Comunicadores del Sur

6.2.2020

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a la empresa Telefónica S.A. por negarse en 2019 a acatar una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública – tras un pedido de la ACIJ – que le ordenaba brindar información sobre la provisión de sus servicios en villas y asentamientos del área metropolitana de Buenos Aires. «La demanda es un primer paso para revertir la discriminación que sufren quienes habitan en dichos barrios para acceder al servicio de Internet», expresó la asociación en un comunicado, donde explicó que esa y otras empresas de telecomunicaciones se niegan a brindar sus servicios en esos barrios

En febrero de 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó a la empresa Telefónica S.A. que brindara información sobre la forma en la que prestan los servicios de telefonía y de internet en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, «motivado por la negativa de las empresas a brindar sus servicios en estos barrios», relató la asociación en un comunicado fechado el 5 de febrero.
«Dicha solicitud no fue contestada por Telefónica, provocando que ACIJ -a través de su práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA- formulara un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. En dicho ámbito, la empresa sostuvo que no se encuentra obligada a brindar información georeferenciada respecto del servicio de telefonía, y que no tiene obligación alguna de brindar información respecto a la provisión del servicio de internet».
Ante la negativa de la empresa, la Agencia se pronunció sobre el reclamo el pasado 16 de septiembre. «En su resolución, la que resulta de cumplimiento obligatorio para Telefónica, el organismo recordó que la empresa es sujeto obligado respecto de ambos servicios – tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la ley Argentina Digital N° 27.078-, y la obligó a que en el plazo de 10 días brinde la totalidad de la información solicitada. Sin embargo, Telefónica incurrió en un nuevo incumplimiento de la ley, desoyendo la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública», expresó la ACIJ.
«Frente a esto, ACIJ presentó una demanda, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra. Es necesario que el Poder Judicial garantice a todas las personas -especialmente a aquellas que forman parte de grupos vulnerabilizados- el derecho a acceder a la información ante la sostenida reticencia por parte de la empresa prestataria de servicios públicos. El acceso a este tipo de información resulta fundamental para poder defender el derecho de quienes viven en villas y asentamientos a contar con una provisión a internet en igualdad de condiciones al resto de la Ciudad. El acceso a la información pública con la que cuentan las empresas concesionarias de servicios públicos, resulta fundamental para hacer cumplir estos derechos», finalizó.

5.2.2020

Este jueves por la mañana ATE Capital, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) participarán de una jornada preparatoria de una audiencia pública para denunciar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantener congeladas las asignaciones familiares hace seis años, con una inflación acumulada que supera el 250%. Luego los tres gremios brindarán una conferencia de prensa.

En el marco de la lucha por la actualización de las asignaciones, los gremios concurrirán a las 11 de la mañana al juzgado en 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo del Dr. Marcelo López Alfonsín para coordinar la realización de una Audiencia Pública en la que se denunciará la decisión política de mantener en apenas 270 pesos el monto de la asignación por niño desde hace seis años. La convocatoria a audiencia responde al pedido de amparo presentado por estos sindicatos porteños, que vienen denunciando la constante pérdida de poder adquisitivo de estas asignaciones familiares.
Según difundieron desde las tres organizaciones convocantes, “los sindicatos de la Ciudad que agrupan a docentes, trabajadorxs estatales y del Subte entienden que la obstinación de mantener el estancadas la Asignaciones por hijo en 270 pesos, sólo es posible a partir de entender que Horacio Rodríguez Larreta odia a lxs niñxs”. Luego añaden: “De otra manera no es viable comprender que el titular del Ejecutivo porteño destine mensualmente a cada niñx a cargo de un/una trabajadorx estatal el equivalente a poco más de un kilo de yerba mate o a dos kilos de pan”.
Como parte de la denunciar de la arbitrariedad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los gremios recuerdan que desde 2013 el costo del acarreo de vehículos por infracciones de tránsito se actualizó en un 750% por ciento y que el impuesto por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) se ajusta de acuerdo a la inflación (a partir de enero de este año, la Legislatura porteña votó a favor de que ese ajuste se realice de manera mensual).
Al término de la reunión preparatoria para la Audiencia Pública, los representantes de UTE, ATE Capital y AGTSyP brindarán una conferencia de prensa en la puerta del Juzgado, ubicado en Tacuarí 124.

4.2.2020

Mauricio Macri y el ex presidente de la AABE, Ramón Lanús, fueron denunciados por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal. Abuso de autoridad y administración fraudulenta, fundamentan el escrito radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, Jonatan Baldiviezo, presentó la denuncia penal contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal e inconstitucional.
La denuncia fue firmada además por María Eva Koutsovitis, por Unidad Popular CABA; Lucila González, por el Movimiento Popular La Dignidad CABA; Pablo Spataro, por CTA-A Capital; Franco Armando, por el Frente Territorial Salvador Herrera; y Ana Rameri, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Dicha acusación se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por administración fraudulenta contra la Administración Pública. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, hasta hoy a cargo del Juez Claudio Bonadío, quien falleció durante la mañana de este martes, bajo el Expediente N° 428/2020.
A través de decretos presidenciales, decisiones administrativas y convenios con la AABE, Mauricio Macri autorizó la venta de más de 150 inmuebles nacionales, de los cuales 80 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de estos fueron vendidos sin previa autorización del Congreso. Esto está establecido en la Constitución Nacional, y allí radica el primer fundamento de esta denuncia.
Por otra parte, entre el 11 y el 13 de noviembre del año pasado, se firmaron dos convenios entre Nación y Ciudad por los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Al hacer esto, se violó el artículo 15 bis de la ley 25.917 que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato presidencial está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.
Otro de los puntos en los que se fundamenta esta imputación es en la violación del artículo 18 de la ley 27.098 que asegura el derecho a la propiedad para los clubes de barrio cuyas sedes estén construidas sobre terrenos fiscales. A través del decreto 355/2018 se transfirieron parcelas donde actualmente se encuentra emplazado el Darling Tennis Club.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a sólo un día de dejar su cargo, el ex titular de AABE, Ramón Lanús, firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., incumpliendo así con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional.
Lanús había solicitado un dictamen a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego de que un oferente informara, en el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con el ex responsable de AABE, con quien había mantenido una disputa judicial. La SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación. Sin embargo, y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN.

4.2.2020

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad convocan a unificar los reclamos poner freno y dar marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Compartimos la convocatoria:
CAMPAÑA PARA RECUPERAR LAS TIERRAS PÚBLICAS PRIVATIZADAS
¡Unámonos para defender las tierras públicas!
Macri estableció una Monarquía Inmobiliaria decidiendo la venta y concesiones de cientos de inmuebles para negocios inmobiliarios sin autorización del Congreso.
Antes de dejar el Gobierno, concesionó y transfirió a la Ciudad las tierras que no pudo privatizar en los cuatro años de gestión, a fin de que Rodríguez Larreta continúe con los negociados.
Ahora tenemos la oportunidad de recuperar estas tierras para el bien común: espacios verdes, viviendas sociales y equipamiento urbano.
Convocamos a unificar los RECLAMOS de la Ciudadanía para solicitar formalmente, al nuevo Gobierno nacional y a la nueva gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), poner freno y dar marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado alevosamente por Macri y Larreta.
¡SUMATE!
Miércoles 5 de febrero de 2020 a las 18:00.
Av. San Juan 2491 – CABA (Museo del Hambre)
Para SUMARTE a la campaña y adelantarnos tus propuestas para la presentación formal, podés escribirnos aquí:
https://forms.gle/exd2gnU4MxsgdbLw9
observatorioderechoalaciudad@gmail.com
Convocan:
Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)
Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC)
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)
Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM)
Difusión por Facebook:
https://buff.ly/2S2BK1p

4.2.2020

Las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda, solicitaron ante la justicia, una medida cautelar de carácter urgente, para que se suspenda la audiencia pública por el aumento de los parquímetros de la Ciudad.

La intención de las diputadas, Bregman y Barry, es frenar el escandaloso aumento que pretende el gobierno: “Larreta pretende que los actuales 15 pesos por hora de estacionamiento en la vía pública suban a 32 pesos. Un aumento del 113%”.
La medida cautelar quedó a cargo del Juez en lo contencioso administrativo y tributario Pablo Mántaras. El mismo deberá resolver o no la suspensión de la auditoria que estaba convocada para este próximo viernes al mediodía.
El escrito presentado esta mañana, por las diputadas del Frente de Izquierda, impugna el decreto del GCABA 11/20 publicado en el Boletín Oficial, por considerarlo “insanablemente nulo”.
“En el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos de la Ciudad que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio en la ciudad con vehículos del país con un transporte público que tiene enormes baches”, acotaron Bregman y Barry, según un comunicado.
En el mismo comunicado las diputadas dan cuenta de los groseros errores en la difusión de la Audiencia Pública, dando cuenta de que el gobierno “difundió una dirección errónea para acceder a la documentación sobre el aumento. Tras asistir a la dirección indicada en la publicación oficial, nos encontramos con una asociación civil sin relación con la audiencia, ni los parquímetros”.
Al mismo tiempo denunciaron: “Por más que quieran promocionar el Metrobus, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros” y remarcaron el objetivo del gobierno de Larreta remarcaron las diputadas, para quienes las autoridades locales “de una necesidad hacen un negocio”. Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros y este año quieren aún más ganancias a las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas”.
Las diputadas denunciaron este negocio redondo para las empresas contra los ciudadanos porteños, donde “Las empresas encargadas de los acarreos pagan 55.000 pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo periodo. Es realmente una estafa”.