Comunicadores del Sur

12.6.2019

Metrodelegados, docentes, docentes privados, estatales, judiciales e informales marchan a la legislatura porteña para defender el poder adquisitivo yreclamar el aumento de las asignaciones familiares congeladas hace 7 años.

Los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en el gremio del Subte (AGTSyP), estatales (ATE), trabajadores informales, (CTEP), docentes privados (SADOP), judiciales (SITRAJU) y judiciales UTE se movilizan hoy a la Legislatura porteña para visibilizar los conflictos en el distrito más rico del país.

«Nos movilizamos para defender nuestro poder adquisitivo, exigir el urgente aumento de las asignaciones familiares y la declaración de la emergencia educativa, sanitaria y alimentaria en el distrito más rico del país», explicaron en un comunicado de prensa.

«La jornada de lucha comenzará con una concentración frente al Ministerio de Hacienda, en Bolívar 1, donde presentaremos distintas demandas salariales. Luego marcharemos hacia la Legislatura Porteña donde a las 14 horas se realizará el acto de cierre», especificaron desde las organizaciones de diversa extracción.

«El salario de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires viene sufriendo una pérdida sostenida de poder adquisitivo ante el brutal aumento de precios. Los sectores más afectados son aquellos cuyos sueldos se destinan principalmente a alimentos, transporte y servicios», añadieron los gremialistas.

“Este cuadro general se ve agravado por el deterioro de las asignaciones familiares que en la jurisdicción llevan más de 7 años congeladas en 270 pesos”, argumentaron. Por estas horas la asignación familiar pagada por la gestión de Rodríguez Larreta es una décima parte de la que se cobra a nivel nacional.

«Al mismo tiempo, las organizaciones convocantes reclamaremos la emergencia social, educativa, sanitaria y alimentaria para atender la urgencia de estas políticas públicas ante el crecimiento acelerado de la pobreza y la indigencia en los últimos años», concluyeron.

10.6.2019

Por Mirta Pacheco

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta puso la piedra basal del local de comidas rápidas mundialmente conocida por emplear jóvenes con bajos sueldos y empleo precario.

Este lunes el jefe de Gobierno porteño, junto a Woods Staton, el dueño de Arcos Dorados (la empresa que tiene la franquicia -más grande en el mundo- de McDonald’s, realizó un acto en el barrio Padre Mugica, más conocido como Villa 31, mostrando la maqueta del proyecto de instalación del local que supuestamente abrirá sus puertas en octubre.

Muy sonrientes se los veía, mientras Larreta hablaba de que esto es parte del progreso de la urbanización y de las bondades que representa tener un McDonald’s adentro del barrio y prometiendo cien puestos de trabajo para jóvenes.

Cinismo alto nivel el del PRO, que en la Ciudad de Buenos Aires viene gobernando hace doce años. Cinismo porque en más de una década no urbanizó (algo mínimo) la totalidad del barrio Mugica, ni hablemos del conjunto de las villas de la ciudad. Algo que sus habitantes vienen reclamando desde hace tiempo.

Todavía los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que viven allí no cuentan, en muchísimas partes, con calles asfaltadas, veredas, ni hablar de gas natural y en muchos casos hay conexiones muy precarias del tendido eléctrico.

De esta situación es responsable no solo el gobierno del PRO, sino todos los gobiernos que pasaron por la jefatura de la ciudad.

Ya es conocido que los representantes del PRO tienen cara de amianto, anunciando cuestiones como maravillosas, aunque detrás se escondan la precariedad de la vida y del trabajo y con ella, la miseria salarial para los pibes.

Porque, ¿qué otra cosa puede ofrecer McDonald’s a ese centenar de jóvenes que supuestamente emplearán? Cualquier joven sabe que “caer” en ese trabajo de ninguna manera es lo mejor que te puede pasar en la vida, más bien lo contrario.

Muchos jóvenes cuentan su experiencia de primer empleo en el local de la “cajita feliz”, diciendo que entrar es fácil, lo difícil es aguantar. Claro, exigirle a un joven que, por ejemplo, en la caja atienda a centenares de clientes con un máximo de tiempo de 90 segundos, es muy complicado de cumplir y exige un ritmo frenético difícil de tolerar.

Cualquiera puede ver, con solo entrar a uno de esos locales y acercarse a la zona de las cajas, donde se ve detrás la cocina, ese ritmo de trabajo de jóvenes que hacen hamburguesas, papas fritas, que en horario pico corren por toda la cocina. Luego rotan para servir gaseosas y después los que limpian los pisos, los baños.

Todo por un sueldo que nunca va a superar el salario mínimo, vital y móvil de $ 12.500 (otra burla descarada porque esa cifra con los ajustes y la inflación no tiene nada de móvil y mucho menos de vital). Ya en 2016, el gobierno de Cambiemos firmó un convenio con McDonald’s, por el cual recibía millonarios subsidios estatales a cambio de salarios miserables.

Como si esto fuera poco, a estos jóvenes no se les permite sindicalizarse. Los dirigentes sindicales, como siempre: miran para otro lado.

Todo un combo muy poco feliz para quienes necesitan trabajo para ayudar a sus familias o directamente mantenerlas como jefas o jefes de hogar.

10.6.2019

La policía porteña detuvo y se llevó esposado a un delegado de Sanidad del laboratorio en el marco de una protesta por los 47 despidos. Es la tercera intervención de este tipo.

En otro grave episodio, en la mañana de hoy detuvieron y se llevaron esposados a dos delegados gremiales que encabezaban una protesta en la puerta del Laboratoria Craveri, en el barrio porteño de Devoto, por 47 despidos.

En esta oportunidad se trata de Carlos Zinser delegado de Sanidad Buenos Aires y de Gisele Ledesma, también delegada del gremio que comanda Héctor Daer, líder de la CGT.

El jueves la policía porteña, misma fuerza que actuó esta mañana, detuvo a Facundo Gutiérrez, también representante de los empleados de Craveri en una zaga de represión que no tiene precedentes en la historia reciente de los conflictos laborales. En aquella oportunidad el gremio improvisó de inmediato una marcha para reclamar su liberación, cosa que se espera que ocurra ahora también.

A principios de marzo los delegados del gremio de Sanidad también habían sido detenidos por encabezar una protesta por el mismo motivo. En aquel momento fueron llevados primero a la comisaría 6A en Acoyte y Díaz Vélez y más tardes los trasladaron a la fiscalía.

Los episodios implican un fuerte retroceso en materia de derechos sindicales y en el derecho a la protesta. La policía interviene para disciplinar a trabajadores que reclaman lo que estipula la ley.

En concreto buscan sostener sus puestos de trabajo o cobrar lo que corresponde legalmente en caso de ser cesanteado y no tener chances de ser reincorporado.

9.6.2019

Durante el 2018 y lo que va de este año, se perdieron solo en la Ciudad de Buenos Aire más de 3.100 puestos de trabajo perdidos y fueron más de 4.500 en todo el país. Cercenamiento de voces críticas y aumento de la concentración mediática en grupos cada vez más poderosos que incumplen las leyes vigentes, son parte del panorama.

El relevamiento del SiPreBA sobre la situación laboral de lxs trabajadorxs de prensa arroja datos irrefutables:

Desde 2016 se perdieron por lo menos 3.127 puestos de trabajo registrados, solo en la Ciudad de Buenos Aires. De esos, 990 ocurrieron durante 2018 y 288 en lo que va de 2019 (hasta el 31/5/2019).

La trágica cifra se eleva a más de 4.500 en todo el país e implica la pérdida de aproximadamente un 30% de los puestos de los trabajadores y las trabajadoras bajo Convenio Colectivo.

Los empresarios aprovechan la situación crítica para precarizar periodistas bajo la figura de “colaboradores” y free lance. Es así que violan el Estatuto del Periodista Profesional, con la complicidad del Estado: por acción u omisión de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Medios Públicos encabezada por Hernán Lombardi, del ENaCom o de la Jefatura de Gabinete, según el caso.

7.6.2019

En la sesión del jueves 7 de junio, se sancionó con 33 votos afirmativos y 22 negativos, en segunda lectura, el Despacho Nº 0170/19 (N° Expte. 3695-J-2018) que autoriza la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Hipólito Irigoyen hasta Avenida Rivadavia por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. Esto se dio a pesar de que el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo, a la que el Juez Otheguy hizo lugar el 28 de diciembre pasado.

Reproducimos comunicado del Observatorio:
 

Este blanqueo de la degradación de nuestro patrimonio cultural soslaya que la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos ha rechazado las rejas. Su postura es vinculante para todos los poderes de la ciudad. La Legislatura no debió avanzar con la aprobación de esta ley que tampoco logra subsanar integralmente la ilegalidad de la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo.

Las rejas desde su instalación no sólo funcionan como medidas de seguridad frente a grandes concentraciones y protestas sino como una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional como es la Plaza de Mayo.

Además, las fuerzas de seguridad están actuando con absoluta discrecionalidad definiendo quiénes y que uso del espacio público puede realizar la ciudadanía en el sector de la plaza detrás de las rejas. Un espacio público a la merced de la voluntad represiva de la policía.

Es la primera excepción que la Legislatura vota al Código Urbanístico aprobado a fines del año pasado al modificar el Área de Protección Histórica N 1 (APH1).

La ética política del gobierno de la ciudad consiste en modificar las leyes cuando lo descubren actuando ilegalmente sin consideración de las razones que llevaron a la creación de la normativa violada.