Comunicadores del Sur

22.5.2020

Trabajadores y trabajadoras de los dispositivos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRPJ) de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo de alrededor de 200 jóvenes en centros socioeducativos) denuncian la falta de políticas y protocolos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante la emergencia sanitaria, que pone en riesgo a los jóvenes, sus familias, los y las trabajadoras. “Hasta el momento hay cinco casos positivos confirmados y tres a la espera de resultado. No se ha hisopado a ninguna persona más hasta la fecha. No sabemos si hay o no más casos positivos”, remarcan. Denuncian “la falta total de protocolos de acción centralizados y acordes para prevenir el contagio”, la “discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones y criterios”, que la “información que circula en los medios de comunicación es mayormente falsa”, la “falta de elementos adecuados de bio-higiene y limpieza”, la falta de “un espacio de consulta, ni de informes centralizados frente a la pandemia”, y que “cuando se exige información a las autoridades se producen aprietes y amedrentamientos”, entre otras denuncias.

En su portal el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) define a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DGRPJ) como el espacio gubernamental que “se encarga de asistir a la Presidencia del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la instrumentación de los programas y servicios esenciales para la implementación de las políticas públicas relativas a la temática de Responsabilidad Penal Juvenil”.
El DGRPJ tiene a cargo alrededor de 200 jóvenes en los centros socioeducativos de régimen cerrado, las residencias socioeducativas de libertad restringida, el programa de cumplimiento de medida en territorio (PAIAS), más una buena cantidad que circulan en el Centro de Atención y Derivación (CAD).
Sin embargo, los y las trabajadoras del organismo denuncian que, en este contexto de emergencia sanitaria, social y económica por la expansión mundial del nuevo coronavirus (Covid-19), el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene políticas ni protocolos adecuados para protegere a la población penal juvenil ni a quienes trabajan allí.
En un comunicado publicado el 21 de mayo, trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención y Derivación (CAD), el Inchausti, los Centros de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, Agote, Roca y San Martín, las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringidas (Almafuerte, Simón Rodríguez, Juana Azurduy) y el programa de cumplimiento de medida en territorio (PAIAS), destacan: “nos hemos reunido frente al avance de los casos positivos de COVID-19 en nuestros dispositivos (casos positivos confirmados en todos los centros cerrados y se siguen sumando diariamente), la falsa información que circula en medios de comunicación por estos días y la conducta negligente sostenida de las autoridades, para decir basta”.
Asimismo, remarcan: “denunciamos y hacemos responsable a las autoridades y a cada Dirección Operativa (DO) de las consecuencias que sus acciones tengan ahora y a futuro sobre nuestra salud, la de nuestras familias y la de la población con la que trabajamos, y exigimos se revierta esta conducta, dando lugar a nuestras exigencias en lo inmediato, dado que la emergencia sanitaria continuará”.

Difundimos la denuncia de los y las trabajadoras:
“Denunciamos:
1- Hasta el momento hay 5 casos positivos confirmados y 3 a la espera de resultado en la DGRPJ. Más allá de la alarmante situación y las indicaciones de la OMS y autoridades en el tema en todos los niveles para lugares convivenciales, no se ha hisopado a ninguna persona más hasta la fecha (y si se hizo fue por gestión propia de cada trabajador con su obra social o gestor de salud de manera informal). Por lo mismo, no sabemos si hay o no más casos positivos. Hasta el momento hay sólo 32 personas aisladas preventivamente aproximadamente 28 en el CAD (Nº 54), quienes además no fueron provistas de lugar para aislarse en el caso de necesitarlo (lxs trabajadores tuvieron que organizarse para conseguir lugares frente a la fallida oferta de hoteles) y en algunos casos se procedió a indicar informalmente (vía Whatsapp), que 48 horas después de estar aisladxs debían volver a trabajar porque resulta que no estuvieron en “contacto estrecho” (CAD).
2- La falta total de protocolos de acción centralizados y acordes para prevenir el contagio y para proceder ante un caso positivo, avalados por organismos competentes e informados y trabajados oportunamente con trabajadores y población de los distintos dispositivos desde la definición de la pandemia. Las autoridades mienten cuando informan a la prensa que el Ministerio de Salud intervino en todos los casos.
3- Discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones y criterios adoptados por parte de las autoridades. El ejemplo más claro fue cuando frente a los casos positivos las direcciones transmitieron al menos 3 definiciones distintas de “contacto estrecho” para decidir a quién se aislaba y a quién no. Finalmente consensuaron que esto era contacto por más de media hora, sin protección, a menos de 70 cm. Esta definición, a la que arribaron muy desprolijamente, fue informada telefónicamente y con matices a lxs trabajadorxs amparándose en que es la que indica el Ministerio de Salud de CABA, sin ofrecer respaldo de dicha definición. Alarmamos sobre la gravedad de este proceder, ya que justamente determina o no la posibilidad de seguir propagando el virus. Hasta el día de la fecha la definición de contacto estrecho que ofrece el Ministerio de Salud de Nación para los centros convivenciales (aplica a nuestros dispositivos) es para el caso de “barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada”: toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19 y toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos)”, tal cual figura en la página https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.
4- Vulneración al derecho a la información para lxs jóvenes cumpliendo medida penal, sus familias y el conjunto de lxs trabajadores de la DG (y del CNNYA en general). Nunca desde el inicio del ASPO se nos informó de manera formal (hay comunicaciones formales en el ámbito de la administración pública de CABA), ni protocolos, ni procedimientos, ni adecuación de la modalidad de trabajo ni estado de situación de la DG completa, menos aún a lxs jóvenes o sus familias, lo cual es una situación angustiante y violenta. Hasta el día de hoy, la información a la que accedemos lxs trabajadorxs es a través de otrxs trabajadorxs, mientras que la información que circula en los medios de comunicación es mayormente falsa, agravando la situación. Cuando se exige información a las autoridades se producen aprietes y amedrentamientos. Para ejemplo sirve la situación que se denunció oportunamente en redes por lxs propios trabajadores de residencia: frente a un caso sospechoso se envió a tres jóvenes a sus domicilios con sus familias sin testeo previo (arriesgando la propagación en sus hogares y comunidad), sin la explicación debida ni a ellos ni a sus familias y cerrando al institución no por aislamiento sino por “no tener jóvenes alojados”, diciendo que “no pueden extender certificado por aislamiento preventivo”. El agravante en esta situación es que no se licenció a los empleados de seguridad destinándolos a prestar servicio en otro dispositivo.
5- Falta de elementos adecuados de bio-higiene y limpieza y deficiente estructura para trabajar de manera remota. Recién frente a los casos confirmados aparecieron algunos insumos más de manera improvisada y desigual por dispositivos. Hasta hoy se sigue sin proveer a lxs trabajadorxsde datos para internet o dispositivos electrónicos, en caso de necesitarlos, para realizar el trabajo remoto. Por supuesto seguimos utilizando nuestros celulares personales para trabajar. Cabe aclarar que sin estos recursos todos puestos por lxs trabajadores, quienes cobramos salarios por debajo de la línea de la pobreza, el trabajo esencial que reza el DNU 147/20, no podría llevarse adelante. Es decir, lxs jóvenes con disposición penal en CABA no podrían ser asistidxs en el contexto de la pandemia.
6- No utilización del criterio epidemiológico indicado por autoridades pertinentes: guardias mínimas y mínima circulación. Para ejemplificar el caso de lxs compañerxs que realizan talleres para los jóvenes, siguen yendo de un dispositivo a otro por requerimiento de las autoridades. Otro ejemplo son lxs trabajadorxs del PAIAS, quienes son obligadxs a prestar servicio en el parador ROCA2 a pesar de estar cumpliendo tareas esenciales – remotas y presenciales – con la población del programa (el PAIAS asiste a más de 90 jóvenes). Lxs mismxs trabajadorxs van luego a villas y asentamientos de la ciudad circulando por lugares de alto riesgo innecesariamente.
7- Falta de una comisión especializada con referencia sanitaria y de lxs trabajadorxs. Hasta hoy no hay un espacio de consulta, ni de informes centralizados frente a la pandemia.
8- Ningún organismo de control se ha hecho presente en los dispositivos. Al menos no nos consta a lxs trabajadorxs.

Todas estas decisiones y conductas de las autoridades producen:
– Creciente violencia laboral sobre trabajadorxs sin distinción de prestación presencial o remota. Hasta hoy lxs laburantxs hemos sufrido aprietes, flexibilización horaria, exposición en absoluta desprotección al virus repetidas veces, angustia, trabajo a destajo, desorganización de la tarea, etc.
– Que se viole el derecho de lxs NNyA a cargo de la DG, de sus familias y de lxs trabajadorxs a la información clara, a la salud y a la accesibilidad de recursos.
– Que el CNNYA se convierta de hecho en un organismo que colabora con la propagación del virus, lejos de mitigarlo como es responsabilidad de cualquier organismo público en este contexto

EXIGIMOS
1- Comité de crisis del consejo ya conformado por expertxs y representación de trabajadorxs . Basta de arbitrariedades y definiciones improvisadas que nadie supervisa y arriesgan a lxs pibxs, sus familias y a lxs trabajadorxs.
2- Acceso a la información para jóvenes, familias y trabajadorxs cotidianamente. Basta de informalidad en la comunicación.
3- Protocolos de actuación actualizados y conforme a normativa del Ministerio de Salud Nacional, frente a casos positivos de covid-19 ya. Basta de discrecionalidad. Exigimos el testeo y el derecho aislamiento de todxs lxs trabajadorxs y adolescentes/jóvenes.
4- Elementos adecuados para personal esencial. Convivimos con el virus. Si no están los elementos no llevamos adelante las tareas.
5- Respeto de la normativa vigente: mínima e imprescindible circulación: guardias mínimas, bancarización y aumento de las DASES y dinero mensual para que además las familias puedan elegir que alimentos consumir, en lugar de entrega de bolsón.
6- El trabajo no puede ser a costa de la salud mental y física de lxs trabajadorxs. Basta de violencia laboral y abusos. Normativa urgente del trabajo remoto que respete los derechos laborales conquistados, garantía de condiciones integrales para desempeñar las tareas. Suspensión de toda tarea innecesaria.
7- La presencia de organismos externos de protección de derechos humanos de adolescentes privados de libertad.
8- Frente al evidente brote en el Centro Belgrano testeo inmediato de toda la población y medidas urgentes para frenar la expansión allí. Testeo rápido ya para lxs adolescentes y lxs trabajadores que estuvieron en contacto con otro par o personal con COVID19 positivo.
9- Egreso de adolescentes que se encuentran dentro del grupo de riesgo.
10- Los sindicatos deben estar a la altura, pedimos que nos acompañen en estos reclamos. La Salud es un Derecho fundamental que como Trabajadorxs del Consejo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estamos obligadxs a proteger y garantizar, tanto la de la población como la nuestra.
Trabajadorxs de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil en ALERTA
-CAD- INCHAUSTI-CSRC Belgrano-CSRC AGOTE-ROCA-CSRC SAN MARTIN-Residencias Socioeducativas de Libertad Restringidas (Almafuerte, Simón Rodríguez, Juana Azurduy)-PAIAS
Contactanos: trabajadorxsdgrpjenalerta@gmail.com

21.5.2020

Con un informe suministrado por el MP La Dignidad y la Corriente Villera Independiente

El WhatsApp suena. Es nuestra compañera, Naty Molina, miembro de la Junta Vecinal 21-24 y Zavaleta, referenta de la Corriente Villera Independiente (CVI), que no tardó en informar el parte de todos los días:
“Les compartimos el parte diario de personas con coronavirus:
Villa 21-24: 49
NHT Zavaleta: 11
Tengan en cuenta que hay demoras en la carga oficial de resultados”
Vuelve a sonar.
“Considero que es muy importante el tema de reforzar las cuestiones preventivas.
Tenemos que seguir trabajando en el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Son las medidas que nos van a ayudar a controlar la cantidad de contagios. Esto es más allá de todo el trabajo que realizamos diariamente”
Una vez más. Es un video.
“Están desalojando a algunos vecinos porque no pueden pagar el alquiler por falta de changas y del rebusque que tienen siempre”.
La pandemia desnuda múltiples problemáticas.
1.557 casos de COVID-19 en las Villas de la Ciudad de Buenos Aires.
DE VILLA EN VILLA
Villa 31: El 35,05% de los casos en la Ciudad se concentran en las villas y el 23,72% se concentra en Barrio Mugica – Villa 31.
Barrio Rivadavia y 1.11.14: 427 casos de COVID-19
Villa 21-24: 49
NHT Zavaleta: 11
Villa 15: 12 casos
Villa 20: 7 casos confirmados por el CESAC
Cildáñez: 4 casos.
Rodrigo Bueno: 3 casos.
Ramón Carrillo: 2 casos.
Inta y Fátima: 1 caso.
Los Piletones: “Hay problema con la basura”, informó Mónica Ruejas, Presidenta de Los Piletones. El Coronavirus queda en un segundo plano en relación al porcentaje de vecinas y vecinos con dengue. Las cifras aumentan debido a la falta de descacharreo. A pesar de todas las dificultades, se continúan realizando viandas sociales todos los días. En el comedor “La Nueva Esperanza”, se elabora 700 platos de comidas y meriendas diarias.
«Mañana estará el número de casos actualizado», asegura Malvina, delegada y consejera de la Villa 31.
Sí, sabemos de ausencias. Sí, sabemos de injusticia. Pero, sobre todo, sabemos de lucha y de organización popular y ésa es nuestra bandera.

21.5.2020

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) exigieron al gobierno porteño «el inmediato aumento de las asignaciones familiares, congeladas en 270 pesos».

En un comunicado conjunto, las entidades gremiales detallaron que en el contexto de la pandemia de coronavirus «las asignaciones familiares están congeladas en 270 pesos desde hace nueve años», y reclamaron a las autoridades metropolitanas que se sumen a las medidas nacionales adoptadas para paliar «la crisis económica».
Los gremios afirmaron que el aumento de las asignaciones familiares sería «una excelente manera de enfrentar la recesión económica provocada por la crisis sanitaria», y argumentaron que ese es «el sentido de las decisiones aplicadas a nivel nacional, como la segunda mejora en pocos meses de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo en un 6,12 % ».
«En cambio, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta el salario familiar de los trabajadores porteños fue congelado en 2012 en 270 pesos, es decir, menos del 10 por ciento de lo que abona el resto del país. Esa suma ya perdió sentido distributivo para ayudar a quienes afrontan gastos de sus hijos», puntualizaron.
Los tres gremios, que conducen Daniel Catalano (ATE), Angélica Graciano (UTE) y Roberto Pianelli (subtes), sostuvieron además que también están congeladas las asignaciones por hijo con discapacidad y la ayuda por escolaridad.
Ante esa situación, las organizaciones sindicales ratificaron los reclamos, que ya judicializaron, al punto que el juzgado 18 de la ciudad convocó en su momento a las partes a una audiencia, suspendida por el inicio de la crisis sanitaria.
Esa audiencia ya fue postergada en dos oportunidades, por lo que los gremios solicitaron al magistrado porteño Marcelo López Alfonsín que se expida sobre el amparo presentado de forma oportuna, a la vez que exigieron al Ejecutivo local «urgentes respuestas» ante «la inaceptable situación de desigualdad distrital».

21.5.2020

Organizaciones sociales, políticas y referentes del Comité solicitaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coordinar en conjunto las acciones que el Ejecutivo porteño está llevando a cabo frente a la pandemia.

Reproducimos comunicado:

EL COMITÉ DE CRISIS DE BAJO FLORES EXIGE REUNION URGENTE CON EL JEFE DE GOBIERNO PARA ABORDAR PLAN INTEGRAL FRENTE A LA PANDEMIA

Las organizaciones sociales, políticas, delegadas y delegados que conformamos el Comité de Crisis del Bajo Flores, solicitamos al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, una reunión con carácter de urgente a los fines de abordar los problemas y obstáculos que encontramos en la implementación, coordinación y articulación de las diversas acciones que el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo frente a la pandemia a los fines de elaborar un protocolo integral específico de intervención socio sanitaria acorde a las características y necesidades de nuestro barrio y con participación de las organizaciones territoriales que conocemos el territorio y sus habitantes. La emergencia sanitaria que enfrentamos se produce en un contexto de crisis económica, social y de las políticas para paliar sus efectos en nuestro barrio, que se agrava exponencialmente con el COVID19. Sólo para dimensionar el crecimiento de la cantidad de infectados, desde el 11 al 18 de mayo, pasamos de 150 a 350 vecinos infectados.
Las organizaciones que conformamos este Comité hemos acompañado desde el trabajo militante y voluntario el “Operativo Detectar” casa por casa hasta las puertas de los hospitales en busca de respuestas. Desde ese trabajo, poniendo el cuerpo, vemos prioritariamente con preocupación el problema alimentario y sanitario, lo cual necesariamente nos lleva a pensar respuestas integrales.
Observamos que dentro de las medidas sanitarias, es importante abordar el problema del hacinamiento para poder llevar adelante las recomendaciones de aislamiento. Intentamos dar respuesta con solidaridad implementando 25 ollas populares y dando respuesta a la demanda en los comedores, que se triplicó. El alimento y la salud son derechos básicos y es el Estado su principal garante especialmente en la emergencia, vemos necesario para ello, que se implemente un mecanismo sistemático y universalizado que llegue a toda la comunidad. En cuanto al Programa Detectar, observamos la falta de lugares de aislamiento para los infectados, la desatención y desinformación sobre los circuitos, así como problemas de comunicación entre las familias afectadas que redunda en destrato y hostilidad para con los vecinos.
Es por ello, a fin de abordar conjuntamente un plan integral frente a la grave situación que nos aqueja, ante la magnitud humana que implican las consecuencias de la pandemia en los barrios más vulnerables como los que integran el Bajo Flores, y la necesidad de que las acciones de gobierno y la acción de las organizaciones se articulen y potencien, lo cual en definitiva, irá en beneficio de todos los vecinos de la Ciudad en su conjunto. SIGUEN FIRMAS
Contacto: Manuel Alonso 11-4169-9029.
FIRMA: COMITÉ DE CRISIS DEL BAJO FLORES
Unidos y Organizados; La Cámpora; Peronismo Militante; Lxs Irrompibles; “Movimiento Peronista Octubres Comuna 7″; Frente de Organizaciones en Lucha – FOL; Barrios De Pie/Observatorio: Somos Barrios de Pie; Mov. “Juanpa Carlos”; Agrupación Bartolina Sisa; Flores Solidario; Peronismo x la Ciudad; Nueva Mayoría – Frente Patria Grande; Frente barrial 19 de diciembre; Frente Político Germán Abdala; Movimiento Evita, FETRAES-, Partido Piquetero, ¡Seamos Libres!; Movimiento Popular la Dignidad; C.C.C.; Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores; Venceremos; Agrupación Peronista Blanca UPCN; CTA unificada; UB Manuel Dorrego, Club Villa Miraflores.

20.5.2020

Las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron en la legislatura un proyecto para que el poder ejecutivo informe sobre la situación de las comunas 7 y 8, en particular, el Bajo Flores, Villa 20 y Villa Oculta; en el marco de la pandemia y brote de dengue, en base a denuncias que recibieron de distintas organizaciones y trabajadores de la zona.

Este pedido de informe en Legislatura se realizó producto de múltiples denuncias que recibieron las diputadas por parte de integrantes de organizaciones barriales de Bajo Flores, Lugano, trabajadoras/es del Hospital Piñero y de diferentes Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) del área. Que Larreta responda inmediatamente resulta urgente dado el antecedente del crimen social de Ramona y Víctor en la villa 31.
En el marco del crecimiento exponencial de los casos de coronavirus en los barrios más vulnerados, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, diputadas del PTS en el Frente de Izquierda, presentaron esta semana en la legislatura porteña, un proyecto para que el gobierno de la ciudad informe acerca de su accionar en las comunas 7 y 8, en particular, el Bajo Flores, Villa 20 y Villa Oculta; en cuanto a la emergencia sanitaria y alimentaria, en el marco de la pandemia Covid 19 y brote de dengue.
Al respecto Myriam Bregman denunció: “El Ministerio de Salud informó ayer resultados del programa Detectar. En la Ciudad de Buenos Aires uno de cada tres testeos resultaron positivos. Estos son datos concretos y lo peor es que todo va a agravarse por el hacinamiento, la falta de agua, de elementos de higiene para la población. Hemos presentado proyectos de todo tipo para combatir la crisis sanitaria que no se tratan: leyes en las que proponemos que se hagan test masivos en los barrios vulnerables, para proteger a las y los trabajadores de la salud expuestos al contagio, y para que se unifique el sistema público y privado para poder asistir las necesidades de toda la población”.
Uno de los puntos del proyecto, solicita información sobre los nuevos Protocolos y las prácticas que se están llevando adelante en el marco del Covid-19 en el Hospital General de Agudos P. Piñero y Hospital Alvarez, Centro Asistencial Dra. Cecilia Grierson, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU). Informe si los mismos contemplan la externación (tanto de personas que están en hoteles como en hospitales) a partir del día 10 del comienzo de los síntomas, si la persona se encuentra en buen estado general, para que continúe el aislamiento en su domicilio particular.
Este punto es de especial preocupación para los y las trabajadoras del Hospital Piñero y su área programática, quienes manifestaron en un comunicado público que “los nuevos protocolos de salud que podrían exponer a la población a un contagio masivo en un corto período de tiempo con la posibilidad de desbordar (aún más) al ya colapsado sistema público de salud en general y del Hospital Piñero y sus CeSACs en particular sino se tiene en cuenta las características particulares del barrio Riccardelli”.
Alejandrina Barry manifestó: “¿Qué otra cosa puede pasar si no es la propagación del virus cuando no hay agua potable? Los vecinos de la 1.11.14 denunciaban hace unos días que hay 11 manzanas sin agua, hay miedo. Y tenemos el antecedente de la desidia del gobierno y de Aysa de la Villa 31, que al día de hoy siguen con problemas de falta agua”. Y agregó: “El 28 de abril estuve acompañando a los trabajadores del Piñero que denunciaron falta de insumos y de protocolos para actuar. Fueron perseguidos por ello cuando de demostró que tenían razón, porque el mismo jefe del área programática, el Dr. Edgardo Knopoff lo dice”.
En los fundamentos del pedido de informes, las diputadas señalaron que “Integrantes de la Red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores vienen denunciando que las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional, sin un sostén material para las familias que viven de trabajo informal, precarizados y de la economía popular, implican confinarlas no sólo a la pandemia, sino también al hambre y la imposibilidad de afrontar gastos mínimos de su vida cotidiana.
Por su parte, la red de Lugano informó que “el barrio de Lugano presenta un reclamo histórico de 34 años por la falta de un hospital que no logra resultado y que hoy presenta sus consecuencias más adversas. Tanto el Centro de Salud Cecilia Grierson como los Centros de Salud que se encuentran en el barrio no tienen el personal suficiente que se requeriría para una atención normal menos para una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. No hay posibilidad de contar con espacios ventilados y grandes que permitan las restricciones de 1 o 2 metros de distancia. No hay insumos como para acciones básicas como tomar un estado febril.”
Por este motivo, en otros apartados del proyecto se solicita también que se informe y detalle el plan de acción para garantizar el abastecimiento de alimentos, agua potable, elementos de higiene y de cuidado (tapabocas, lavandina, alcohol en gel), repelentes y espirales, como también la efectivización del ingreso económico de emergencia para todas las familias que lo requieran. Se solicita también saber cuál es la cantidad de personal que actualmente se encuentra desarrollando tareas en los Hospitales, Cesacs, UFU y Centros de día, incluyendo limpieza y seguridad; cuál es el monto en pesos devengado hasta la fecha que se destinó a la salud pública en el marco de la emergencia por Covid 19 y brote de Dengue, desagregando lo destinado para la compra de insumos para prevención, asistencia respiratoria, medicamentos, camas, aparatología, capacitación, testeos y personal; detalles sobre los protocolos de actuación frente a casos sospechosos de COVID-19 del personal de la salud y de las empresas tercerizadas que prestan servicio en los Hospitales, Cesacs y UFU, incluidos los contactos estrechos, entre otras cuestiones que surgen de las denuncias de los trabajadores y vecinos de las comunas.