcionario ni personal de limpieza. Una vez en su domicilio se enteró por comunicación vía celular con otros empleados que se hizo presente el coordinador del parador, Leonardo Pasatir, además de un equipo especial que desinfectó las instalaciones. Los demás escalones, además de la mencionada Soledad Crugnale, son el Director General de Atención Inmediata Mariano Goyenechea y el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad Maximiliano Corach, hijo del recordado Ministro del Interior menemista, Carlos Corach, denunciado por distintas organizaciones sociales desde hace años por dibujar el número real de personas que viven en las calles.
También la voz preocupada del empleado denuncia presiones de esta estructura jerárquica para permanecer en sus lugares de trabajo, ya que la mayor parte no está en planta permanente y debe renovar sus contratos cada año, en el mejor de los casos. Si bien él está en cuarentena, conoce la situación por relación directa con otros empleados que son obligados a asistir. “Es como que te dicen: ‘o te morís solo o matás a tu propia gente'”, graficó de manera contundente, enumerando a los componentes de las familias y un indicador más de su estado de sensibilidad, y la casi nula contención psicológica a empleados que están en situación de riesgo, salvo llamados telefónicos diarios para que informe su estado de salud y del lugar.
Los últimos datos del Censo Popular realizado por organizaciones sociales en el 2019 fueron contundentes: la cifra de gente en situación de calle trepó a 7251. Este tipo de políticas públicas paradigmáticas del macrismo desde su asunción en el gobierno de la Ciudad, condena a las personas que viven en la calle, no sólo a un proceso de invisibilización, sino que las cronifica sin planes de reinserción laboral, más allá de iniciativas individuales de buena fe de algunos funcionarios o talleres del gobierno.

13.5.2020

«Estamos devastados, porque gritamos y gritamos que esto podía pasar», lamentaron desde La Garganta Poderosa al informar esta tarde que Ramona Medina, vecina y vocera de la organización en la villa 31, dio positivo en el test de Covid-19 y fue intubada por tratarse de una paciente de riesgo, diabética e insulina dependiente.

Ramona fue la vocera de la organización para denunciar públicamente al gobierno de la Ciudad desde fines de abril por el abandono ante el aumento de casos en el barrio popular de Retiro y la falta de servicios de agua.
«¿Y ahora? Y ahora Ramona tiene coronavirus, sí, la misma Ramona que salió en todos los informes y videos que publicamos desde que comenzó el aislamiento inviable para los barrios abandonados, denunciando el sometimiento a las condiciones infrahumanas que padecía la Villa 31», denunció la organización villera.
Ramona pasó doce días sin servicio de agua en su casa, donde viven seis personas, cuatro de ellas, pacientes de riesgo. Una de sus hijas padece los síndromes de West y Aicardi, patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas.
La vocera de la organización quedó internada tras detectarse que es una de los 759 casos positivos en las villas porteñas, pero su familia continúa en su casa y, desde esta mañana, otra vez sin agua. «Estuvieron 55 días aisladas en esa misma casa, que hoy tampoco tiene agua y ya ni siquiera tiene a Ramona, porque la acaban de intubar», denunció La Poderosa.
La referente barrial fue la vocera de la organización desde que comenzaron a detectarse los primeros casos en el barrio, donde tampoco había agua potable. «¿Cómo pretenden que cumplamos todas las medidas de prevención e higiene en estas condiciones?», advertía Ramona a las autoridades del gobierno porteño.
«¿Qué nos quieren explicar? ¿Qué más debiéramos callar? ¿Cuántos compañeros con respiradores vamos a esperar? Ahí, en la misma vivienda del sector Bajo Autopista, Ramona pasó 12 días pidiendo auxilio, sin agua, rogando que por favor materializaran su traslado», subrayó La Poderosa en un comunicado, en el que exigió «basta de silencio», reforzar el dispositivo Detectar, transparencia en los datos del gobierno porteño e intervención del gobierno nacional.
«Lo imploró, lo gritó, lo lloró, un día en Telefé, otro día por la TV Pública, todos los días en La Garganta, pero ni así logró arrancarle al periodismo esa mordaza que propios y extraños presentan como barbijo, para no romper lanzas con (Horacio) Rodríguez Larreta, ni hacerse cargo de sus propias estadísticas», agregó la organización villera.
Hace diez días, Ramona grabó un video, que se difundió por las redes sociales, en el que interpeló directamente el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien se encargó de dar entrevistas en radios y canales de televisión para asegurar que el problema de la falta de agua estaba solucionado.
«Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones», reclamó Ramona en su momento.
En su mensaje, la vecina insistió: «Hay una pandemia que nos está consumiendo. Todos los días nuevos casos, nuevos vecinos, y nosotros seguimos sin agua y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo de no tener agua y de contagiarse este virus terrible».

13.5.2020

Por Mariano Martín

Lo reclama un proyecto presentado por los legisladores del Frente de Todos. Buscan indagarlo tras las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa.

El escándalo por la denominada “mesa judicial” del macrismo llegó a la Legislatura porteña con un pedido para citar a Juan Bautista Mahíques por los señalamientos como presunto partícipe en maniobras de presión a jueces durante el gobierno anterior.
El proyecto de llamado fue presentado por los legisladores del Frente de Todos Lucía Cámpora y Juan Manuel Valdés con el propósito de indagar la posible participación del actual jefe de los fiscales porteños “en acciones de injerencia sobre las decisiones de los magistrados del Poder Judicial de la Nación mientras desempeñaba funciones tanto en el Ministerio de Justicia de la Nación así como en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
El planteo responde a las declaraciones periodísticas de la camarista de Casación Ana María Figueroa cuando afirmó haber sido víctima de “presiones” recurrentes en la administración de Mauricio Macri y mencionó la visita a su despacho de un “alto funcionario” que intentó convencerla de apurar un voto relacionado con la constitucionalidad del memorándum con Irán. Aunque Figueroa no lo nombró, primero descartó de plano que se tratara de otros dos dirigentes y recién cuando se le mencionó a Mahíques hizo silencio, rió y sólo dijo que “por suerte eso quedó en el tiempo”.
En 2015, apenas asumido el gobierno de Cambiemos, Mahíques era representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. El año pasado fue designado fiscal general a propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “En ese momento su postulación fue cuestionada por organismos como el CELS y ACIJ por falta de autonomía e independencia. Ahora los legisladores exigen que se presente ante el órgano parlamentario para dar explicaciones sobre la posible comisión de delitos contra la institucionalidad y la división de poderes”, señala un comunicado de los autores de la iniciativa.
Y añade: “Si Mahíques no fue el funcionario responsable de esos aprietes, debe quedar claro. No pretendemos revertir el principio de inocencia en torno a los delitos que se le imputan. Muy por el contrario, este cuerpo legislativo necesita saber si son ciertas las acusaciones vertidas sobre Mahíques”, apuntan Cámpora y Valdés en los fundamentos.