Comunicadores del Sur

31.1.2020

Un informe de la Defensoría del Pueblo porteña repasa la crítica situación de los inquilinos e inquilinas. Reclamo para que se trate la ley de alquileres en el Senado.

Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos. En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos datos se desprenden de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.
Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.
“La continuidad en el alquiler es fundamental para cualquier grupo familiar o inquilina con hijos a cargo, que necesitan arraigo barrial, escolar y sanitario. Pero el alquiler de vivienda familiar en la Argentina es de dos años, y el locador o la inmobiliaria que lo representa fija libremente las condiciones de cada nuevo contrato que se firma”, señaló el informe.
Durante el mes de enero, entre consultas y entrevistas presenciales, la Defensoría del Pueblo ya recibió cerca de 300 casos donde se denuncian diferentes situaciones: un 41% es de inquilinos que finalizan contrato y no tienen dónde ir, o no pueden renovar porque le piden un 50% de aumento, o están adeudando más de tres meses de alquiler o expensas, o quieren rescindir por incapacidad de poder seguir pagando el ajuste impuesto al contrato.
Otro 26% de los vecinos y vecinas se acercaron porque no le devuelven el depósito al finalizar el contrato, no se liquida expensas extraordinarias, no le entregan factura para deducir ganancias, le cobraron ilegalmente comisión inmobiliaria o le realizaron contratos inferiores al plazo mínimo que establece la ley.
Un 14% tuvo problemas con los servicios públicos, en especial los cortes de gas, cortes en luz de obra en edificios nuevos o cobro indebido del impuesto inmobiliario.
El estado de la vivienda –humedad, filtraciones, roturas de equipamiento por desgaste ante el paso del tiempo- convocó a un 15% de inquilinos durante este mes de enero, que desean saber por qué no tienen respuesta sobre el deterioro del inmueble. Hacinamiento, plagas o problemas con los servicios públicos los inquilinos e inquilinas de hoteles familiares.
La difícil situación no es nueva y las organizaciones de inquilinos impulsan desde hace años una ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario. Si bien en 2016 la norma consiguió media sanción en el Senado, no fue impulsada por el macrismo en Diputados y perdió estado parlamentario. En noviembre, la misma ley fue aprobada en la cámara baja por unanimidad y las organizaciones de inquilinos reclaman que se incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado.
“El perfil de la demanda muestra el lado crítico del que no tiene otro acceso a la vivienda que a través de un alquiler y en las condiciones que impone libremente el mercado inmobiliario. A la vez, es claro que mientras el precio sea libre y los contratos sean cortos, los inquilinos consultan o reclaman sobre todo en situaciones límites: no pueden seguir pagando, no recuperan el depósito, hace tres meses que no tienen gas o tienen la habitación totalmente inutilizada por filtraciones o humedad”, destacó la Defensoría.
De acuerdo al Indec, en noviembre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios llegó al 7,4%Con los datos de los primeros once meses de 2019, revelaron que los salarios subieron 37,3% y los precios 48,3%.
El Indec informó este jueves que en el mes de noviembre los salarios subieron 2,4%, lo que los dejó lejos de empatar el 4,3% que marcó la inflación. En los primeros once meses de 2019, solo tres fueron los meses en los que los sueldos les ganaron a los precios: enero, marzo y julio.
De esta forma, entre enero y noviembre, los salarios acumularon una suba del 37,3%, es decir que quedaron 11 puntos porcentuales detrás del Índice de Precios al Consumidor, que a noviembre acumulaba una suba del 48,3%.
En otras palabras, en noviembre los salarios podían comprar 7,4% menos bienes y servicios que a comienzos de año.
Cabe recordar que, en el transcurso de 2018, los salarios perdieron 12,1% de su poder adquisitivo, el peor retroceso desde la crisis de 2002, de la mano de la destrucción de 191.300 puestos de trabajo en blanco.
En los primeros once meses de 2019, por su parte, se destruyeron un total de 16.200 puestos en blanco más, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo.
De esta forma entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, los salarios perdieron 18,6% de su poder de compra y se destruyeron 207.500 puestos de trabajo.
Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, los salarios perdieron 18,6% de su poder de compra y se destruyeron 207.500 puestos de trabajo.
El aumento del 2,4% de los salarios de noviembre no fue uniforme: los sueldos del sector público subieron 1,7% y los del sector privado registrado, 2,8%; en tanto los salarios en negro avanzaron 2,3%.
Respecto de la comparación interanual, el Indec detalló que: «El índice de salarios total mostró un crecimiento de 40,7% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 43,7% del total registrado y de 28,7% del sector privado no registrado».
En consecuencia, frente al 52,1% de inflación acumulada entre noviembre de 2018 e igual mes de 2019, los salarios en negro fueron los que más perdieron: 16,5% de su poder adquisitivo se licuó en esos doce meses.
«El índice de salarios total registrado acumula en los últimos 12 meses un aumento de 43,7%, como consecuencia del incremento de 44,5% del sector privado registrado y un aumento del 42,2% del sector público», agregó el Indec.

30.1.2020

Por Daniel Satur

Alberto Fernández y Miguel Pesce premiaron al exjefe de Gobierno porteño con un cargo de asesor en el que cobraría más de $ 150.000 mensuales. “Avala la impunidad”, denunciaron sobrevivientes y familiares.

En los últimos días se supo que el Gobierno de Alberto Fernández nombró a Aníbal Ibarra “asesor” jurídico del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce. El hecho, lógicamente, fue repudiado por sobrevivientes y familiares de las 194 víctimas de la masacre de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004 cuando Ibarra era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Amigos son los amigos

Ibarra y Pesce se conocen desde hace por lo menos veinte años. De hecho entre 2001 y 2003 el actual presidente del BCRA fue el secretario de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires cuando Ibarra era jefe de Gobierno de la Alianza (también fue subsecretario de Gestión y Administración Financiera durante las gestiones anteriores de Fernando de la Rúa y Enrique Olivera).
También es conocida la relación histórica que une a Ibarra con el presidente Fernández, quienes pasaron en pocos años del enfrentamiento político a la unión familiar. Durante los 90 Ibarra integró el Frepaso y la Alianza (con la UCR) mientras que Fernández militaba apasionadamente para Domingo Cavallo. En el año 2000, de hecho, Aníbal le ganó la jefatura de Gobierno a la lista encabezada por Cavallo e integrada por Alberto y Gustavo Beliz. Pero las pujas entre ambos acabarían en 2005, cuando Fernández y Vilma Ibarra (hermana y compañera de militancia de Aníbal) comenzarían un romance que duraría una década.
Vueltas de la vida (y devolución de favores) mediante, ahora Fernández y Pesce convocaron a Ibarra para que los asesore en temas legales y jurídicos en el Banco Central. Parece que a los nuevos jefes de Ibarra les importa más la amistad y la personal que los prontuarios.
Obviamente Ibarra no trabajará ad honorem. Si se tiene en cuenta que a septiembre de 2018 (último dato publicado en la web de la entidad) el salario promedio de un asesor del BCRA era de $ 114.500 y que la paritaria bancaria para 2019 del sector fue del 50 %, se puede imaginar que el salario promedio para el cargo de Ibarra puede estar superando los $ 150.000.

Prontuario

Ibarra, como todo el mundo sabe, fue el máximo responsable político de una de las masacres juveniles más brutales de la historia argentina: la del incendio del boliche del barrio de Once República Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, donde 194 jóvenes perdieron la vida en cuestión de minutos y cientos sobrevivieron con consecuencias físicas y psicológicas que perduran hasta hoy.
Al conocerse la noticia del nombramiento de Ibarra en el BCRA, el repudio no se hizo esperar. El Movimiento Cromañón, que congrega a sobrevivientes, familiares y seres queridos de las víctimas, levantó su voz a través de un comunicado en el que expresa su “más profundo repudio a una medida que imprime legitimidad al accionar del máximo responsable político de la masacre de Cromañón”.
El comunicado agrega que el nombramiento de “quien fuera con justicia destituido de su cargo de jefe de Gobierno, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público”, directamente “ofende la memoria de las víctimas y avala impunidad”. Vale recordar que en marzo de 2006, mediante un juicio político, se lo echó del cargo de jefe de Gobierno pero no se lo inhabilitó para seguir ocupando cargos públicos. Por eso ahora vuelve contento a ocupar un puesto bajo el ala del Frente de Todos.
En ese marco, el Movimiento Cromañón impugna la supuesta “conducta ética” que debería guiar el acceso a altos cargos públicos. Y lo hace recordando qué hizo Ibarra luego de la masacre: “desoyó más de 16 alertas de que un siniestro podía producirse; puso en cargos de alta responsabilidad a personal no capacitado para el mismo; no organizó el operativo de la Emergencia del cual el jefe de Gobierno es el máximo responsable, provocando al menos el 40 % más de muertes evitables; se reunió con las cámaras empresariales en lugar de con familiares de las víctimas; eludió una interpelación de la Legislatura y convocó a un plebiscito para victimizarse, entre otras muchas maniobras distractoras ante la opinión pública”.
A su vez cuestionan que el propio Ibarra hace tiempo “intenta legitimarse, participando en espacios de derechos humanos, con banderas que no puede llevar con la frente en alto, ya que los derechos humanos incluyen el derecho que tiene la juventud a escuchar su música preferida, a reunirse, a festejar la vida, sin entrar en callejones de la muerte”.
Por último el Movimiento Cromañón exige en su comunicado “que el Presidente del Banco Central revea esta medida que premia con un cargo público, al máximo responsable político de la masacre de Cromañón”.
A la luz de los hechos, con ejemplos como el de Felipe Solá (responsable político de la masacre del Puente Pueyrredón, impune) al frente de la política exterior del gobierno de Fernández, cuesta creer que Miguel Pesce desande sus pasos y le pida a su amigo Ibarra que ya no lo asesore. Amigos, son los amigos.

30.1.2020

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice haber invertido más de 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura, los vecinos denuncian la escasez y el mal estado del agua corriente que dista de ser potable.

El barrio Carlos Mugica, más conocido como las villas 31 y 31 bis de Retiro en la Ciudad de Buenos Aires, sufre desde hace meses la escasez de agua.
Esta situación se agudiza con las altas temperaturas del verano porteño y conseguir un poco de agua para cocinar, refrescarse o, apenas, lavarse las manos se convierte en una odisea. Para beber, es obvio, los vecinos que pueden compran agua envasada porque además de escasa el agua que se les provee no está en condiciones seguras, dista de ser potable.
El gobierno de la Ciudad ha destinado para obras de infraestructura más de 1.000 millones de pesos pero por el momento no ha formalizado ninguna conexión de agua ni la red cloacal. El tendido de agua corriente está realizado de forma precaria, con mangueras de poco calibre y en muchas zonas se superpone con el tendido cloacal.
Las familias denuncian hace meses la falta de agua y coinciden que, a partir de las obras recientemente realizadas por el Gobierno de la Ciudad, el acceso al servicio empeoró. Por este servicio deficitario, insuficiente y sin garantías sanitarias, la Ciudad le paga a AYSA, como así también lo hace con Edesur por el suministro eléctrico –también deficiente, inconstante, con frecuentes cortes y subas y bajas de tensión que provocan un alto costo de reposición de electrodomésticos a las familias.
Hicimos un recorrido con vecinas del barrio Güemes –uno de los más viejos del asentamiento– y del bajo autopista y con María Eva Koutsovitis y Matías Goyeneche de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la UBA. De esta forma pudimos comprobar lo que relevaron en los últimos meses en el marco del Seminario de Servicios Públicos y Barrios Populares: las mediciones de presión y los indicadores sanitarios elaborados evidenciaron la crítica situación sanitaria que atraviesa el barrio.
“El relevamiento evidenció que la situación sanitaria era crítica en el Barrio Güemes, más del 40% de los vecinos refirió desbordes frecuentes cloacales, más del 70% refirió no tener presión de agua, más del 70% refirió que el agua que recibía para consumo se encontraba alterada. También medimos presión y el resultado confirmó lo relevado. La presión es un indicador indirecto de la calidad del agua: cuando el servicio se interrumpe o cuando la presión baja, la probabilidad de que el agua se contamine mediante el ingreso de una sustancia externa, aumenta”, señala Koutsovitis.
Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta inaugura una sucursal de Mc Donalds y el Ministerio de Educación porteño en el barrio, los funcionarios de la SISU (Secretaría de Integración Social y Urbana) amenazan a los pobladores del Bajo Autopista para que se muden a las viviendas construidas por el gobierno y se endeuden por 30 años, y vecinas y vecinos se organizan para resistir el fenomenal negocio inmobiliario en ciernes y luchar por sus derechos.

30.1.2020

La jueza falló a favor del amparo ambiental promovido por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.

La jueza Elena Liberatori otorgó 10 días al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa Metrovías para que tome muestras de vagones e instalaciones sospechosas de contener asbesto en el Subterráneo y Premetro porteños.
La resolución de la magistrada dispuso “la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto”.
En un fallo fundamentado en 12 páginas la jueza extendió la toma de muestras a “los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto”, tales como la usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías, “elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios y de cualquier habitante”, según relevó la Agencia Télam.
Además, solicitó a Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) que “en 10 días hábiles administrativos informen al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda”.
En los fundamentos de la sentencia, la jueza recordó que la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe “el uso de fibra de asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.
Y resaltó que la Organización Mundial de la Salud estableció que “la aparición de los efectos a la exposición al amianto es independiente de la dosis de la exposición, siendo imposible establecer niveles de exposición seguros”.
La responsabilidad del Gobierno de la Ciudad quedó en manifiesto en las propias declaraciones del Presidente de SBASE, según las cuales “… no vieron en su momento los Manuales técnicos de las formaciones que la ciudad compró a España, dada su voluminosidad y asumiendo que el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno, siendo que rige en la Unión Europea la prohibición de uso de amianto desde el año 1999”.
Concluye la jueza que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.
La demanda por el derecho a la salud contra el Gobierno de la Ciudad, SBASE y Metrovías, fue iniciada hace dos meses por la AGTSyP junto a usuarios del servicio de transportes de pasajeros.

29.1.2020

Por Pablo Torres y Sandra Escovitch

“Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia” Así empieza el free tour que coordina un joven estudiante de turismo y de sociología. Se llama La Boca obrera y es una forma distinta de entender la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina.

Un Free Tour es una ruta turística guiada por los principales puntos de una ciudad en la que no se exige una tarifa fija a los visitantes sino que cada cual, dependiendo de sus posibilidades económicas y valoración del recorrido, entrega al guía una paga al finalizar la visita. Es un paseo guiado pero que se da un dinero “a la gorra”.
¿Es posible hacer turismo desde otra mirada, desde una óptica obrera? Esta ruta intenta mostrar la vida de un barrio teniendo en cuenta la cotidianidad de los que día a día hacen que el mundo funcione, los trabajadores.
“Pinta a tu pueblo y pintaras el mundo”, así lo hizo el héroe del barrio, el famoso pintor Benito Quinquela Martín, describiendo en sus murales y cuadros el mundo del trabajador portuario y así lo relata nuestro guía que a través de la historia de La Boca, cuenta la historia de la Argentina.
El recorrido comienza en la Vuelta de Rocha, a escasos 20 metros del Riachuelo y a pasos del Pasaje Caminito.
El paseo hace un desvío del circuito standard y de esa imagen for export de La Boca y nos muestra que a una o dos cuadras de la zona turística, cómo viven los pobladores del barrio, uno de los más pobres de la ciudad. De esta manera, el paseante puede comprobar la desigualdad que existe en la ciudad más rica de la Argentina y que se emparenta a otras realidades de Latinoamérica.

El conventillo como una Babel

Buenos Aires pasó de ser un pueblo de tres mil habitantes a una ciudad de un millón de personas en pocas décadas.
El puerto de la ciudad estaba en La Boca, sus primeros habitantes provenían de Génova, de ahí el término xeneise (genovés) quienes oficiaron de primeros anfitriones para los que bajaban de los barcos y explica ese acento italiano del porteño.
En esta población se dio una integración empujada por la forma que adquirió la convivencia de personas y familias de distintas nacionalidades en un mismo espacio físico: el conventillo.
El conventillo como una Babel sintetiza una expresión cultural de esa mixtura donde el bandoneón, traído por polacos, que convivían con españoles que sacaban sus guitarras y con el alemán que traía un violín y que junto con sus letras de añoranza hicieron de esta fusión, una melodía y un modo de bailar por aquellos años novedosa y que se llamó tango.
La música de rioplatense mezcla lo autóctono, lo europeo y de otros continentes que dejaron como herencia aquellos primeros inmigrantes cuyas mujeres hijos y padres quedaban en la lejanía.

La República de La Boca

Los inmigrantes traían también sus ideas políticas y sus practicas sociales. En este barrio, los anarquistas y socialistas dominaban la escena política, protagonizando distintas huelgas y movilizaciones, organizándose en sindicatos y cooperativas.
La más famosa es la huelga de los inquilinos que se expandió a toda la ciudad y logró ciertas conquistas para los habitantes de los conventillos.
Entre los años 1876 y 1888 el barrio se independizó y fue declarado como República Independiente de La Boca.
Un conflicto laboral que desembocó en una prolongada huelga, dio pie a que un grupo de extremistas genoveses declararan la República y le mandaran un mensaje al rey de Italia para notificarle la decisión.

La Bombonera el corazón de La Boca

La Bombonera tal cual se la llama a la cancha de Boca Juniors lleva este nombre porque precisamente tiene la forma de una caja de bombones y se la considera el corazón mismo del barrio.
La pasión por el fútbol ha llevado a este equipo a trascender los límites de la Argentina y junto con su clásico rival River Plate, quien también nació en este vecindario, se convirtió en uno de los equipos más famosos del mundo.
Tiembla el estadio cuando la “12” grita un gol.
Un paseo vibrante en el sentido literal de la palabra cuando La Boca se transforma en pasión de multitudes.