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El crimen social de Vicente Ferrer

1.9.2019

Por Lautaro Romero

A Vicente Ferrer lo mataron a golpes un custodio y un empleado del Coto de San Telmo. ¿El motivo? Llevarse sin pagar un chocolate, un pedazo de queso y medio litro de aceite. Era jubilado y aparentemente sufría demencia senil. Un crimen que nos deshumaniza -un poco más-, y nos interpela como sociedad.

De la vida de Vicente Ferrer (68), poco se sabe: que era jubilado, vivía en San Telmo y tenía episodios de demencia.

Quizás fue ese instinto “enfermo” de quebrar lo establecido por la ley, lo que impulsó a Vicente a darse el gusto de deleitarse con un sabroso chocolate, un trozo de queso y una botella de aceite, sin pagarle un centavo a una de las cadenas de supermercados con mayor fortuna del país: Coto. O quizás fue el instinto de supervivencia, el hambre de días y noches, solo en su ph de la calle Defensa, lo que terminó de convencer a Vicente que debía robar para comer algo digno.

Lo que seguramente no imaginó Vicente Ferrer, es que ese pequeño acto de rebeldía, el de guardarse algunos productos entre sus ropas, le costaría la vida.

El viernes pasado, en la puerta del comercio ubicado en la esquina de Brasil y Perú, Gabriel Alejandro de la Rosa -vigilador privado, de 27 años-, y Ramón Chávez -empleado de Coto, de 32 años-, interceptaron a Vicente. Según cuentan los testigos, luego de un entredicho verbal, ambos le propinaron varios golpes de puño, adentro y afuera del local. Ya en la vereda, con Vicente en el piso a punto de perder la conciencia, sin oportunidad de defenderse,  siguieron las patadas con saña, y a quemarropa.

En escena aparecieron los efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E, con claras intenciones de ocultar lo ocurrido. Aunque no pudieron con la vocación del fotógrafo Nicolás Ramos: en ese momento registró todo con su cámara, y le hizo frente al blindaje impuesto por la Policía y los medios afines a empresarios como Alfredo Coto.

Para cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde: a raíz de la paliza a sangre fría, Vicente había sufrido un traumatismo en la cabeza y posterior pérdida del conocimiento. Una transeúnte que pasaba por el lugar intentó reanimarlo. No hubo caso: Vicente ya no respiraba cuando ingresó al Hospital Argerich.

Lo que dice el custodio es que él quiso retener a Vicente por miedo a perder su trabajo. Además niega haberlo golpeado, y agrega que cuando fue a buscar a la policía, el anciano yacía en el suelo.

Por decisión del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 33, Darío Bonnano; Gabriel de la Rosa y Ramón Chávez permanecen detenidos, acusados de homicidio simple.

Pasó casi una semana desde que mataron a Vicente Ferrer, y  el despliegue de las fuerzas de seguridad en Brasil y Perú, hace que parezca un convoy: entre luces azules que van y vienen, la Policía de la Ciudad se moviliza en camionetas y autos con parachoques, y también en motos, con escopetas de guerra. 

 

Pero acá no hay ninguna guerra

 

A 50 metros, un grupo de vecinxs de San Telmo, La Boca, Constitución, la Villa 31, Avellaneda, Berazategui y hasta La Matanza; se manifiestan pacíficamente frente a la sucursal del Coto. Y frente a cuatro agentes de la Policía, quienes custodian las puertas del hipermercado -y los miles de millones que hay adentro-, que luce un cartel de bienvenida: “precios accesibles y cuidados”.

“Basta de normalizar la violencia”, “La impunidad mata”, “Todas las vidas valen por igual”, figuran entre las consignas trae aquí esta  masa de gente –viejos, no tan viejos, jóvenes, auto convocados,  integrantes de organizaciones barriales-; que exige que haya justicia por Vicente Ferrer.

Ulises es vecino de San Telmo, y está convencido que la lucha está en las calles porque el Gobierno tiene “la necesidad de frenar la lucha social”.  “Esto es una barbarie de todo orden: matar a una persona por robar comida demuestra la degradación social que estamos viviendo. Es socialmente inadmisible, te exacerba los ánimos, te subleva. Esto supera el hecho individual”, reconoce Ulises, con indignación. Y agrega: “Esto es consecuencia de lo que ellos han generado. El robo que le hacen a los bolsillos de los trabajadores es enorme, comparado con lo que pudo haber robado este pobre hombre”.

Osvaldo es mucho mayor que Ulises. A Osvaldo le entristece ver tantas familias con nenes chiquitos durmiendo debajo de la autopista. “Siembran violencia: Todo esto lo estimula el Gobierno”, piensa. A su lado está su compañera de vida, Susana.  “Lo que le ocurrió a Vicente está encadenado con lo que le ocurrió a Nahuel, a Maldonado, al hombre que el otro día mató la Policía de una patada en el pecho”, nos dice.

A Vicente Ferrer lo molieron a golpes. Lo mataron en cuestión de minutos. Aunque no siempre es así. A veces el sistema te disminuye de a poco. Nuestros viejxs lo saben muy bien: coberturas médicas que son pésimas, recortes de beneficios y descuentos en PAMI que profundizan la indigencia y la miseria. 

“El 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, que representa un tercio de la canasta que necesitan para poder comer, para costear sus gastos de salud después de toda una vida de trabajo. Todas las decisiones arbitrarias que reformaron el haber previsional, han derrumbado el haber jubilatorio por el piso”, considera Sergio, quien con un megáfono en mano, acompaña la militancia de los Jubilados Clasistas, una organización que denuncia las injusticias que sufren los ancianos a diario.

Edda cobra 12.000 mensuales: la mínima. Vive a los saltos. No le entra en la cabeza la “insensibilidad” de la gente que vio cuando mataban a Vicente Ferrer, y no hizo nada. “Nos escapamos de la humanidad”, suelta. “Es aberrante lo que pasó, es un crimen social. Vino a darse un placer con un chocolate, un pedacito de queso y un aceite. El Estado es tan culpable como lo es Coto. Debe hacer condena para los responsables”.

“Un jubilado apretado por la miseria en la que vivía, comete un hurto. Vos entras aun supermercado, ves toda la mercadería, con la necesidad y la tentación de que no la podes comprar”, analiza Sergio. “Ningún hecho amerita el accionar criminal que ha tenido la seguridad privada de Coto. Si se ve que a una persona de la tercera edad la están moliendo a palos, la fuerza pública tiene que intervenir para salvaguardar la integridad física de esa persona”.

¿Qué te pasa por la cabeza cuando tomas la decisión de matar a alguien? Supongamos que haya cometido un hurto. Hay un acto de violencia que no responde a la realidad. La Justicia debe determinar las responsabilidades y establecer las condenas que corresponde. Si efectivamente esta persona sufría demencia senil, estamos en presencia de un homicidio agravado. Y la empresa todavía no ha salido a dar ninguna explicación, porque tener a un empleado que sale a matar, deja mucho que desear”, dice Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo.

Quienes viven en San Telmo, cuentan que se ha convertido en un barrio con muchos contrastes. Por un lado, un sector de la sociedad “paupérrimo”, que vive en la calle o con suerte en casas tomadas. En el medio está la “clase trabajadora”, fuertemente empobrecida por el 30% de devaluación que se ve reflejado en los salarios. Y después, todo un sector de restaurantes, hoteles y supermercados como el Coto, que responden a la especulación de los negocios mobiliarios. “Han encarecido el costo de la vivienda, y al mismo tiempo expulsan a gran parte de la población trabajadora tradicional. San Telmo vive un proceso de privatización de viviendas, de suelo, producto de estas políticas de negociados que fomenta el Gobierno”, afirma Sergio.

A Ionatana le gustaría tener 20 años menos, para tener más fuerzas y que no duela tanto el cuerpo. Ella no descansa: forma parte del comedor “Levante y Anda”, que funciona en el predio ferroviario de la estación Constitución, y que organiza ollas populares para que los pibes y pibas puedan comer “un plato fortalecido y nutritivo”. “Mi vida está entregada a este servicio. Me llena el alma”, dice Ionatana, que se vino de Chile hace 25 años.

Claro que no alcanza con las migajas que les da el Gobierno. Y que cada vez los comedores se vuelven más chicos, ya que son más las personas, jóvenes, familias enteras y ancianos, que se acercan en busca de una taza de leche o un pedazo de pan.

Uno de ellos, podría haber sido Vicente Ferrer: “Lamento no haberlo conocido, no haber podido estar ahí para darle una mano. En Constitución, Vicente es uno más de los que padecen la injusticia de este Gobierno desquiciado y enfermo hacia los más pobres. Pobreza que ellos mismos han generado. Cada vez hay más trabajadores en la calle, cada vez hay más necesidad de recurrir al otro para poder subsistir”.

La Policía pateó y confiscó la mercadería de un vendedor de sandwichs

31.8.2019

Por Nahuel Lag

Casos similares de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional fueron denunciados por los vendedores y la Defensoría General de la Ciudad. El Código se endureció en diciembre pasado para habilitar detenciones bajo la carátula de «resistencia a la autoridad». «El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», advirtieron desde Vendedores Libres.

El accionar violento de la Policía de la Ciudad contra los vendedores ambulantes quedó registrado nuevamente a través de filmaciones de vecinos que denunciaron en las redes sociales cómo atacaron a un joven que vendía sanguches de salame. «¡Filmame! ¡Filmame!», se envalentonó el oficial de la fuerza porteña ante el reclamo de los vecinos. «¿Cuántas veces te digo todos los días, ‘andate porque te van a secuestrar la mercadería’?», continuaba advirtiéndole el policía al joven tras patearle la mesa en la que estaba su mercadería, un acto irregular que podría traducirse en una causa por abuso de autoridad y daños agravados impulsada por la Defensoría General de la Ciudad.  

«¡No puede hacer eso!», grita una vecina en el intento de defender al vendedor ambulante de la acción policial. «Ah, ¿no puedo hacer esto? Tres veces le dije», le contesta el policía, identificado por los denunciantes como el oficial mayor, Andrián Vinent.

La figura de «uso indebido del espacio público» del Código Contravencional porteño es la que le permite a la Policía de la Ciudad avanzar sobre los vendedores ambulantes, aunque el mismo código hace una diferenciación respecto de las actividades de «mera subsistencia». «¿Qué querés que vaya a chorear? Estoy laburando, no estoy haciendo nada. Estoy buscando el peso», intentaba convencer el joven vendedor ambulante al oficial que terminó tirándole al piso toda su mercadería.

«Este es la patética demostración del fracaso de la política del (vicejefe de gobierno porteño Diego) Santilli que pretende solucionar un problema social con el Código Contravencional. Cada puesto callejero que se levanta es reemplazado por otro, porque las personas están realizando un trabajo de subsistencia», lamentó el defensor adjunto y titular del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General porteña, Luis Duacastella.

 

Por las malas

 

La Defensoría General se puso en contacto, a través de redes con organismo sociales, con el joven que sufrió el avance por parte de la Policía de la Ciudad para representarlo y analiza la radicación de una denuncia por abuso de autoridad y daños agravados.

Lejos de patear la mesa y dejar la mercadería desparramada en el suelo, el oficial porteño debería haber labrado un acta, registrar la mercadería en infracción y ordenar su secuestro. En ese caso, la Defensoría hubiese intervenido desde el primer momento. «Los policías, cansados de labrar actas, se desmadran. La política del gobierno los lleva a utilizar la fuerza», apuntó Duacastella.

La Defensoría General tiene estudiado los casos de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional. De acuerdo al informe 2018 de la Defensoría , sobre 623 casos de violencia estatal registrados, 95 fueron denunciados por personas a las que se les imputaron contravenciones.

Esa política de persecución del gobierno porteño fue ratificada en diciembre pasado, cuando con mayoría oficialista, la Legislatura endureció el Código Contravencional habilitando a la policía a detener a quienes estén en falta. 

«Las situaciones sociales se resuelven con políticas sociales. A las personas que se las rebuscan y tratan de ganarse la vida, no se las puede perseguir como si fueran delincuentes», sentenció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, Victoria Montenegro, quien votó en contra de las modificaciones al igual que el resto de los legisladores del peronismo y la izquierda.

Según la agrupación sindical de Vendedores Libres solo en el 2018, previo a la modificación del código, en el barrio de Flores hubo más de 1000 detenidos, bajo otra figura tan habitual como genérica «resistencia a la autoridad».  «Como no pueden erradicar la venta por la resistencia de los vendedores,  en un país que no ofrece oportunidades, lo que hacen es quitarte lo que tenés para vender», sintetizó Omar Guaraz, referente de la agrupación de vendedores nucleada en la CTA.

El informe 2018 de la Defensoría General aporta otro dato relevante que confirma la selectividad en la política de seguridad. Sobre las contravenciones aplicadas a cada detenido, en el 77,9 % de los casos la contravención imputada fue “Uso del Espacio Público” y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública.

«Ese muchacho que vende sanwiches debería estar hoy en una fábrica iniciando su vida laboral y un proyecto de vida. Pero no hay lugar para jóvenes como él y salen y crean su propio laburo: se hacen vendedores», graficó Guaraz.

 

Una política extendida

 

La política de control del espacio público aplicada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no es nueva; la persecución sobre la colectividad senegalesa o sobre los vendedores ambulantes en Once y Flores suman decenas de casos en los últimos años. Precisamente, este último caso registrado ocurrió el miércoles pasado en Flores en la avenida Nazca, entre Bacacay y Bogotá.

«Este operativo indigna, pero la norma general son operativos muchísimos más violentos donde por lo general, los vendedores son detenidos, heridos y, a veces de gravedad», apuntó Guaraz y denunció nuevas acciones contra vendedores senegaleses en Once esta semana.

El informe 2018 de la Defensoría también advirtió sobre la población que está siendo víctima de la política de persecución en el espacio público, en coincidencia con los nuevos casos denunciados. El 76 % de las víctimas de violencia fueron ciudadanos argentinos, un 14 por ciento fueron personas de origen africano, entre los que los senegaleses representaron el 57,5 %. El 10 % de las víctimas de violencia institucional restantes fueron de países latinoamericanos.

«Este Gobierno tiene un problema en la concepción del paradigma de la seguridad. Los porteños no nos sentimos más seguros porque la policía patee a la gente que se busca el mango todos los días», criticó Montenegro.

La informalidad y la edad de las personas que denunciaron ser víctimas de la violencia de la Policía de la Ciudad también es significativa: el 89,8 % tenían un trabajo informal, entre ellos, un 24 % son vendedores ambulantes; y en su mayoría fueron varones con un promedio de edad de 30 años.

«Cada vez tenemos más manteros en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, como el fenómeno de las ferias americanas a cielo abierto, gente que no tiene un mango siquiera para revender y trueca cosas usadas», puso en contexto Guaraz. «La política de expulsiones de los manteros comenzó en 2011 con Mauricio Macri como jefe de gobierno y hasta el día de hoy no hubo voluntad de solucionarlo. El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», sintetizó el vendedor ambulante.

 

«Puro vandalismo estatal» 

 

Tanto desde la Defensoría como desde Vendedores Libres coincidieron en marcar que está en aumento el registro de casos en los que la mercadería que es secuestrada por la Policía de la Ciudad no queda documentada y nunca vuelve a ser recuperada por los vendedores. Desde la Defensoría apuntan la debilidad que tienen los vendedores callejeros para demostrar los tipos y cantidades de los materiales que se les secuestra.

«No pudieron doblegar a los vendedores metiéndolos presos, entonces, lo que se está dando ahora es un robo descarado de la mercadería. Ya Espacio Público y la Policía saben quiénes son los vendedores, entonces, se acercan y le sacan la mercadería. Otras técnicas son intervenciones con operativos de motos o policías de civil. Es puro vandalismo estatal que tiene como objetivo desmoralizar a los vendedores», denunció Guaraz.

Multitudinaria intervención artística en calle Corrientes por una ciudad mejor. #sivosqueres ….. #macriyafue #vidalyafue #larretayafue !

30.8.2019

En la avenida Corrientes, en pleno Centro porteño cuando ya había sido habilitada la peatonal que reduce a la mitad el tránsito en la avenida de los teatros,  se concentraron espontáneamente cientos de personas comenzaron a bailar al ritmo de la cumbia mientras seguían una coreografía muy estudiada.

Sobre uno de los edificios de esa cuadra (entre Montevideo y Paraná) un proyector impactaba su haz de luz que repetía el hashtag que sonaba en unos improvisados parlantes a todo volumen sobre la vereda: #LarretaYaFue.

En un comunicado previo y reservado para periodistas y participantes, quienes organizan esta campaña develaban el misterio: “Volvemos a intervenir sobre lo público para mirar la campaña electoral desde un ángulo completamente distinto”.

#sivosqueres es una campaña anti macrista que vincula acciones de campaña en las calles y en las redes, con una estrategia de viralización por WhatsApp. Su primera acción fue la proyección masiva de la consigna #MacriYaFue en 50 edificios de Buenos Aires, apenas días antes de la PASO.

En esta oportunidad, el hermetismo fue muy grande, porque la búsqueda estuvo en mantener el efecto sorpresa de la intervención. Y sorpresa fue la que vivieron quienes por casualidad andaban por Corrientes y vieron cómo en segundos cientos de personas como ellos y ellas se metían de lleno al baile desenfrenado.

Toda la acción duró escasos seis minutos, en los que las camaritas de los celulares se mezclaban con los y las que intentaban aprender sobre la marcha el pasito. Por los parlantes, la banda Sudor Marika cantaba que “Macri ya fue / Vidal ya fue / Si vos querés / Larreta también”.

Ya no llego a pagar el alquiler
No sé qué hacer no sé qué hacer
Todo el día laburando y laburando
Encima subió el bondi y me están precarizando
Que la playa ya no sea un privilegio
Quiero vacaciones cuando termine el colegio
Nos endeudarnos para pagar la boleta
¡También es responsable de esta miseria Larreta!
Macri ya fue
Vidal ya fue
Si vos querés
Larreta también
Hoy cerró su negocio el vecino
Aunque te guste o no, este gobierno es asesino
No les creas, lo que dicen es un cuento
Yo sé bien que a mi abuela le faltan medicamentos
¿Y qué me importa a mí la bicisenda?
Mientras haya hambre en el país eso es la urgencia
La alegría es del pueblo y va a volver
por eso en Octubre ya sabes lo que hay que hacer
Macri ya fue
Vidal ya fue
Si vos querés
Larreta también

Letra y Música: Sudor Marica

“¿Existe un modo de renovar los métodos de campaña electoral que el juego democrático nos enseñó hasta ahora?”, se lee en el comunicado distribuido apenas horas antes. En #sivosqueres afirman que sí. “Cuando los tiempos se muestran sombríos y las urnas ya mostraron su voluntad de verdadero cambio de rumbo, elegimos ofrecer un espíritu festivo en el que el compromiso político no se resuma en la suelta de globos pinchados, desinflados”.

Sin dudas innovador, el formato flashmob resulta algo inédito en nuestro país. Al respecto, quienes organizan #sivosqueres tienen la convicción de que hace falta renovar el modo de relacionarse con la ciudadanía: “Frente al algoritmo y el cálculo digitalizado, proponemos la sorpresa y el festejo en la calle.”

¿Quién encabeza la lista de legisladores del FIT-Unidad en la Ciudad?

30.8.2019

Por Manolo Romano

Quién es quién en las listas a legisladoras/es de la Ciudad de Buenos Aires.

La lista de legisladoras y legisladores del Frente de Izquierda-Unidad la encabeza Alejandrina Barry. Alejandrina nació en cautiverio. Su madre, dirigente del sindicato docente, era perseguida y estaba presa en la cárcel de Olmos en 1974. Sus padres, luego, fueron asesinados por la dictadura militar en Uruguay. Fue apropiada por la dictadura para montar una campaña a favor del terrorismo de Estado.

Milita desde su adolescencia contra la impunidad, contra la represión a quienes luchan, contra el gatillo fácil y por continuar la pelea de sus viejos por cambiar de verdad este mundo de injusticias. Transformó su testimonio de vida en testimonio de lucha. Es querellante en la causa ESMA, Plan Cóndor y contra los empresarios que participaron del genocidio. Hoy es operadora social en la Villa 21-24 y directora de la Comisión contra la Violencia Institucional que preside Myriam Bregman en la Legislatura de la Ciudad. El segundo de la lista es Facundo Lahite, trabajador del INDEC.

 

¿Quiénes encabezan las otras listas de Legisladores?

 

La lista oficialista de Cambiemos o Juntos por el Cambio, tiene en primer lugar a Diego García de García Vilas, abogado de los empresarios “buitres” que vaciaron la imprenta ex Donnelly. Lo secunda la actual ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou.

La lista de legisladores de Consenso Federal de Lavagna en la Ciudad la encabeza Eugenio Casielles que trabajó con Eduardo Duhalde. Y lo sigue Soledad Gibelli, desde joven muy cercana a la burocracia sindical del Sindicato de Juegos de Azar.

La lista a legisladores del Frente de TODOS, de Alberto Fernández en la Ciudad la encabeza Claudia Neira, actual directora del Banco Ciudad, y la sigue Claudio Ferreño, del viejo PJ porteño.

Sembrar libertad desde la educación: más tizas y menos balas

30.8.2019

Por Melisa Letemendía

El proyecto Reverdecer de la FAUBA, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, capacita a personas privadas de su libertad en huerta y jardinería agroecológicas para que puedan insertarse laboralmente y sanar vínculos. Educar para la libertad. La experiencia cooperativa como herramienta de trabajo para  quienes estuvieron privadxs de su libertad.  

Un domingo por mes se realiza la ya tradicional Feria del Productor al Consumidor en Agronomía.  Allí llama la atención un puesto que, en medio  de cactus y huertas portátiles, sostiene un cartel que proclama: “Más tizas, menos balas”. Para contarnos de que se trata hablamos con María Marta Bunge, Coordinadora del Taller Reverdecer, que nos dio detalles sobre esta interesante experiencia.

 

Educación popular para la libertad

 

El proyecto comenzó con un grupo de docentes y estudiantes de la Carrera de Jardinería de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) que estaban dando clases de Jardinería en la comunidad de Villa Soldati. María Marta Bunge recuerda que “no encontrábamos bien nuestro lugar en ese momento hasta que un día una persona del INTA nos planteó la necesidad de llevar adelante una huerta en el penal” y agrega que “la idea me gustó y fui a conocer el lugar, una vez que entré a la cárcel, no salí más”. La iniciativa contó con un apoyo inmediato de la Facultad, y así se inicio el trabajo en el 2012. Al año siguiente desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de esa Facultad (CaLiSA-FAUBA)  alojaron esta formación.

La tarea se inició como un gran desafío para quienes la llevaban adelante. Las y los talleristas de Reverdecer, con formación académica tuvieron que adaptarse y transformar los contenidos para que pudieran ser comprendidos por las personas que habitan los contextos de encierro de la cárcel, que en su mayoría no habían finalizado ni la escuela secundaria y en más de la mitad de los casos ni la escuela primaria. Al comienzo relata Bunge “empezamos dando una capacitación resumida similar a la que se dictaba en la Universidad, con materias como fisiología y botánica, que si bien era útil a los chicos y chicas no les llegaba”. Así parece que también las y los talleristas comenzaron a transitar un camino de aprendizaje que fue mutuo,  “también nos fuimos dando cuenta que había un montón de cuestiones relacionadas con la vida carcelaria, fuerzas potentes del sistema que van devastando a la persona: podés no salir del pabellón si dijiste una palabra de más, o una de menos”, nos comparte Bunge.

Con ideas forjadas por fuera del contexto de encierro, explica la coordinadora, “comenzamos pensando que la jardinería sería una salida piola para los pibes que estaban adentro, porque requiere poco capital para empezar y es fácil, pero con el tiempo nos dimos cuenta que los pibes ni siquiera entendían, y nosotros no entendíamos a los pibes. Había un abismo cultural”. Bunge explica que se dieron cuenta que “necesitábamos nosotros formarnos en educación popular primero”. Así fue como comenzaron a leer y formarse con los textos de Paulo Freire que aborda la educación desde la participación, el diálogo y la valorización de los saberes que poseen sectores históricamente oprimidos y que a partir de ello  permite crear lazos de comunidad y confianza a través de los cuales el aprendizaje es un proceso de interdependencia. Señala que “nos resultó muy difícil empezar a entender esa trama perversa, que sitúa en la cárcel una mayoría de gente que viene de barrios vulnerados, o  por qué cuando los países empobrecen y aumentan todos los delitos -tanto de pobres como de ricos-, sólo son condenados por ellos las personas pobres”.

 

La mirada agroecológica en un sistema contaminado

¿Qué relación hay entre la agroecología, la soberanía alimentaria y la cárcel?

 

Lo que nos permitió la agroecología fue un abordaje para entendernos como sistema, incluyendo la justicia social y los derechos. Haciendo una analogía, cuando estás haciendo una producción hortícola y encontrás bichos que comen tus plantas, el sistema convencional tira veneno y mata todo: lo bueno y lo malo. No ves la causa de fondo ¿Hay monocultivo? ¿Cómo está el suelo? Acá pasa lo mismo; se trata de personas a las cuales se les vulneraron sus derechos desde la infancia y el sistema los expulsó. Con una mirada agroecológica se intenta ver su contexto, cuáles fueron las condiciones que te llevaron a que actúes así y cómo la persona se fue perdiendo en el camino. Por supuesto que en un contexto de encierro una planta no es nada -hay muchísimas otras cosas que atender-, pero sí es una herramienta que nos permite producir un rescate en esa vida, y aprender de eso. El enfoque como sistema nos permitió también abordar el vínculo personal para interpelar al estudiante, para que aprendiera no solo a hacer su huerta y producir sus alimentos, sino para que encontrara en eso un espacio que resignificara la vida, y la vida propia”.

La alta densidad poblacional en las ciudades disminuye las posibilidades de integración de un gran número de jóvenes, que quedan por fuera del sistema, excluidos y con pocas posibilidades de insertarse y más aún si no hay políticas públicas de contención.

La entrevistada contó respecto a las personas con las que les tocó interactuar que “varios que son hijos, hijas o nietos y nietas de campesinos que migraron a la ciudad buscando un futuro mejor. Pero al llegar, se encontraron con la dificultad de insertarse en el conurbano, donde ya hay mucha gente, más de la que se puede emplear. Hay madres y padres que migraron con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su familia, y terminaron con todos sus hijos o hijas presas”.

A partir de este trabajo reflexiona que “la cárcel también es una medida de desigualdad en una sociedad que no da oportunidades y que no ha podido encontrar otra solución que encerrar a los pibes. El encierro no resuelve nada, sólo votos de aquellos que piden más cárcel sin conocerla por adentro. La cárcel es un campo de concentración”.

 

El modelo de exclusión

 

Este escenario de carencias y vulnerabilidad está relacionado con el modelo de producción intensiva imperante,  caracterizado por el monocultivo, el agronegocio y la especulación financiera en la producción de alimentos, con ausencia de  políticas a favor de la Soberanía Alimentaria y del derecho humano a la alimentación.

Una dimensión de este complejo panorama basta con observar las cifras oficiales que indican que Argentina produce calorías que podrían alimentar a 440 millones de personas, sin embargo, estas se destinan en su mayoría a la exportación para engorde de ganado y generación de biodiésel. Según los últimos datos de la UCA, el 35% de las y los niños en el país sufre riesgo alimentario, es decir, no tiene asegurado el acceso a alimentos suficientes. Considerando que actualmente la pobreza infantil alcanza al 51%, se puede asegurar que el Estado además de no poder garantizar la alimentación de niñas, niños y adolescentes tampoco cumple con otros derechos básicos como la educación, la vivienda digna, la salud, que acentúan cada vez más la desigualdad y la deuda histórica con esos niños – pronto jóvenes, pronto adultos-, que son y serán condenados a la exclusión por el mismo sistema que luego los castiga.

 

De taller a cooperativa

 

El proyecto que comenzó con la participación exclusiva de estudiantes universitarios de la FAUBA fue ganando reconocimiento al participar de la Feria de Agronomía, donde comercializan las plantas, cuyas ganancias se depositan en la cuentas de los presos. Pronto la iniciativa se abrió a toda la comunidad y contó con el interés de sociólogos, una arquitecta que donó la construcción de una escuela de oficios en el penal. Además se interesaron personas de todas las disciplinas,   con o sin estudios, lo que enriqueció la mirada, explica la coordinadora.

Uno de los objetivos es “la inserción laboral para evitar la reincidencia; por eso la Facultad siempre emitió los certificados de las capacitaciones sin mencionar que fueron realizadas en contexto de encierro”.

Los obstáculos con los que se encuentran quienes recuperan su libertad llevaron al taller a dar un paso más, porque “para ellos, conseguir trabajo era difícil ya que en muchos lugares les pedían antecedentes penales para entrar. Entonces surgió la idea de la cooperativa, para que pudieran trabajar cuando salieran”, explica Bunge. Desde el comienzo del gobierno de Cambiemos se modificaron los planes y   el proyecto Reverdecer fue expulsado de los penales por no alinearse con las políticas neoliberales de la nueva gestión y por visibilizar el hacinamiento y las torturas que sufren los reclusos.

 

Las políticas penitenciarias nacionales de la actual gestión Cambiemos fortalecieron otro tipo de educación como la relacionada con prácticas de rugby

 

“Estábamos en las Unidades carcelarias N° 47 (Anexos femenino, masculino y Régimen Abierto) y N° 48 de San Martín. Los cursos eran anuales y participaban unos 25 detenidos y/o detenidas por unidad. Ahora estamos sólo en el Instituto de Menores San Martín, de CABA, adonde van 4 personas externas, y en el Centro de Contención Moreno, donde vamos 2 personas. Las y los chicos alojados allí son pocos, y eso dificulta que haya un recambio de estudiantes que puedan participar de la experiencia”.

La Cooperativa que se creó para cumplir con una función social como el trabajo  y  la continuación del vínculo con los ex detenidos aún no se han podido concretar porque “al no estar trabajando dentro de la cárcel es difícil tener personas que se hayan formado con nosotros y vayan saliendo para incorporarse a la cooperativa”, nos cuenta la docente. Sin embargo y a pesar de los obstáculos continúan trabajando; recientemente la FAUBA decidió alojar al proyecto en su Incubadora de Emprendimientos, y le asignó un espacio en el predio de Agronomía por el término de 2 años. Allí están construyendo un invernáculo con ayuda voluntaria y afianzando las bases de la flamante asociación.

“Supongo que hasta que termine esta gestión no vamos a poder volver a las cárceles”, se lamenta María Marta que, junto con quienes asumen el compromiso de llevar adelante este taller, lucha porque prevalezca una mirada social sobre la delincuencia, sabiendo que todos somos semilla. Y entendiendo que podemos brotar de nuevo, si tenemos un ambiente favorable.

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