Comunicadores del Sur

10.7.2020

En la tarde del jueves 9 se movilizaron desde Iriarte y Luna hacia la Jefatura de Gobierno, donde leyeron un documento consensuado entre las organizaciones convocantes y exigieron respuestas.

Vecinos y vecinas de la Villa 21-24 y Zabaleta del barrio de barracas, nucleados en la junta vecinal del barrio, la “Red de mujeres y disidencias” y demás organizaciones territoriales se vienen organizando hace tiempo para exigir respuestas al Gobierno y a las empresas de servicios, por la falta de agua y luz.
Este no es su primer reclamo, vienen desde que empezó la cuarentena exigiendo una respuesta, ya que esta situación que viene de años, en medio de la pandemia se agudiza al extremo.
Sufren cortes constantemente, perdiendo electrodomésticos porque se queman, perdiendo comida porque se pudre, sin poder higienizarse ni poder cocinar, y con su vida totalmente expuesta por las explosiones de los transformadores y aparatos de luz, o usando velas aumentando las posibilidades de que haya accidentes e incendios. Esta situación es insostenible en medio de la cuarentena, y el slogan “Quédate en casa” es imposible realizar.
Da bronca que esto suceda, pero aún más si tenemos en cuenta que esta situación se da en la ciudad más rica del país, donde las empresas de servicio como Metrogas, Edesur, y otras, se llenan de plata sin invertir un peso en mejorar esta situación mientras el estado nacional los subsidia.
O el caso de de la empresa de servicios de agua, Aysa, donde el gobierno nacional tiene a Malena Galmarini en su directorio y se pasa la pelota con Larreta, sobre quien es el responsable, mientras el agua no llega a los barrios vulnerables.
La diputada porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, se solidarizó en las redes sociales: “Fui por muchos años operadora social en ese mismo barrio y los problemas de agua y luz son desde siempre. No puede ser que aun y en medio de esta crisis sanitaria, se siga sin dar respuesta a las vecinas. Es necesario declarar la emergencia alimentaria, habitacional y sanitaria, como reclaman los vecinos”.
Y agregó: “Esta situación se da en todos los barrios vulnerables, mientras el Gobierno y las empresas prestatarias se tiran la pelota sobre quién es el responsable. Eso si los subsidios a las privatizadas son incuestionables. Solo un plan integral de emergencia, financiado con impuestos a las grandes fortunas, como estas mismas empresas, podría ser el camino a resolver definitivamente este flagelo”.
La organización y la lucha, coordinando con otros sectores y uniendo el conjunto de las peleas contra los gobiernos, es la única forma que tenemos de pelear por mejorar nuestras condiciones de vida, enfrentar la pandemia e impedir que la crisis sanitaria, económica y social recaiga sobre los trabajadores y sectores populares.

8.7.2020

Por Iván Barrera y Ana Paula Marangoni*

En diálogo con Daniel Ricardo Calvo, coordinador del taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, recuperamos la historia de la institución, del confinamiento, del maltrato y del abandono hacia quienes institucionalmente no son aptos para la sociedad.

¿Qué situaciones de abandono viene atravesando el Borda desde antes de la pandemia? ¿Cuál es la situación actual?
El hospital viene teniendo situaciones de abandono desde sus orígenes. Es una institución con un pasado muy negro en relación con los métodos que utilizaban. Antes del chaleco químico, como nosotros llamamos a los medicamentos que se utilizan en los padecimientos mentales (en exceso, porque se sobremedica), se empleaban otros métodos totalmente crueles, tales como el electroshock, los manguerazos de agua fría, atar pacientes a la cama o celdas de aislamiento. Métodos propios de los manicomios de todo el mundo que se trasladaron al José Tiburcio Borda.
Con el comienzo de los grandes laboratorios y de la medicación de forma masiva, comenzaron a aplicar grandes dosis para mantener en un estado catatónico a los usuarios. El Estado de abandono es en todos los sentidos: la comida siempre fue terrible; la ropa que se les da viene de donaciones que por supuesto son usadas, no son a medida y no se adaptan a las personas. Si uno no tenía un aspecto de loco al ingresar, a partir de la ropa y el calzado se transforma en uno. Las condiciones internas son pésimas, a las 19 horas se les da a los usuarios la medicación junto con la cena, y su jornada queda terminada.
El abandono también corresponde a la familia, o a los amigos y conocidos. Es un tema complicado porque es fácil decir que la familia te abandona, pero todas las personas que están en los manicomios públicos son pobres y pertenecen a grupos familiares muy pobres, son familias que viven en el tercer cordón del Gran Buenos Aires o en las villas de la Ciudad. Entonces, trasladarse hasta el hospital hoy por hoy lleva un costo en el pasaje al que tienen que sumarle el llevarle algo al internado, un alimento, gaseosa, cigarrillos. Todo eso involucra un gasto que es muy difícil sobrellevar, más en este tiempo.
A su vez, está el tema de que las familias tienen sacralizado el uniforme blanco del doctor, el cual significa una súper autoridad, una voz autorizada; y si el doctor le dice que va a estar mejor, que ese es el lugar adecuado para ese padecimiento, confían ciegamente. Hace un tiempo, uno de los médicos habló con la madre de un usuario y le dijo que le iban a hacer un tratamiento. Se lo explicó en términos científicos, pero se trataba de sesiones de electroshock, y la madre lo autorizó por desconocimiento total de lo que implicaba.
También está el abandono de la sociedad, la estigmatización. Una persona que está o pasó por un manicomio es considerado un descarte de la sociedad, alguien que no produce, que no sirve para el sistema, que no vota. Está ahí amontonado como un resabio de la sociedad. Eso es estigmatizante. Cuando uno sale, busca trabajo y se enteran de que pasó por un manicomio es como si llevase un sello en la frente que lo va a llevar por toda la vida. Lo mismo que pasa en las cárceles.
La situación actual no difiere mucho del pasado. Esta solo se agrava por la situación del COVID. Los usuarios internados siempre padecieron una situación de abandono, de confinamiento o aislamiento; paradójicamente, hoy toda la sociedad está viviendo parte de lo que ellos experimentaron siempre. Aislados en un servicio, en un pabellón, en un manicomio, aislados de toda su familia. Ahora es todo más grave porque antes contaban con organizaciones sociales que trabajaban dentro del hospital pero que siempre fueron ajenas al mismo -el cual nos estigmatiza por estar supuestamente en contra de los saberes psiquiátricos; para ellos deberíamos estar presos por uso indebido de la medicina-. El hospital considera que son los únicos que tienen el saber para el tratamiento de padecimientos mentales.
Ahora todo se agrava por las medidas: tener que andar con barbijo, lavarse con alcohol en gel, que es lo que recomienda el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Pero hoy en el Borda no hay esos elementos, no hay barbijos, no hay jabón, no hay alcohol ni en gel ni líquido, no se cuenta con insumos. Esa es otra forma de abandono, que no solo sucede con los usuarios internados, sucede con todos los profesionales que trabajan dentro de los manicomios. La enfermería, las y los médicos, psicólogos, el personal de limpieza, de cocina, no cuentan con los elementos básicos. Un enfermero que debería tener un barbijo cada 2 horas. -que es su tiempo útil- tiene que usarlo por una jornada de hasta 12 horas. Los elementos de higiene y limpieza los tienen que proveer ellos. Los pedidos han sido constantes por parte de los profesionales y de quienes trabajan en el hospital. La consecuencia inmediata es que el COVID haya entrado en el Borda así como entró en las villas. Estos casos no son solo de usuarios, sino también de médicos, enfermeros y enfermeras.

7.7.2020

Por Juan Borges

El padre Juan Insausmendi, cura de la Parroquia Madre del Pueblo del Bajo Flores reflexionó sobre el asesinato de Facundo Scalzo, a manos de Gendarmería, la situación en el barrio en el marco de la pandemia.

¿Qué actividades desarrollan en el barrio?
Padre Juan Insausmendi: Soy el Párroco de la Parroquia “Madre del Pueblo” en el barrio Ricciardeli, Barrio Illia, Barrio Rivadavia 1 y 2. Mi misión es desarrollar ese cuidado y acompañamiento pastoral sobre todas las situaciones de las personas y familias de nuestro barrio. Tiene una dimensión educativa con los colegios, pastoral de adicciones, pastoral de prevención en el club con los chicos con el deporte y la cultura, pastoral juvenil, pastoral popular.

¿Cómo advierte la situación social en el barrio?
J: La percibo con un gran cansancio frente al desafío de la cuarentena que es necesaria y me parece bien, pero se ve ese cansancio. Esto se refleja en una emergencia social, también mucha angustia por no saber cómo sobrellevar ciertas situaciones sociales y sanitarias.
Es necesario redoblar el cuidado en esas áreas. También se ve un cansancio de parte del sistema de protección social y de salud en los barrios, estamos tratando de resolver situaciones que tienen que ver con el cuidado alimentario, la profundización del operativo “Detectar” es necesaria para llegar a los focos de contagio, cuidar a las personas mayores y personas en riesgo. Hay una situación profunda que atender.
Desde algunos medios se ha instalado la idea de que en los barrios populares el contagio está controlado, nosotros no percibimos que esto sea así. El SAME no tiene llegada al barrio en tiempo y forma. Hemos tenido que llevar con la camioneta nuestra a personas con síntomas de COVID para que pudieran llegar en tiempo y forma. Los sacerdotes en las villas vemos que no es verdad que en los barrios está controlado y medido el contagio y el virus.

¿Cómo ve a los jóvenes en este momento tan difícil?
J: Están al servicio de la comunidad y poniéndose a colaborar en todo lo que pueden. Nosotros tenemos un grupo que se llama “Misioneros de la Salud” que han hecho un relevamiento de ancianas y ancianos en el barrio y les llevan la mercadería y colaboran con el cuidado y el abrigo de los viejitos. Hay toda una movida en las organizaciones sociales de jóvenes al servicio de los que sufren el COVID en nuestros barrios, se ponen al hombro el trabajo en los comedores con mucho compromiso, con mucha alegría. También advierto que los jóvenes están buscando una oportunidad para construir proyectos de vida, salir de su pobreza, del dolor de su familia, buscando un futuro mejor.

¿A qué atribuye los casos de violencia y gatillo fácil?
J: Tal vez no tengo las herramientas necesarias para responder esa pregunta pero eso hay que mirarlo hacia atrás y tratar de ver la historia de nuestros jóvenes y tratar de entender carencias anteriores, ausencia de un estado desde muy pequeños. Que crece como puede, eso termina en situaciones atravesadas por la violencia, que es un enojo hacia aquello que no puedo tener ni alcanzar. Esa frustración provoca un espiral de violencia. Es necesario un trabajo de prevención muy profundo desde el estado para poder llegar antes, cuando son chiquitos y ofrecerles otras alternativas con un libro, una pelota, con un abrazo, una oración. La prevención es eso; llegar antes a la vida de los pibes para que puedan crecer lejos de la violencia y de la droga. Esa prevención tiene que ver con una inversión pero también con una mirada social puesta en la vida de las chicas y de los chicos. Esas carencias generan fragilidad que desemboca en violencia.
Cuando un chico crece en la injusticia eso en algún momento se expresa en violencia. Cuidar de esa fragilidad debe ser una óptica de trabajo. Las causas del asesinato de Facundo tienen que ver con eso también, expresan eso. Un paradigma muy complejo donde no se sabe mirar a los jóvenes ni se cuida la fragilidad de los jóvenes. Cuando las fuerzas de seguridad pierden la perspectiva del cuidado de los jóvenes se desata un espiral de violencia, cuando no tienen una formación desde el cuidado entonces pueden extraviarse y desembocar en situaciones violentas que pueden ser incontenibles. Por eso es necesario construir sanas relaciones de asimetría para lograr el cuidado de los jóvenes. Aumentar la violencia es incrementar la fragilidad social.

7.7.2020

El primer caso en la Residencia Ugarteche se detectó el 1º de julio, pero recién este lunes se realizó el hisopado al resto de la institución. La madrugada del martes falleció uno de los residentes del lugar. Hay 20 residentes y 4 trabajadores que dieron positivo.

Luego de una denuncia anónima que sostenía que en el establecimiento había personas infectadas, y a través de la cual intervino el Juzgado Federal Nº 11 que dictaminó que se activara el protocolo correspondiente, los adultos mayores con síntomas fueron trasladados a distintos centros de salud de la Ciudad en el operativo de evacuación que se llevó adelante durante la mañana del martes, una semana después del primer resultado positivo.
El primer caso que se detectó en la institución fue el de una trabajadora de salud del lugar que fue derivada por su obra social. A raíz de la notificación de este caso por parte de las autoridades de la “Residencia Ugarteche”, el día 2 de julio se hicieron presentes en el geriátrico representantes del Ministerio de Salud porteño para realizar un relevamiento epidemiológico del lugar.
Pero como no había residentes con síntomas, se tomaron su tiempo. El hisopado “preventivo” se realizó recién el día 6 de este mes, cuatro días después. Esta madrugada falleció uno de los ancianos, y por la tarde llegó la confirmación: la muerte fue por Covid y son 24 los test que dieron positivo.
A todo esto hay que sumarle que los dueños del lugar, son los mismos del Apart Incas, donde hubo 10 muertos y 38 contagios entre residentes y personal de salud. Ignacio Trimarco, abogado defensor del personal y familiares, confirmó a través de los medios los resultados de los test realizados y declaró que “esta causa se va a acumular a la que ya existe porque estas personas no están en condiciones de administrar residencias geriátricas”. A la vez que denunció la demora en la aplicación del protocolo luego de 7 días del primer caso. También remarcó la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad ya que estaba anoticiada del caso positivo y dijo que “habrían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero lo va a tener que decidir el fiscal”.
A pesar de que en los geriátricos se encuentra la población de mayor riesgo, muchas de las veces hacinadas y en contacto con personal de salud que se ve obligado a trabajar sin los elementos de protección personal (siendo de los más expuestos al virus) y en varios empleos de manera simultánea, vemos como los responsables de controlar el avance del virus siguen haciendo agua.
La manera en que se manejan tanto los geriátricos como el Gobierno de la Ciudad, explican el nivel de contagios. El hecho de que las derivaciones hayan sucedido a raíz de una denuncia anónima y una semana después del primer caso, y de que los análisis al resto de los residentes se hayan realizado 5 días después del primer caso positivo, desencadena en que de los 480 geriátricos porteños, en 159 se presentaron casos de Covid-19. Esto es un 33% de las residencias para adultos mayores de la Ciudad. Según el ministro de salud porteño Fernán Quirós, al martes 30 de junio, de 534 fallecimientos de ciudadanos porteños, 144 eran adultos mayores que residían en instituciones geriátricas.
Alertado por esta grave problemática, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, habló en el programa “Alerta Spoiler” de La Izquierda Diario Multimedio y decía: “Hoy lo que estamos viendo y advertimos al inicio de este proceso es que este sector iba a ser el más afectado. Hubo modelos de atención que fracasaron estrepitosamente y otros evitaron las muertes masivas. En Argentina hay en una baja tasa de casos conocidos, un tercio de los fallecidos en general son adultos mayores que estaban en internación geriátrica. Esto es muy claro en Ciudad de Buenos Aires, no lo es en provincia, no porque no ocurra algo parecido sino porque no tenemos datos”.
Por su parte Alejandrina Barry, diputada del FIT en la Ciudad, declaró la exigencia que vienen realizando: “Los testeos masivos para el personal de la salud y en especial de las residencias geriátricas no son un capricho. Ni la salud, ni la atención a la tercera edad deben ser un negocio. Deben ser un derecho que otorgue el Estado. Por eso exigimos la unificación del sistema de salud privada y pública y que sea controlado a través de sus trabajadores y los familiares de los residentes para que haya una atención igualitaria”.
Para finalizar, declaró: “No puede ser que luego de tantos muertos y contagiados, el gobierno siga avalando a los empresarios de las residencias, que lucran con la salud y vida de los adultos mayores”.
Los números de contagios y fallecimientos en el AMBA (CABA y Gran Buenos Aires) siguen aumentando. En CABA, ascienden a 32.280 casos totales de los cuales 1.085 son de geriátricos. Pero así y todo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue sin tomar medidas de fondo que atiendan a los sectores más vulnerables como son las residencias geriátricas.

7.7.2020

Por Julieta Azcárate

Mientras desde el Ministerio Nacional se baja un protocolo inconsulto y sin presupuesto para el regreso a las escuelas, los que ya se aplican en la Ciudad ponen en riesgo la vida de las y los docentes, auxiliares, personal de cocina y las familias. No se garantizan los testeos ni el aislamiento preventivo.

Los protocolos de manejo de casos sospechosos y confirmados de Covid-19 que se están aplicando en lugares de trabajo en el ámbito de la Ciudad, no protegen la vida de los trabajadores y trabajadoras, y tampoco el de las familias, ni garantizan mejores condiciones de higiene y seguridad en el momento de mayor número de contagios.
Las y los trabajadores de la educación tenemos compañeros en nuestras escuelas ya contagiados o posibles positivos. ¿Cómo procede el gobierno frente a estos casos?

No son números, son vidas

En una escuela en Soldati, un trabajador de cocina estuvo en contacto estrecho con un caso positivo (confirmado luego). El mismo día tuvo que ir a preparar los bolsones que se entregarían al día siguiente, junto con los auxiliares y sus compañeros de cocina. El día de la entrega de alimentos, participó junto con docentes y directivos. Sin embargo, las autoridades del Gobierno de la Ciudad no accedieron a realizar el hisopado y solamente le indicaron “auto aislamiento y monitoreo de síntomas”, porque estaba asintomático. Al resto de trabajadores y trabajadoras, ninguna indicación ni medida preventiva.
En otra escuela en Retiro, a una docente se le confirmó el contagio, luego de haber asistido a la escuela a colaborar con la entrega de bolsones alimentarios. Por la cantidad de días transcurridos hasta la aparición de los síntomas y el positivo en el hisopado, las autoridades indicaron que no se consideraba a nadie que hubiera estado con ella en la entrega de alimentos, como contacto estrecho o en riesgo. No se indicó aislamiento preventivo, ni al personal de la escuela ni medidas para las familias que necesitan la insuficiente ayuda alimentaria en medio de la crisis. Las indicaciones sólo consisten en la desinfección del establecimiento, cuando sabemos que la entrega de elementos de protección o las condiciones de trabajo no sólo en las escuelas sino en fábricas, medios de transporte, etc., están provocando que los y las trabajadoras enfermen y pongan en riesgo su vida y las de sus familias.
¿Quién nos cuida? Es una gran mentira que los protocolos elaborados por las autoridades nos protegen. El protocolo del GCBA, al igual que el confeccionado por el Ministerio de Salud nacional, manejan la definición de “caso sospechoso” como aquel que presenta síntomas. Por lo tanto, a los asintomáticos no se les realiza el test, aunque sea contacto estrecho, porque se considera que “no contagian”. ¿Cómo sabemos entonces quiénes están contagiados y quiénes no? ¿Acaso la cuarentena estricta que los gobiernos deciden que hagamos hace 3 meses no es para prevenir el contagio a través de los asintomáticos también? ¿Para qué es, sino?
“Asintomático: nunca tendrá molestia alguna por ende contagia poco, pero contagia. Por el simple hecho de hablar en voz alta, gritar o cantar, cerca de otros. El punto crítico de esta categoría de pacientes es que como no se aísla ya que no tiene molestias, contagia todo el tiempo que dura la carga viral, unos diez días”, señalaba el médico Carlos Zin, en una nota en Infobae.
El protocolo en verdad es una gran fantochada para justificar que no se realizan los testeos cuando es necesario, ni se indica el aislamiento preventivo de 15 días, como señalan los científicos y médicos. Se escatiman los testeos y nos mandan a trabajar, poniendo en riesgo no sólo nuestras vidas, sino de nuestras familias y de quienes nos rodean. En el caso de los trabajadores de la educación, exponen además a todas las familias que van a buscar un bolsón de comida. Muchas de ellas viven en barrios populares o villas de forma hacinada, incluso sin agua, haciendo imposible un aislamiento con mínimas condiciones de higiene.
Sin embargo, parece que para los funcionarios del gobierno y los famosos, hay otro protocolo: se les realizan los testeos muy rápidamente, a pesar de no tener síntomas.
Estos mismos protocolos contra los derechos de los trabajadores y que están lejos de cuidar y preservar su salud y sus vidas, se aplican en las empresas, fábricas y demás lugares de trabajo. En la fábrica Felfort, por ejemplo, la semana pasada se confirmaron más de 30 contagios, y los trabajadores denunciaban: “Nos mandan al matadero por bombones”. Brutal.
En este contexto, cuando en el AMBA se está disparando la curva y estamos atravesando el pico de contagios y de muertes por Covid-19, los funcionarios están discutiendo “la vuelta a clases”. A nivel nacional ya se presentó un protocolo y se estima el regreso a las aulas en agosto, excepto para el AMBA y Chaco, que son las zonas más críticas. En este “protocolo burbuja”, inconsulto con la comunidad educativa y sin presupuesto especial, nuevamente no se dispone el aislamiento real de todo el grupo de estudiantes, docentes y no docentes que hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo, y mucho menos el testeo.
¿Qué protocolo pueden hacer para proteger a los trabajadores de la educación, a todos los estudiantes de la escuela pública, si no son capaces de elaborar protocolos que nos cuiden ahora, que no estamos yendo diariamente a la escuela?
Es evidente que estos protocolos están hechos a medida de las patronales y los gobiernos que lejos de pretender cuidarnos, quieren que vayamos a trabajar a toda costa, exponiendo nuestras vidas. Las empresas quieren garantizarse las ganancias, no les importa la vida de los trabajadores. Parece que los trabajadores de la educación corremos la misma suerte.
Sabemos que sólo entre nosotros podemos cuidarnos, a la vez que le exigimos al gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar nuestra protección y de los y las estudiantes.
Tenemos que organizarnos entre docentes, trabajadores auxiliares, de cocina, y las familias, poniendo en pie Comisiones de seguridad e higiene, independientes del gobierno, para controlar que se garanticen los elementos de cuidado y protección necesarios para trabajar, y protocolos que cuiden nuestras vidas. Necesitamos testeos masivos de verdad, que se apliquen a todos los contactos estrechos, ya sea que presenten síntomas o no. Es urgente que nuestros sindicatos se pongan a la cabeza de estas peleas.