Comunicadores del Sur

10.6.2019

Por Mirta Pacheco

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta puso la piedra basal del local de comidas rápidas mundialmente conocida por emplear jóvenes con bajos sueldos y empleo precario.

Este lunes el jefe de Gobierno porteño, junto a Woods Staton, el dueño de Arcos Dorados (la empresa que tiene la franquicia -más grande en el mundo- de McDonald’s, realizó un acto en el barrio Padre Mugica, más conocido como Villa 31, mostrando la maqueta del proyecto de instalación del local que supuestamente abrirá sus puertas en octubre.

Muy sonrientes se los veía, mientras Larreta hablaba de que esto es parte del progreso de la urbanización y de las bondades que representa tener un McDonald’s adentro del barrio y prometiendo cien puestos de trabajo para jóvenes.

Cinismo alto nivel el del PRO, que en la Ciudad de Buenos Aires viene gobernando hace doce años. Cinismo porque en más de una década no urbanizó (algo mínimo) la totalidad del barrio Mugica, ni hablemos del conjunto de las villas de la ciudad. Algo que sus habitantes vienen reclamando desde hace tiempo.

Todavía los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que viven allí no cuentan, en muchísimas partes, con calles asfaltadas, veredas, ni hablar de gas natural y en muchos casos hay conexiones muy precarias del tendido eléctrico.

De esta situación es responsable no solo el gobierno del PRO, sino todos los gobiernos que pasaron por la jefatura de la ciudad.

Ya es conocido que los representantes del PRO tienen cara de amianto, anunciando cuestiones como maravillosas, aunque detrás se escondan la precariedad de la vida y del trabajo y con ella, la miseria salarial para los pibes.

Porque, ¿qué otra cosa puede ofrecer McDonald’s a ese centenar de jóvenes que supuestamente emplearán? Cualquier joven sabe que “caer” en ese trabajo de ninguna manera es lo mejor que te puede pasar en la vida, más bien lo contrario.

Muchos jóvenes cuentan su experiencia de primer empleo en el local de la “cajita feliz”, diciendo que entrar es fácil, lo difícil es aguantar. Claro, exigirle a un joven que, por ejemplo, en la caja atienda a centenares de clientes con un máximo de tiempo de 90 segundos, es muy complicado de cumplir y exige un ritmo frenético difícil de tolerar.

Cualquiera puede ver, con solo entrar a uno de esos locales y acercarse a la zona de las cajas, donde se ve detrás la cocina, ese ritmo de trabajo de jóvenes que hacen hamburguesas, papas fritas, que en horario pico corren por toda la cocina. Luego rotan para servir gaseosas y después los que limpian los pisos, los baños.

Todo por un sueldo que nunca va a superar el salario mínimo, vital y móvil de $ 12.500 (otra burla descarada porque esa cifra con los ajustes y la inflación no tiene nada de móvil y mucho menos de vital). Ya en 2016, el gobierno de Cambiemos firmó un convenio con McDonald’s, por el cual recibía millonarios subsidios estatales a cambio de salarios miserables.

Como si esto fuera poco, a estos jóvenes no se les permite sindicalizarse. Los dirigentes sindicales, como siempre: miran para otro lado.

Todo un combo muy poco feliz para quienes necesitan trabajo para ayudar a sus familias o directamente mantenerlas como jefas o jefes de hogar.

10.6.2019

La policía porteña detuvo y se llevó esposado a un delegado de Sanidad del laboratorio en el marco de una protesta por los 47 despidos. Es la tercera intervención de este tipo.

En otro grave episodio, en la mañana de hoy detuvieron y se llevaron esposados a dos delegados gremiales que encabezaban una protesta en la puerta del Laboratoria Craveri, en el barrio porteño de Devoto, por 47 despidos.

En esta oportunidad se trata de Carlos Zinser delegado de Sanidad Buenos Aires y de Gisele Ledesma, también delegada del gremio que comanda Héctor Daer, líder de la CGT.

El jueves la policía porteña, misma fuerza que actuó esta mañana, detuvo a Facundo Gutiérrez, también representante de los empleados de Craveri en una zaga de represión que no tiene precedentes en la historia reciente de los conflictos laborales. En aquella oportunidad el gremio improvisó de inmediato una marcha para reclamar su liberación, cosa que se espera que ocurra ahora también.

A principios de marzo los delegados del gremio de Sanidad también habían sido detenidos por encabezar una protesta por el mismo motivo. En aquel momento fueron llevados primero a la comisaría 6A en Acoyte y Díaz Vélez y más tardes los trasladaron a la fiscalía.

Los episodios implican un fuerte retroceso en materia de derechos sindicales y en el derecho a la protesta. La policía interviene para disciplinar a trabajadores que reclaman lo que estipula la ley.

En concreto buscan sostener sus puestos de trabajo o cobrar lo que corresponde legalmente en caso de ser cesanteado y no tener chances de ser reincorporado.

9.6.2019

Durante el 2018 y lo que va de este año, se perdieron solo en la Ciudad de Buenos Aire más de 3.100 puestos de trabajo perdidos y fueron más de 4.500 en todo el país. Cercenamiento de voces críticas y aumento de la concentración mediática en grupos cada vez más poderosos que incumplen las leyes vigentes, son parte del panorama.

El relevamiento del SiPreBA sobre la situación laboral de lxs trabajadorxs de prensa arroja datos irrefutables:

Desde 2016 se perdieron por lo menos 3.127 puestos de trabajo registrados, solo en la Ciudad de Buenos Aires. De esos, 990 ocurrieron durante 2018 y 288 en lo que va de 2019 (hasta el 31/5/2019).

La trágica cifra se eleva a más de 4.500 en todo el país e implica la pérdida de aproximadamente un 30% de los puestos de los trabajadores y las trabajadoras bajo Convenio Colectivo.

Los empresarios aprovechan la situación crítica para precarizar periodistas bajo la figura de “colaboradores” y free lance. Es así que violan el Estatuto del Periodista Profesional, con la complicidad del Estado: por acción u omisión de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Medios Públicos encabezada por Hernán Lombardi, del ENaCom o de la Jefatura de Gabinete, según el caso.

7.6.2019

En la sesión del jueves 7 de junio, se sancionó con 33 votos afirmativos y 22 negativos, en segunda lectura, el Despacho Nº 0170/19 (N° Expte. 3695-J-2018) que autoriza la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Hipólito Irigoyen hasta Avenida Rivadavia por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. Esto se dio a pesar de que el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo, a la que el Juez Otheguy hizo lugar el 28 de diciembre pasado.

Reproducimos comunicado del Observatorio:
 

Este blanqueo de la degradación de nuestro patrimonio cultural soslaya que la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos ha rechazado las rejas. Su postura es vinculante para todos los poderes de la ciudad. La Legislatura no debió avanzar con la aprobación de esta ley que tampoco logra subsanar integralmente la ilegalidad de la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo.

Las rejas desde su instalación no sólo funcionan como medidas de seguridad frente a grandes concentraciones y protestas sino como una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional como es la Plaza de Mayo.

Además, las fuerzas de seguridad están actuando con absoluta discrecionalidad definiendo quiénes y que uso del espacio público puede realizar la ciudadanía en el sector de la plaza detrás de las rejas. Un espacio público a la merced de la voluntad represiva de la policía.

Es la primera excepción que la Legislatura vota al Código Urbanístico aprobado a fines del año pasado al modificar el Área de Protección Histórica N 1 (APH1).

La ética política del gobierno de la ciudad consiste en modificar las leyes cuando lo descubren actuando ilegalmente sin consideración de las razones que llevaron a la creación de la normativa violada.

6.6.2019

La relocalización de las 1.400 familias que viven en el sector bajo autopista de la Villa 31 hacia el complejo de viviendas «YPF» estaba prevista para principios de este mes. Sin embargo, la falta de garantías sobre el valor real de las nuevas viviendas a adjudicarse motivó la presentación de un amparo para frenar el traslado y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

La Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del Barrio Carlos Mugica presentó ayer un recurso de amparo que busca suspender la mudanza forzosa de unas 1400 familias que viven debajo de la traza de la Autopista Illia “hasta tanto no se cumplimente con las instancias de consenso, decisión y participación de los vecinos del Barrio”, según reza el escrito que ya cursa en el despacho de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori. La medida busca resistir las intenciones de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), que conduce el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández, de comenzar durante los primeros días de junio la relocalización de esas familias hacia el complejo de viviendas estatales del barrio YPF.

Las familias y referentes que forman parte de la Mesa de participación rechazan la mudanza por considerarla “ilegítima”, en tanto el gobierno porteño no consiguió el consenso del Consejo de Gestión Participativa (CGP), que reúne la voz de consejeros electos del barrio y representantes de distintas instituciones de la Ciudad como la Defensoría del Pueblo, además del Ejecutivo.

Esta presentación judicial llega en un contexto de creciente desconfianza hacia la administración de Horacio Rodríguez Larreta, luego de que la tan promocionada urbanización de la Villa 31 y 31 bis no haya rendido sus frutos hasta el momento. Por el contrario, las sospechas de corrupción a partir de la cuantiosa deuda externa que el GCBA tomó en nombre del barrio -casi 200 millones de dólares del Banco Mundial- para realizar obras aún invisibles y la posibilidad de quedarse sin vivienda propia en el corto plazo resuenan en las diferentes asambleas como los principales motivos de un descontento que se ha acelerado a pasos agigantados entre finales de 2018 y los primeros meses de este año.

La Mesa cuenta con el apoyo de varios legisladores de la oposición, entre ellos Paula Penacca, Mariano Recalde, Gabriel Solano y Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Un grupo de ellos visitó a fines de mayo la zona del bajo autopista para interiorizarse sobre las deficiencias que arrastra la urbanización del barrio.

Legisladores opositores -de izquierda a derecha están Santiago Roberto, Mariano Recalde, Victoria Montenegro y Gabriel Solano- se hicieron presentes en la zona del bajo autopista el pasado 31 de mayo.

La flamante denuncia, patrocinada por la ONG Nace un Derecho, plantea suspender en un plazo de 48 horas toda situación de traslado y respectiva adjudicación de inmuebles en el barrio YPF “hasta tanto no se cumplimente con las instancias de consenso, decisión y participación de los órganos competentes y de los vecinos del Barrio en cada uno de los actos y hechos que implican y/o conllevan el proceso de relocalización que se procura ilegítimamente implementar”. Dentro de las instancias participativas que están previstas en la ley 6129, se inscribe el Consejo de Gestión Participativa (CGP) del proceso de reurbanización del barrio Carlos Mugica. Sin embargo, estas mesas de trabajo -necesarias para garantizar el derecho a la información de los vecinos y las vecinas a reubicar- han brillado por su ausencia. Otra de las falencias que denuncia el escrito se relaciona con el costo y la forma de pago de las nuevas viviendas, puesto que el gobierno porteño “persiste en no informar el valor de cada uno de los inmuebles que habrán de adjudicarse a los eventuales beneficiarios”. Al mismo tiempo, si bien en el bajo autopista residen actualmente unas 1.400 familias, las viviendas a realizarse son 1044 y “el Gobierno tampoco ha informado cuáles son las familias beneficiarias”.

Héctor Guanco, quien aparece como denunciante y se desempeña como referente barrial de la Mesa Participativa y Rotativa, sostuvo que “esto no pasó por la CGP -donde se deben discutir relocalizaciones, infraestructura y apertura de calles- y, por lo tanto, no hay claridad ni garantías de nada. En esta relocalización que quiere hacer el Gobierno de la Ciudad, hay una violación de los derechos humanos. Por eso el bajo autopista no se relocaliza hasta que los vecinos no tengan bien en claro cuánto van a pagar”. Por su parte, una de las vecinas afectadas, Lesli Rojas, agregó que “muchos no quieren ir porque no les gusta la forma de construcción de las viviendas: toda la parte externa de las paredes es de chapa, el piso es alisado y no tiene cerámica y a los que vivimos en el bajo autopista no nos hacen una tasación de nuestras casas con todo lo que invertimos. Además nos están dando una escritura que no garantiza que vaya a ser para el vecino, dado que en caso de deber tres cuotas se entra en un registro de morosidad y ya te aumentan los planes de pago. A la vez, tenés el riesgo de que te rematen la casa, es decir, esto iría en contra de las leyes 6129 y 3343”.

“Muchos vecinos no quieren ir porque no les gusta la forma de construcción de las viviendas: toda la parte externa de las paredes es de chapa, el piso es alisado y no tiene cerámica”.

“Lo que hace esta escritura es prácticamente sacarte de tu casa”, alertó Lesli Rojas. Precisamente, en un documento titulado “La Secretaría te miente”, la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa asegura que la escritura entregada a los vecinos “en ninguna parte da garantías de que nadie puede sacarte tu vivienda. Le da poder absoluto a la Secretaría sobre tu vivienda (…) y está armada para beneficiar a futuros negocios inmobiliarios”. Por otra parte, la organización barrial exige que el metro cuadrado de las viviendas no supere el valor de $3037, dado que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tasó a ese precio las tierras del barrio, pero “ahora la Secretaría quiere que paguemos 20 mil pesos por metro cuadrado”, según reveló Lesli.