Comunicadores del Sur

25.5.2020

Por Gloria Pagés

Las Fuerzas Armadas utilizarán contenedores de la minera Barrick Gold, que contamina con cianuro, para usarlos como centro de aislamiento. La Marina estará a cargo de su funcionamiento. Así trata el Gobierno a los sectores populares afectados por la pandemia.

Agustín Rossi, ministro de Defensa, anunció con tono épico que las Fuerzas Armadas están trasladando containers que dejó abandonados la minera Barrick Gold en San Juan hasta el Barrio Padre Mugica (Villa 31).
El objetivo será usarlos como presunto centro de aislamiento para los habitantes del barrio, y dependerán de “personal militar que depende de la Dirección de Sanidad, que estará coordinado por el Hospital Naval Central”, dijo Rossi a Télam.
En tono épico, como si se tratara de una gran proeza, Rossi habló con radio El Destape y relató que “recibimos información de la minera Barrick de que estaban desarmando un campamento y que le daban a las Fuerzas Armadas todo el equipo de contenedores, fuimos hasta San Juan, subimos a la mina, desarmamos eso, lo trasladamos y en un lugar que nos dejaron estamos construyendo un centro de aislamiento.”
El Ministro repitió como lo hace cada vez que tiene un micrófono adelante, que “este es despliegue más importante de las Fuerzas Armadas desde la recuperación de la democracia.”
La militarización de la cuarentena ha sido la salida más rápida y más a mano que encontró el Gobierno desde el inicio de la pandemia. Con ese pretexto, 80.000 efectivos afectados y 40.000 desplegados dan cuenta de la esa inusitada militarización en todo el país, donde la zona AMBA lleva la delantera. El reciente cerco a las villas Itatí y Azul en Quilmes, que la intendenta “progre” Mayra Mendoza, el carapintada Berni y el gobernador Axel Kicillof instrumentaron junto al Ejército, es una muestra de ello. La entrada del Ejército en el barrio Padre Ricciardelli (Villa1-11-14 del Bajo Flores en CABA) también lo es.
En la Villa 31 hay 1665 casos positivos de Covi-19. Un dato realmente alarmante. Mientras tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dice que “el objetivo es cuidar la salud de la gente, como siempre fue el objetivo”. Un cinismo que apabulla. Tanto la Ciudad de Buenos Aires, como Nación y Aysa, que dejó sin agua durante 15 días a la villa, abandonaron a los habitantes de los barrios carenciados a sabiendas de que era una bomba de tiempo, que el aislamiento social obligatorio es imposible de realizar y que las condiciones de vida e higiene son paupérrimas. Por el contrario, enviaron más gendarmes, prefectos y ahora militares, con las consecuencias que podemos ver a diario de abusos policiales y amedrentamiento.
Este sábado, Alberto Fernández, junto a Larreta y Kicillof, reconocieron que sabían por los especialistas que en las villas iba a haber un dramático pico de contagio. Pero no hicieron nada. Ahora dicen que van a cuidar a la gente, cuando ya 2593 casos confirmados en las villas de la CABA. Los testeos llegaron tarde, lo mismo que el aislamiento. Prima el abandono, la desidia, los traslados a hospitales en colectivos atestados, sin distanciamiento, el alojamiento en hoteles precarios. Ahora, que la crisis es enorme, la respuesta es inundar de militares.
“Y para completar el plan de aberraciones, será la Armada la que se hará cargo de los afectados por el corona virus, de la Villa 31, que serán trasladados a un centro de confinamiento…. La Armada confinó en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ESMA, a miles de detenidxs-desaparecidxs. En una alerta sanitaria que sean las fuerzas armadas las que encabecen la organización, es una alarma terrorífica para el conjunto del pueblo”. Así se pronunciaron ex detenidos desaparecidos, nucleados en el Encuentro Militante Cachito Fukman; algunos de ellos estuvieron secuestrados en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención a cargo de la Marina, como Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Carlos Loza.
Instalar contenedores de la minera Barrick Gold, la misma que contamina con cianuro para extraer el oro de la zona Cuyo tiene una connotación grave y es claro que su utilización en barrios carenciados como la Villa 31 reviste un carácter de clase insoslayable. A quién se le ocurriría que si esto sucediera en barrios como Recoleta o Palermo sus habitantes serían alojados en contenedores. A ellos, cuando volvían de Europa, los aislaron en hoteles lujosos.
Hoy centenares de hoteles están vacíos, con habitaciones, baños, cocinas perfectamente preparadas para alojar y aislar a personas infectadas que no pueden hacerlo en sus hogares. Además de las villas, los paradores de la Ciudad son uno de los potenciales focos de contagio, como acaba de alertar la Defensoría del Pueblo porteña, lo mismo que geriátricos y neuropsiquiátricos.
Los sindicatos también tienen a su cargo y administran hoteles, ¿por qué no abrirlos y ponerlos al servicio del aislamiento? Toda infraestructura ociosa en estos momentos, los clubes que hasta ahora no lo han hecho, deben ponerse a disposición.
Un plan de obras públicas, que dé trabajo urgente a miles de obreros de la construcción sin trabajo por la pandemia podría desarrollar el armado rápido de hospitales y lugares de aislamiento que quedarían permanentes para su uso en el futuro, junto a la reconversión de unidades productivas al servicio de estas obras y de paliar los efectos de la pandemia puede ser también una salida de fondo.
La decisión de echar mano a las Fuerzas Armadas para “resolver” todo lo que no se ha hecho, cuando el desinterés planificado frente a las necesidades de los sectores populares provoca un desastre social y sanitario es mostrado como actos heroicos de militares solidarios.
Nada más alejado de eso, menos en nuestro país donde el “despliegue militar” en nuestro país tiene una connotación y una carga simbólica de gran magnitud. La “vuelta de página” que pregona Alberto Fernández tiene valores concretos, y lo que estamos viendo lo demuestra, y se trata también de otro de los intentos de reconciliarnos con las Fuerzas Armadas que han ensayado sin éxito desde la caída de la dictadura.
Ese despliegue tiene un efecto disciplinador y atemorizante insoslayable. A los barrios ya militarizados por gendarmes y prefectos se le agrega los uniformes de fajina del Ejército. A pesar de la bronca que causa que, mientras crece la cantidad de casos de infectados y muertos, miles de familias no acceden a la ayuda estatal de la IFE y millonarios de Techint y Clarín son subsidiados, ¿quién se atrevería a protestar en ese mar de uniformados?
Alertamos sobre la naturalización de la intromisión de las Fuerzas Armadas en los barrios, la militarización viene para quedarse y es la forma en la que el Estado ejerce coerción, control social y atemoriza. No hay nada de solidario ni heroico.
No faltan militares, policías gendarmes ni prefectos; el Gobierno está haciendo todo menos tocarles las ganancias a los capitalistas. Eso es lo que hay que dar vuelta.

25.5.2020

Así lo informó Somos Barrios de Pie: “Lamentamos comunicar que en el día de la fecha falleció por contagio de COVID 19 nuestro compañero Agustín Navarro, de 57 años, coordinador de un merendero de nuestro movimiento en el Barrio Padre Mugica de la Villa 31 de Retiro”.
Desde la agrupación agregaron: La situación en los barrios populares es muy compleja y preocupante. Con el avance de la pandemia, somos los militantes sociales quienes día a día ponemos el cuerpo. En los barrios vulnerados con el hacinamiento y la falta de agua se hace muy difícil la protección y el aislamiento. Por eso es urgente reforzar la asistencia alimentaria y sanitaria de un Estado presente. Junto a la familia, los y las integrantes del movimiento y los vecinos del barrio estamos transitando este doloroso momento”.

24.5.2020

Por Claudio Mardones

El gobierno capitalino desplegará un operativo de seguridad para limitar la entrada y salida de las villas. Las críticas internas al secretario de Integración Urbana y la táctica para que Nación asuma el operativo sanitario.

La «montaña de dolor» que pronosticaba el entorno del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hace dos semanas comenzó a asomar con potencia en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. La metáfora elegida para hablar del pico de contagios de Covid-19 confirma las previsiones de la administración capitalina, que ocultaba parte de la estrategia elegida para afrontarla, como la velada decisión de entregarle la detección de casos en las villas porteñas al Ministerio de Salud de la Nación y avanzar en la instalación de cerrojos de seguridad en sus ingresos para disuadir la salida de los vecinos, especialmente en el barrio 31 de Retiro, considerado el epicentro inaugural del pico de contagios en los barrios populares de la Capital.
«Será como cerrar un pueblito para cuidar a sus habitantes», confió a Tiempo un integrante del Gabinete del alcalde para confirmar que la comuna estudia la instalación de «check points» en la villa 31 que estarán a cargo de la Policía de la Ciudad. Esa misma arquitectura de control policial, que ha sido experimentada en algunos distritos bonaerenses, podría repetirse en los barrios más pobres de la zona sur porteña, como la villa 21-24, de Barracas, donde ya hay presencia de Prefectura, y la 1-11-14, de Flores, donde está Gendarmería Nacional. Los dispositivos podrían extenderse también a la villa 20 de Lugano y al resto de los núcleos habitacionales precarios de la Ciudad. Ese mapa de controles «está en estudio» por los funcionarios porteños, que también utilizarían recursos del Estado nacional para aplicarlos.
La implementación de ese mecanismo de control profundizará la tensión existente entre los vecinos y las fuerzas policiales y explica, en parte, por qué algunos ex funcionarios de la administración de Mauricio Macri plantean la utilización de «cuadrículas» para dividir la Capital en “verdes y rojas”. “Las primeras con libre circulación y las segundas sin entradas o salidas», como propuso el ex director del Pami, Carlos Regazzoni, con el apoyo del ex senador Federico Pinedo y la titular del PRO, Patricia Bullrich. La experiencia ya fracasó en otros países, pero es parte de una nueva ofensiva argumental.
La extensión del plan Detectar y los refuerzos de seguridad federal en los barrios pobres de la Ciudad son parte de los tironeos entre el gobierno porteño y la Nación para encontrar un abordaje común. El disparador de esa búsqueda fue la resignación que comenzaron a ventilar en el entorno de Larreta sobre la «inevitable» multiplicación de contagios en las villas capitalinas, a partir de los errores cometidos por la gestión comunal, especialmente en el barrio 31, donde la crisis se incrementó a partir de los problemas estructurales de provisión de agua potable.
El mayor destinatario de las críticas internas es el secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, que ingresó a la gestión de Larreta como encargado del «plan maestro de integración urbana Retiro-Puerto Madero» con el apoyo del actual senador nacional Esteban Bullrich. Tal como reveló este diario en su edición online, el funcionario aseguró en una teleconferencia que la villa 31 tiene «la mejor red de agua potable que cualquier otro barrio vulnerable». Lo hizo para defender los 17 kilómetros de infraestructura realizados por su administración, pero sus pares lo critican por haber priorizado el alcance de esa red para la sede del Ministerio de Educación que se construyó al lado de los tribunales federales de Comodoro Py y no para los vecinos del barrio.
El dato no fue desmentido por ninguno de los funcionarios porteños consultados por este diario y en Nación lo dan por descontado como una de las fallas que disparó la crisis de contagios. No es la única diferencia. Distintos funcionarios de la Rosada ya hicieron llegar sus quejas a Larreta y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por los maltratos que padecen los vecinos de los barrios pobres cuando se detecta que tienen coronavirus, y las derivaciones «de facto» desde la línea de atención porteña. «Sabemos que cuando llaman de una villa para pedir asistencia ante un posible caso sospechoso les dicen que llamen a las líneas de Nación», lamentó una de las fuentes nacionales consultadas por este medio.
«Un tipo que tiene un local de sushi en Figueroa Alcorta y Tagle no puede manejar la Villa 31», se quejó un funcionario porteño, en referencia al secretario Fernández. Pero las fuentes consultadas también apuntan a su superior inmediata, la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, aunque la funcionaria todavía no cumplió seis meses en el cargo y su subalterno transita su quinto año de gestión y una estrepitosa derrota electoral en el barrio 31 en las elecciones del año pasado.
Las fallas de esa repartición se multiplican en otras áreas. Este sábado los delegados vecinales de Lugano denunciaron la recepción de carne podrida para los comedores del barrio, un problema que también se repite en otras latitudes de la Ciudad. En la cartera que conduce Migliore detallaron que en el comienzo de la cuarentena asistían a 102 mil personas en 471 comedores comunitarios y que ahora llegan a 260 mil personas, pero la mala calidad de las provisiones de alimentos frescos revelan fallas que podrían haberse evitado con una mayor inversión presupuestaria.
En la villa 31, la cartera de Migliore ya instaló 15 postas febriles para detectar casos. Desde el lunes serán 50 y podrían ser custodiadas por los cerrojos de seguridad que analiza el alcalde porteño para rodear a las villas más pobladas a partir de esta semana. Con esa estrategia, en gran parte sostenida por el Estado nacional, el gobierno capitalino buscará evitar que los contagios se propaguen al Conurbano.

24.5.2020

El Juzgado 20 de la Ciudad resolvió dar lugar a la medida cautelar presentada por ATE Capital ante los 5 casos confirmados de coronavirus en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida alcanza al sistema penal juvenil y los centros de atención transitoria.

Entre otras acciones, la justicia ordena al gobierno porteño a que en forma inmediata proporcione a los trabajadores del CDNNyA, como también a los niños que se alojan en los dispositivos de dicho organismo, los elementos de protección personal (EPP) necesarios para evitar el contagio del COVID 19, los correspondientes kits de desinfección e higienización y, asimismo, adopte las demás medidas necesarias para prevenir el contagio de dicha enfermedad.
Ordena además que realicen los exámenes correspondientes de detección del COVID 19 a todos los trabajadores dependientes del CDNNyA, y a todos los niños, niñas y adolescentes alojados en los dispositivos del CDNNyA que hayan tenido un contacto estrecho con un caso sospechoso. En el supuesto de que por las características de los dispositivos del CDNNyA no se pueda determinar qué personas tuvieron contacto estrecho con el caso sospechoso de COVID 19, se deberá proceder a testear a todos los trabajadores, niños, niñas y adolescentes del dispositivo.
“Manifestamos nuestra satisfacción ante la medida así como instamos a su urgente puesta en práctica para cuidar a los que nos cuidan en los lugares de trabajo del GCBA en vinculación directa con los sectores más postergados de nuestra sociedad”, afirmaron desde ATE Capital y la Junta Interna del CDNNyA.

22.5.2020

Patricio Abalos Testoni

Frente al avance del virus Covid 19 el Gobierno porteño utiliza los súper poderes que le votó Legislatura e implementa el programa de “Servidores Públicos”. Una medida marketinera que reasigna tareas, obligando a trabajadores del GCBA a participar de operativos aun cuando se encuentran en grupos de riesgo o con personas a cargo.

El crecimiento de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más alarmante, sobre todo en villas y asentamientos. En paralelo el Gobierno porteño flexibilizó la cuarentena sobre todo por la presión de grupos empresariales. Frente a esta situación crea el programa “Servidores Públicos” con el fin poner al Estado “al servicio del acompañamiento de la transformación cultural de la comunidad en su conjunto” como se expresa en el Boletín Oficial del Decreto.
La resolución RESFC-2020-20-GCABA-MJGGC refiere que el Programa tiene como fines el “apoyo a las acciones de concientización, distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos” por lo que “requiere que aquellos recursos humanos que pudieran ser puestos a disposición, siempre que no estén alcanzados por las eximiciones dispuestas en el Decreto 147/20, (Salud, Seguridad y Desarrollo Humano y Hábitat) puedan ser reasignados en forma transitoria y excepcional a dicho Programa”. Aun así puede reasignar trabajadores dentro de las áreas esenciales, por lo que dentro de estos sectores también están viviendo reasignaciones de tareas.
A partir de la publicación de esta medida, lo que se empezó a vivir en el Gobierno de la Ciudad aprietes de los funcionarios en “reasignar” a los miles de trabajadores (o recursos humanos como expresa el GCBA en lenguaje empresarial) de una forma desesperada, sin importar mucho la tarea, el cómo, el dónde, ni el cuándo. Entonces lo que está sucediendo es que las reasignaciones quedan en la discreción de los directivos y ya hay numerosos casos en que se dan tareas sin importar si los trabajadores forman parte del grupo de riesgo o que tienen a cargo a personas de dicho grupo; o se los quiere colocar en tareas que nada tienen que ver con las habituales, sin ninguna capacitación, y sin los elementos de protección necesaria.
Estos aprietes surten más efecto sobre los miles de trabajadores contratados, que tiene que optar entre el miedo al contagio o el miedo a ser despedidos. Además de no contar ni siquiera con ART por su precariedad laboral.
Como se podía prever, ya hay trabajadores contagiados por el virus Covid-19 que habían sido reasignados desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a hacer hisopados a las villas. Los propios trabajadores del IVC denunciaron que los mandan a los operativos donde están siendo testeadas las personas en las villas, con un solo barbijo para 8 horas de trabajo cuando tienen una duración de 2 o 3 horas; con unos camisolines que son descartables pero increíblemente en los operativos los reutilizan. Además en ningún momento son capacitados para ejercer tareas relacionas a la salud y no hay protocolos para manejarse.
Era una cuestión de tiempo que en estas condiciones, algunos de los trabajadores iban a terminar contagiados por coronavirus. Pero crece la bronca e indignación porque era evitable si se hubiesen tomado las medidas sanitarias necesarias.

Los trabajadores y los más necesitados doblemente expuestos al virus en estas condiciones

Se están enviando a los trabajadores a lugares donde hay alta posibilidad de contagio, como las villas, asentamientos, hogares o paradores, sin los insumos necesarios para la prevención y sin ninguna formación para hacer tareas de salud.
Pero además los trabajadores denuncian cómo son los operativos. Las personas con las que se trabaja están siendo doblemente expuestas. Por ejemplo en las villas, donde las personas son testeadas, después son agrupadas todas juntas, entonces si no tenías el virus previamente, podes contagiártelo mientras esperas el resultado. En estas condiciones los trabajadores están casi sin insumos e incluso en espacios donde no se puede respetar el distanciamiento social que se requiere en este contexto.
Sumado a todo esto, se van cambiando los lugares de trabajo, por lo que se fomenta la circulación de las personas. Dependiendo el día son reasignados a distintos operativos en distintas villas, por lo que si alguno se contagia, puede estar trasmitiendo el virus a distintos puntos de la Ciudad.
También una trabajadora del GCBA nos relataba que estuvo en el Parador Retiro (que luego cerró por 90 casos positivos) y después las pusieron a atender personas en un Cesac, exponiendo al resto de los trabajadores y a las personas que atendía.
Por lo tanto la vulnerabilidad con la que obligan a trabajar a miles de municipales, no solo expone a los propios trabajadores, sino a las personas con las que trabaja, a sus familias e incluso a trasmitirlo en el transporte público, porque ni donde viven se tiene en cuenta para la reasignación de tareas.
Los trabajadores también advierten que en algunos espacios no hay demasiadas tareas para hacer, sino que es colocarlos allí para que se los vea, es decir con un fin más marketinero que para suplir una función esencial. Muchas veces ni siquiera se los convoca para tareas esenciales, aunque si están al lado de posibles casos.
Por si fuera poco la resolución permite “modificar los horarios habituales de trabajo o prestación de servicio” como si esto no afectara la vida de las personas. Cabe destacar que muchos de los trabajadores tienen más de un trabajo para suplir los salarios del Gobierno porteño que rondan los 30 mil pesos y están lejos de cubrir la canasta básica familiar.

Los más precarizados son los más “voluntarios” para el Gobierno porteño

Todo esto en la práctica ya lo vimos desde el principio de la cuarentena, con los “voluntarios que presentaba Larreta que en verdad eran trabajadores obligados a prestar tareas bajo amenazas directas de los funcionarios, como se pudo escuchar en audios que se difundieron. Incluso abusaban de la fragilidad de contratación de los tercerizados y de locación de servicio para mandarlos a trabajar sin ninguna capacitación en áreas que no tenían nada que ver con sus funciones. Lo que ahora se potencia es que las tareas que se obligan a hacer son más riesgosas y con menos recursos. Encima ya hay casos de despidos para los que se negaron.
La bronca de los trabajadores crece al leer los fundamentos de la medida, que implica que sus tareas tratan de una “transformación cultural” cuando son los que mejor conocen las condiciones que viven miles en la Ciudad porque trabajan todos los días con los más necesitados.
El crecimiento de casos positivos en las villas y asentamientos o entre las personas en situación de calle, no es por cuestión cultural sino estructural, donde las políticas nunca benefician a los que tienen menos recursos, que no pueden acceder a servicios de salud de calidad o a trabajos bien remunerados, o vivir en condiciones dignas. Hay miles de Ramonas en las calles que ni tienen agua potable y están totalmente expuestas al coronavirus y sobre todo a la pobreza.
Es justamente por esto que si se quiere hacer bien una medida así, debería estar la organización en manos de los propios trabajadores; que puedan armar tanto los protocolos preventivos como en casos de positivos, teniendo todos los recursos necesarios, con el asesoramiento de especialistas de la salud, y no depender de funcionarios que sacan a los trabajadores a la calle para que se vean más chalecos amarillos dando vuelta.
Sin embargo no hay una mínima consulta a los trabajadores para organizar las tareas y funciones, y solo están llegando directivas de donde presentarse, sin ninguna otra capacitación. Es claro que las políticas del Gobierno de Rodríguez Larreta están atravesadas más por la presión empresarial de no tirar atrás la flexibilización de la cuarentena que por las necesidades de la mayoría.
Por lo tanto los trabajadores son los que saben que frente al avance de la pandemia se necesitan recursos y políticas estructurales y que este programa de Servidores Públicos es solo una maniobra que termina dejando a miles expuestos al contagio, e incluso poniendo en riesgo sus vidas, con tal de aparentar una política activa. Ya se ha visto que los propios trabajadores fueron los que voltearon la Ley de residentes y concurrentes el año pasado, por lo que hay fuerzas para enfrentar este ataque, exigiendo a las conducciones de Sutecba que deje la complicidad histórica con el GCBA y a ATE que salga de su pasividad, para hacer caer esta medida marketinera.