Comunicadores del Sur

17.10.2019

Se realizará este sábado 19 de octubre de 11.00 a 13.00 hs en Av. Rivadavia y Fray Cayetano para repudiar los hechos de violencia, exigir el cumplimiento de la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle.

El discurso de criminalización de la pobreza, de odio, xenofobia, transodio y racismo, que permanentemente se reproduce desde las más altas esferas gubernamentales y los medios de comunicación, alientan este ensañamiento que, lejos de detenerse, se agrava y esparce por toda la Ciudad.
Convocamos a todas las personas, colectivos y organizaciones a acompañarnos para repudiar los hechos de violencia, exigir el cumplimiento de la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle y a abrazar a nuestras compañeras y compañeros que están padeciendo la situación de calle y en riesgo a estarlo.

Sábado 19 de octubre de 11 a 13 hs – Av. Rivadavia y Fray Cayetano.

📻Radio Abierta
🎭 Intervenciones Artísticas
🥣 Almuerzo para compartir y otras actividades en pos de sensibilizar al barrio sobre la grave situación que atraviesan las personas que hoy se encuentran en situación de calle.
#LaCalleNoEsUnLugarParaVivir
#NadieEligeVivirEnLaCalle
#ElEstadoEsResponsable
#AVosTambienTePuedePasar
➡Adhesiones:
bachiflores@gmail.com

17.10.2019

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, advirtió que “tomarán medidas de fuerza” si el gobierno porteño no implementa un plan “para retirar el amianto de los subtes”.

“Se sabía que estos trenes eran viejos y que antes, usualmente, tenían amianto para aislar”, explicó Pianelli. “A medida que se iba utilizando en el mundo, se detectó cómo el amianto era un asesino silencioso ya que la fibra de amianto es imperceptible a la vista y cuando la inhalás se clava en los pulmones y recién se puede detectar cuando empezás a enfermarte”, remarcó.
Pianelli aludió a la investigación periodística realizada por la CNN en la que el titular del Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) admitió que conocían la presencia de asbesto en las formaciones de subte: “No sabíamos que el gobierno de la Ciudad conocía de antemano que los coches que compró Mauricio Macri en su momento tenían asbesto. Es gravísimo”, apuntó.
Pianelli explicó: “La compra de Macri de los trenes con asbesto fue un escándalo y nosotros lo manifestamos desde un comienzo”, y agregó: “Esos trenes no funcionan más pero hay otros coches con asbesto”.
El secretario general del Sindicato del Subte dijo que “en 2017 nos enteramos que en el metro de Madrid había enfermos terminales por asbestosis y que habían sido producidas por trenes de una marca particular y algunos de sus modelos. Entre uno de esos modelos estaban los 36 coches de la flota que compró Macri en 2011”.
En total se adquirieron 36 coches y se pagó por ellos “casi medio millón de euros”, de los cuales Pianelli remarcó que sólo funcionaban 18.
“La compra fue un escándalo. Se adquirían dos para usar uno porque para tener repuestos se necesitaba otro en desuso. Se pagó a precio nuevo y era chatarra”, remató el dirigente sindical.
Además, contó que en cuanto se enteraron de la presencia del amianto en los coches de la Ciudad de Buenos Aires decidieron “dejar de manejar esos coches”, y detalló: “Habíamos hecho dos huelgas y cuando hicimos la tercera nos convocaron a una comisión, pedimos los manuales y vimos que decía amianto por todos lados”.
En esa línea, Pianelli remarcó: “Nos dimos cuenta en ese momento que todos los demás trenes tenían asbesto o amianto. El 90% de la línea B, C y E tienen asbesto”. Y reveló: “El tren que tiene asiento de pana en la línea B está plagado de amianto”.

17.10.2019

La desocupación en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 10,7% desde diciembre de 2017 hasta junio de este año y «crece más rápido que a nivel país», de acuerdo con un informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE). Ya hay casi 190.000 porteños desocupados.

Al mismo tiempo que creció la desocupación, se acentuaron las desigualdades que existen en distintas zonas de la capital, con los jóvenes como los más perjudicados, y mayor brecha entre el sur y el norte de la ciudad, indicó el organismo que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
El informe de empleo de agosto, que monitorea el impacto de la crisis en el mercado laboral, en esta oportunidad tiene foco en la crisis que impacta en la Ciudad de Buenos Aires.
El informe de elaboración propia con datos del EPH-Indec, MEyF, MPyT GCBA detalló que en los últimos 18 meses en la Capital Federal se destruyeron 40.300 puestos de trabajo formales, representando de esta manera un cuarto del empleo perdido a nivel nacional (-24%).
«El mercado de trabajo en el distrito más rico del país, también muestra una dinámica recesiva. En este período la desocupación en la Ciudad creció a un ritmo marcadamente superior al nacional. Esto da cuenta que no existen respuestas de política laboral estructurales ni coyunturales a esta problemática de los porteños», dijo el rector de la UMET, Nicolás Trotta.
Señaló que «la tasa de desocupación local alcanzó un 10,7% en el primer trimestre de 2019, el último dato disponible. Son más de 185.000 porteños se encuentran hoy desempleados».
El documento del observatorio que depende de la UMET, detalló que «los jóvenes son los más afectados por la falta de empleo en la Ciudad de Buenos Aires, con tasas de desocupación que superan el 30%».
Por su parte, Paula Español, coordinadora del CEPE, agregó que «en los últimos cuatro años la tasa de desempleo de los porteños de 18 a 25 años se incrementó 5,2 puntos porcentuales, lo que representa más de 70.800 jóvenes buscaban trabajo sin conseguirlo en el primer trimestre de 2019». «Son 18.400 más que cuatro años atrás».
Se observa una importante diferencia de género respecto a quiénes cayeron en el desempleo: mientras que la tasa de desocupación masculina entre los jóvenes porteños se incrementó 3,2 puntos porcentuales, en las mujeres el crecimiento fue de más del doble: 7,5%.

16.10.2019

Por Matías Ferrario

El Ejecutivo porteño destinó al menos 60 millones de pesos a consultoras privadas ligadas al Pro para un centenar de encuestas que le aportaron insumos para la campaña, todas disfrazadas de supuestas necesidades de gestión.

Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, parece no alcanzarle con el famoso call center montado en la calle Rivadavia al 2.500 ni con la obsesión marca Cambiemos con la Big Data y los datos personales. Entre febrero del año pasado y abril de este año, en la previa de la campaña para su reelección, gastó al menos 60 millones de pesos en casi un centenar de encuestas tercerizadas en consultoras mayormente ligadas al Pro, a través de las cuales buscó conocer las preferencias y opiniones de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sobre distintos temas ligados a su gestión y a la realidad política y económica del país.
Las encuestas tercerizadas por los distintos ministerios y secretarías que componen el Ejecutivo porteño buscaron conocer la opinión de los vecinos y vecinas de la Ciudad sobre cómo viajan en el transporte público, cómo perciben su situación económica, si se sienten cuidados por la Policía de la Ciudad, si son capaces de apreciar la obra pública, la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud o el nuevo ordenamiento del tránsito, y hasta cómo navegan por las distintas webs oficiales del Gobierno.
Las consultoras encargadas de encuestar a les habitantes de la metrópolis porteña fueron, entre otras, Poliarquía, fundada por el actual secretario de Gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia, Fabián Peredchonick, y en la que también supo trabajar el intendente de Morón y ex marido de la gobernadora, Ramiro Tagliaferro; Isonomía, la autora de la encuesta que sacudió los mercados en abril pasado mostrando una fuerte desventaja de Macri y que -según reveló el diario El Cronista- realizó mediciones para el Gobierno nacional por mas de 22 millones de pesos en 2018; Aresco (a través de Julio Francisco Antonio S.A.), de histórico vínculo con el peronismo pero que en el último tiempo midió para Cambiemos, y otras dos empresas ligadas al gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, Consultora Borocca SA y Green Consult SA.
Esto implicó un gasto, hasta abril, de 59,7 millones de pesos, número que se desprende de un pedido de acceso a la información pública solicitado por el abogado Jonathan Baldiviezo, director del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que fue sistematizado por El Grito del Sur.
Según Baldiviezo, la tercerización de las mediciones “no tiene ninguna complejidad técnica” que las justifique. “Es un trabajo que, por ejemplo, podría realizarse a través de la Dirección de Estadísticas y Censos si el objetivo del Gobierno no fuera transferir discrecionalmente plata del Estado a empresas y consultoras amigas, lo cual es una constante de estos doce años de gestión Pro en la Ciudad”, sostuvo el director del Observatorio.
“Otra cuestión –agregó– es el objeto de las encuestas. Se disfrazan como de gestión cuando en realidad son publicidad del partido que gobierna y son realizadas con fines electorales más que para mejorar la eficiencia estatal”.
La mayoría de las contrataciones se dieron dentro del convenio marco de inicios de 2018 suscrito por la directora general de Opinión Pública, María Victoria Berenguer. En la resolución 144/18 del Ministerio de Hacienda porteño, se establecen las bases y los montos que percibirá cada empresa dentro del convenio para la “realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los números son de escándalo: entre Aurelio, Poliarquía, Isonomía y las firmas vinculadas a Durán Barba suman más de 219 millones de pesos. También aparece entre las firmas conveniadas Management&FIT, pero según informa el propio Gobierno porteño hasta abril de este año apenas había terminado de realizar unas pocas encuestas por un millón y medio. Además, figuran otras consultoras conveniadas como QUIDDITY S.A y DEMOS CONSULTING S.R.L, que según el propio Ejecutivo no realizaron al mes de abril ninguna encuesta pese a que se le adjudicaron también montos millonarios. El total, pactado en esa resolución, supera los 247 millones. Por lo que cabe preguntarse cómo Rodríguez Larreta terminará de ejecutar la diferencia con lo gastado hasta abril.

Una de las preguntas que Larreta manda a hacer con fondos públicos

El vínculo de la administración de Rodríguez Larreta con las encuestadoras -que recibieron un cuestionamiento generalizado por haber difundido números muy lejos de la realidad y favorables a Cambiemos previo a las PASO- se enturbia aún más en el caso de Aresco. En febrero de este año, la firma JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S. A. ganó por licitación pública la tarea de “Servicios de Difusión en distintas modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por más de 10 millones de pesos.

Qué preguntaron

Que la inseguridad está al tope de las preocupaciones de la ciudadanía, superada en esta coyuntura de crisis por la economía, no es ninguna novedad. Existen cientos de publicaciones realizadas por diversas consultoras que así lo señalan, desde hace años. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad porteño, por caso, gastó más de 17 millones de pesos según el informe citado en averiguar distintas aristas relacionadas con la problemática en poco más de un año. Por ejemplo, encargó una encuesta por más de 3 millones para averiguar qué “percepción del delito” tienen los porteños. Los resultados del estudio no fueron revelados en el marco del acceso a la información pública bajo el argumento de que su “divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública” (SIC).
En general, salvo excepciones, casi ningún ministerio divulgó los resultados de las encuestas que mandó a hacer. Muchas figuran bajo el ambiguo “contexto sociológico de la Ciudad de Buenos Aires” o “informe institucional”, sin mayores precisiones, asociados muchas veces a montos fijos. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que encabeza el jefe de campaña de Cambiemos en la Ciudad, Eduardo Machiavelli, se negó incluso a contestar cuánto gastó en cada una y a qué empresa contrató.
Entre otras cosas, Machiavelli mandó a preguntar la “evaluación del gobierno en el cuidado y mantenimiento del estado de las veredas” y por distintas obras en parques de la Ciudad, focalizados en comunas específicas. Una encuesta es particularmente llamativa: se titula “Estado de los parques y el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires”, pero contiene apenas tres preguntas, la primera de ellas: “¿Cuál cree que es el principal problema de la Ciudad de Buenos Aires?”.
Entre la jefatura y la vicejefatura de Gabinete se gastaron otros 10 millones de pesos, en muchos casos para encuestas propagandísticas. Una de ellas, de 1596 entrevistas telefónicas a cargo de Aurelio, dice el propio Gobierno, “arrojó que el balance de la experiencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud fue altamente favorable, que se registraron altos índices de satisfacción, con un resumen general de un puntaje de 4.5 en una escala del 1 al 5 (5 siendo el más favorable)”.
Casos de proselitismo similar se vieron en encuestas realizadas por el Ministerio de Transporte, sobre la calidad de los viajes en subtes y colectivos, y hasta de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que mandó a averiguar la “navegabilidad” de las webs del Gobierno porteño dedicadas a recordar las olimpíadas juveniles. El Ministerio de Economía, por su parte, encargó seis encuestas entre octubre de 2018 y abril de 2019 sobre la situación económica de los vecinos porteños: en ese caso sí, lo relevado dio cuenta de la realidad que definieron las últimas elecciones a nivel nacional.

16.10.2019

Por Gloria Pagés

El nuevo informe del Observatorio de Política Criminal pone al desnudo la gravedad de las políticas represivas del gobierno de Larreta para “limpiar” el espacio público.

Trabajadores senegaleses, chicos vendiendo pañuelitos, paltas, repasadores, jóvenes haciendo música en estaciones de subte y plazas, personas en situación de calle. Todos corridos y detenidos por la policía de la ciudad, sus pertenencias confiscadas, un eufemismo para el robo liso y llano. Sumemos a este panorama las manifestaciones y marchas. Ahí están los enemigos de las fuerzas de seguridad de Larreta.
El Observatorio de Política Criminal (OPC) hizo público su informe “La Ciudad y las Sirenas”, con datos que muestran que el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es limpiar el “espacio público” para criminalizar, y de paso, esconder a los sectores más vulnerables y empobrecidos.
Una de las primeras cuestiones nodales que destaca el OPC es que la Ciudad ha instaurado un Poder Judicial a la medida del proceso de control territorial en la Ciudad. De este modo, se puso “en práctica una serie de dispositivos y mecanismos de control social gestionados desde el gobierno, la policía y las fiscalías locales” para dedicar las fuerzas tanto policiales como judiciales a la persecución de delitos como el atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños, amenazas, entre otras faltas menores, y fundamentalmente a criminalizar “todo el espectro contravencional, principalmente, a figuras como la ocupación indebida del espacio público”.
La conclusión es contundente: “El poder político decidió que la Ciudad de Buenos Aires no resuelva su criminalidad violenta, y que su verdadera función esté limitada a la administración del territorio porteño a partir de una serie de mecanismos policiales y dispositivos técnico-legales que le permiten mantener a raya el control de la calle –sostienen los autores.”
Muchas de estas denuncias que el OPC señala fueron recabadas por la Comisión Contra la Violencia Institucional que dirige la actual candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman.
Basta caminar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para constatar esta política que claramente se dirige hacia los sectores más pobres y trabajadores de la vía pública. Todo esto sostenido por una” gran cantidad una gran cantidad de recursos humanos, técnicos y, principalmente, económicos, llegando en 2019 a $46.500 millones de pesos”.
A esto hay que sumarle las brutales represiones que en ámbito de la Ciudad dejaron de decenas de heridos y detenidos.
Párrafo aparte, aunque no esté mencionado en el informe del OPC merece el aval de la Corte Suprema al uso de pistales Taser, medida impulsada por Patricia Bullrich, contra el que Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se presentaron un recurso de amicus curiae junto a otros organismos. La presentación se hizo en la causa que impulsó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Avance represivo, uno de los ejes en el debate de legisladores porteños

En el reciente debate de candidatos a legisladores porteños, fue Alejandrina Barry, candidata por el Frente de Izquierda Unidad fue la única que denunció este grave avance contra las libertades democráticas.
Barry, quien es además referente del CeProDH y Directora de la Comisión contra la violencia institucional de la Legislatura porteña, denunció que en la Policía de la Ciudad hay en actividad 228 agentes que formaron parte de la dictadura genocida también. Este dato es contundente y ni el candidato de Larreta ni el resto pudieron dar respuesta a este hecho gravísimo.

No sólo la Ciudad

El ministerio a cargo de Patricia Bullrich en estos días de pelea electoral para consolidar su base reaccionaria, ha tomado medidas como la militarización, más todavía, de las estaciones de trenes de la Ciudad, para exigir el DNI a los pasajeros, en su gran mayoría trabajadores o jóvenes que buscan trabajo.
Claro, es evidente que esto no cae del cielo. Entre otras medidas represivas, el Protocolo para uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, una medida direccionada solamente a la represión fue ampliamente rechazada por el arco entero de organismos derechos humanos, varias organizaciones sociales y el Frente de Izquierda.
Mediante la Resolución 956/18, Bullrich da vía libre a la Doctrina Chocobar y da un manto aun mayor de impunidad a las fuerzas de seguridad. Tan es así que el juez Galardo en diciembre de 2018 declaró inconstitucional la medida. Sin embargo, la Justicia porteña lo avaló en dos instancias.
Por ese motivo, Myriam Bregman junto a María del Carmen Verdú y de Carla Lacorte -víctima del gatillo fácil- y Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) elevaron un recurso de queja ante la máxima instancia judicial porteña, el Superior Tribunal de Justicia.
A este recurso se sumaron en calidad de “amicus curiae” Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la APDH y el MTE-CTEP. Ahora que da manos de la máxima instancia judicial de la Ciudad (el Tribunal Superior de Justicia) la decisión de implementar o no el Protocolo represivo.
Myriam Bregman, actual candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad, señaló a La Izquierda Diario que “el protocolo impulsado por Bullrich viola los derechos más fundamentales como la integridad física y la vida de las personas. Es una transcripción de las defensas que dicha funcionaria venía realizando ante casos concretos de gatillo fácil como el de Chocobar, y otro caso en que efectivos policiales mataron a personas desarmadas o en fuga. Ni más ni menos: busca legalizar las ejecuciones sumarias”.