Comunicadores del Sur

04.05.2026

Un grupo de legisladores porteños presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre el desalojo realizado el pasado 28 de abril en un inmueble ubicado en la calle Barzana 1236, en el barrio de Parque Chas (Comuna 15). La iniciativa, impulsada por la legisladora Claudia Neira junto a otros diputados, pone el foco en posibles irregularidades en el procedimiento y en la protección de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el lugar. El GCBA había denunciado trabajo infantil y un comunicado de la comunidad educativa lo refutó, por lo cual se piden mayores precisiones oficiales.

El proyecto solicita que el Gobierno porteño responda, en un plazo de 30 días, una serie de puntos vinculados al operativo, que según la versión oficial se realizó en un inmueble donde funcionaba un taller textil clandestino. Entre los principales requerimientos, se pide información sobre la clausura previa por riesgo edilicio, las inspecciones realizadas en los últimos años y las denuncias existentes sobre el funcionamiento del lugar.

Uno de los aspectos centrales del pedido es la diferencia temporal entre la disposición administrativa que ordenaba el desalojo —fechada el 29 de enero de 2026— y su ejecución efectiva, concretada recién tres meses después. Los legisladores consideran “llamativo” este lapso, especialmente a la luz de los hechos que se dieron a conocer tras el operativo.

El texto también exige precisiones sobre la intervención de distintos organismos, como la Agencia Gubernamental de Control, la Policía de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, se busca conocer si existieron relevamientos previos sobre las familias que habitaban el inmueble, la cantidad de personas afectadas y las medidas adoptadas durante y después del desalojo.

En particular, el proyecto pone énfasis en la situación de los menores de edad. Según la comunicación oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad, en el lugar se habrían detectado casos de trabajo infantil en condiciones de explotación, lo que derivó en la intervención de la justicia y en el “rescate” de los niños y adolescentes. Sin embargo, los legisladores advierten que no se brindaron detalles suficientes sobre las acciones concretas de protección, el seguimiento de los casos ni los dispositivos de asistencia implementados.

Además, el pedido de informes incorpora una versión alternativa sobre lo ocurrido. De acuerdo con un comunicado de docentes y de la cooperadora de la Escuela 22 del Distrito Escolar 14, a la que asisten los menores involucrados, en el inmueble no funcionaría un taller clandestino en los términos señalados por el Ejecutivo. Según esa fuente, las máquinas de coser pertenecerían a una madre de los niños que realiza trabajos de confección y ha colaborado con la comunidad educativa.

Frente a estas versiones contrapuestas, los legisladores subrayan la necesidad de contar con información “detallada y certera” para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección integral de derechos. También solicitan datos sobre eventuales procesos judiciales iniciados, detenciones, decomisos de maquinaria y protocolos de actuación aplicados durante el operativo.

El proyecto remarca que, en casos donde podrían estar comprometidos derechos fundamentales —como la integridad, la educación o las condiciones de vida de menores de edad—, el Estado debe garantizar intervenciones adecuadas, coordinadas y transparentes. En ese marco, el pedido de informes busca esclarecer las circunstancias del desalojo y las acciones posteriores, en un contexto de creciente debate sobre los procedimientos de este tipo en la Ciudad.

01.05.2026

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó avances clave en una causa por explotación sexual infantil en el marco del operativo “Aliados por la Infancia VI”, un despliegue coordinado a nivel internacional que apunta a desarticular redes dedicadas a estos delitos.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, logró que en menos de 48 horas cuatro imputados en territorio porteño fueran condenados a través de juicios abreviados, luego de que reconocieran su responsabilidad en los hechos. En paralelo, otros dos acusados quedaron bajo prisión preventiva por decisión judicial, mientras continúa el análisis del material secuestrado.

Uno de los detenidos habría distribuido cientos de archivos de abuso sexual infantil —muchos de ellos con víctimas de muy corta edad— a través de circuitos internacionales. En otro caso, la investigación permitió detectar una modalidad de captación directa de menores: el imputado contactaba a chicos de entre 11 y 12 años para solicitarles imágenes íntimas y enviarles contenido sexual. Hasta el momento, se logró identificar a dos víctimas y se trabaja para determinar si hay más personas afectadas.

El operativo que dio origen a estas actuaciones incluyó procedimientos simultáneos en la Ciudad y en 17 provincias argentinas, además de acciones en al menos 15 países. En total, se realizaron 270 allanamientos y fueron detenidas 84 personas por delitos vinculados a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Desde el organismo destacaron la rapidez de las resoluciones judiciales y remarcaron la importancia de la cooperación internacional para enfrentar este tipo de delitos, que suelen operar a través de redes globales y plataformas digitales.

30.04.2026

Una decisión administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informada por Pura Ciudad, encendió alertas en el sur porteño luego de que se formalizara la transferencia de terrenos del Autódromo Oscar y Juan Gálvez del barrio de Villa Riachuelo al fideicomiso que administra ese predio. La medida, establecida a través del Decreto 151/2026, incluye también sectores del Parque Ribera Sur, dentro de la Comuna 8, y motivó un pedido de informes por parte de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo.

La organización manifestó su preocupación por el avance de obras en la zona sin que, según señalaron, se contemple adecuadamente la existencia del denominado “Sitio La Noria”, considerado el hallazgo arqueológico más antiguo de la Ciudad. De acuerdo con la presentación, este espacio cuenta con respaldo científico de instituciones académicas y albergaría restos de asentamientos indígenas de más de 800 años de antigüedad.

El reclamo fue elevado tanto al Gobierno porteño como a la Legislatura, e incluye pedidos de información sobre las medidas de protección patrimonial, la intervención de organismos especializados y el impacto ambiental de las obras proyectadas. También cuestiona la falta de registro oficial del sitio en la cartografía urbana, lo que —según sostienen— podría implicar una omisión administrativa relevante.

Desde la Junta advirtieron que en el área ya se realizaron intervenciones, como la demolición de estructuras en el entorno del autódromo, sin una evaluación de impacto arqueológico previa ni supervisión técnica específica. En ese sentido, remarcaron que la normativa nacional vigente establece la protección del patrimonio arqueológico y obliga a las autoridades a resguardarlo.

Además del aspecto histórico, el planteo incorpora preocupaciones ambientales. El Parque Ribera Sur incluye en sus 50 hectáreas al relicto del Riachuelo [ es el recorte que quedo desconectado del río a partir de la rectificación ]con valor ecológico y cumple funciones clave como espacio verde y superficie absorbente. La posible reducción de estas áreas por obras de infraestructura fue señalada como un factor de riesgo para la resiliencia hídrica de la zona.

Al rectificar el meandro quedó en el territorio y fue rellenándose. En 2019 y hasta 2023 la Junta trabajó junto a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para concretar un sitio de interpretación, estudio y puesta en valor del patrimonio paisajístico-ecológico, con recuperación de especies nativas y museo de sitio.

El Decreto en cuestión dejó sin efecto una normativa previa que preveía transferir esos terrenos a la Corporación Buenos Aires Sur, y en su lugar los integró al plan de desarrollo del autódromo.

Desde el Ejecutivo porteño indicaron que la iniciativa apunta a impulsar actividades deportivas, culturales y comerciales, con el objetivo de revalorizar el sur de la Ciudad.

La supervisión del proyecto estará a cargo de la Subsecretaría del Autódromo, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, desde la Junta insistieron en la necesidad de garantizar instancias de participación ciudadana y de cumplir con estándares ambientales y patrimoniales, en línea con la legislación local y acuerdos internacionales.

Mientras se aguardan respuestas oficiales, el planteo suma el respaldo de sectores académicos y especialistas que advierten sobre la importancia de realizar estudios previos antes de cualquier intervención en áreas con potencial arqueológico.

29.04.2026

La Universidad de Buenos Aires amaneció este miércoles sin clases ni actividades administrativas. El paro, convocado por los gremios docentes y no docentes, respondió al comunicado del Ministerio de Capital Humano que exigía un “plan de contingencia” para garantizar la continuidad académica. La respuesta fue inmediata: la comunidad universitaria denunció que el verdadero problema es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma, sancionada en 2025 y ratificada por la Justicia, establece la actualización automática de salarios y becas en función de la inflación, además de garantizar recursos para investigación y hospitales universitarios. Sin embargo, el Gobierno mantiene su aplicación suspendida y apeló las medidas judiciales que ordenaban cumplirla. El argumento oficial es que no existen partidas presupuestarias definidas y que su implementación comprometería el equilibrio fiscal.

Los gremios consideran que se trata de una política deliberada de desfinanciamiento. “El único plan de contingencia que necesita la educación superior es el cumplimiento de la ley”, remarcaron desde ADUBA y APUBA. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que la desobediencia del Ejecutivo constituye un caso de “gravedad institucional” y que gran parte de los trabajadores universitarios perciben salarios por debajo de la canasta básica.

La protesta afectó no solo el dictado de clases en las facultades, sino también el funcionamiento administrativo y hospitalario, incluyendo el Hospital de Clínicas. Desde el interior del país, rectores como Daniel Vega, de la Universidad Nacional del Sur, señalaron que la desobediencia del Ejecutivo debilita el funcionamiento democrático y pone en riesgo la continuidad de las universidades públicas.

En este clima de tensión, los gremios ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, que se prevé multitudinaria y con participación de estudiantes, docentes y organizaciones sociales. Además, algunas federaciones docentes anunciaron paros prolongados durante toda la semana y actividades de protesta en plazas y calles de distintas provincias.

El conflicto, lejos de resolverse, se encamina a una nueva etapa de confrontación entre el Gobierno y el sistema universitario público, con la Ley de Financiamiento como eje central de la disputa.

28.04.2026

El comunicado hace referencia a medidas de racionalización previas, tomadas a comienzos de abril, cuando las cámaras decidieron disminuir la frecuencia de los colectivos en el marco del impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles, lo que generó grandes dificultades para miles de pasajeros en el AMBA. Según fuentes del sector, tras esa primera intervención las frecuencias se elevaron parcialmente, sobre todo en horario pico, pero nunca se normalizaron del todo.

El problema de fondo es financiero y tiene números concretos. El precio del litro de gasoil en surtidor de YPF trepó a $2.065, pero el Estado solo reconoce $1.744 en la estructura oficial de costos. Esa brecha de $321 por litro que deben absorber las propias empresas se traduce, según datos difundidos por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en un déficit diario de $370 millones que vuelve insostenible la prestación regular del servicio. El combustible, además, no es un insumo menor: representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte, y el gasto anual en combustible para sostener la red del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones.

A eso se suma una deuda acumulada que las empresas cuantifican en más de $128.000 millones en concepto de compensaciones estatales adeudadas. Las cámaras reconocen que hubo gestiones parciales para cancelar parte de esa deuda, pero sostienen que los avances no alcanzaron para resolver el problema estructural. El Estado, por su parte, ha mantenido una postura firme: desde la Secretaría de Transporte aseguraron que se cumplió con el pago de los subsidios y que no existe justificativo para la reducción de frecuencias. Frente a esa posición, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició fiscalizaciones y labró actas de infracción.

El deterioro del sistema no es nuevo ni exclusivamente coyuntural. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la oferta de colectivos en el AMBA se redujo un 30% respecto del nivel operativo habitual, con una caída aún más pronunciada, del 40%, en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y de la provincia de Buenos Aires. El parque móvil también viene achicándose con el tiempo: en marzo de 2026 circulaban 16.989 unidades en el AMBA, contra 19.348 en noviembre de 2019. El impacto sobre la demanda ya es visible: en marzo la cantidad de pasajeros cayó un 11% interanual y en abril la baja trepó al 21% frente al mismo mes del año pasado.

Para los usuarios, el golpe es doble: menos colectivos y boletos más caros. Con un boleto mínimo de $700 según el último aumento de marzo de 2026, el costo real del pasaje sin subsidio rondaría los $1.922. Esto significa que, incluso sumando compensaciones estatales y boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado. Según el informe de la UBA, el gasto mensual en transporte público para un hogar promedio del AMBA alcanzó $101.026 en marzo, lo que representa casi la mitad de la canasta de servicios básicos.

Ante este cuadro, las cámaras firmantes —la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)— ratificaron que el próximo jueves 30 de abril habrá una reunión en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan, según consignaron en su comunicado, definiciones concretas y verificables sobre mecanismos y plazos para el reconocimiento de los mayores costos. Si no hay acuerdo para ese entonces, las empresas anticiparon que podrían profundizar los recortes de frecuencia, especialmente en los horarios de menor demanda, como la noche. La advertencia no es menor: el sistema de transporte automotor moviliza a unos cinco millones de pasajeros por día en el AMBA.