12.3.2019

Imputaron a 43 madres y padres por no impedir las protestas llevadas a cabo por sus hijes en 8 colegios porteños. La Ministra de Educación Soledad Acuña celebró la medida del fiscal Santurian. Este último explicó, reflejando la intencionalidad política de su accionar, que la decisión “va más allá de la pena, tiene que ver con la discusión de la responsabilidad jurídica de los padres en estos casos, lo cual es muy importante para evitar futuras tomas”.

LES ESTUDIANTES SECUNDARIES QUEREMOS DIÁLOGO, NO DENUNCIAS

Sobre esta situación, Joaquín Santucho, Presidente del Centro de Estudiantes del Juan Pedro Esnaola y referente de la Coordinadora de Estudiantes de Base involucrado en el conflicto, declaró: “Les estudiantes secundaries nos posicionamos como sujetos de derecho, tal como indica la ley 16.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De esa forma, nos movilizamos año a año por construir una mejor educación para todes en la Ciudad de Buenos Aires mientras los intereses del Gobierno pasan por otras cuestiones: el derecho a la educación se ve vulnerado cuando faltan vacantes, no hay suficientes escuelas, las condiciones edilicias son pésimas y no se cumple la ley de Educación Sexual Integral”. El referente estudiantil agregó: “Las medidas como las tomas de colegios se evitarían muy fácilmente si el Gobierno garantizara nuestros derechos y escuchara las voces de les protagonistas de la educación. Les estudiantes secundaries estamos organizades, junto con docentes y familias, y elegimos preservar la identidad de les afectades para evitar conflictos legales con sus declaraciones. Los conflictos educativos jamás se van a resolver con denuncias judiciales, por eso les estudiantes secundaries afirmamos: #PorLaEducaciónContraLaPersecución”.

Tamara Goldzamd, ex alumna del Mariano Moreno que fue parte de las medidas cuestionadas, comentó: “La Ministra de Educación busca construir un discurso de odio cargado de mentiras. Su objetivo es que les estudiantes no luchemos por nuestro derecho a la educación pública ni desarrollemos propuestas educativas, sino que nos encontremos atemorizades por la persecución que llevan a cabo en nuestra contra. Sin embargo, nosotres seguiremos luchando porque estamos convencides de que Macri, Larreta y Acuña deben terminar su gobierno en 2019: somos les jóvenes quienes militamos en las aulas y en las calles todos los días y lo vamos a seguir haciendo contra quienes busquen amedrentarnos.”

Alan Nadal, estudiante del Mariano Moreno y referente de Lobo Suelto, sostuvo: “El Gobierno busca demonizarnos con campañas de odio y de miedo; enmarcando esta decisión en el contexto electoral, es clara la intencionalidad política de la medida y el doble discurso que da la Ministra Acuña: hace un año comentaba que el protocolo en caso de tomas se aplicaría pasando la responsabilidad a padres y madres si hubiera alguna rotura o daño al establecimiento, ahora resulta que el motivo es ‘impedir el ingreso a espacios públicos’”. El alumno de uno de los colegios involucrados agregó: “El macrismo busca alejarse de los debates educativos y llevar la discusión a las medidas judiciales ya que entienden que sus políticas en materia de educación pública no son ejemplo para reivindicar en ningún sentido. Invitamos a Acuña y a todo el Ministerio de Educación a reunirse con nosotres en espacios vinculantes y resolutivos para pensar las soluciones a todas las deficiencias del sistema que vivimos las comunidades educativas todos los días, en vez de perder tiempo con medidas judiciales”.

11.3.2019

Efectivos de la Policía de la Ciudad arremetieron brutalmente contra un grupo de artesanos y artesanas que se manifestaban sobre la calle Defensa, durante la jornada de ayer. "Fue una barbaridad, agarraban a cualquiera que corría. Tuvieron una actitud de cacería", señaló una de las feriantes. 

La Policía de la Ciudad volvió a ser protagonista de un hecho represivo durante la jornada de ayer, domingo 10 de marzo. Un grupo de uniformados reprimió brutalmente a una protesta de artesanos y artesanas en la calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo. El violento accionar policial terminó con 23 personas detenidas, entre ellas, turistas que se encontraban paseando. “Nos acorralaron como perros, nos pegaron y llevaron a compañeros detenidos y a gente que estaba caminando”, señaló a FM La Tribu,  Mariana, una de las artesanas que fue testigo de la brutalidad policial.

En esta misma línea se expresó Asunción Prado, miembro de Artesanxs Unidxs de la calle Defensa: “Tenemos a un compañero al que le pegaron en la cabeza, una compañera tiene el brazo magullado y otra a la que vieron filmando empezaron a golpearla. La violencia la provocaron ellos”. 

En esta misma dirección, Prado aseguró: “Fue una barbaridad, agarraban a cualquiera que corría. Tuvieron una actitud de cacería”. Asimismo, añadió: “Vinieron a la carga con todo, nos hicieron sacar la olla popular, secuestraron mercadería y nos rompieron los caballetes”.  “Vi que entraron a los empujones. Tuve que agarrar a una señora que estaba ahí porque se la llevaban puesta”, explicó. 

Cabe recordar que el reclamo de los artesanos se vincula a 400 familias que se encuentran imposibilitadas de trabajar sobre la calle Defensa por prohibición del GCBA. El reclamo ya lleva dos meses y todavía no encuentra solución. Por su parte, desde la Garganta Poderosa publicaron un texto escrito por la madre de Luciano Arruga y artesana, Mónica Alegre, en relación a la represión policial: “Hace siete años que vendo en la feria de San Telmo muñecos tejidos. Como cada domingo venimos para poder subsistir. Durante 5 años pedimos la legalización de la feria hasta que nos llamaron para avisarnos que nos iban a relocalizar en una calle junto a otros compañeros artesanos: quieren echarlos, para que vayamos nosotros. Y no, no vamos a ser cómplices de esa situación. El Gobierno de la Ciudad dice que está predispuesto a normalizar la situación, pero la solución que emplearon hoy fue la misma que utilizan día a día en las calles: represión y más represión. ¡Y se llevaron a 18 laburantes detenidos! No nos dejan ganar el mango dignamente ni tampoco expresarnos. Vinimos a armar el paño pacíficamente y nos decomisaron toda nuestra mercadería a los atropellos, sin identificarse y sin escuchar. No somos forajidas, somos personas que solamente queremos trabajar”.

11.3.2019

Por Ignacio Marchini y Carla Perelló

En el día de ayer, la Policía de la Ciudad reprimió a los y las artesanas de la feria de San Telmo. Detuvieron a 18 personas y hoy las liberaron de la Fiscalía PCyF Nº 35, a cargo de la Dra. Celsa Victoria Ramírez. Hace más de dos meses que se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y desde el 13 de enero que no pueden trabajar. ¿Qué pasó ayer y cómo se llegó a esta situación?

Los y las artesanas de la Feria de San Telmo se manifestaron en Defensa al 1000, el lugar que ocuparon durante más de 10 años. Desde el 13 de enero no pueden trabajar y es la segunda vez que la Policía de la Ciudad lxs reprime, contando los hechos del domingo 3 de febrero.

La agrupación Artesanos Unidos de la calle Defensa exige desde hace más de dos meses que les restituyan sus puestos de trabajo sobre la calle Defensa del 700 al 1000, entre Chile y Carlos Calvo. Si bien tienen dos amparos interpuestos en la justicia porteña, en el Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario a cargo de la jueza Romina Tesone, la lentitud del proceso judicial no se condice con la necesidad imperante de trabajar. Con el día de ayer se cumplieron nueve domingos desde que no pueden vender sus artesanías.

Durante las manifestaciones pacíficas de ayer, que consistieron en desplegar algunos de sus productos en las calles que les niegan y acompañar con cantos y batucadas, una vidriera blindada de un local de antigüedades estalló. Como se ve en la foto, el vidrio cayó sobre la vereda, lo que indicaría que el impacto vino desde adentro. Marcha estuvo presente en las manifestaciones y en ningún momento hubo alguna muestra de hostilidad de los y las artesanas. Los anticuarios son grandes promotores del desalojo de la Feria de Artesanos, acusandolxs de “competencia ilegítima”.

Esta fue la excusa para que el comisario Benítez (que se lo puede ver en un video prepoteando a algunas personas), a cargo del operativo, ordenara la disposición del cordón policial y le explicara a los y las artesanas que de continuar en las inmediaciones de la calle Defensa al 1000 podrían haber personas detenidas y se les podría imputar un ataque a la propiedad privada por la rotura del vidrio, lo cual implicaría una causa penal.

Los y las artesanas se retiraron pacíficamente y fueron a manifestarse a Defensa y Chile, en frente de la feria de la cooperativa El Adoquín, que integra la CTEP y que está presidida por Gabriela Olguín. Artesanos Unidos de la calle Defensa tiene varios miembros que se fueron de la cooperativa a raíz de la denuncia contra Olguín, a quien acusan de haber arreglado unos 220 permisos con el Gobierno de la Ciudad en la calle Defensa al 700, lo que implicaba sacarle el lugar de trabajo a otrxs feriantes organizadxs por fuera de la cooperativa. Cuando se enteraron de esta situación, más de la mitad de las y los miembros de El Adoquín se negaron a usurparles el lugar a otras personas y se fueron de la cooperativa. Ese arreglo fue el desencadenante del conflicto.

Cuando ayer quisieron retornar a Defensa al 1000, donde se estaban manifestando originalmente, se desató la represión policial que se viralizó en las redes sociales y fue noticia en los medios masivos de comunicación.

La decisión que ha tomado el Gobierno porteño de no permitir a un grupo de 400 artesanos y artesanas ubicarse entre las calles de Defensa del 700 al 1000 acaba por afectar al resto de las y los feriantes, entre ellxs a lxs artistas plásticos que desde 2003 ocupan un espacio a la altura de Defensa al 100. Héctor Huaman, un peruano que llegó en 2009 con sus obras, es uno de ellxs. “El problema que tenemos nosotros es con respecto al espacio público en el que estamos hace muchos años. La razón es que el gobierno porteño busca rédito económico y nos están sacando del lugar para poner en reemplazo nuestro a otros artesanos -a lxs artesanxs que estaban al 700- porque en lugar de ellos van a poner puestos de comida y a los artesanos que estaban del 800 al 1000”, explicó.

Son más de 30 artistas plásticos a quienes las autoridades les ofrecieron permanecer en la feria, pero no de manera conjunta sino “diseminados”, como contó Huaman: “Lo más dañino es que se está atentando contra la cultura. No olvidemos que el arte cumple un rol fundamental que es de sensibilizar, humanizar y hermanar pueblos a partir de la cultura. Estamos acá luchando para reivindicar nuestro lugar de pertenencia y defender nuestro derecho al trabajo, que es lo que nos hace iguales a todos”.

La postura inflexible del Gobierno de la Ciudad no tiene sustento legal. Primero, porque si otorgaron 220 permisos para la calle Defensa al 700 quiere decir que los y las artesanas son plenamente legalizables. Segundo, porque obvia el principio jurídico de “confianza legítima”, como explicó uno de los abogados que presentó un amparo ante la justicia porteña en representación de los y las artesanas.

Ahora, en cuanto a las y los detenidos, es probable que durante más de un año sobre ellxs pesen causas por resistencia a la autoridad y violación a la propiedad privada. Mientras tanto, aún quedan las expectativas de que esta semana la jueza Tesone se pronuncie sobre las dos cautelares presentadas y emita una cautelar que permita retrotraer la situación previa al 9 de enero, fecha en la que el gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta decidió emitió la resolución otorgando los permisos que originaron el conflicto. Artesanxs y artistas aguardan en pie de lucha. Como exclamaban ayer con sus cánticos, “por el trabajo y en defensa de la cultura popular”.

8.3.2019

La Secretaría de Modernización macrista así se lo hizo saber a la mujeres que participasen de la marcha del 8M. Les avisaron a través de un email. Otro episodio más que desnuda la doble vara del relato de Cambiemos.

El gobierno nacional anunció a través de un email emitido por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Modernización, Martín Lía, que las trabajadoras que adhieran al paro sufrirán un descuento en su salario.

El funcionario dijo: “Ratificamos que corresponderá el descuento de haberes del día o las horas no trabajadas a todos aquellos que en el marco de esta medida no presten servicio”.

El comunicado se completa con que “se reitera que el derecho constitucional de huelga implica la no aplicación de sanciones en tanto se realice cumpliendo sus recaudos legales, pero ello no obsta a la percepción de haberes por los días no trabajados”.

Desde ATE denunciaron que algo similar sucedió entre las trabajadoras de la Ciudad. La diputada nacional del Movimiento Evita, Lucila De Ponti denunció públicamente a través de las redes el contenido del mail.

“Acá el Gobierno Nacional les comunica a las mujeres que paren el #8M que se les va a descontar el día. Coherencia anti-derechos”, denunció De Ponti.

7.3.2019

Así lo destaca un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. De las últimas 600 consultas que recibió el organismo por imposibilidad de inquilinos de afrontar el costo de sus alquileres, el 68% fueron realizadas por mujeres.

Además de una jornada de lucha y concientización, el 8M sirve también para conocer estudios e informes que dan cuenta de la desigualdad entre la mujer y el hombre en distintas facetas de la vida cotidiana. Una de ellas, clave, es la del alquiler: según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, las mujeres son las más afectadas por el aumento de los valores locativos. Ellas duplican la cantidad de consultas realizadas en el organismo en lo se refiere a la dificultad para sostener el pago del alquiler.

De las últimas 600 consultas formuladas por personas locatarias en el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, el 66% fueron iniciadas por mujeres y sólo el 34% por hombres. A su vez, son ellas las que más dificultades tienen para sostener el pago del alquiler: abrieron el 68% de los trámites vinculados con ese tema, más del doble que los hombres.

El tema más recurrente es la recisión anticipada de contratos, justamente por resultarles imposible sostener el pago del alquiler. “Lo que está claro es que la mujer tiene menos plata para gastar en el alquiler que el hombre. Y eso explica, entre otras cosas que, de diez trámites iniciados por dificultades para pagar el alquiler, siete son abiertos por mujeres. La desigualdad económica, de ingresos salariales, sin duda impacta de manera directa en las mujeres que alquilan”, declaró el coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, Fernando Muñoz. Muchas de ellas, además, son madres solteras o separadas, que deben afrontar solas tanto los gastos de crianza como el costo del alquiler.

Pero la mayor dificultad que tienen las mujeres para sostener los pagos mensuales no se constata únicamente en la cantidad de trámites que inician, sino también en cómo se componen las consultas que formulan, en comparación con las que formulan los varones: cuatro de cada diez inquilinos tienen dificultades para pagar el alquiler, pero esa cifra es mayor en las mujeres: 41,3 contra 37%.

Otro aspecto relevante que surge del relevamiento de datos es que las mujeres sufren mayor abuso por parte de las inmobiliarias, si bien el organismo aclara que “los reclamos iniciados contra corredores inmobiliarios se redujeron notablemente tras la sanción de la Ley 5.859 (para que la comisión la pague el dueño) en agosto de 2017. Antes de esa fecha, el cobro de comisiones y los sobreprecios en gastos administrativos eran temas principales de reclamo ante este organismo”. Una vez aprobada la ley, las consultas por ese tema fueron disminuyendo progresivamente.

“Sin embargo, si analizamos quiénes inician reclamos contra inmobiliarias, detectamos que el 84% son mujeres –agrega el informe–. Si el 5,5 % de los trámites iniciados son por problemas con el intermediario, en las mujeres ese porcentaje asciende al 7,1 %y en los hombres desciende a 2,58%.

Muñoz agrega que “el mercado inmobiliario es mucho más agresivo con la mujer que con el hombre. La mujer inquilina es más perjudicada al momento de firmar el contrato de alquiler. Comisiones indebidas, o gastos administrativos, así como la amenaza de no devolver la seña, son más habituales frente a la mujer que alquila vivienda”.