Comunicadores del Sur

9.7.2019

Por Alejandro Volkind

Apurados por la visibilidad que tomó el tema en estos días y por las provocativas declaraciones de los funcionarios porteños, las organizaciones que llevaron a cabo el 2° Censo Popular adelantaron los resultados parciales del trabajo realizado: en la Ciudad de Buenos Aires, 7.251 personas se encuentran en situación de calle. El número representa un aumento del 65% respecto a 2017 y es cinco veces mayor a las 1.146 personas reconocidas por el gobierno de la Ciudad. Cómo se realizó el censo, el contexto de los números y por qué desmienten a las versiones oficialistas.

Según los datos presentados ayer durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Buenos Aires existen 7251 personas en situación de calle; 5412 duermen en plazas, veredas o entradas de edificios y 871 son niñes y adolescentes, número mucho mayor al recabado en 2017. Las otras 1981 personas censadas duermen en paradores del gobierno porteño u otros establecimientos conveniados. Del total, el 80% son varones, el 19% mujeres –de las cuales 40 están embarazadas- y el 1% declaró ser travesti/trans.

Comparado con los datos del primer censo popular, realizado en 2017, el número representa un incremento del 65% y, según destacaron las organizaciones con suma preocupación, el 52% de las personas encuestadas es la primera vez que se encuentran en situación de calle. “Lo que revela esto es que la magnitud de la crisis está tocando a sectores que antes no había llegado”, aseguró Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría de la Ciudad y una de las oradoras en la conferencia.

Para Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el informe es una foto de la exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. “El mayor porcentaje de personas que hoy viven en situación de calle es producto de la falta de trabajo, seguido por la falta de acceso a una vivienda -ya sea porque no tienen la plata para pagar un alquiler o por los costos de los servicios públicos-; y el tercer grupo son personas que se separan, mayormente mujeres”, advirtió. Entre los tres ítems, suman un 42% de los encuestados.

En ese sentido, el 77% de las personas encuestadas en el censo afirmaron no haber podido acceder al subsidio habitacional. Los datos, advierte Morales, desmienten los argumentos vertidos por funcionarios de la Ciudad en los últimos días que señalan que hay personas que eligen vivir en la calle porque no se adaptan a los paradores o porque deciden no concurrir a las oficinas públicas para el acceso a una pensión o un subsidio habitacional.

A su vez, a contrapelo de lo planteado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien consultado sobre el aumento de personas en la calle aseguró que «en realidad tenés más gente que viene a pasar el día, que viene de la provincia a pedir en la calle y se vuelve», el informe señala que el 56% de los encuestados vivió siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

Dos Censos y una sola realidad

El censo oficial y el censo popular fueron realizados en la misma semana de abril de este año, y sin embargo los resultados son completamente distintos. Mientras el primero dio como resultado 1146 personas en situación de calle, el censo popular asegura que el número es cinco veces mayor.

El primer dato que explica la diferencia tiene que ver con que, pese a que la propia Ley 3706 considera personas en situación de calle a aquellas que estén a la intemperie o que utilicen la red de alojamiento nocturno brindada por el estado, el gobierno no contabiliza a quienes la noche del censo durmieron en los paradores.

El otro aspecto, más profundo, apunta a la metodología utilizada. Tal como advirtió Jorgelina D’ Iorio, investigadora del Conicet y miembro de Asamblea Popular de Plaza Dorrego, la población en situación de calle se define como población fluctuante, es decir población que no está asociada de manera permanente a un lugar concreto del espacio geográfico, y como población oculta esto es, población cuyos comportamientos son estigmatizados y viven situaciones de violencia. Por estas dos características, se la considera como población de difícil acceso.

Con esta premisa, el relevamiento del Censo Popular se organizó durante 4 días, dos días hábiles y un fin de semana y participaron como censistas integrantes de organizaciones sociales y de instituciones públicas, incluso personas en situación de calle. Para ello, se elaboró un cuadernillo de capacitación, con el que se formaron 500 voluntaries y se realizaron 50 capacitaciones durante el mes de abril.

La participación de las personas encuestadas fue voluntaria y anónima. Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, se utilizó un código de identificación formado con las dos primeras letras del primer nombre y las dos primeras letras del primer apellido, más la fecha de nacimiento. De este modo también se evitó la duplicación de datos.

Se censó en los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y cada barrio fue dividido en cuadrículas o conjuntos de cuadras que durante los días que duró el censo fueron recorridas por un mismo grupo de censistas. Además, cada barrio tuvo como responsable a una organización con trabajo en ese territorio.

La carga de datos y el procesamiento de los mismos fueron realizadas por los equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, con el soporte técnico de un paquete estadístico construido ad hoc.

“El censo oficial, por el contrario, fue realizado durante una noche por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad y consistió un muestreo por zonas críticas -explica Jorgelina-, entonces van a algunos lugares donde prevalece mayor cantidad de gente en situación de calle”. Jorgelina es tajante: “La metodología es política”.

Para el Defensor General de la Ciudad Horacio Corti, otra de las instituciones participantes del Censo popular, no se trata de ver personas sino de conocerlas. “Desde el gobierno lo único que hacen es contar, pero no se sabe si son niños, cuál es la situación de salud, si perdieron o no su trabajo, cuál es su padecimiento mental y si no hay un conocimiento real de lo que sucede es obvio que no va a poder hacerse una política pública para resolver un problema de la realidad”. De fondo, asegura, las personas en situación de calle no son una prioridad para el gobierno y “eso hace que esto se haya convertido en un problema estructural”.

Números urgentes

“A esta hora exactamente hay un niño en la calle”, escribía hace tiempo el poeta Armando Tejada Gómez, marcando la urgencia del problema. En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, la que tiene oficialmente más de 130 mil viviendas ociosas, a esta hora, exactamente, hay 7.248 personas viviendo en la calle, tres menos que cuando se realizó el Censo popular. “Hablamos de Sergio Zacarías, Carlos Bencenete y Javier, de Retiro”, recordó Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, sobre las personas que murieron en estas semanas a causa del frío.

“La situación es bastante más dramática de lo que algunas voces oficiales han planteado y esto es necesario ponerlo de manifiesto, por eso la urgencia de la conferencia, de presentar datos y de este trabajo colectivo”, concluyó Pablo Vitale, referente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una de las 50 instituciones públicas y organizaciones populares que llevaron a cabo el Censo.

8.7.2019

Por Marta Dillon

¿Quién es Diego Pimentel? Es el director del Centro Cultural San Martín, profesor titular de la Universidad Nacional de Arte y de la Universidad de San Andrés, asesor externo de la Universidad de la Cuenca del Plata. Ese currículum exhibe en sus redes sociales y todos estos cargos están fechados con año de inicio y “presente” para dar cuenta de su actividad actual. Diego Pimentel es, además, el penalmente acusado por maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público agravados por su jerarquía y por funcionario público.

Las denunciantes son dos, una prefiere no hablar, la otra es Anahí de la Fuente, comunicadora, maquilladora profesional y performer, 28 años; desocupada desde que hizo la denuncia porque la única consecuencia inmediata que tuvo ponerle palabra pública a un padecimiento que se le metía en el cuerpo y que afectaba hasta sus mínimas decisiones fue ser despedida del Centro Cultural San Martín, en abril de este año.

Después de que la historia se mediatizara, el Gobierno de la Ciudad inició un sumario administrativo del que no se conocen consecuencias. “El sigue trabajando como funcionario, no hubo respuesta institucional en relación a eso”, dice Jimena Gibertoni, abogada de las querellantes y miembrx de la Red de Abogadas Feministas.

Anahí, por su parte, tuvo que dejar el departamento que alquilaba para ir a vivir con su abuela, está tomando antidepresivos y se endeuda para pagar lo poco que le cobran sus representantes legales porque no tiene ingresos.

La peor pesadilla de Anahí se cumplió: perdió un trabajo que le gustaba por animarse a decir basta. Pero no había otra salida. Cada día en el área de comunicación en el Centro Cultural San Martín se parecía a una tortura. Pimentel no sólo la arrinconaba contra las paredes –“como cualquier violento en una discoteca”–, la besaba en el cuello como si fuera un saludo normal o le hacía “masajes” sin permiso cuando ella estaba sentada en su escritorio. También le infringía dolor. “Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler”, dice.

“Nos podía extirpar como a muelas”

“¿Por qué no le dijeron que no?”, fue lo que preguntó “la mano derecha” de Pimentel después de perseguir a Anahí y a su compañera hasta dentro de su oficina y cerrar la puerta detrás de ella. Le podían arruinar la carrera a Diego, eso les dijo, les prohibió que volvieran a hablar en público sobre él. “Mi compañera se había quejado al salir de la oficina de Pimentel de que encima que la manoseaba jamás había dicho una palabra sobre su trabajo”, dice Anahí y continúa: “Mil veces dijimos que no, siempre, pero si explotamos en lugar de hablar antes era justamente porque temíamos que nos despidieran. Se lo dije a su asistenta, no es un tipo en una disco, es el director del Centro Cultural, se trata de asimetría de poder”.

Enterado de esta escena que sucedió un viernes, llamó a una reunión a todo el equipo de dirección la semana siguiente. “Una reunión de ‘reorganización’ en la que todo el tiempo usó las metáforas de la dictadura, diciendo que éramos como un cuerpo, que se puede enfermar y que hay partes que se pueden extirpar como a las muelas”. En ese mismo momento a la compañera de Anahí la bajaron de categoría “adelante de todo el mundo y de manera humillante. Al otro día empezaron a revisar escritorios. La reorganización consistió en separarnos a quienes estábamos hablando.”

Anahí tuvo que decidir. Cuando otros compañeros le contaron que su perfil de Facebook había sido expuesto en una reunión –porque había puesto una búsqueda laboral diciendo que en su trabajo actual estaba viviendo “una situación insoportable”– su disyuntiva fue: “O me iba en silencio como todas o cortaba con esto, con la impunidad total”. Fue entonces que se comunicó, junto con su compañera, con la Red de Abogadas Feministas. Se acordó mandar un telegrama al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura, y al Centro Cultural San Martín. La demanda era que les asignen otro trabajo para que se interrumpa la violencia que estaban sufriendo. La respuesta fue otro telegrama, firmado por Pimentel, en el que les rescindían sus contratos, renovados hacía menos de dos meses. Fue entonces cuando presentaron la denuncia penal.

El hambre o el acoso

“Al final para nosotras todo es daño, porque tuvimos que elegir entre el hambre y el acoso; entre conservar el trabajo y dejarte violentar o estar en la calle”, dice Anahí de la Fuente quien jamás recibió ninguna respuesta institucional sobre su fuente de trabajo o sobre la situación de quién la acosó. “Entiendo que el Ministerio no tiene que darme explicaciones a mí sobre lo que van a hacer con Pimentel, pero sí sobre mi situación laboral”

La causa penal sigue su curso, está en etapa de pruebas. “Se presentaron testigos que acreditan el trato desigual de Pimentel con respecto de las empleadas mujeres. Su defensa se basa en presentar el caso como un conflicto laboral y en que no había contacto directo pero tenemos prueba suficiente para desacreditar esos testimonios”, dice Jimena Gibertoni, la abogada querellante.

“El Gobierno de la Ciudad debería garantizar nuestros puestos de trabajo”, insiste Anahí. “Pimentel tiene tres laburos y yo no tengo ninguno, él sigue teniendo beneficios y nosotras en un estado de vulnerabilidad total, yo me tuve que ir de mi casa a vivir con mi abuela porque ya no podía pagar el alquiler. Me endeudé para pagarle a la abogada que igual me cobra casi nada, no consigo trabajo pero además, por qué no puedo seguir laburando ahí yo si el que se tiene que ir es él”.

Lo que queda por ahora, a tres meses de presentada la denuncia penal, es lo que Anahí de la Fuente describe como una “revancha. Porque nosotras quebramos el pacto de silencio con un abusador. Pero las que estamos en la calle somos nosotras”.

8.7.2019

El dato surge del Segundo Censo Popular realizado por varias organizaciones durante los días 25, 26, 27 y 28 de abril de este año. El 52% de las personas censadas estaban por primera vez en situación de calle.

El Censo Popular tuvo como objetivo realizar un relevamiento estadístico para conocer la cantidad y algunas características de la población en situación de calle efectiva en la Ciudad de Buenos Aires; siguiendo los lineamientos del artículo 2 de la ley 3706/101; que considera a personas en situación de calle a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno..

La población en situación de calle se define como población fluctuante (es decir población que no está asociada de manera permanente a un lugar concreto del espacio geográfico) y como población oculta (esto es, población cuyos comportamientos son estigmatizados y viven situaciones de violencia). Por estas dos características, se la considera como población de difícil acceso.

Con esta premisa, el relevamiento se organizó durante 4 días, dos días hábiles y un fin de semana. Participaron como censistas integrantes de organizaciones sociales y de instituciones públicas, incluso personas en situación de calle.
Se elaboró un cuadernillo de capacitación, con el que se formaron 500 voluntaries y se realizaron 50 capacitaciones durante el mes de abril.
La participación de las personas encuestadas fue voluntaria y anónima. Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, se utilizó un código de identificación formado con las dos primeras letras del primer nombre y las dos primeras letras del primer apellido, más la fecha de nacimiento. De este modo también se evitó la duplicación de datos.
Se censó en los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, organizados en 5 zonas, cada una de ellas con una persona responsable a cargo de la coordinación. Cada barrio fue dividido en cuadrículas o conjuntos de cuadras que durante los días que duró el censo fueron recorridas por un mismo grupo de censistas. Además, cada barrio tuvo como responsable a una organización con trabajo en ese territorio.
La carga de datos y el procesamiento de los mismos fue realizada por los equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, con el soporte técnico de un paquete estadístico construido ad hoc.

Principales resultados:
 

Se relevaron 5412 personas viviendo a la intemperie. De esta población, 871 son niñes (16%) y 4541 adultes (84%). De las 5412 personas censadas 3085 contestaron las encuestas (68%) y el resto eligió no responder las preguntas.

El 80% de la población encontrada en situación de calle responde ser varón, el 19% mujer y 1% restante declara ser trans/travesti (42 personas). Se relevaron 40 mujeres embarazadas.

El 52% (1461 personas) de la población, afirma que es la primera vez que está en situación de calle. El 56% vivió siempre en la Ciudad de Buenos Aires.
El 73% respondió contar con estudios desde primarios, registrando casos que incluso afirman tener estudios universitarios.

El 42% afirma que la principal causa que motivó la situación de la calle (pérdida del trabajo, incapacidad de pago, ampliación de familia). El 77% de las personas (2314) afirman no acceder al subsidio habitacional por diversas razones (vencimiento de plazo, problemas de documentación,
dificultad para conseguir una. 1188 personas afirman haber tenido problemas de salud en los últimos dos años. Se relevaron 532 personas con alguna discapacidad. 1577 personas afirman haber sufrido algún hecho de violencia en los últimos años.

Organizaciones participantes:
 

Abrigar Derechos, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Asamblea Popular de Plaza Dorrego, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CTEP Capital, Defensoría del Pueblo (CABA), Ministerio Público de la Defensa (CABA), Movimiento Popular La Dignidad (Red Puentes), No Tan Distintas, Presidencia de la Auditoría General (CABA), Proyecto 7 – Gente en situación de calle, Acción Cannábica, Acción PSC, Amigos en el Camino, Barrios de Pié, Cátedra de Ingeniería Comunitaria de Facultad de Ingeniería (UBA), Ciudad Sin Techo, Colectiva Paulo Freire, Colombia Humana, Comunes, El Hormiguero, Escuela Isauro Arancibia, FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Frente Social Peronista, Fundación Vignes, La Ría, La Rosa Naranja, MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Multipolar, Ni una persona más en la calle, Nueva Mayoría, Nuevo Encuentro (CABA), Olla Popular de Parque Lezama, Partido Social de la Ciudad, Proyecto de Investigación "Sociogénesis de las marginaciones urbanas" de Facultad de Psicología (UBA), Ser con vos, Socialismo para la Victoria, Sopa de Letras, Varones Antipatriarcales, y siguen las firmas…

7.7.2019

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en Capital Federal hay 7251 personas en situación de calle. Desde el CELS sentenciaron además que 5412 viven en la intemperie absoluta.

«Es urgente que el Gobierno de la Ciudad implemente soluciones, exigieron desde el CELS. Los datos surgen del 2do Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado entre el 25 y el 28 de abril de 2019. 

Detallaron además que, de esa tremenda cifra, 870 son niños y niñas, y 1600 están en la calle por primera vez en su vida.

Los datos fueron realizados por las organizaciones Proyecto 7, No tan distintas, Red Puentes (MP La Dignidad), ACIJ, Ministerio Público de la Defensa de CABA (MPD), Auditoría General de la Ciudad, y el CELS.

7.7.2019

El lunes 8 de julio, se realizará una Jornada Cultural por la memoria y justicia de Jonathan “Kiki” Lezcano, de 16 años, víctima de represión estatal, asesinado de un disparo por el policía Federal Daniel Veyga hace diez años atrás, quien fue absuelto por el hecho en 2017.

La jornada contará con un panel de Derechos Humanos, en el mismo se discutirá la responsabilidad del Estado, al mando del accionar de las Fuerzas de Seguridad.

Además, se inaugurará una escultura para conmemorar a Kiki, se realizarán actividades culturales variadas y se pintará un mural en el comedor comunitario “El Enano” que Angélica Urquiza, madre de Kiki, levantó junto a su familia y sostiene diariamente con el apoyo de la organización y las vecinas del barrio.

Invitan a adherir y participar de dicha actividad, para acompañar a la familia y apoyarlos en esta lucha, que todavía no termina: Organización Social “La Poderosa” y “Casita de Kiki”, espacio cultural de Villa 20.

Sobre el caso

El 8 de Julio de 2009, Jonathan Ezequiel “Kiki” Lezcano fue asesinado con un disparo por el policía Federal Daniel Veyga, y luego enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

Su familia lo encontró después de 68 días de intensa búsqueda.

El oficial que se autoproclamó autor del crimen, fue juzgado y absuelto en el año 2017, en la última instancia del juicio, a pesar de los testimonios de amenazas y un video que demuestra el abandono con el que trataron a la víctima cuando aún estaba con vida.

Su familia sigue reclamando justicia.