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Violencia institucional del Gobierno de la Ciudad. Un fotógrafo fue demorado por grabar atropellos contra los manteros

8.2.2020

Por Nahuel Lag

«¿Qué me grabas?», «borrá ese video», «te voy a cagar a trompadas». Esas fueron las amenazas que recibió el fotógrafo y periodista Federico Muiña el martes pasado por parte de un inspector de Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad, cuando cubría uno de los reiterados operativos de desalojo de manteros senegaleses en el Once. Tras la amenaza, el inspector dijo haber sido «golpeado con la cámara» por Muiña, por la Policía de la Ciudad lo mantuvo 40 minutos demorado sin darle explicaciones.

«Hay una orden para evitar que se muestren estos operativos, todo lo mal que hace la gestión de Larreta. No creo que haya otra respuesta por lo que justifique estas reacciones», apuntó Muiña a este diario e indicó que no es la primera vez que la Policía de la Ciudad le pide documentación, lo demora con advertencias del tipo «vamos a ver si te tenemos que llevar detenido», por registrar los violentos operativos contra los manteros senegaleses, que según la Defensoría General de la Ciudad sufren el 57% de los casos de violencia institucional contra comunidades extranjeras.
Muiña fue demorado durante un «operativo de barrido» en la intersección de las calles Castelli y Mitre. No era la primera vez que se encontraba con el inspector, de apellido Cohen, que también es conocido entre los vendedores por su prepotencia. «Me puse a filmarlo porque en un operativo anterior no llegué a registrar el momento en el que agredían a los vendedores. Entonces, se cruzó y me encaró para empezar a agredirme», relata el periodista, que hace 8 meses trabaja en la zona para visibilizar la situación de la comunidad senegalesa a través el proyecto colectivo Djambari Buenos Aires .
El tono agresivo del inspector quedó registrado en el video tomado por Muiña y también se lo ve golpeando la cámara del fotógrafo. Sin embargo, el funcionario de Espacio Público denunció al reportero porque «lo había golpeado con la cámara» para que el patrullero que acompañaba el operativo lo mantuviera demorado sin dar explicaciones de los motivos.
«Tengo una Nikon 5100 no la voy arriesgar para golpear a un inspector», desestimó Muiña el argumento del inspector. No es la primera vez que el argumento es usado por personal del gobierno de la Ciudad para impedir la tarea de trabajadores de prensa. En febrero del año pasado, el fotógrafo de PáginaI12, Bernardino Ávila, y su colega de la revista Cítrica, Juan Pablo Barrientos , fueron detenidos con el mismo argumento, avalado incluso por el vicejefe porteño, Diego Santilli. El fiscal penal y contravencional Walter López archivó la causa contra los reporteros gráficos tres meses después.
«La Policía de la Ciudad tiene orden, hace rato, de impedir cualquier tipo de registro fotográfico o de video de sus intervenciones, porque saben que esos materiales son los que después nos permiten reconstruir los hechos en los juicios. Ya la Metropolitana tenía esa directiva, acordate de los dos trabajadores de prensa de la RNMA baleados con plomo el 13 de marzo de 2013 en el desalojo de la Sala Alberdi «, advirtió la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, que acompaña junto a la RNMA, ARGRA y SIPREBA las causas de trabajadores de prensa detenidos y procesados.
Verdú advierte que la persecusión no se limita a los trabjadores de prensa sino que es «tanto para fotógrafos como para gente que use su celular. Sistemáticamente, cuando ven que alguien graba una detención, un operativo o un desalojo, se le van encima, provocan y detienen o al menos impiden la filmación». En noviembre pasado, se conoció el caso de un policía de la Ciudad que amenazó a un vecino por grabar la detención de un vendedor senegalés.

Demandan a Telefónica por ocultar información pública sobre su servicio de internet en las villas

6.2.2020

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a la empresa Telefónica S.A. por negarse en 2019 a acatar una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública – tras un pedido de la ACIJ – que le ordenaba brindar información sobre la provisión de sus servicios en villas y asentamientos del área metropolitana de Buenos Aires. «La demanda es un primer paso para revertir la discriminación que sufren quienes habitan en dichos barrios para acceder al servicio de Internet», expresó la asociación en un comunicado, donde explicó que esa y otras empresas de telecomunicaciones se niegan a brindar sus servicios en esos barrios

En febrero de 2019, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitó a la empresa Telefónica S.A. que brindara información sobre la forma en la que prestan los servicios de telefonía y de internet en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, «motivado por la negativa de las empresas a brindar sus servicios en estos barrios», relató la asociación en un comunicado fechado el 5 de febrero.
«Dicha solicitud no fue contestada por Telefónica, provocando que ACIJ -a través de su práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA- formulara un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. En dicho ámbito, la empresa sostuvo que no se encuentra obligada a brindar información georeferenciada respecto del servicio de telefonía, y que no tiene obligación alguna de brindar información respecto a la provisión del servicio de internet».
Ante la negativa de la empresa, la Agencia se pronunció sobre el reclamo el pasado 16 de septiembre. «En su resolución, la que resulta de cumplimiento obligatorio para Telefónica, el organismo recordó que la empresa es sujeto obligado respecto de ambos servicios – tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la ley Argentina Digital N° 27.078-, y la obligó a que en el plazo de 10 días brinde la totalidad de la información solicitada. Sin embargo, Telefónica incurrió en un nuevo incumplimiento de la ley, desoyendo la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública», expresó la ACIJ.
«Frente a esto, ACIJ presentó una demanda, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra. Es necesario que el Poder Judicial garantice a todas las personas -especialmente a aquellas que forman parte de grupos vulnerabilizados- el derecho a acceder a la información ante la sostenida reticencia por parte de la empresa prestataria de servicios públicos. El acceso a este tipo de información resulta fundamental para poder defender el derecho de quienes viven en villas y asentamientos a contar con una provisión a internet en igualdad de condiciones al resto de la Ciudad. El acceso a la información pública con la que cuentan las empresas concesionarias de servicios públicos, resulta fundamental para hacer cumplir estos derechos», finalizó.

ATE, UTE y AGTSyP le reclaman a Larreta un aumento de asignaciones familiares, congeladas desde 2013

5.2.2020

Este jueves por la mañana ATE Capital, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) participarán de una jornada preparatoria de una audiencia pública para denunciar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantener congeladas las asignaciones familiares hace seis años, con una inflación acumulada que supera el 250%. Luego los tres gremios brindarán una conferencia de prensa.

En el marco de la lucha por la actualización de las asignaciones, los gremios concurrirán a las 11 de la mañana al juzgado en 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo del Dr. Marcelo López Alfonsín para coordinar la realización de una Audiencia Pública en la que se denunciará la decisión política de mantener en apenas 270 pesos el monto de la asignación por niño desde hace seis años. La convocatoria a audiencia responde al pedido de amparo presentado por estos sindicatos porteños, que vienen denunciando la constante pérdida de poder adquisitivo de estas asignaciones familiares.
Según difundieron desde las tres organizaciones convocantes, “los sindicatos de la Ciudad que agrupan a docentes, trabajadorxs estatales y del Subte entienden que la obstinación de mantener el estancadas la Asignaciones por hijo en 270 pesos, sólo es posible a partir de entender que Horacio Rodríguez Larreta odia a lxs niñxs”. Luego añaden: “De otra manera no es viable comprender que el titular del Ejecutivo porteño destine mensualmente a cada niñx a cargo de un/una trabajadorx estatal el equivalente a poco más de un kilo de yerba mate o a dos kilos de pan”.
Como parte de la denunciar de la arbitrariedad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los gremios recuerdan que desde 2013 el costo del acarreo de vehículos por infracciones de tránsito se actualizó en un 750% por ciento y que el impuesto por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) se ajusta de acuerdo a la inflación (a partir de enero de este año, la Legislatura porteña votó a favor de que ese ajuste se realice de manera mensual).
Al término de la reunión preparatoria para la Audiencia Pública, los representantes de UTE, ATE Capital y AGTSyP brindarán una conferencia de prensa en la puerta del Juzgado, ubicado en Tacuarí 124.

Denuncian penalmente a Macri por la venta ilegal de tierra pública

4.2.2020

Mauricio Macri y el ex presidente de la AABE, Ramón Lanús, fueron denunciados por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal. Abuso de autoridad y administración fraudulenta, fundamentan el escrito radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, Jonatan Baldiviezo, presentó la denuncia penal contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal e inconstitucional.
La denuncia fue firmada además por María Eva Koutsovitis, por Unidad Popular CABA; Lucila González, por el Movimiento Popular La Dignidad CABA; Pablo Spataro, por CTA-A Capital; Franco Armando, por el Frente Territorial Salvador Herrera; y Ana Rameri, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Dicha acusación se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por administración fraudulenta contra la Administración Pública. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, hasta hoy a cargo del Juez Claudio Bonadío, quien falleció durante la mañana de este martes, bajo el Expediente N° 428/2020.
A través de decretos presidenciales, decisiones administrativas y convenios con la AABE, Mauricio Macri autorizó la venta de más de 150 inmuebles nacionales, de los cuales 80 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de estos fueron vendidos sin previa autorización del Congreso. Esto está establecido en la Constitución Nacional, y allí radica el primer fundamento de esta denuncia.
Por otra parte, entre el 11 y el 13 de noviembre del año pasado, se firmaron dos convenios entre Nación y Ciudad por los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Al hacer esto, se violó el artículo 15 bis de la ley 25.917 que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato presidencial está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.
Otro de los puntos en los que se fundamenta esta imputación es en la violación del artículo 18 de la ley 27.098 que asegura el derecho a la propiedad para los clubes de barrio cuyas sedes estén construidas sobre terrenos fiscales. A través del decreto 355/2018 se transfirieron parcelas donde actualmente se encuentra emplazado el Darling Tennis Club.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a sólo un día de dejar su cargo, el ex titular de AABE, Ramón Lanús, firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., incumpliendo así con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional.
Lanús había solicitado un dictamen a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego de que un oferente informara, en el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con el ex responsable de AABE, con quien había mantenido una disputa judicial. La SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación. Sin embargo, y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN.

Campaña para recuperar las tierras públicas privatizadas por el PRO

4.2.2020

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad convocan a unificar los reclamos poner freno y dar marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Compartimos la convocatoria:
CAMPAÑA PARA RECUPERAR LAS TIERRAS PÚBLICAS PRIVATIZADAS
¡Unámonos para defender las tierras públicas!
Macri estableció una Monarquía Inmobiliaria decidiendo la venta y concesiones de cientos de inmuebles para negocios inmobiliarios sin autorización del Congreso.
Antes de dejar el Gobierno, concesionó y transfirió a la Ciudad las tierras que no pudo privatizar en los cuatro años de gestión, a fin de que Rodríguez Larreta continúe con los negociados.
Ahora tenemos la oportunidad de recuperar estas tierras para el bien común: espacios verdes, viviendas sociales y equipamiento urbano.
Convocamos a unificar los RECLAMOS de la Ciudadanía para solicitar formalmente, al nuevo Gobierno nacional y a la nueva gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), poner freno y dar marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado alevosamente por Macri y Larreta.
¡SUMATE!
Miércoles 5 de febrero de 2020 a las 18:00.
Av. San Juan 2491 – CABA (Museo del Hambre)
Para SUMARTE a la campaña y adelantarnos tus propuestas para la presentación formal, podés escribirnos aquí:
https://forms.gle/exd2gnU4MxsgdbLw9
observatorioderechoalaciudad@gmail.com
Convocan:
Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)
Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC)
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)
Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM)
Difusión por Facebook:
https://buff.ly/2S2BK1p

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