Comunicadores del Sur

21.8.2019

Por Matías Cervilla

El asesinato de Jorge Martín Gómez por parte de Esteban Armando Ramírez (42) integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este lunes en el barrio porteño de San Cristóbal conmocionó a la sociedad. En el video ampliamente difundido se ve al oficial Ramírez propinarle a Gómez una violenta patada en el abdomen. Este cayó al piso, se fracturó el cráneo y perdió la vida poco después en el hospital Ramos Mejía. Si se pone el caso en perspectiva, lejos de ser una excepción, es sólo uno de los más de 1300 asesinatos por parte de fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En su último informe anual CORREPI denuncia que desde la restauración democrática en 1983, el gobierno de Cambiemos es, al día de hoy, el que presentó las cifras más altas y el mayor incremento de muertes por parte del Estado. Durante 2018 los asesinatos llegaron a promediar uno cada 21 horas.

Durante las últimas semanas, particularmente después de la contundente derrota de Cambiemos en las PASO, se ha hablado mucho sobre los fracasos y puntos débiles del macrismo. Incluso desde tribunas otrora partidarias del gobierno, se oyen ahora voces críticas dispuestas a hacer leña del árbol caído y así subirse al tren que los dejará en estaciones más cercanas al favor de la que se presume que será la nueva facción gobernante. El aumento de la deuda externa, la inflación, el desempleo, el criterio regresivo en las exacciones impositivas o la fuga de capitales son algunos de los lugares comunes en estas críticas al gobierno.

No obstante, y más allá de casos como el asesinato de Jorge Martín Gómez, la masacre de San Miguel del Monteo el caso Chocobar, el lugar que ocupa la crítica a la faceta represiva del Estado gobernado por la alianza Cambiemos es relativamente menor en relación a su importancia estratégica en el sostenimiento de medidas impopulares, y especialmente a la luz del sensible aumento de la tasa de asesinatos por parte de las fuerzas represivas durante la actual gestión respecto de las anteriores. Una muestra de esta importancia estratégica se encuentra, por ejemplo, en el hecho de que en el paquete de medidas que anunció Mauricio Macri esta semana, luego del resultado electoral adverso, se encuentra un bono de $5000 para las fuerzas de seguridad, mientras que los jubilados, por nombrar un sector de la sociedad tradicionalmente sensible y desfavorecido, brillan por su ausencia entre los beneficiarios de estas medidas.

El informe de CORREPI

Desde su fundación en 1992, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) asume de manera autogestiva la defensa de las víctimas de la represión estatal y los presos políticos. Desde 1996 registra y archiva los casos de represión y elabora informes anuales que son la principal fuente sobre este tipo de casos, muchas veces invisibilizados por el Estado y los medios masivos de comunicación.

Según el último informe anual de CORREPI, durante 2018 el Estado asesinó a una persona cada 21 horas.

Si bien esta cifra resulta escalofriante por sí sola, lo es aún más al cotejarla con años y gestiones anteriores, ya queel de Cambiemos es el peor registro de un gobierno democrático.

Durante los 12 años que estuvieron en el poder Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en contraste con el discurso antirrepresivo de su gobierno, el promedio de asesinatos por parte del Estado fue de uno cada 30 horas, llegando a uno cada 28 horas en 2015, el más alto desde la restauración democrática hasta ese momento.

Con el gobierno de Mauricio Macri, el recrudecimiento de la pobreza y una estrategia de políticas abierta y orgullosamente represivas por parte de la cartera a cargo de Patricia Bullrich (simbolizadas bajo el nombre de la “Doctrina Chocobar”, o “Doctrina Bullrich”) se agudizó la gravedad de la situación.

La frecuencia de asesinatos en 2016 ya era de uno cada 25 horas, acelerándose a uno cada 23 en 2017. Con la profundización de estas políticas, a fines de 2018 el aparato represivo del Estado llegó a cobrarse una víctima cada 21 horas, la mayor frecuencia desde 1983. Para mayor claridad sobre esta rápida aceleración en la frecuencia de asesinatos, cabe destacar que el kirchnerismo (el segundo gobierno con mayor índice de asesinatos por parte de las fuerzas estatales) tardó más de 10 años en pasar de un asesinato cada 30 horas a uno cada 28. En sólo tres años, el macrismo llegó a un asesinato cada 21 horas, es decir un promedio de 1,12 casos por día (ver Gráfico 2). Con un total de 1.303 víctimas, el aparato represivo del gobierno de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, detenta el 20% del total de los 6.564 asesinatos en democracia desde 1983 (ver Gráfico 3).

Según la CORREPI, las dos formas más frecuentes de la represión orientada al control social son el asesinato de personas detenidas, que representa un 46,8% del total y los fusilamientos por “gatillo fácil”, con un 38,3%. Esto implica que más del 85% de las víctimas del Estado, estaban en un calabozo o caminaban por un barrio cuando fueron asesinadas por las fuerzas represivas.

Entrevistada para este trabajo, Valeria, militante de CORREPI, profundiza afirmando que “la represión que encarna el Estado tiene un abanico de intensidades. El ‘gatillo fácil’, las muertes en centros de detención y las desapariciones seguidas de muerte son la expresión máxima de una represión que comienza desde las detenciones arbitrarias o el hostigamiento en los barrios. Hay toda una serie de grises en el medio.”

Los casos no relevados

Como si los números que arroja el relevamiento no fuesen lo suficientemente alarmantes, se estima que hay aún más casos. Al respecto, la entrevistada cuenta: “hacemos un rastrillaje bastante profundo, y todos los casos los verificamos con múltiples fuentes para que no estén sujetos a dudas.A pesar de que hacemos un relevamiento muy completo, hay muchos casos que no figuran, porque a menos que nos contacten directamente familiares, amigues o conocides de la víctima en cuestión, o que nos enteremos ‘de oído’ en el barrio o que lo hayamos rastreado por internet, no nos enteramos”, relata. Y agrega: “hay un montón de casos que no trascienden a las redes debido a que las víctimas carecen de un entorno que sepa de su asesinato o desaparición o porque el entorno no llega a comunicarse con nosotres porque no tiene las herramientas para comunicarse o porque no tienen conocimiento de que existimos”. Según relata, en no pocos casos, los medios hegemónicos invisibilizan esas historias y en muchos de los casos en los que llegan a oídos de CORREPI por los diarios, portales web, radios o canales de TV, son retratados como “delincuentes abatidos” o “enfrentamiento”, cuando muchas veces son claros ejemplos de “gatillo fácil”. En este sentido, la militante asegura que “una parte de nuestro trabajo no solo se trata de ir rastreando los casos, sino también quitarles el maquillaje de los medios que tienden a que el público lea otra cosa.”

La represión estatal

Al ser consultada por las causas del accionar represivo del Estado, Valeria lo explica en términos sistémicos y estructurales, con una concepción de la represión como garantía de la reproducción del sistema económico y social. “Cuando desde CORREPI hacemos nuestra caracterización del Estado decimos que éste descarga su represión sobre el pueblo con el principal objetivo de controlar a las masas, reprimiendo principalmente a dos grandes grupos. Por un lado, la represión preventiva, reprimiendo a las clases más bajas y la juventud.” Según explica, mediante la represión el Estado las mantienen adoctrinadas y se asegura que sigan siendo parte de esa clase baja. “Las fuerzas de seguridad se descargan principalmente sobre los pibes pobres de los barrios. Es el grupo que más engloba las consecuencias de la represión del Estado. Siempre se apunta a los barrios, a los pobres y particularmente a los más jóvenes. La criminalización de la pobreza y de la juventud van de la mano con la identificación por parte del Estado de los sectores más vulnerables como una amenaza para la clase dominante.”

El otro gran grupo es, según la CORREPI, víctima de la represión selectiva, dirigida contra el sector de la sociedad que quiere cambiar las cosas, el sector que se moviliza: “Sectores disidentes para con el Estado, con el gobierno, con el sistema, con el Estado patriarcal, capitalista, etc.”, definen. Así es como caracteriza la organización tanto al sujeto represor como al objeto de la represión.

La represión en el gobierno de Cambiemos

La problemática de la represión estatal no se restringe al gobierno de Mauricio Macri, ni epocal ni jurisdiccionalmente. Tampoco puede afirmarse que sea una cuestión exclusiva del neoliberalismo en particular. El sociólogo alemán Max Weber definía al Estado moderno como una organización basada en el monopolio de la violencia física legítima. En este sentido se puede afirmar que la violencia se encuentra en la propia naturaleza del Estado en general, y específicamente en su forma capitalista. Al respecto, Valeria sostiene que “de por sí la represión está siempre y va a estar siempre, porque el capitalismo en sí es un sistema que se basa en la opresión de clases. Hemos visto diferentes tipos de programas económicos en todos los gobiernos que hubo desde el 83′ al presente y, sin embargo, todos tuvieron una impronta represiva.”

No obstante, hay particularidades que permiten un acercamiento a la comprensión de la agudización de la violencia estatal reflejada en el aumento del número de casos durante el gobierno de Cambiemos. En este sentido, la militante de la coordinadora afirma que “ante el aumento de la vulnerabilidad para los sectores más bajos, aumentan las diferencias y la represión en sus formas preventiva y selectiva. Hay una sociedad descontenta y por lo tanto más movilizada, por lo cual recrudece la represión selectiva. Al mismo tiempo hay más gente desocupada y económicamente vulnerable. Al agrandarse la masa desocupada aumentan los casos de represión preventiva.”

“La particularidad de los índices represivos durante la gestión de Cambiemos es que se trata de un gobierno que sin tapujos avala y defiende este proceder de una manera muy desvergonzada. Represión hubo en todos los gobiernos, pero Cambiemos tiene como parte de su plataforma política hablar con orgullo de cómo reprimen, como reprimieron y como lo van a seguir haciendo. Eso se refleja en la llamada ‘doctrina Chocobar’”, profundiza la entrevistada, en referencia a la doctrina que fundamenta el accionar sistemático de la policía y las fuerzas de seguridad, que justifica el uso excesivo de armas de fuego, sin agresión previa ni dar la voz de alto, y que es avalado por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich y fallos judiciales.

La doctrina lleva el nombre del policía Luis Chocobar, procesado por el asesinato a quemarropas de Pablo Kukok en el barrio de La Boca en 2017. Sobre ese caso, Valeria afirma que “lo que tuvo de particular es que era muy evidente que se trataba de un caso de ‘gatillo fácil’, y el gobierno orgullosamente recibió al represor frente al pueblo, lo felicitó, expresó la necesidad de tener más represores con la misma forma de proceder que tuvo él”. “Es un caso que dejó en evidencia la impronta represiva del gobierno. El caso fue similar a un montón de otros casos que lamentablemente sucedieron en este país durante su gestión. El gatillo fácil es preexistente y es algo que sucede con todos los estados y en todas las gestiones. En los hechos el caso Chocobar no tuvo nada de particularmente distinto, la diferencia es lo que sucedió después, como lo trató el gobierno y como lo trataron los medios, pero la metodología de Chocobar respecto al tema de ´gatillo fácil´ es la que venimos denunciando desde CORREPI hace más de 25 años”, sostiene.

El 27 de agosto a las 15 tendrá lugar la 5° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, convocada por familiares de las víctimas. Durante 2019 ciertos casos cobraron notoriedad por su alevosía y su particular brutalidad. Al reciente asesinato de Jorge Martín Gómez por la Policía de la Ciudad, se suman el de Diego Raúl Sebastián Cagliero(30) asesinado el 19 de mayo pasado por parte de la policía Bonaerense de la comisaría Eufrasio Álvarez de Tres de Febrero, luego de que la camioneta donde viajaba con un grupo de amigos recibiera once disparos, y la masacre de San Miguel del Montedonde por un accionar similar de esta última fuerza del gobierno de María Eugenia Vidal (Cambiemos) perdieron la vida Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Maximiliano Rosasco (21) y Jimena Gramajo (25).

Para esta nota fue entrevistada Adriana García, madre de Diego Raúl Sebastián Cagliero, asesinado el 19 de mayo pasado por la policía Bonaerense en la comisaría Eufrasio Álvarez de Tres de Febrero. “Dispararon sin preguntar, en un episodio dantesco aprovechado por el intendente perteneciente a la gestión actual, para hacer campaña”, afirma la madre de la víctima. Añade que “El caso de Diego se opacó por la masacre de San Miguel del Monte, pero nosotres como familia y amigos lo hicimos visible y cambiamos la idea inicial, hoy se sabe que fue otro caso de ´Gatillo fácil´, de abuso policial.”

En palabras de García, “la represión responde a un plan de gobierno, cómo todo plan, busca un efecto en la gente, mostrar el éxito de un modo de actuar asesinando.”

Actualmente, el oficial Rodrigo César Ezequiel Canstatt que se encuentra con prisión preventiva hasta el juicio, fue indicado como único responsable por la justicia. Al respecto, la madre de Diego afirma que “fue una emboscada en la que actuaron más de diez policías preparados para matar.” Y agrega: “cómo madre, no puedo perdonar, solo quiero prisión efectiva de Canstatt, sin privilegios y la investigación de la complicidad, manejo de evidencias y encubrimiento promovido por este sistema perverso a cargo de políticos de turno, hasta las últimas consecuencias. Justicia por mi hijo”, expresó.

Este y otros tantos casos dan cuenta de que el “gatillo fácil” no se circunscribe a las “manzanas podridas” que no respetan la ley, ni a un problema de casos particulares. Con el aumento de la desocupación y la profundización de la pobreza, crece la represión. Lamentablemente, se deberá continuar recurriendo a CORREPI cada año para contar más pibes pobres muertos.

21.8.2019

Por Josefina Figueroa

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación describió diferentes aspectos del sistema de educación pública de la CABA. "La proporción de lo que se destina a educación bajó de 30 por ciento a 17 por ciento sobre el total del presupuesto", afirmó.  

El jefe de Gobierno anunció que se crearon 54 escuelas nuevas en la Ciudad. ¿Cuál es el estado del sistema educativo  en cuanto a infraestructura? 

Eduardo López:El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta utiliza a la educación para hacer campaña con una desfachatez sorprendente. En lugar de invertir en educación, invierte en publicidad sobre obras que no existen. De esas 54 supuestas nuevas escuelas, sólo 4 se encuentran en condiciones de habitabilidad. Dos de ellas son directamente terrenos baldíos. Del resto, muchas no deberían estar abiertas por sus condiciones de seguridad. Por otra parte, 21 escuelas tienen graves problemas de infraestructura. Además, en muchos casos no se trata de nuevas escuelas, sino de la mudanza de escuelas preexistente. Este no es un dato menor porque cuando se muda una escuela no crea ni una sola nueva vacante, simplemente se trasladan los alumnos y docentes de un edificio a otro. Presentarlas como escuelas creadas es una estafa a la opinión pública.

Por eso queremos escuelas dignas, seguras y en cantidad, para que entren en ellas los 32 mil chicos sin vacantes. Y también los miles que pierden días de clases por los problemas de infraestructura que causan inundaciones, desperfectos eléctricos, falta de agua o calefacción, invasiones de ratas, etcétera. Doce años de desinversión educativa, donde la proporción de lo que se destina a educación bajó de 30 por ciento a 17 por ciento sobre el total del presupuesto dejaron este cuadro lamentable en infraestructura y falta de vacantes. Larreta quiere asociar la escuela pública a toda esta precariedad, a todas estas falencias; nosotros queremos que la escuela esté asociada al conocimiento, al arte, a la igualdad de oportunidades, a la formación ciudadana. Por eso hay que terminar con este proyecto decadente en la ciudad de Buenos Aires. 

Semanas atrás se dio a conocer el incremento de las personas en situación de calle en la Ciudad. ¿La educación pública ha tenido que modificar su rol en un contexto de crisis? ¿Cómo se conjugan estas dos realidades?

E.L: La escuela siempre está permeada por la situación social. Quienes vivimos la crisis de los años ’90 y su eclosión en 2001 sabemos que en esos momentos la escuela es el último lugar del Estado que le queda a los sectores más castigados por la políticas neoliberales, por esa miseria planificada en planillas de Excel. Por eso para que la escuela pueda tener su centro en el conocimiento, las alumnas y los alumnos tienen que tener cubiertas sus necesidades alimenticias, sanitarias y habitacionales. Los estudiantes de la zona sur de la ciudad lo resumieron en pleno apogeo macrista con una frase sencilla y a la vez contundente: “Con hambre no se puede estudiar”.

Nuestra aspiración es que todas las familias tengan trabajo y todas las comidas diarias puedan hacerse en la casa, pero cuando hay un gobierno que destruye el empleo, rebaja el salario, dispara los precios de los alimentos ahí estamos los maestros y las maestras, exigiendo la  mejor comida en raciones suficientes en los comedores escolares. Porque para que las cabezas estén abiertas al conocimiento, las panzas tienen que estar llenas. La realidad del hambre no se conjuga con nada, es a lo que como sociedad no podemos acostumbrarnos nunca. Queremos que nuestros pibas y pibas sueñen con ser campeones o campeonas del mundo, astronautas o estrellas de rock o youtube, pero no queremos que sueñen con comer al día siguiente. 

UTE formó parte de una campaña solidaria por el frío. ¿Como vivieron esta experiencia?

E.L: “Un abrigo contra el ajuste” fue una campaña que hicimos junto a organizaciones políticas y sociales de la ciudad alarmados por las muertes por hipotermia que se sucedieron en pocos días al comenzar este invierno. Tuvimos dos sorpresas. Una positiva y una negativa, lástima que la mala vino después de la buena. Lo primero que nos sorprendió y nos alegró fue la inmensa solidaridad en los vecinos y vecinas de la ciudad. Así como se manifestó en clubes que abrieron sus puertas, se mostró también en miles y miles de anónimos y anónimas que acercaron abrigos, frazadas, alimentos.

Esa necesidad de ayudar al que más lo necesita que la ideología individualista del neoliberalismo no puede destruir. Y lo malo fue la rapidez con la que todo lo recolectado fue entregado a esos otros vecinos con necesidades extremas. Pensamos que como era una movida que no tenía gran publicidad no iba a ser tan inmediata la reacción. Sin embargo, en una tarde se entregó todo. Lo que muestra una vez más que para terminar con el hambre y con el frío se necesita un cambio de política rotundo y eso lo expresó la ciudadanía de una forma clarísima en elecciones primarias diciéndole al macrismo: basta, hasta acá llegaron, se acabó este tiempo de ajuste y de saqueo en la Argentina. Señor Macri, a usted que defiende los despidos sin causa, esta vez el pueblo, por muchísimas causas y a través del voto democrático, le dice: está despedido!
     
Teniendo en cuenta los números crecientes de inflación y cómo afectan en los sueldos docentes, ¿cómo continúan las negociaciones paritarias en lo que queda del año?

E.L: Desde la UTE no aceptamos la propuesta salarial del Gobierno de Larreta porque se negaron a reconocer nuestra pérdida de poder adquisitivo del año 2018. Para que se entienda bien, ni siquiera es que no obtuvimos un aumento, sino que no logramos empatar con la inflación. En lo que va del año, si bien hay cláusula de actualización automática, la recomposición del salario siempre va desde atrás del crecimiento de los precios. De manera que también perdemos. Por eso junto a otros sindicatos de la ciudad de Buenos Aires estamos reclamando una reapertura de emergencia de la discusión salarial y un aumento urgente de las asignaciones familiares que Larreta tiene congeladas desde hace más de 7 años en 270 pesos por hijo. Esta suma es altamente progresiva en su distribución porque se paga a quienes tienen hijos. Y en la docencia hay muchas mujeres jefas de hogar.

Con el último aumento por la Ley Nacional de Asignaciones Familiares que se aprobó en 2015, el salario familiar a nivel nacional ya es casi 10 veces superior al que perciben los trabajadores dependientes del Gobierno porteño. Una maestra de grado de Jornada Completa con dos hijos, por ejemplo, si estuviera regida por la legislación general cobraría unos 3.400 pesos mensuales de salario familiar de acuerdo a su nivel de sueldo. Muy lejos de los 540 pesos que recibe en efecto por la normativa porteña. 

En el marco de un año electoral, ¿cuáles son los ejes a los que habría que apuntar desde el Estado para mejorar la educación pública de la CABA?

E.L: En primer lugar, un aumento del presupuesto. Los docentes junto a los bloques de oposición, hemos presentado proyectos en este sentido para que, igual que ocurre a nivel nacional con la Ley de Financiamiento Educativo se establezca un piso mínimo de inversión para educación. Pero Rodríguez Larreta y el bloque oficialista se niegan sistemáticamente. Si dicen que les importa la educación, ¿por qué se niegan entonces a ponerse la obligación por ley de una inversión mínima? Muy sencillo, para poder seguir bajando el presupuesto a niveles records. Desde su mayoría automática obturan cualquier debate sobre el financiamiento educativo. 

En segundo lugar, debemos encarar un plan plurianual para la construcción de Escuelas Infantiles, Jardines Maternales, de 0 a 3 años y de Infantes, de 3 a 5 años, para cumplir con el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad, que establece la universalidad de este nivel. Hoy hay más de treinta mil niños y niñas sin vacante en este nivel. Todo docente que ejerció en primer grado sabe que la diferencia entre un estudiante que ingresa a la primaria después de ir varios años a educación inicial y uno que no tuvo esa posibilidad, es abismal y muy difícil de recuperar a los largo de toda la vida. Por eso es nivel en el que más hay que invertir. Y hay que hacerlo desde la concepción de que un niño cuando nace es sujeto del derecho a la educación y no objeto a ser tutelado. Por eso hay que transformar los Centros de Primera Infancia, basados en el cuidado en Escuelas infantiles, basadas en el derecho a educarse. 

¿Cuál es el estado de situación de los programas socioeducativos?

E.L: Hay que reponer todos los programas socioeducativos que fueron ajustados o eliminados en las gestiones del macrismo. Estos programas tienes que funcionar, como dice la Ley Nacional de Educación, como políticas concurrentes al derecho social a la educación. No basta con que una ley diga que la escuela es obligatoria, hay que rodear a la escuela de políticas de apoyo que permitan acceder, permanecer con centro en el conocimiento y egresar con una formación que asegure al menos tres aspectos, la continuidad de los estudios superiores, el ejercicio de la ciudadanía crítica y responsable, y la preparación para el trabajo en un contexto de estabilidad y derechos laborales.  Digo esto pensando en la escuela secundaria que Larreta quiso convertir en una agencia de mano de obra barata para empresas que buscan reducir costos laborales con esa supuesta Secundaria del Futuro. La superexplotación y la vuelta a formas de empleo sin ningún derecho no representan ningún futuro para nuestros estudiantes. Esa es una de las grandes mentiras del neoliberalismo. Dicen que eliminando conquistas laborales y sindicatos va a haber más empleo. Sin embargo, los países más desarrollados son los que más protegen al empleo y a los trabajadores. Las inversiones no van a las naciones donde no hay controles estatales, van a donde hay mercados internos fuertes y mucho consumo. 

Otra propuesta necesaria pasa por el fortalecimiento de los profesorados e institutos superiores de formación docente, técnica y artística que fueron atacados por el Gobierno de Larreta con la UNICABA y otras medidas. Hay que fortalecerlos dotándolos de recursos y autonomía porque allí se forman docentes y profesionales de alta calidad. En la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias del país, faltan docentes. La situación llega a extremos donde no se pueden cubrir las horas o cargos de aquellos docentes que se jubilan. Supervisoras escolares, directores de escuelas ponen en Facebook llamados para que un maestro tome cargos que duran todo un año. Esto afecta directamente el derecho a la educación de nuestros pibes. De manera tal que se debe dar una política activa desde lo salarial, desde las condiciones de trabajo y desde la promoción e incentivo de las carreras docentes para terminar con esa falta de docentes que se convierte en un paro silencioso que parece no importarle al gobierno ni a los medios dominantes.

21.8.2019

Por Ariel Gómez 

La Garganta Poderosa publicó el testimonio del hermano de Jorge Gómez, asesinado ayer por la Policía de la Ciudad. “La Policía está buscando instalar que Jorge los amenazó con un cuchillo cuando la imagen lo muestra todo: en ningún momento intimidó a nadie”, señaló. 

¿Quién me devuelve a mi hermano? ¿Quién? ¿La Policía? ¿El Gobierno de la Ciudad? Nadie. Miren el video y es la prueba más contundente de lo que pasó. Un asesinato sin ninguna justificación. Mi hermano era una muy buena persona. Tenía 41 años y trabajaba sin parar. Desde muy temprano hasta la tarde, arreglaba relojes de taxi y a la noche hacía delivery y ayudantía de cocina, porque con un solo empleo no le alcanzaba.

Estoy destruido, no entiendo cómo se pudo llegar a esto. Desde siempre fuimos muy unidos, nos criamos y vivimos juntos. Nosotros somos de Santiago del Estero y hace más de 30 años que vinimos a Buenos Aires con mi viejo. Realmente no sé cómo seguir adelante. Mi hermano no había vuelto a dormir, pero no me preocupé porque salía seguido. Hasta que vi el video por Facebook y se me cayó el mundo. El hecho ocurrió ayer a la mañana a unas cuadras de casa, en el barrio de San Cristóbal. Cuando llegué al hospital ya era tarde: me mandaron directamente a la morgue.

La Policía está buscando instalar que Jorge los amenazó con un cuchillo cuando la imagen lo muestra todo: en ningún momento intimidó a nadie. Repienso cada segundo el video y no comprendo cómo el policía Esteban Armando Ramírez pudo golpearlo así. Eran un montón de efectivos y mi hermano estaba borracho, podían reducirlo sin lastimarlo. ¿Cómo le van a pegar esa patada? No fue un accidente ni una tragedia. El golpe fue criminal: al caer al asfalto sufrió una fractura de cráneo que le produjo la muerte.

Del Gobierno de la Ciudad no se comunicó ni se acercó nadie, como si no hubieran tenido nada que ver. Eso tampoco lo puedo creer. Estamos solos, moviéndonos entre la morgue judicial, la Fiscalía y el Juzgado, para que no se trate de otro caso donde quede impune la bestialidad de las Fuerzas de Seguridad.

*Hermano de Jorge Gómez, asesinado ayer por la Policía de la Ciudad.

20.8.2019

Por Federico Paterno

El edificio de Santa Cruz 140, en el barrio de Parque Patricios, corre peligro de desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí viven 105 familias, casi la mitad de su población son niños y niñas. La organización del lugar es ejemplar. A la hora de tomar decisiones se organizan a través de asambleas. Quienes ahí viven tienen una fortaleza difícil de doblegar. Las vecinas mayores viven con angustia latente por la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Les niñes juegan en cada piso y hacen que el desasosiego se convierta en diversión. «Lo que yo veo es que la responsabilidad se la carga la mujer en situaciones de desalojo, son las que más le ponen el cuerpo, por un sentido de pertenencia, por les niñes», nos dijo Illi, habitante del lugar.

Pasadas las tres de la tarde nos acercamos a las puertas de Santa Cruz 140. Un gran mural nos advierte una frase que dice“Basta de Desalojos”. Ingresamos y vemos que Illi nos recibe de la mejor forma: “Vengan que hacemos unos mates, y después charlamos” nos sugiere. No hubo mejor forma para arrancar la jornada mientras el frío en la ciudad era antártico. Vamos subiendo los pisos y los más pequeños son los que juegan y sienten curiosidad de las fotos que vamos sacando del lugar al adentrarnos.

No es fácil exponerse a charlar y dar la cara en un video para difundir la problemática del desalojo, o grabar sus voces para que se comunique esta situación. Es importante lo que nos dice Illi, de 27 años y con dos hijos que viven con ella, sobre el compromiso de las familias para que se tenga que llegar al desalojo. No es sencillo, pero menos aún cuando la voluntad política es nula. El gobierno de Rodríguez Larreta no tiene voluntad de tejer diálogo que pueda llegar a buen puerto en esta situación.

EL BARRIO

El edificio es una unidad funcional que se ubica en el barrio de Parque Patricios y comprende la calle Santa Cruz, Uspallata, Juan Carlos Gómez y Finocchieto. En el lugar funcionó la fábrica CELSA, una textil que quebró en los 90 durante el menemismo. Fue una quiebra fraudulenta. A modo de protesta los obreros decidieron romper las máquinas. No la pudieron recuperar, pero si se logró  que reciban metros cuadrados de un proyecto de construcción dentro del mismo barrio. Entre el 2002 y el 2005 eran 50 las familias que habitaban el edificio. En 2006 la cifra llegó a 80. Las primeras familias que empezaron en el lugar comenzaron a dividir con durlok para poder tener más ambientes habitables e independientes.

“En el 2010, el síndico, nos avisó a las familias, que iban a subastar el edificio. Nos recomendó que nos presentáramos. La realidad es que las familias lo queríamos comprar, pero no teníamos la plata, ni siquiera para acceder a los préstamos de los bancos. Nos presentamos igual. Quisimos dar una seña que es el 30% del valor del inmueble. A todo esto, la gente venía al edifico (ndr: por la subasta), se dieron cuenta que había muchas familias y no querían saber nada. Excepto una persona que se llama Leonardo Ratuschny, que tiene negociados con el gobierno de la ciudad desde el 2001 de los hotelados. Por el ejemplo el hotel Zavalía, le pertenece a él, lo administra su mujer y por las habitaciones el Estado le paga a él un dinero mensual. A su vez las familias tramitaron el subsidio habitacional donde les dan de $5000”, explica Illi sobre el principio de esta historia.

LA SUBASTA Y EL DESALOJO

Las familias quisieron participar de la subasta y se los prohibieron. El edificio terminó siendo comprado con las familias adentro. Su comprador fue Leonardo Ratuschny, quién pagó $1.550.000 en el 2010. Hasta el día de hoy este empresario de la provincia de Santa Fe no puso un pie en el edificio de Parque Patricios, lo cual indica que no vive en el lugar y sólo tiene un título de propiedad. “El tipo habló con las familias y les dijo que sigan viviendo acá y que tramitaran los subsidios. Las familias nos negamos, acá pusimos dinero para levantar el edificio, construir nuestras casas. Entonces fue él a pedir el subsidio para todas las familias y se lo negaron porque es un trámite personal, no lo puede pedir por las familias. Después de eso nos encontramos que comenzó un proceso por desalojo”, advirtió Illi.

El juzgado en lo Civil N º 60 lleva esta causa. Rosa Herrera, integra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y patrocina a las familias. Hace pocas semanas en Radio Sur dijo la letrada  “Se estarían violando derechos humanos fundamentales. La calle no acepamos que sea nuestro destino”. En el año 2014 se consolidaron como cooperativa con el nombre Papa Francisco, con el objetivo de acceder a los créditos que otorga la Ley 341, mediante el Instituto de Vivienda de la Ciudad.

Jorge Abasto es integrante del CIBA (Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires), el aporte de este y del CIBA en esta experiencia fue valioso, con reuniones semanales para buscar la vuelta al problema habitacional. En el 2015 los integrantes del edificio hicieron un pedido al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), en aquél entonces era Basabilbaso su presidente y con quién hablaron. En ese momento eran más de 120 las familias que vivían en el lugar; se les ofreció la Ley 341 que es el otorgamiento de créditos blandos, de aquel momento 800 mil pesos. “La idea era comprar el edificio de manera colectiva, pero el trámite es individual. Llevaron todos los papeles, vinieron a hacernos un censo, nos revisaron absolutamente todo y determinaron que una sola familia podía acceder al crédito, una familia de 120.”, aseveró Ileana.

En el año 2016 las familias tuvieron una audiencia dónde se le ofreció al dueño comprar el edificio. El mismo que el pagó 1.550.000 pesos lo ofertó en 30 millones de pesos, un número imposible para las familias del lugar. Cabe destacar que el gobierno de la ciudad en ese momento dio un valor por el edificio de 8 millones de pesos, 22 millones menos que el empresario.

MEJORAR Y ORGANIZAR

A partir del 2017 fue el año en que comenzaron con las mejoras en el  lugar, colocación de matafuegos, obras dentro del edificio para la mejoras habitacionales. La forma del pago mensual de expensas es algo particular, sobre esto nos contó Illi “Una vez al mes tenemos reuniones porque nosotros pagamos expensas, tenemos un vecino que cuida la puerta, otro que limpia el edificio, tenemos la luz común en los pisos y los gastos que salen. A veces hay que arreglar una cloaca y todo eso se pone en los gastos mensuales que tenemos, y esto  se reparte de acuerdo a las familias que somos. Todo esto se fue dando de manera espontánea, como había cosas de gasto común y de todes. Empezó a haber delegados por pisos, elegir nuestra propia tesorera, un poco a prueba y error, a veces nos ha funcionado tener una tesorera y a veces nos ha funcionado tener delegados por piso y pedir familia por familia, y los vamos moviendo”.

Dentro del presupuesto que utiliza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran los 15.000 pesos que gastan en macetas de cementos ubicadas en las esquinas porteñas. Los números de Larreta marcan que hay 1146 personas en situación de calle, no obstante esto el número que lanzó el último censo popular llegó a la cifra de 7251 personas en situación de calle. Entre 2017 y 2019 en la ciudad de Bs AS pasaron a manos privadas 85.000 metros cuadrados, a través de subastas púbicas.

LAS VOCES QUE RESISTEN

 Javier: “Estamos muy preocupados con esta situación, y estamos en constante alerta. Los vecinos tienen mucha preocupación. Ya estamos en las últimas y hoy lo que nos queda es una lucha, más ya de cuerpo a cuerpo, que de palabras y papeles. Cuando esté el desalojo acá en la puerta tenemos claro que vamos a hacer: resistir”.

Wilmer: “Todo esto me genera mucho malestar, porque no sabemos dónde ir. Es mucha la preocupación porque tengo tres hijas y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta del estado. Si al menos dieran la posibilidad de decirnos los vamos a llevar a tal lugar, y bueno ahí lo pagamos, pero ni eso, nada. Todo esto como papá me preocupa mucho”.

Mabel:“El desalojo está muy próximo y la verdad es que en mi caso y mi familia es muy difícil, acá en el barrio está la escuela, mi hijo es asmático y acá tenemos un hospital lo que atienden. Si nos echan de acá no tenemos donde ir. A los que nos dicen que como trabajamos podemos irnos a otro lado, con la plata que cobramos no alcanza para nada hoy”.

Luperfina: “Acá estamos muy estresados y yo soy la primera en estar angustiada con todo lo que está sucediendo. Pienso que ya se viene la respuesta definitiva, acá igual las amigas dicen que van a luchar hasta lo último, pero yo no soy tan fuerte para hacer esas cosas y eso me hace sentir mal. Tendré que ayudarles, pero la verdad que yo no me animo tanto”.

DESALOJO INMINENTE, PROYECTO DE LEY  Y NEGLIGENCIA ESTATAL

“Tuvimos una audiencia el último 4 de junio en la defensoría de niños, niñas y adolescentes, ese es el momento que en que toma cartas en el asunto Alejandro Amor de la Defensoría del Pueblo. Del 5 al 9 de agosto el Juez se tenía que expedir y decir que fecha nos iba a desalojar. En estos meses que teníamos para acercar las partes, la Defensoría Del Pueblo que interviene como mediador, no como solucionador, entendemos que a través de ellos podemos al menos entablar una conversación con el Estado, porque todos se pasaban la pelota. Íbamos a desarrollo social, le pedíamos que nos bajen las soluciones. Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat le pasaba la pelota al IBC, y éste decía que estábamos en situación de desalojo y nos mandaban para otro lado, todo el tiempo se cruzaban y no tenían ganas de actuar”. Finalmente a pesar de la intención de las familias de poder entablar una negociación la respuesta nunca llegó, “Pudimos acercar las partes, pero tampoco hoy llegamos a nada, nos hemos sentados con el procurador. De hecho, nos contestaron que la cooperativa había hecho todos los pasos correspondientes para ingresar a la 341 que se llama en realidad programa de autogestión de la vivienda que cumplíamos con todos los requisitos, y después lo que nos dijeron es que hay 350 cooperativas en lista de espera y no tenemos presupuesto entonces no les podemos solucionar su problemática”.

La novedad más fuerte reside en la presentación de los últimos días de un proyecto de ley elaborado por las familias de Santa Cruz 140. En este se pide la organización dominial de la manzana con suspensión de desalojo y expropiación de Santa Cruz. Este proyecto se presentó y lo hablaron con cuatro legisladores de la Ciudad: Gabriel Solano del FIT-Unidad; Bilardo que es de Autodeterminación y Libertad; Penaca que es Vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Santiago Roberto del Peronismo por la Ciudad. Todos integrantes de la Comisión de Vivienda. Es para destacara que la Legislatura tiene 38 legisladores del PRO y para sancionar dicho proyecto se precisan entre 30 y 40 votos.

“El día del desalojo, que ojalá que no lleguemos a eso, realmente va a ser violento, porque hace poco las familias estaban muy tristes y hoy están muy enojadas, entonces va a ser violento porque las familias no se van a ir de acá y si se van va a ser un quilombo terrible. Estamos tratando de generar vínculos. Las redes con los espacios autogestionados se pueden mantener. Tenemos una relación muy estrecha con CIBA y otros lugares”, advirtió Ileana.

Lo único que ofrecen a las familias  es lo que se conoce como la 690, que refiere a un subsidio habitacional de entre 5.000 a 8.000 pesos. Este subsidio fue rechazado por las familias porque uno de los principales requisitos de la 690 es que se tenga una situación de alquiler formal y no hay familia que lo tenga. También se pide la relocalización de las familias en edificios que están inutilizados en zonas cercanas al barrio de Parque Patricios y, sin embargo, la inacción del estado hasta el día de hoy demuestra que no hay voluntad política.

20.8.2019

Un hombre que caminaba por una bicisenda de Constitución fue asesinado este lunes por un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho registrado por cámaras de seguridad contrasta con el parte oficial que describió a un hombre que entorpecía el tránsito y actuaba de manera desafiante con un arma blanca. El efectivo de apellido Ramírez quedó detenido y acusado de “homicidio culposo”. El caso se registra a solo siete días de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil donde miles de personas se manifiestan para decirle basta al Gatillo Fácil como práctica sistemática que en 2018 se cobró una vida cada 23 horas.

«Procedimiento sin detenido». Así empieza el parte de la Policía de la Ciudad que relata cómo personal de facción fue alertado el día de ayer de que un «masculino obeso, cabellos negros cortos vestido con pantalón negro, remera negra, pullover rojo» entorpecía el tránsito en Calvo 2664.

Un oficial de la policía de la Ciudad de apellido Ramírez mató ayer por la mañana a un hombre que deambulaba a la altura de Calvo y Saavedra en el barrio de Constitución.A diferencia del parte policial que indica que el hombre entorpecía el tránsito y actuaba de manera desafiante, el video de una cámara de seguridad muestra a un muchacho que camina lentamente con los brazos hacia abajo por la bicisenda en una calle sin tránsito cuando en contra mano un policía motorizado lo intercepta, se baja y en unos segundos le pega una fuerte patada frontal que impacta a la altura del diafragma y lo desploma. Nuevamente las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, causan indignación y polémica por su excesiva y letal violencia.

«Se procedió a dar la voz de alto y tocar el silbato policial a los efectos de que deponga su actitud», reza la breve reseña, según la cual, a continuación el sujeto extrajo un cuchillo tramontina y avanzó hacia el oficial Ramírez «con una actitud desafiante y mirada perdida». Entonces el oficial «procede a propinar una patada frontal a la altura del estómago, para así marcar distancia, lo que originó que el maculino caiga pesadamente hacia atrás».

La reseña procede a describir el pedido de refuerzos y la llegada de una ambulancia del SAME, pero un detalle llama la atención: «Tomándose conocimiento luego de que el individuo falleciera en la guardia médica desconociéndose las circunstancias». ¿Qué evidencia el desconocimiento que asienta la institución policial sobre las consecuencias fatales que tuvo el impacto de la patada en el pecho al hombre que caminaba?

El video del procedimiento descomunal para reducir a un hombre de «mirada perdida» que deambulaba por una calle desierta da muchas respuestas, o más preguntas a la narración que nos abre el parte policial.

El hombre de buzo rojo parado en la esquina de Calvo y Saavedra con las manos en su espalda baja de la vereda y comienza a caminar por la bicisenda. Alcanza a dar unos cuatro pasos cuando un policía motorizado que conduce en contra mano frena delante de él y se baja. Lo encara con el casco puesto y señala con su brazo al policía que se le acerca desde atrás. El hombre no sigue el gesto y solo se detiene hasta que en dos segundos el policía del casco le impacta de lleno una patada en su plexo solar y el hombre se desploma de espaldas sobre la bicisenda. En ese momento arriban a la escena más efectivos policiales que lo rodean, mientras el policía de la patada, aún con el casco, se para junto al cuerpo inconsciente sobre el pavimento y comienza a patearlo, al tiempo que otro policía patea algo que se le cayó al hombre. Y el hombre no reacciona y los y las policías se mueven rápido, midiendo la distancia donde el «masculino» estuvo parado. El policía camina hasta su moto y se saca el casco para apoyarlo en su vehículo.

El video de 1 minuto 16 segundos es una prueba fundamental para juzgar al policía que ha quedado detenido y acusado de “homicidio culposo”. Según deja constancia el parte policial, se contactaron con la «Asesoría Legal de la Institución, en la persona del Dr. Raúl Alberto Alcalde, quien se hizo presente en el lugar tomando conocimiento de las circunstancias acontecidas».

Este hecho de gatillo fácil nuevamente despierta la polémica en torno a las prácticas avaladas de las fuerzas de seguridad cuando faltan tan solo siete días para que el martes 27 de agosto, por 5º vez la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil recorra Congreso hasta Plaza de Mayo para denunciar este sistemático gatillo de los gobiernos que tiene su eco y complicidad en los medios hegemónicos de comunicación social.

«El asesinato de nuestros pibes no es producto del mal funcionamiento de las instituciones sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clases; por eso no sólo peleamos por la sentencia sino también por la conciencia»reza el comunicado del evento que invita a participar de la marcha.