Comunicadores del Sur

www.comunicadoresdelsur.com.ar

 

La fábrica que visitó Macri y cerró a los dos meses, despidió a sus empleados porque contaron la situación

15.3.2019

Se trata de la firma Noroghi. El Presidente la mostraba como un caso de éxito, pero a los dos meses cerró y dejó a sus empleados sin cobrar. Ahora les envió telegramas de despido porque contaron la situación.

 

La firma Noroghi, una de las tantas empresas que Mauricio Macri visitó el año pasado y mostró como ejemplo de progreso, cerró sus puertas y dejó a todos sus empleados sin cobrar. Pero el escándalo se agravó ayer, es que mientras sus operarios hace meses que no perciben salarios, los despidió con causa por dar a conocer la situación.

El Presidente había visitado la fábrica de Nueva Pompeya en septiembre del año pasado. Fue una de las tantas visitas que Macri realiza en secreto y con carácter relámpago para después difundirlas por las redes sociales.

Según el gobierno, la firma se dedicaba a fabricar electrodomésticos. En 2018 habían realizado su primera venta al exterior y serían los primeros en vender productos de Industria Nacional a Estados Unidos. Todo un ejemplo de éxito y emprendedorismo.

El fundador de la empresa, Fabián Colussi, aseguraba que también exportarían a México y que aumentarían la dotación de empleados de 132 a 200.

Colussi es conocido por la publicidad que hace en el TC y su militancia opositora en Racing, donde siempre termina bajándose sobre el cierre de la elección. Además es socio de “El rey de la soja” Gustavo Grobocopatel en el club de fútbol ‘Agropecuario de Carlos Casares’. De hecho la firma Noroghi lucía en las camisetas del club del empresario sojero, hasta ahora que lo taparon.

De fluidos vínculos con el macrismo Colussi suele recibir “visitas” filmadas de funcionarios del PRO.

Fuentes del gobierno de Tierra del Fuego aseguraron que Noroghi es una importadora de marcas chinas y lo que visitó Macri el año pasado fue un galpón de almacenamiento. “Tienen un par de empleados registrados, un jefe de galpón que no sabemos lo que es. Hasta la pagina es trucha”, dijeron. “Son intermediarios que importan desde China y venden servicios a los negocios locales. En el video de Macri se ve claramente que no es una fábrica, es un depósito”, agregaron consultados por La Política Online.

Dos meses más tarde explotó la estafa. El dueño no pagó los sueldos de enero y febrero y se comprobó que la visita a la fábrica fue una puesta en escena. “Un montón de familias se quedaron en la calle y no tienen para comer. No tenemos ingresos y no tenemos respuestas”, explicó Agustina Pereyra Nuñez, trabajadora de la empresa en el piso de C5N días atrás.

Ayer, sin embargo, sí tuvieron novedades de Colussi. Les envió un telegrama por “hacer públicas manifestaciones con epítetos descalificativos hacia la empresa y sus autoridades en C5N”. Por ello los despide “con causa”.

Los aumentos en el Subte no frenan y en mayo el pasaje costará $ 21

15.3.2019

Trepará de $ 16,50 a $ 19 el mes próximo y en mayo subirá a 21 pesos. La suba acumulada desde agosto fue del 120 por ciento y cuando alcance los 21 pesos en abril la tarifa habrá escalado 180 % en un año.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) propuso este miércoles en la audiencia pública aumentar el pasaje de subte de 16,50 a 19 pesos a partir de abril y aplicar otra suba en mayo para llevarlo a 21 pesos. De este modo, la suba acumulada en un año será de 180 por ciento.

En el año 2012 las autoridades porteñas se hicieron cargo del servicio  del subterráneo en aquel tiempo, el valor del pasaje  representaba $1,10. La primera medida del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri fue duplicar el precio para iniciar una disparada  de incrementos  en el boleto.

Viajar en el subte costaba $7,5 pesos a comienzos de 2018. La tarifa aumentó tres veces el año pasado. La primera escalada fue en agosto cuando llegó a 12,5 pesos. La pretensión inicial del gobierno porteño era primero subir los viajes a $11 pesos en mayo pero una medida cautelar frenó ese ajuste y, cuando la justicia porteña dejó sin efecto esa medida, el salto fue directo hasta el segundo tramo. Los siguientes aumentos de un peso cada uno tuvieron lugar en noviembre, diciembre, enero y febrero para escalar  los $16,5 su valor actual  Así la suba acumulada desde agosto fue del 120 por ciento y cuando alcance los 21 pesos en abril la tarifa habrá escalado 180 por ciento en un año.

La actualización responde a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio. En abril del año pasado se calculó en 15,50 y la última actualización la ubicó en 23 pesos.

El gobierno porteño sostiene que las subas son necesarias para “mantener la calidad del servicio y la infraestructura en función del incremento de costos”. Sin embargo, los sucesivos aumentos no solo no fueron acompañados por la prometida extensión del sistema, sino que tampoco redundaron en una mejora del servicio.

Mientras tanto, la empresa insiste en desconocer el fallo que habilita a los pasajeros reclamar el boleto cuando las escaleras mecánicas no funcionan, algo que se repite en toda la red.

Detenciones arbitrarias y políticas antimigratorias en CABA

15.3.2019

Mientras que las causas contra las 17 personas que fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional 2019, fueron archivadas por falta de pruebas, se agrava la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad de Buenos Aires.

El 24 de octubre de 2018, luego de una movilización al Congreso Nacional contra la sanción del presupuesto, la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas, cuatro de ellos eran migrantes.

Cuatro meses después, el 14 de febrero, el fiscal que intervino archivó todas las actuaciones que se habían iniciado contra los 17 detenidos. Luego de revisar toda la prueba que aportó la policía, la fiscalía concluyó que no hay evidencias de que los imputados hayan arrojado piedras y/o resistido a la autoridad. El fiscal desestimó las declaraciones de los policías porque las consideró vagas e imprecisas y ordenó que se investiguen sus posibles responsabilidades penales.
No es la primera vez que una resolución judicial visibiliza que las detenciones realizadas por la policía en las protestas sociales son en su mayor parte arbitrarias e injustificadas. Las 20 personas detenidas luego de la marcha de mujeres del 8 de marzo de 2017 fueron sobreseidas luego de un año de proceso. Luego de la movilización contra la reforma provisional del 18 de diciembre de 2017 fueron detenidas 68 personas, 56 de ellas fueron sobreseidas. En varias oportunidades los funcionarios judiciales han desestimado la inexplicable imputación de “intimidación pública” realizada por las fuerzas de seguridad a partir de las órdenes emanadas del gobierno nacional.
Luego de su detención en octubre pasado durante la movilización contra la sanción del presupuesto, Anil Baran, de nacionalidad turca, fue objeto de numerosas notas en los medios -incluidos los públicos- en las que se reproducía la amenaza de expulsarlo del país. Con el acompañamiento de la Correpi y el CELS, Baran exigió conocer qué información sobre él había sido acopiada por las autoridades y qué había ocurrido en su trámite migratorio. Hasta el día de hoy, el Estado se niega a informarlo.
En los últimos días, se agravó la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad. El Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal, Luis Cevasco, dictó una Resolución que obliga a los fiscales a comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones cuando una persona extranjera es citada a declarar como acusada de un delito, con el fin de que se la expulse del país. En esos casos, el o la migrante podrá “optar” entre aceptar la expulsión o seguir el proceso penal. Si esta Resolución hubiera estado vigente en octubre, los detenidos extranjeros hubieran estado frente a esa “opción”, aunque en ese momento no hubiera existido evidencia sobre su participación en supuestos hechos de violencia y aunque meses después la investigación se archivara.

San Telmo: otra jornada de represión en un conflicto complejo

12.3.2019

Por Fernando Tebele

Cualquier represión nos genera indignación. También se juega por allí, siempre, algo de tristeza; pocas cosas impulsan más a sentir rabia que las fuerzas de seguridad desatadas de furia. Pero la represión del domingo a los artesanos y artesanas de San Telmo duele más, mucho más. Conviene repasar la historia del conflicto para entender por qué no fue simplemente otra represión.

En la última semana de enero, recibimos a Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, para un programa especial de Radio La Retaguardia. Estaba triste. Hace 10 años que le secuestraron, asesinaron y desaparecieron a su hijo ¿Cómo iba a estar? Nos aclaró, en todo caso, que no estaba triste solo por eso. Hacía ya varias semanas que no podía trabajar en su puesto de la Feria de San Telmo, donde desde hace 7 años, cada domingo, abre su paño y vende unos muñecos hermosos, tejidos con la técnica amigurumi. Arreglamos para que a la semana siguiente nos visitara de nuevo, pero ya para contar el conflicto. Cuando hizo su relato de la situación, nos sorprendimos bastante. Lo más lógico era pensar que el enfrentamiento fuera con el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta; de hecho es lo que piensa mucha gente después de la represión. Por supuesto que él está del otro lado.

Pero la sorpresa mayor fue cuando nos contó que detrás de un acuerdo que pudo haber culminado con la legalización de los puestos de la feria, se esconde en realidad una disputa sectorial que ensucia todo. Mónica se sumó a la Cooperativa El Adoquín (integrantes de la CTEP) hace 5 años, casi tantos como los que lleva en la Feria. Seguramente lo hizo pensando en que con otros y otras estarían más protegida; algo de eso aprendió a la fuerza. A la cooperativa también le venía bien su ingreso: la mamá de Luciano Arruga adentro de una coope del Movimiento Evita, mirá vos. En su relato desilusionado, Mónica explicó que cuando les contaron que se había conseguido un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y El Adoquín, nadie dudó en alegrarse. Sin embargo, un domingo de enero en el que fueron a trabajar a su nueva ubicación, Defensa al 1000, se enteraron de que temprano, esa misma mañana, la Policía de la Ciudad había corrido a quienes históricamente ocuparon esa cuadra. En ese momento, a Mónica se le vino toda su historia personal a la cabeza. Le pasó cuadro por cuadro, como si fuera una película. Seguramente no linkeó en el momento una cosa con otra, pero dijo NO, igual que Luciano. Cuando comenzó a charlar con otras y otros, eran muchas personas las que sentían lo mismo: no podían ganar un derecho avanzando contra el de un par. Aparece como básico pensarlo de ese modo. Sin embargo, en esas situaciones límite, así como a casi un centenar de feriantes les salió poner la comunidad por encima de la individualidad, muchas otras personas dentro de El Adoquín decidieron seguir adelante. Desde hace 10 domingos, quienes permanecen en la cooperativa, con Gabriela Olguín como referente, se instalan en la calle Chile, dejando de lado la chance de ocupar el 700 de Defensa.

“Como gesto para con los compañeros y compañeras, hasta que no se resuelva la situación, solo vamos a trabajar sobre Chile”, dicen desde el sector de Olguín. Dejan la resolución del conflicto en manos del gobierno porteño, que con naturalidad lo resuelve como ayer.

Mientras tanto, el sector disidente se niega a abandonar el 800, 900 y el 1000 de Defensa, donde los empresarios de negocios de antigüedades no los quieren ni ver, aunque sea notoria la baja de público en esas cuadras desde que no está la feria en la calle. Los y las feriantes interpusieron un recurso de amparo que intenta dejar las cosas como estaban y obligar al Gobierno de la Ciudad a retroceder y sentarse a negociar con todos y todas.

Los domingos anteriores fueron de tensión entre los dos sectores. Ocurrieron algunos hechos poco felices, pero que no pasaron a mayores. Ayer la tensión se desbordó. Y en ese contexto la policía y el gobierno CABA hicieron lo que les encanta hacer: avanzaron con las botas firmes, los machetes erguidos y el gas siempre a mano. En su paso no distinguieron entre feriantes o paseantes solidarios que se acercaron a ver qué sucedía e incluso les pegaron a turistas por sacar fotos. Detuvieron a 18 personas y las dividieron en tres alcaidías, para provocar desmovilización. El lunes después del mediodía comenzaron a recuperar su libertad.

En el Facebook de la CTEP Capital, pudo leerse el domingo a la noche un breve posteo: “Libertad inmediata a lxs trabajadorxs detenidxs en San Telmo”. Frío. De compromiso. Poco solidario. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular consiguió en pocos años convertirse en una importante referencia de reagrupamiento de un sector que estaba ninguneado: el de las cooperativas y el de quienes trabajan en la economía popular. Hicieron un gran laburo. Este conflicto no está a esa altura. Mancha la construcción. Es imprescindible que busquen los caminos para borrar una palabra que está en el aire, y de la que no se vuelve: traición. Es claro que sus dirigentes están ocupados en jugar en las grandes ligas electorales. Seguramente estará bien que así sea; no lo tengo claro. De lo que no tengo dudas es que cada vez se hace más tarde para resolver este conflicto. Dejarlo en manos de Rodríguez Larreta solo se puede entender de un modo: quieren que les saquen a sus ex compas de encima. Queda para otro análisis entender cómo fue que el Estado ha conseguido que cada sector negocie la suya, sin el más mínimo interés por su propio sector en general. Uno puede esperar eso de los gordos de la CGT, y quizá ni de ellos, porque cuando un sindicato va a un acuerdo, lo hace para todos y todas, estén afiliados o no. El poder divide y reina. Todavía se puede borrar con la mano lo que evidentemente, de tan fulero, se debe haber firmado con el codo. Todavía se puede. Pero cada vez estamos más cerca de la calle sin retorno. El domingo seguramente, el jefe de gobierno porteño esbozó una sonrisa cuando se enteraba. Ojalá haya sido el único.

Bregman: “El fallo del fiscal Santurian es una nueva barbaridad en la criminalización de la protesta”

12.3.2019

La diputada porteña afirmó que ese fallo "sienta un antecedente nefasto para las libertades democráticas de quienes defienden activamente la educación pública.” El fiscal imputa a los padres de estudiantes por manifestarse en defensa de la educación pública.

Myriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda declaró que: “El fallo del fiscal Santurian contra 43 padres de estudiantes, es una nueva barbaridad en la criminalización y representa un salto en la represión que estamos viendo actualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Quieren tapar la crisis con una política represiva cada vez más feroz. Lo de este fiscal es una locura, hacerles una imputación a los padres de los pibes y pibas que ejercieron su legítimo derecho a la protesta, defendiendo su educación. ¿Qué pretenden que hicieran los padres? ¿Que ejercieran represión ideológica sobre los adolescentes, que les prohíban pensar? ¿Salir de sus casas?.”

La diputada de la Ciudad agregó que “desde la Comisión Contra la Violencia Institucional que presido, hicimos una reunión especial con cientos de estudiantes, donde recibimos muy graves denuncias del amedrentamiento ejercido por la Policía en las movilizaciones estudiantiles y las puertas de los colegios más humildes, hostigando y persiguiendo a las y los pibes. Presentamos un informe para dar cuenta de la criminalización creciente a la juventud.”

Usted es el visitante N°