Comunicadores del Sur

12.4.2019

Por ATE Capital

Más de dos cuadras de estatales se movilizaron ayer frente al ex ministerio de Modernización e exigieron recomposición salarial urgente. 

“Es una vergüenza la pauta salarial del 3% que quiere imponer Macri a las y los trabajadores estatales. Basta de ajuste y represión, basta de hostigamiento. El 30 de abril vamos a un gran Paro General”, lanzó Daniel ‘Tano’ Catalano ante una multitud.

Tras la represión sufrida el pasado lunes, mientras nos manifestábamos pacíficamente frente a la Secretaría de Trabajo en rechazo al 3% de "aumento" que buscó imponer el Gobierno, más de 5.000 estatales pararon y movilizaron hoy al ex Ministerio de Modernización para reclamar salarios y condiciones de trabajo dignas, en repudio al ajuste y los despidos en el Estado.

Bajo la consigna #ElSalarioNoAlcanza y la Unidad de distintos Sectores, Juntas y Organismos del Estado, la multitudinaria movilización partió de Diagonal Norte y Esmeralda hacia las puertas de Modernización del ajustador serial Andrés Ibarra, responsable él y su equipo del despido de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras con la excusa de supuestas "dotaciones óptimas", donde fue montado un escenario que tuvo como único orador a Daniel Catalano.

Fue un encendido discurso del Secretario General de ATE Capital y Adjunto de la CTA de los Trabajadores a nivel nacional, en el que criticó duramente la paritaria "vergonzosa" que buscó imponer el Gobierno el pasado lunes sin ATE Capital presente (el Gobierno ofreció 3% de aumento más un bono de 2000 pesos) y resaltó la necesidad de miles de estatales de abrir de manera urgente, antes de mayo, la paritaria correspondiente a 2019, ya que "hay un pelotón enorme de trabajadores y trabajadoras estatales que no llegan a los 8 mil pesos y se les hace imposible no solo llegar a fin de mes, sino también garantizarle a sus pibes dos platos de comidas".

A su vez, Catalano festejó la reciente recuperación de la Nieta 129 por las Abuelas "que siguen marcándonos el camino" y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de todo ATE frente a las amenazas de un ex funcionario, quien se unió al show mediático montado por la derecha y deslizó en la televisión que Catalano debería estar preso. "Se sigue buscando el mecanismo para criminalizar la protesta social y eso no lo podemos permitir. Gracias por mostrar el marco de unidad y solidaridad, muchas gracias".

En contraposición, el ’Tano’ destacó que "no puede ser que nosotros seamos complacientes con quienes nos persiguen, nos amedrentan, nos despiden y nos mandan palos. Los estatales hoy estamos dando una nueva muestra de unidad y lucha y les decimos al Goboierno y a sus funcionarios que nosotros no vamos a bajar las banderas, porque estas banderas nacieron para estar en alto, son las banderas de Germán Abdala, del ’Nono’ Frondizi".

Por último, ante una marea verde de estatales y la Diagonal Norte repleta, adelantó lo que en minutos se conocería a través de todos los medios y redes sociales: la convocatoria el próximo 30 de abril a un gran Paro General contra el ajuste, la entrega y el saqueo del Gobierno y el FMI, en defensa del salario, la industria y la producción.

"Vamos a seguir peleando en la calle, vamos a seguir construyendo unidad, y en este mismo momento, a las 3 de la tarde, en SMATA, se a anunciar en un marco de unidad entre las CTA, las CGT y los movimientos sociales un Paro General para el 30 de abril. Finalmente, el movimiento obrero está unido en la calle contra este Gobierno de oligarcas", concluyó una nueva jornada de lucha que nuevamente mostró a las y los estatales de pie.

#LaUnidadEsElCamino

11.4.2019

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, habla y denuncia la situación. Este miércoles un fallo judicial rechazó el proyecto de Ley de Alquileres, favoreciendo a los grandes grupos inmobiliarios.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay, sobre todo, un gobierno del mercado inmobiliario. Con todo lo que se vota, la Legislatura termina siendo una inmobiliaria de Elsztain, de Remmers, de Caputo, de esos sectores”.

El que habla es Gervasio Muñoz, uno de los organizadores de Inquilinos Agrupados, que reúne a un sector de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que reclama contra las condiciones existentes a la hora de alquilar.

Este miércoles la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad falló a favor de los corredores inmobiliarios. La decisión judicial obligará a que los inquilinos sigan pagando las onerosas comisiones que abonan para ingresar una vivienda. Se trata de un monto del 4,5 % del precio total del alquiler.

El presidente de la Cámara que ejecutó este fallo adverso a quienes alquilan es el juez Esteban Centanaro. Desde Inquilinos Agrupados denuncian que es parte del negocio inmobiliario.

Muñoz comenta que “tiene una Sociedad Anónima que se llama CENT, que son las primeras cuatro letras de su apellido. Junto con su esposa y su hija se dedican al negocio inmobiliario. No solo eso, la hija cuando fue legisladora de la Ciudad presentó un proyecto para crear el Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea: son parte de la corporación inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires. Él se tendría que haber excusado y no lo hizo, así que es bastante grave la situación.

¿Ustedes van a apelar el fallo?

   Sí. Vamos a apelar y el Gobierno de la Ciudad también va a apelar. Intentaremos llevarlo hasta el Tribunal Superior de Justicia. Las inmobiliarias presentaron un amparo contra la ley, para que se caiga.

Se sabe que, por el alza del costo de vida y el ajuste que está aplicando el gobierno, el costo de los alquileres ronda el 50 % o más en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

   Yo creo que además de todo eso que nombrás -el ajuste, la inflación, la crisis económica, etc.- hay algo de lo que no se habla y es que no están regulados los alquileres en Argentina. Entonces no solo tiene que ver con la cuestión económica, sino tiene que ver con el Gobierno al servicio del mercado inmobiliario, que es regular nada el mercado inmobiliario.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es bastante obvio, no hay una sola política de vivienda, salvo los créditos UVA, que es una bomba de tiempo.

En ese sentido, ¿cuál es la situación concreta que ves a diario de los inquilinos?

   Primero, hay una crisis habitacional de magnitudes enormes, silenciosa. Lo que está sucediendo es que el 30 % de los inquilinos finaliza contrato antes de tiempo, que los jóvenes se van a vivir con los padres, que las familias se dividen, entonces la madre se va con los hijos a vivir a lo de algún familiar, que los jubilados se van a hoteles, pensiones, inquilinatos y los que estaban en esos lugares, hoy están viviendo en la calle.

Sí, es notorio que aumentó la cantidad de gente en situación de calle

   Sí. Lo que hay es un fenómeno nuevo de la gente viviendo en la calle. Antes era por otras cuestiones más complejas. Ahora cuando hay familias enteras viviendo en la calle con los muebles, eso quiere decir que son aquellos que, hasta hace poco, podían pagar el alquiler de una pieza y ahora no pueden, porque tienen que comer.

En la denuncia de lo que ocurre en la Ciudad, desde la banca legislativa del PTS/FIT, Myriam Bregman acompaña el proyecto de Inquilinos Agrupados. Este miércoles estuvo entre quienes denunciaron en las redes sociales el fallo.

Muñoz también señala que "la venta de terrenos públicos, la unificación de los hospitales, la falta de control sobre el mercado inmobiliario, la exención impositiva, son toda una batería de medidas que lo único que hacen es demostrar que Larreta está al servicio del mercado inmobiliario.

Y ahora se agudizó porque tienen el gobierno nacional. Entonces la venta de terrenos públicos es más fácil. La situación es dramática y creo que estamos ante una crisis habitacional en todo el país. El congelamiento de la compra-venta, la dolarización de la vivienda, los créditos UVA, en definitiva: la desregularización absoluta del mercado.

Yo creo que hay algo importante: la vivienda se toma como un negocio, cuando es un derecho. Por ejemplo, si vos no tenés para pagar una obra social o una escuela privada, más o menos podés acceder a la salud pública o a una escuela pública. En materia de vivienda, eso no existe. Si no pagás, estás en la calle".

¿Cuál sería para vos la salida antes esta crisis habitacional?

   Como primera medida regular el precio de los alquileres, urgente y extender los plazos de los contratos de alquiler. Sin eso no hay política de vivienda. Mientras la vivienda siga siendo un negocio tan rentable, nadie va a querer construir viviendas públicas para alquiler, implementar un impuesto a la vivienda ociosa. Entonces primero hay que regular el precio de los alquileres y extender el plazo de los contratos, eso de forma urgente.

Sí, para paliar ya la situación de la gente mientras se va a una salida más de fondo.

   Sí, además para ir hacia un camino donde deje de ser un negocio tener varias viviendas en alquiler. Pensá que una persona que tiene 20 viviendas en alquiler se queda con la mitad de los ingresos de 20 familias. O sea, los inquilinos trabajamos 15 días para el propietario. ¡Es una concentración de la riqueza total!

La vivienda es una necesidad básica. Las familias lo último que dejan de pagar es el alquiler, primero bajan su calidad de vida. Ayer una inquilina nos decía que no almuerza al mediodía porque tiene que seguir pagando el alquiler. Un sector profundamente empobrecido trabaja para un grupito de grandes propietarios.

Está tan concentrada la vivienda que hasta que no haya una regulación de la rentabilidad, esto no va a tener salida. Me parece que la única forma de generar otra forma de acceder a la vivienda es la organización de los inquilinos en todo el país.

Porqué la clase política tiene negocios, en la vivienda tiene intereses económicos. El Poder Judicial también, entonces la única forma de cambiar la correlación de fuerzas es organizándonos. Las viviendas tienen que ser un derecho garantizado por el Estado y para eso hay que regular la rentabilidad.

11.4.2019

Por Laura Borse

“Es pulmón verde y parte del corredor biológico que se forma con otros espacios, como los predios de Agronomía y Veterinaria”, señalan desde el colectivo de vecinos que se opone al proyecto macrista.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo conducción del PRO y con mayoría automática en la legislatura va por el acaparamiento total de todas las tierras públicas de la ciudad. Gracias a la aprobación, que el año pasado logró, del nuevo código urbanístico y en contra de todos los colectivos barriales que se opusieron, Larreta avanza en la privatización de todo el espacio público que encuentra a su paso. Esta vez les toca a los vecinos de la Paternal, quienes luchan por mantener el parque que surgió, tras la demolición del ex albergue Warnes, como espacio verde y público.

En 1997 por medio de la Ordenanza 52.295 se zonificó el polígono comprendido por las avenidas Warnes, Chorroarín y de los Constituyentes como Distrito U-26, dividiendo un sector comercial, adquirido y ocupado por el Hipermercado Carrefour, de otro en donde se creó la zona “urbanización parque”, dentro de la cual se ubica un área de equipamiento educacional -hoy funciona una escuela- y cuatro parcelas que quedaron en manos de particulares.

En estas cuatro parcelas el Gobierno porteño acordó recientemente la construcción de 11 torres de 17 pisos cada una (casi 50 m de altura) destinadas a viviendas de alta densidad que rodearán el sector parquizado. Además, el proyecto contempla la apertura de calles internas y estacionamientos en subsuelos. Promocionado bajo el nombre “Barrio Parque Central”, el plan despertó el rechazo de los vecinos, quienes primero presentaron un documento donde argumentaban su negativa a la ocupación de estos terrenos y luego entregaron un proyecto alternativo en la Legislatura porteña.

La isla que no se aísla

El colectivo La Isla de la Paternal está luchando para mantener este espacio verde abierto al público. “Este proyecto rige bajo una norma que se promulgó en el año 1997, que permite la construcción en altura en un barrio donde la altura promedio de los edificios son nueve metros (tres pisos), con lo cual ahí ya se parte de un problema grave. El proyecto actual que se está debatiendo en la Legislatura ratifica esa norma y propone cambios no sustanciales al problema central”, informaron.

Además, agregaron que a partir de esa misma normativa quedó distribuido un parcelamiento que implica la construcción de todo alrededor del parque, lo que genera un efecto de invasión sobre la zona parquizada y de acceso público.

Pero los vecinos no se quedaron sólo en el rechazo sino que estudiaron el caso y proponen una alternativa, que deberá ser debatida en la Legislatura. Valentina Bari, integrante del colectivo, comentó que “esos puntos son los que proponemos modificar en el proyecto que estamos presentando. El parcelamiento se redibuja trasladando la parcela más grande hacia uno sólo de los lados del parque, se engloba todo en un sólo sector y eso impediría una invasión tan fuerte y marcada sobre el funcionamiento del parque. Nuestro proyecto también propone que la altura baje a tres pisos, como es en el resto del barrio”.

El Impacto ambiental de un proyecto de semejante envergadura es un tema de preocupación para los vecinos. María José Doiny, que participa del colectivo y además es parte del club de observadores de aves (COA) de la Facultad de Veterinaria de la UBA, explicó a este medio que “el parque de la isla es pulmón verde y parte del corredor biológico que se forma con los otros espacios de la ciudad, como los predios de las facultades de Agronomía y Veterinaria, el Parque Centenario, el Parque Rivadavia, el Parque de los Andes, los hospitales Tornú y Roffo. Es un espacio vital porque es lugar de paso, refugio, alimentación y nidificación de más de 30 especies de aves que habitan en la ciudad. Construir torres tan altas puede impactar en las aves y también generará sombras que pueden afectar en el crecimiento de la vegetación que sostiene el ecosistema, y además afectará la capacidad absorbente del suelo”.

El espacio común tiene hoy unos usos comunitarios que los integrantes del colectivo temen que se pierdan al construir las edificaciones: “Hay una serie de usos apropiados por vecinos (y no tan vecinos) que encuentran ahí un espacio para desarrollar actividades que, si construyen las torres, cambiará. Tememos un desplazamiento de grupos sociales que se verán perjudicados, ya que el parque terminará siendo un patio de los edificios”, resume Valentina Bari.

Es que el parque, actualmente, es utilizado por gran cantidad de vecinos como espacio recreativo y deportivo. Esta apropiación comunitaria del lugar se verá impactada si se abren las calles internas que, bajo el eufemismo de “conectividad”, el Gobierno propone para esta área.

Otro de las preocupaciones de los vecinos y vecinas de la Paternal es por la nueva versión del proyecto, que el Gobierno porteño asegura ser superador del original, ya que destina como “basamento comercial” el 40 % del espacio de ocupación del área en manos privadas para espacio público, lo que muy probablemente se traducirá en negocios comerciales que afectarán el uso social del parque.

El simulacro de participación

En marzo se realizó la audiencia pública donde se trató este tema. Las audiencias no son vinculantes, por lo cual aunque la gran mayoría de quienes participaron se expresaron en contra del proyecto, el ejecutivo porteño tiene la potestad de avanzar sin necesidad de contemplar la opinión de la mayoría, y es lo que hace desde que cuenta con votos propios y ajenos que le facilitan las cosas.

El proyecto del colectivo fue presentado en marzo en la legislatura porteña y aunque recibieron promesas de que Rodríguez Larreta atendería y escucharía sus palabras, lo cierto es que el jefe porteño no apareció por el barrio y faltó a la reunión que se había pactado. La enviada del Gobierno, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, no dio ninguna respuesta a los vecinos.

“Tanto la norma del 97 como el proyecto actual del Ejecutivo son normas inconsultas, proyectos de una envergadura gigante que no tienen consenso con la comunidad, que se trabajan, deciden y ejecutan unilateralmente, no hay consulta ni construcción de espacio urbano que respete el sentir y las necesidades de la comunidad adyacente. Eso implica la imposibilidad de ser parte de un proyecto que afecta la vida de quienes vivimos en la comuna 15”, sentencia Bari.

Los vecinos piden al Gobierno de la Ciudad que se posicione como articulador de un conflicto donde se supone que debería primar el bien común y no el beneficio privado. Sin embargo, la fecha de debate y segunda votación del proyecto del ejecutivo fue pospuesta y los vecinos desconocen los tiempos y reglas con las que se continuará el tratamiento del proyecto. A pesar de todo, el colectivo no descansa e insiste con los encuentros con el poder legislativo y ejecutivo para llegar a buen puerto.

11.4.2019

Los maestros movilizan al Ministerio de Educación de la Capital Federal para reclamar “la inmediata apertura de vacantes para más de 22.000 menores que no pueden tener clases”.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de Buenos Aires se moviliza hoy hacia la sede del Ministerio de Educación de la Capital Federal para reclamar “la inmediata apertura de vacantes para más de 22.000 menores que no pueden tener clases”.

Los secretarios general y de comunicación del gremio, Eduardo López y Mariano Denegris, señalaron en un comunicado que “no sobran chicos en la ciudad sino que faltan escuelas”.

Explicaron que docentes y familiares de los alumnos, que integran el espacio “La vacante es un derecho”, se concentrarán en Paseo Colón al 200 entre las 9:30 y las 11:30 de mañana para exigir “la inmediata apertura de vacantes para todos”.

“La falta de vacantes en el sistema educativo metropolitano, en especial en el nivel inicial, se convirtió en un problema crónico y se profundizó por la baja inversión”, afirmaron.

La UTE expresó que “la reducción del presupuesto educativo deja a miles de niños sin posibilidad de ejercer su legítimo derecho a la educación”, por lo que exigió “la construcción de las escuelas necesarias y el abandono oficial del marketing educativo”.

10.4.2019

Por Observatorio del Derecho a La Ciudad

La Justicia frenó la pretendida rebaja de la pauta publicitaria para los Medios Vecinales de Comunicación Social en la ciudad de Buenos Aires tras la acción de amparo colectivo presentada por éstos.

Máximo Merchensky, Subsecretario de Comunicación Social, a través de la Resolución N° 813/2018 rebajó en un 19% el valor de la pauta publicitaria que corresponde a los Medios Vecinales de acuerdo con la Ley N° 2587.

Tras la acción de amparo colectivo iniciada por 58 medios con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, decidió rechazar el recurso de apelación del GCBA y mantener la suspensión de los efectos de la resolución 813/18 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social, hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en autos.

Actualmente 269 Medios Vecinales porteños reciben 5 de cada 100 pesos que el Gobierno de la Ciudad invierte en materia de publicidad. Con el objetivo de reducir el presupuesto, el Subsecretario Merchensky decidió avasallar la sustentabilidad de dichos medios con descuentos ilegales e inconstitucionales.

En la demanda, los Medios Vecinales sostienen, entre otros argumentos, que la Resolución N° 813/2018 viola la Ley N° 2.587 que regula la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social y lesiona los derechos culturales reconocidos en el art. N° 32 de la Constitución de la Ciudad. También erosiona la protección de los Medios Vecinales y su sustentabilidad económica garantizada por la Ley N° 2.587, que tiene por objeto proteger también otros derechos culturales de los habitantes de la Ciudad, como el derecho a la democracia cultural, de acceso a la diversidad y pluralidad de opiniones, a la protección y difusión de la identidad pluralista y la historia de la ciudad, a la superación de las barreras comunicacionales, a la libertad de prensa y expresión.

Aquí la SENTENCIA COMPLETA:

https://ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/Serresmarcado.pdf