Comunicadores del Sur

29.9.2019

La denuncia, que ya fue ratificada en la justicia, apunta al ejecutivo nacional, al porteño, al Sbase y al presidente de Metrovías. Es por la compra ilegal de vagones de subte con amianto, por ponerlos en funcionamiento, por descartarlos incorrectamente y encubrir el tema.

Edgardo Castro, delegado general de ATE en la Dirección General de Protección del Trabajo, Paritario CyMAT del organismo, Inspector de Trabajo e Ingeniero en Higiene y Seguridad, y Químico, visitó ayer el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2 para ratificar y ampliar la denuncia penal contra Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y otros.
«Con información de público conocimiento y con información brindada por los compañeros trabajadores del subte, sobre enfermedades profesionales específicas relacionadas a la presencia de amianto que empezaron a aparecer, realicé una denuncia penal por compra ilegal y por uso de vagones contaminados con amianto, por encubrimiento, y por no descartar los vagones de manera correcta luego de sacarlos de circulación», señaló Castro al sitio de prensa de ATE.
«Hice la denuncia porque Macri y Larreta, con la venia de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y Metrovías, compraron vagones de subte a España, en donde eran chatarra vieja que se suponía que ni siquiera se podía vender porque estaban contaminados con amianto. No deberían haber podido salir del territorio español, por la prohibición del Convenio de Basilea, sin embargo el Gobierno de Cambiemos compró esos vagones por U$S 550.000 cada uno», detalló el delegado.
«La denuncia que realicé fue tanto para Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, como también para Eduardo de Montmollin, Presidente de SBASE; para Esteban Verra, Presidente de Metrovías; y para José Cohen, Director de la Dirección General de Protección del Trabajo, que es el organismo donde yo trabajo. Denuncié también al Director de mi sector porque es el responsable de que el organismo no se haya hecho cargo de la denuncia de los trabajadores del subte que decía que los vagones tenían amianto. En vez de salir a resolver el tema, empezó a dilatar el tema con una comisión«, lamentó Castro.
Castro además dijo: «Desde el Gobierno dicen tener los vagones guardados en una base, pero cuando uno empieza a investigar un poco se da cuenta de que en lugar de tenerlos encapsulados, como correspondería, usaron partes de ellos para reparar otras series de vagones, contaminándolas con amianto, y tampoco brindan información de a dónde fueron a parar los vagones en sí», agregó.
«Se trata de aquellos vagones que trajeron problemas porque no entraban en el andén y hubo que modificarlos, además de que estaban muy maltrechos y algo desguazados. Después se vieron obligados a sacarlos de circulación cuando se hizo público que tenían amianto, porque en España se denunció en el Parlamento la venta ilegal de los vagones al Gobierno de Cambiemos», explicó el dirigente.
«Fui a ratificar la denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, y a ampliarla con información y una declaración personal con el objetivo de activar una investigación a fondo sobre el tema», cerró Castro.
El titular de los Metrodelegados «Beto» Pianelli confirmó en la última conferencia de prensa que ya se realizaron análisis a 100 de los 550 trabajadores del recorrido B, que une las estaciones de Leandro N. Alem con Juan Manuel de Rosas, y que se constató «que cinco de los estudiados tienen placas pleurales», es decir ensanchamiento de la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones.

27.9.2019

Por Santiago Asorey

El sábado pasado se congregaron familiares y organizaciones a la vera del Riachuelo acompañando a la familia del joven asesinado por la Policía Federal en septiembre del 2002.

Este sábado 21 de septiembre, familiares y militantes en la defensa de los Derechos Humanos se congregaron a la vera del Riachuelo acompañando a la familia de Ezequiel Demonty, el joven asesinado por la Policía Federal en septiembre del 2002.
En el marco de una nueva conmemoración de su muerte a manos de uniformados, familiares y seres queridos realizaron una ofrenda floral en la intersección de las calles Agustín de Vedia y 27 de febrero, en el barrio porteño de Pompeya. Cabe recordar que Ezequiel fue arrojado al Riachuelo en la madrugada del 14 de septiembre del 2002, luego de ser torturado. 17 años después su recuerdo convoca las banderas de lucha contra el abuso y la violencia policial.
Leo Demonty, hermano de Ezequiel, describió: “Este acompañamiento significa el logro de instalar la memoria de Ezequiel. Son 17 primaveras sin Ezequiel. Tener el respaldo de tantos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, es muy importante para nosotros. Significa mucho”.
Además, Leo analizó las violaciones a los derechos humanos en estos años macristas: “Fueron tiempos de mucho retroceso social en todo sentido. En derechos humanos ha sido en donde más se ha retrocedido. Que una ministra de Seguridad avale el fusilamiento por la espalda muestra la degradación que ha tomado este Gobierno”. Desde otra mirada, la tía de Ezequiel explicó: “Para mí, como tía esto es volver a revivir todo. Es otro año más sin él. Recordar como lo buscamos. Quedándonos acá en estas orillas hasta que apareció. Todavía intentamos sacar fuerzas de donde no tenemos para seguir adelante”.
También reflexionó sobre el acto la legisladora de Unidad Ciudadana, Lorena Pokoik, quien estuvo presente y señaló: “Venimos a realizar esta ofrenda para Ezequiel, de arrojar flores al Riachuelo. Es un año más para decir nunca más y denunciar la violencia institucional que se sigue expresando de distintas maneras y siempre atentando contra los pibes más humildes”. Por su parte, el diputado nacional Horacio Pietragalla, agregó: “La violencia institucional es una deuda de la democracia. Es necesario poder empezar a revertir las situaciones de abuso policial a lo largo y ancho del país. La Doctrina Chocobar permitió una habilitación política para que las fuerzas cometan estos crímenes”.
También fue parte del homenaje, Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, asesinado en octubre de 1997 por la Policía de Mendoza: “Nosotras las madres vamos a estar siempre homenajeando a nuestros hijos. Son muchas las personas que luchan para que estas cosas no pasen. Es necesario multiplicar la memora. Multiplicar la memoria de Ezequiel y multiplicar la memoria de nuestros hijos”.
Además, añadió: “Luchamos por las fuerzas de seguridad que queremos. No queremos estas fuerzas que se llevan la vida de nuestros pibes. No queremos una ministra de Seguridad que avale la mano dura y la tortura”.
Por último, Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, torturada y asesinada por agentes de la Comisaría 1° de Florencio Varela en 2002, expresó: “Este año se cumplen 17 años del crimen de mi hermana y también del crimen de Ezequiel. 2002 fue un año marcado por este dolor enorme para nosotros. Pero seguimos acá. Acompañando a Dolly, madre de Ezequiel. Nuestros pibes están siendo torturados y asesinados por políticas de funcionarios que dan rienda suelta para que esto suceda. Estamos acá para revertir esta mala historia para nuestros pibes”.

27.9.2019

Por Matías Levin-Secretario de Comunicación de la CTA Autónoma Capital

La del Centro Gallego, la de sus trabajadoras y trabajadores, es una historia de lucha sindical y desprecio patronal que continúa sin solución: vaciamiento, gerenciamiento privado, estafa a sus trabajadores y a sus afiliados, una burocracia sindical que entrega laburantes, un Estado ausente y una justicia miope.

El Centro Gallego es un centro de salud encuadrado como mutual que se encuentra intervenido por el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) desde octubre de 2012. La política de dicha intervención implicó su vaciamiento, recortes presupuestarios, incumplimiento de pagos y salarios adeudados para los trabajadores que continuaron en sus puestos de trabajo. Hecho que confluyó en una reducción drástica del personal y la pauperización de la atención a los afiliados y pacientes.
En ese contexto, se llevó adelante una elección de delegados y delegadas del Sindicato de la Salud de CTA-A, quienes asumieron su mandato en el momento en que entró en funciones la nueva gerencia, luego de la asamblea de afiliados donde se votó que terminara la intervención del mencionado Instituto.
Lo cierto es que en una reunión de asociados a la que nadie más tuvo acceso, se aprobó el gerenciamiento a cargo del grupo BASA Salud, empresa perteneciente al Grupo Olmos, que entre otros emprendimientos maneja el Grupo Crónica de medios de comunicación. Razón por la cual no se conoce acabadamente el tema entre la opinión pública. La medida, además, no solo implicaría el gerenciamiento del Centro Gallego sino la posibilidad de su venta a dicho grupo empresarial en un tiempo estimado de 5 años.
Hoy por hoy, la intervención del INAES continúa: siguen los mismos funcionarios desempeñando sus funciones habituales, pero al parecer prestando servicios a BASA Salud. Las autoridades electas no tomaron posesión del cargo y el grupo empresarial ya controla y administra el Centro Gallego en su totalidad.
La política de BASA Salud fue despedir trabajadores esgrimiendo causas falsas, llevar adelante una clara persecución sindical a quienes se organizaran y reclamaran, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, extorsionar a cambio de pagar los salarios adeudados, violar varias de la leyes laborales vigentes y continuar prestando servicios de pésima calidad a los afiliados.
No obstante, el Grupo Olmos (dueños de BASA Salud) incurrió en despidos de carácter disciplinatorio, mientras que en paralelo tomó otros trabajadores con el único fin de reducir sueldos, maximizar ganancias y ahorrarse cuestionamientos de carácter sindical, ya que delegadas del Sindicato de la Salud, nucleado en CTA-A Capital, fueron despedidas en varias oportunidades, en una clara actitud de persecución gremial a lo largo de todas las administraciones del Centro Gallego.
Consultada sobre la situación del Centro Gallego, Hebe Nelli, Secretaria Gremial de la Central porteña explicó: “Desde la CTA-A Capital venimos acompañando todo el proceso de organización de los trabajadores y trabajadoras de Centro Gallego en resistencia a estas políticas de ajuste. La semana pasada nos movilizamos hasta sus puertas, hemos ido al Juzgado 54 -donde se encuentra la intervención- se fijó una audiencia con el Juez para que explique por qué permite que la situación descrita siga sucediendo siendo él quien tiene responsabilidad sobre la misma.”
“Además, iremos al INAES, como responsables directos de la intervención y también le iremos a pedir las explicaciones del caso al grupo Basa. Exigiremos nuevamente al Ministerio de Trabajo que se pronuncie y expida sobre la intervención, y sobre todo acompañaremos como siempre a los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Salud en el reclamo de sus derechos. Iremos a tocar todas las puertas necesarias para que se reinstale a los compañeros en sus puestos de trabajo en las condiciones que corresponden por ley, que se les pague en tiempo y forma sus salarios y que se liquiden los sueldos adeudados”, agregó la compañera Nelli.
Raúl Olmos, CEO del Grupo que tomó el gerenciamiento del Centro Gallego, plantea que la decisión política del grupo es llevar adelante este proyecto a como dé lugar: plantean que así convertirán al Centro Gallego en la mejor clínica modelo del país, pero lo cierto es que ninguna clínica “es” sin sus trabajadores y trabajadoras, y mucho menos si no tiene las condiciones elementales para ejercer sus tareas.
Desde la CTA-A afirmamos que inventar un boicot sindical y echarles la culpa a los trabajadores que durante un año y medio mantuvieron a flote la institución, sin cobrar sus salarios e incluso le salvaron la vida a muchos afiliados, resulta por lo menos cínico. Sobre todo justo cuando están a las puertas de alcanzar el objetivo de semejante lucha: tener un trabajo digno.
A Nelly Jaldín, Licenciada en Enfermería, trabajadora del área de Terapia Intensiva de adultos del Centro Gallego, la informaron de su “desafectación del cargo” dos agentes de la seguridad privada del centro de salud, mientras higienizaba a un paciente infectado con una bacteria intra hospitalaria, producto de la desidia del grupo Basa. Increpada para que de inmediato cesara su labor y se retirara, Nelly fue obligada a dejar a su paciente sucio, mojado y desnudo, bajo la amenaza de ser evacuada del nosocomio por la fuerza.
“Este gerenciamiento de los hermanos Olmos -contó Jaldín- asumió en mayo de 2019 y lo primero que hizo fue convocar a todo el personal y decirnos que se iban a hacer cargo de los 19 sueldos que se nos adeudaban. Lo dijo y todos lo escuchamos. Ahora, cuando hicimos el reclamo legal, ellos mismos y por escrito adujeron que no reconocían ninguna deuda.”
“Cuando tomaron el gerenciamiento los trabajadores vimos muchas falencias y la implementación de un método diferente al que veníamos teniendo bajo convenio colectivo de trabajo: aumentaron la carga horaria; cambiaron a trabajadoras de funciones, de oficinistas a mucamas, por ejemplo; faltaban insumos en enfermería y limpieza, entre otras cosas. A raíz de esto, desde el Sindicato se hicieron las denuncias formales: enviamos cartas que jamás fueron contestadas, pedimos entrevistas con las autoridades, pero tampoco tuvimos respuesta, y finalmente enviamos cartas documento para lograr una reunión donde se pudiera llegar a una solución del conflicto”, relató la compañera despedida.
En cuanto a los despidos ordenados por el Grupo Basa la compañera Jalín expresó: “Consideramos que éstos son despidos masivos: de la plantilla de 320 empleados que pasamos del Centro Gallego al Grupo Basa, hoy no llegamos ni a 200 personas. Están despidiendo de a cinco a diez personas por semana, desde administrativos a enfermeras, médicos y kinesiólogos, y lo peor de todo, con causas inventadas que hacen que no tengan derecho siquiera a una indemnización después de haber estado 19 meses sin cobrar y en algunos casos con toda una vida trabajando allí.”

27.9.2019

Ocurrió en el marco de una jornada mundial. Referentes de diversos espacios políticos, sociales y sindicales estuvieron presentes.

En el marco una jornada que se realizó a nivel mundial contra la crisis climática, jóvenes y organizaciones ambientales, políticas y sociales se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país. En la capital del país se concentraron en Plaza de Mayo para dirigirse luego hacia el Congreso Nacional.
La movilización fue parte de un reclamo internacional convocado en la semana que fue del viernes 20/9 a este viernes. La Huelga Mundial por el Clima fue convocada en todo el mundo ante la creciente amenaza al medioambiente.
Como parte de esta protesta tuvieron lugar movilizaciones en todo el mundo en la última semana, con convocatorias de enorme masividad en algunos países de Europa y en Australia.
De la convocatoria que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires participaron organizaciones contra el cambio climático como Jóvenes por el clima, Fridays for future, Extintion Rebellion y otras, además de organizaciones. También se hicieron presentes referentes de diversos espacios políticos y sociales. Entre los presentes se encontraron, por ejemplo, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, candidato a presidente y a diputada nacional respectivamente por el Frente de Izquierda Unidad.
La crisis climática viene siendo puesta en el centro de las miradas por un potente movimiento que surgió en los países centrales y se extendió a nivel internacional. Son en su mayoría jóvenes que se levantan para decir basta a la destrucción del planeta provocada por el sistema capitalista. Así lo dijeron en el acto que tuvo lugar en el Congreso los distintos oradores remarcando que los más perjudicados de la catástrofe ambiental son los sectores más marginados.
Se escucharon las voces de las organizaciones convocantes, pero también de distintos centros de estudiantes y federaciones, de investigadores científicos, trabajadores cartoneros y del reciclado así como miembros de pueblos originarios. El reclamo mayoritario fue la necesidad de un cambio de políticas de Estado para que el cambio climático no genere mayores consecuencias e incluso retroceda. Pero dejando en claro que es éste es un problema social al cual hay que darle respuesta, algo que en medio de la campaña electoral que decidirá el próximo presidente del país debería ser puesto en debate.
Otro reclamo repetido fue contra el decreto de Mauricio Macri que avala la importación de residuos tóxicos: “no queremos ser el basurero del mundo” mencionó una representante de los trabajadores cartoneros y recicladores. Desde las organizaciones que conforman la campaña “Gane quien gane” hablaron de los grandes beneficiarios en esta crisis: las corporaciones y financieras tanto locales como extranjeras. “Gane quien gane cambiemos el sistema, no el clima” fue la frase con la que finalizaron. El acto lo cerraron oradores de Jóvenes por el Clima remarcando que esta generación va a sufrir la consecuencia de decisiones que no tomó y reclamando espacios de debate y de toma de decisiones para cambiar el presente y el futuro del planeta.
En todo el mundo, un sector empieza a cuestionar más o menos abiertamente las consecuencias del sistema capitalista en relación al medioambiente. Hace pocos días publicamos aquí la declaración de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional -de la que es parte del PTS-FIT y que impulsa la Red internacional La Izquierda Diario- de cara a las concentraciones de esta semana.

26.9.2019

La decisión fue comunicada en las últimas horas. Los 5 mil pesos serán percibidos por los empleados públicos el próximo 18 de octubre, a poco más de una semana de las elecciones.

En la misma línea de la decisión que adoptó el Gobierno nacional tras la mega devaluación de agosto, el Gobierno porteño optó por brindar una compensación salarial no remunerativa La decisión fue comunicada en las últimas horas. Los 5 mil pesos serán percibidos por los empleados públicos el próximo 18 de octubre, a poco más de una semana de las elecciones.26/09/2019 16:13:00
En la misma línea de la decisión que adoptó el Gobierno nacional tras la mega devaluación de agosto, el Gobierno porteño optó por brindar una compensación salarial no remunerativa de 5.000 pesos a todos los empleados de planta del ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un bono que será a cuenta de futuras paritarias y será otorgado el 18 de octubre, poco más de una semana antes de las elecciones trascendentales para el futuro de Horacio Rodríguez Larreta.
Específicamente lo recibirán quienes integran plantas permanente y transitoria del Escalafón General, trabajadores del área de la Salud y a la Policía de la Ciudad. Serían en total unas 160.000 personas las que se beneficiarían con el adelanto.
Cabe recordar que la paritaria de los gremios estatales con Larreta llegó a un magro 19% (en tres cuotas de 8%,6% y 5%), además de contar con dos cláusulas gatillo en julio y diciembre.
La medida llega justo en un momento en el que el Ejecutivo necesita votos para evitar un ballotage con el Frente de Todos que podría ser su puerta de salida de la gestión del PRO tras 12 años de hegemonía en territorio porteño.