12.2.2019

Un fallo favorece a los usuarios pero los encargados de difundirlo guardan el secreto bajo llave.

Pese a las quejas por mal servicio el boleto de subtes este año tendrá subas escalonadas y terminará costando 21 pesos en mayo, con subas cada 30 días. Sin embargo, hay una manera de intentar evadir -al menos cada tanto- el durísimo impacto de las tarifas.Es que según una resolución del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº2 “todo usuario que quiera hacer uso de algunas de las instalaciones mecánicas de accesibilidad al transporte subterráneo y éstas se encuentren fuera de operatividad, ya sea en el ingreso o en el egreso, se encontrará exento de abonar la tarifa fijada para un servicio regular“. Tal operatoria alcanzará a todo usuario sin distingo en sus capacidades motrices.

Esta medida se estableció para equilibrar lo que debe recibir el usuario por el servicio que abona y lo que realmente experimenta ya que, según un relevamiento realizado el 7 de febrero pasado, hay en los subtes de Buenos Aires 51 medios de accesibilidad sin operatividad.

Además, el fallo dicta que Metrovías SA y Sbase deben dar suficiente difusión a la posibilidad de los usuarios de viajar gratis si no pueden hacer uso de las instalaciones de accesibilidad pero no lo hicieron

12.2.2019

Por Mariana Carbajal

La sociedad mantiene alertas sus reflejos frente al machismo. Aun en febrero, la comunidad educativa de la escuela Carlos Pellegrini reclamó la separación de un profesor que publicó un ataque contra una estudiante con expresiones sexuales agresivas y la consigna “basta de feminazis”

 

Un profesor de Biología de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini fue denunciado en la Justicia por “hostigar e intimidar de modo amenazante” a una alumna, de 17 años, con un meme que publicó en su Facebook personal en el que le hace decir a una caricatura con el rostro de la chica, la frase “me mete el pene de repente”, y el mensaje del posteo es “Basta de feminazis”. La denuncia la presentó la madre de la adolescente, Norma Otero, en el Ministerio Público Fiscal el 8 de febrero pero recién trascendió ayer, cuando más de 560 madres, padres y adultos responsables y 200 estudiantes, además de graduados y docentes de la escuela, le pidieron al rector saliente, Leandro Rodríguez, y a la rectora designada, Ana Barral, la suspensión preventiva del docente y la realización de un sumario administrativo-académico para investigar su conducta, en respaldo de la estudiante. El reclamo lo hicieron por la mañana con la presentación de un petitorio con más de 800 firmas, que se juntaron en pocas horas, al conocer el caso.

La denuncia involucra al profesor Renato Rístori, cercano a jubilarse, conocido en el Pellegrini por sus expresiones misóginas, homofóbicas, sexualmente inapropiadas, y también por tomarles fotos a las alumnas sin permiso ni justificación institucional, según contaron a PáginaI12 integrantes de la Asamblea Permanente de Familias de la escuela, quienes además, refirieron que en diversas reuniones de padres/madres venían cuestionando este tipo de actitudes y poniendo en conocimiento de las autoridades del Pellegrini, con testimonios y situaciones concretas, pero nunca tuvieron eco institucional.

Mañana, miembros de la Asamblea denunciarán el hecho en la Defensoría Zonal del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

La alumna aludida en el meme, fue presidenta del Centro de Estudiantes, una joven con visibilidad pública por su activismo por la ley de despenalización y legalización del aborto durante 2018.

La denuncia judicial lleva el número 430784. La conducta denunciada fue encuadrada dentro del artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que se refiere a “intimidar” u “hostigar” de “modo amenazante” siempre que el hecho no constituya delito.

 

Rápida reacción

 

“Estamos en otra época y los docentes deben registrarlo. En nuestra generación fuimos criados con estereotipos rígidos de pareja, de amor, de género que no nos han servido y nuestras hijas por suerte se permiten una mirada crítica basada en sus necesidades y lecturas. Un profesor no puede discriminar, insultar o humillar a sus alumnos ni en las aulas ni en redes sociales”, dijo Norma Otero, madre de la alumna. “Mandamos a nuestros hijos a una escuela preuniversitaria para que se nutran de una educación de calidad con perspectiva de género y de derechos. Y nos encontramos con un docente que además de cometer todo tipo de actos misóginos en el aula y de fotografiar a las niñas sin su consentimiento, en una noche de verano no encuentra mejor entretenimiento que cometer ciberacoso contra una chica de 17 años con la cual tiene un deber de protección. Y encima exponiendo su imagen y llamándola feminazi. Las familias no podemos consentir estos actos. Y los estudiantes ya no se callan más. No es solo violar las leyes, sino herir y hacer sufrir a las chicas”, agregó Otero.

La reacción de la comunidad educativa, al conocer la denuncia, fue inmediata. En 48 horas, el petitorio que promovió la Asamblea Permanente de Familias con el pedido de la suspensión preventiva de Rístori y el inicio de un sumario administrativo-académico recogió 881 firmas (más de quinientos padres, madres y adultos responsables, doscientos estudiantes, 22 graduados, 15 docentes y 3 terapeutas). En la tarde de ayer se sumaron casi un centenar más, en su mayoría docentes, contó a este diario una de las madres de la Asamblea, Paula Tizzano Fernández. “Los jóvenes deben ser merecedores del máximo respeto por parte de los adultos. Para las mujeres de nuestra generación es muy esperanzador ver la madurez y la claridad de las adolescentes que no solo reclaman por sus derechos, sino que toman iniciativas solidarias, se organizan y abren el camino a una época de mayor igualdad y diversidad”, destacó Tizzano Fernández.

 

Los antecedentes

 

El petitorio está dirigido al rector saliente, que está terminando su mandato, y a quien lo reemplazará, Ana Barral, a partir de marzo. En el texto, al que tuvo acceso este diario, se solicita “formalmente y con efecto inmediato la suspensión provisional del profesor”, que dicta la asignatura Biología en la Escuela, “a fin de evitar todo contacto del denunciado con el alumnado del colegio, no solo a partir del inicio del ciclo lectivo 2019, sino incluso y especialmente en las mesas de exámenes de febrero y  marzo que están por abrirse en los días próximos”, así como también, se reclama el inicio de un sumario administrativo-académico”, en atención a una serie de hechos que se enumeran en el petitorio, que no se limita a la denuncia por el meme, sino que se refieren a “un patrón sistemático de actitudes aberrantes, ya documentadas y denunciadas en otras oportunidades por las familias de esta Escuela”. En ese sentido, se cita como ejemplo, que “en carta y en reunión de padres de 2016, las familias de 2° 5° turno mañana denunciaron los actos de arbitrariedad, violencia y maltrato académico del docente en las aulas, además de sus comentarios misóginos; en carta de octubre de 2018, las familias de 2° 4ª TM denunciaron las expresiones homofóbicas, discriminatorias de varios grupos de personas, misóginas y racistas con respecto al origen de los apellidos; en 2018, dos cursos suyos presentaron una carta recopilando actos de violencia de género y negándose a participar en sus clases sin supervisión de las autoridades”.

En el petitorio también se señalan “dos antecedentes de extrema preocupación, documentados por el testimonio presencial de estudiantes, son sus comentarios lascivos en la clase de Bulimia y Anorexia de que “Algunas chicas les gusta el régimen de comer la banana doblada” y la conducta inadmisible de tomar, a través de la puerta del aula, una foto subrepticia a una niña de 14 años (por supuesto, sin su consentimiento y en un total abuso de su posición asimétrica) que intentó justificar involucrando falsamente a una tutora y agrediendo, luego, a los alumnos, al saberse desmentido”.

Desde la Cooperadora de la escuela repudiaron en un comunicado el hecho. “La conducta no solo es repudiable sino indignante: que quien debe formar y educar pretenda hacerlo en el odio a las mujeres. No podemos permitir que esto pase en la escuela”, señaló a este diario el presidente de la Cooperadora, Juan Manuel Di Teodoro.

“En la comunidad de familias trabajamos con un gran aprecio a la escuela, que es parte de nuestra vida familiar, pero al mismo tiempo con una vigilancia saludable para que se erradiquen prácticas docentes de discriminación, abusos de autoridad, violencia de género y de cualquier tipo. Esperamos una respuesta ejemplar del colegio que le permita a las chicas asistir con tranquilidad”, consideró Daniela Maturano, madre de dos alumnos del Pellegrini, uno ya egresado.

El meme que generó la denuncia y la reacción de padres y madres, lo publicó el profesor el 16 de enero en su FB personal. Ahí la ex presidenta del Centro de Estudiantes es presentada con un arma en la mano en una actitud agresiva y beligerante. Otro de los personajes se burla del lenguaje inclusivo de géneros, pidiéndole decir “Mi moto alpina derrapante” con la letra “e”, de tal manera que el personaje, con el rostro de la joven aparece diciendo explícitamente en el cuadro siguiente: “Me mete el pene de repente”. Y el otro personaje, la insulta: “Q idiota”. El mensaje de la publicación del meme es “Basta de feminazis”.

9.2.2019 

Por Ing. María Eva Koutsovitis^[1].

Uno de cada siete porteños no tiene garantizada el agua potable segura

Los aproximadamente 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Si bien, la ley de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas el goce de este derecho es utópico.

La Villa 21-24 es un barrio porteño ubicado en la Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos básicos, como el agua potable y la cloaca, regularizados.

A mediados de enero, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29. El 23 de enero, convocados por la Junta Vecinal, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA acudimos a constatar la calidad del agua de consumo. Entrevistamos a varias familias, constatamos la presencia de olor fecal en el agua corriente de varias viviendas y tomamos muestras del agua de consumo que fueron analizadas en un Laboratorio especializado. La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable.

El relato de los vecinos es coincidente: no es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado, es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos. Elaboramos un Informe Técnico, informamos a la Junta Vecinal, a las familias afectadas, a los organismos responsables e iniciamos un expediente administrativo en el Gobierno de la Ciudad^[2].

El Informe presentado incluía un conjunto de recomendaciones a los organismos para, en primer lugar, garantizar la salud de los habitantes del barrio, determinar las causas de la contaminación bacteriológica e implementar acciones para controlar la calidad del agua consumo. Al final del texto se transcriben algunas de las recomendaciones realizadas.

Con el correr de los días el olor fecal en el agua de consumo se fue extendiendo a otros sectores del barrio: Manzanas 16, 26, 27, 28.

El 8 de febrero, diferentes organismos de gobierno (UPE CUMAR^[3], UGIS^[4], SSHI^[5], ACUMAR^[6], AYSA SA^[7]), a solicitud del Juzgado Federal que tiene a su cargo la ejecución de la causa ambiental Matanza-Riachuelo^[8], se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en 7 (siete) viviendas.

 

1.Del acta de la audiencia realizada previamente en el Juzgado, a raíz de la constatación de agua de consumo contaminada, surge que los lugares de extracción de las muestras debían ser “consensuados. Esto no fue respetado. El Ministerio Público de la Defensa, la Junta Vecinal y distintas organizaciones presentes en el barrio nunca fuimos consultados al respecto ni informados previamente respecto a los puntos de muestreo.

 

2.Al momento de la extracción, ninguno de los organismos presentes, contaba con una versión oficial de la metodología de relevamiento sanitario utilizada para definir la cantidad de muestras y los sitios de muestreo.

 

3.Tampoco estaban incorporados al listado los domicilios que habían sido analizados el 23 de enero por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y cuyos resultados acreditaron contaminación bacteriológica.

 

4.En cinco (5) de los siete (7) domicilios previstos por los organismos no fue posible llevar a cabo la toma de muestras, porque de las canillas no salía agua o porque los organismos de la Ciudad y ACUMAR, acordaron utilizar el protocolo de toma de muestras de AySA que no se ajusta a la informalidad de la infraestructura de los Barrios Populares.

 

5.Los sitios de reemplazo de las tomas de muestra no realizadas fueron elegidos sin un criterio técnico definido.

 

6.El operativo de muestreo no previó duplicar las muestras para validar los resultados en un laboratorio alternativo ni tuvo cadena de custodia de las muestras tomadas.

 

La crítica situación sanitaria que atraviesa la Villa 2124 compromete la salud y la vida de sus habitantes, por lo tanto, debe ser abordada con rigor técnico y de manera urgente.

La empresa AySA S.A. tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas.

La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos requiere de adecuadas políticas que garanticen el derecho humano al agua potable en los barrios populares: relevamiento y documentación de la infraestructura existente, control periódico de la calidad del agua de consumo, planes de contingencia consensuados con la comunidad para abordar las emergencias y la prestación de servicio por parte de AySA SA.

 

Recomendaciones elaboradas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA en su Informe Técnico del 30 de enero presentado a todos los organismos responsables.

 

1)     Elaborar un diagnóstico detallado de la problemática sanitaria en las manzanas afectadas. El diagnóstico deberá incluir:

a.      Relevamiento físico exhaustivo de la infraestructura sanitaria de agua potable y cloacal en las Manzanas 24, 25, 29 y en todos los sectores donde las familias informen que el agua presenta olor cloacal.

b.     Relevamiento físico de todos los conductos principales cloacales y de agua potable que abastecen a la zona afectada.

c.      Mapeo detallado de la problemática sanitaria utilizando encuestas sanitarias y análisis de la calidad del agua de consumo implementando protocolos físico-químico y bacteriológicos.

 

2)     Hasta tanto se lleve a cabo el diagnóstico, se identifiquen con precisión las causas de la contaminación bacteriológica y se adopten las medidas estructurales correctivas:

a.     Deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (Manzana 24, 25, 29 y en todos los sectores donde los vecinos indiquen que el agua presenta olor cloacal) agua potable segura mediante el llenado de los tanques domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. Especialmente deberá garantizarse a todos los comedores comunitarios de la zona la entrega de agua potable segura.

b.     Deberá implementarse un protocolo de actuación para informar respecto a la problemática sanitaria detectada y brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a todas las familias localizadas en la zona afectada.

c.      Realizar relevamientos/controles de salud periódicos a las familias localizadas en la zona afectada.

 

3)     Diseñar e implementar, hasta tanto el servicio sanitario sea regularizado y operado por la prestadora AySA S.A., un sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del servicio de agua corriente en toda la Villa 21-24.Se recomienda, con una frecuencia bimestral, analizar mediante la aplicación de protocolos de calidad físicoquímicos y bacteriológicos 6 puntos de muestreo por Manzana.

 

Ver Video aquí:

https://www.facebook.com/100004497945921/videos/1224651601028093/?t=5

 

Contacto:

Inga. María Eva Koutsovitis

Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria

+54 9 11 3770-3727

^[1]Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.

^[2]EX-2019-04873563-GCABA-COMUNA4

 

^[3]Unidad de proyectos especiales Cuenca Matanza Riachuelo

^[4]Unidad de Gestión de Intervención Social

^[5]Subsecretaría de Hábitat e Inclusión

^[6]Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo

^[7]Empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense

^[8]Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N°2 de Morón

9.2.2019

Por Carlos Rodríguez

Integrantes de Artesanos Unidos denunciaron que desde hace cuatro semanas no les permiten vender sus artesanías los domingos. Como parte de la presión, se sumó la militarización de la calle para expulsarlos definitivamente, advirtieron.

 

Desde hace cuatro domingos, en San Telmo los artesanos no pueden montar sus puestos. 

Desde hace cuatro domingos –mañana sería el quinto—, la calle Defensa, del 700 al 1000, ha cambiado bruscamente su aspecto tradicional, el que quieren ver desde siempre los porteños y los turistas, del interior del país o los que llegan de todos los rincones del mundo. Los metales, las cerámicas, las maderas talladas, moldeadas por manos expertas, han sido desplazadas en forma abrupta por policías uniformados vestidos para la guerra, en un lugar donde siempre reinó la paz. Representantes de los cientos de artesanas y artesanos de La Feria de San Telmo, en diálogo con PáginaI12, explicaron que se trata de “un conflicto” que les impide trabajar, como lo hacen desde hace décadas, en un sitio que es “un emblema de identidad y cultura de nuestra ciudad”. Denunciaron que están siendo “avasalladxs como consecuencia de la presión que ejercen los sectores más privilegiados de San Telmo, representados por los anticuarios”. Esa presión hace que el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, haya militarizado el paseo público para expulsarlos en forma definitiva.

Como respuesta, artesanos y artesanas vienen realizando una resistencia pacífica que consiste en ocupar las cuatro cuadras realizando espectáculos artisticos, música, baile y acciones directas para contrarrestar la persecución que están sufriendo. Además de las asambleas y acciones públicas que están realizando para impedir el desalojo, los Artesanos Unidos de la Calle Defensa se han presentado ante la jueza Romina Tesone, a quien solicitaron el dictado de una medida cautelar para que el gobierno de la Ciudad respete su derecho a trabajar y los antecedentes que avalan su histórica presencia en el lugar.

Haydée y Martín, integrantes de Artesanos Unidos, dijeron que el grupo está denunciando “las presiones que se están ejerciendo sobre los poderes represivos para desalojarnos, con la intención de utilizar posteriormente el mismo espacio donde hoy estamos nosotros”, con fines comerciales. En un comunicado, los artesanos señalaron que “este arbitrario proceso de marginación y disgregación intenta desplazarnos del lugar donde trabajamos cada domingo, y por ende nos arrebata la posibilidad de tener un ingreso económico a cientos de artesanxs que hace años venimos construyendo un espacio cultural que ya ha sido visitado por cientos de miles de turistas provenientes de todo el mundo”.

Los artesanos cuestionaron que el proyecto oficial incluya un acuerdo con la Cooperativa El Adoquín, algo que generó controversia entre los artesanos y los vendedores de productos gastronómicos, dos sectores que tienen legítimos derechos, que deberían contar, cada uno, con su lugar, sin entorpecer la actividad del otro. Este diario intentó hablar con Gabriela Olguín, de El Adoquín, pero el diálogo no fue posible, al menos por el momento. Los artesanos defienden su lugar histórico, en la calle Defensa, y consideran que los vendedores podrían trabajar en igual condición y sin problemas, sobre la calle Chile, a pocos metros unos de otros.

El acuerdo al que aluden los artesanos, les quitaría a ellos la posibilidad de seguir trabajando en las cuadras que van del 800 al 1000 de la calle Defensa. Los artesanos señalaron que lo que el gobierno busca con este acuerdo es “el atropello y la manipulación para que en definitiva terminemos confrontadxs entre nosotrxs”. Los artesanos señalaron que “de ningún modo” aceptarán “la usurpación de sus lugares de trabajo”. Por ese motivo “estamos denunciando un pacto cargado de vicios que no contempla las más básicas normas de respeto, dignidad y convivencia”.

El problema central sigue siendo que, por cuatro domingos consecutivos, se ven “impedidxs de armar los puestos debido a los operativos que nos envía la fiscal premiada por la empresa Nike, Celsa Victoria Ramírez, desde la fiscalía 35”. Precisaron que “los operativos consisten en procedimientos de control e intimidación por parte de patrullas y personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, apoyados por la Policía y el cuerpo de Infantería”. El domingo pasado “fue el cuarto fin de semana consecutivo que no trabajamos, pero ante la imperiosa necesidad de hacerlo armamos los paños y fuimos reprimidos por la Infantería, que nos arrojó gases a pesar de haber hecho una resistencia pacífica y pese al inmenso caudal de turistas que pasaba por el lugar”.

Mañana volverán a reunirse sobre la calle Defensa “para seguir resistiendo y para pedir la igualdad de derechos, y la regularización y reconocimiento del espacio donde trabajamos como un paseo cultural que representa un espacio turístico que entre todxs lxs artesanxs supimos construir durante más de una década”. Una de las artesanas que no puede trabajar es Mónica Raquel Alegre, la madre de Luciano Arruga.

 

 

"En la Villa 21-24 de Barracas el agua sale con olor a cloaca"

 

Así lo expresó un comunicado de La Garganta Poderosa. Vecinos y vecinas denuncian que el Gobierno de la Ciudad no termina las obras pautadas y que el agua del barrio no es potable. "A veinte minutos del centro de la capital, no existen buenos aires porque el agua sale con gusto a tierra, a sucio".

 

Más de 28.000 personas son afectadas por la contaminación del agua de la Villa 21-24 de Barracas. "A veinte minutos del centro de la capital, no existen buenos aires porque el agua sale con gusto a tierra, a sucio", denunciaron desde La Garganta Poderosa.

Las muestras tomadas por un estudio realizado por la Junta Vecinal a través de la Facultad de Ingeniería de la UBA, dieron positivo en "infección bacteriológica". Esto significa que el agua no es potable y que puede generar infecciones, fiebre, vómitos, náuseas y diarrea en las 28 mil personas que la consumen en las nueve manzanas afectadas. El informe que lleva la firma de ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la UBA, determinó que el agua se encontraba "contaminada bacteriológicamente, no potable y con fuerte olor cloacal, color amarillo y sedimentos".

En el informe además se detallan un conjunto de medidas para que las autoridades ejecuten de manera inmediata. Entre ellas se describe que es necesario que "hasta que se adopten las medidas estructurales correctivas se deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (Manzana 24, 25, 29 y en todos los sectores donde los vecinos indiquen que el agua presenta olor cloacal) agua potable segura mediante el llenado de los tanques domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. Especialmente deberá garantizarse a todos los comedores comunitarios de la zona la entrega de agua potable segura".

Según detalló La Garganta, el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo una obra cloacal, pluvial y de agua que debió finalizar en marzo pasado. "Allí, hay seis comedores que no pueden alimentar a más de 2.400 vecinas y vecinos para no intoxicarlos. Allí, la UGIS, ACUMAR, AySA y la empresa Pose S.A, que ganó la licitación de la construcción, nos están contaminando", sostuvieron.

 

6.2.2019

Por  Ing. María Eva Koutsovitis

Los cerca de 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto de los porteños.  Todos los días, mujeres, niñas y niños recorren distancias significativas para aprovisionarse de agua. Compartimos el informe de la Ingeniera María Eva Koutsovitis,  Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.

 

En la Ciudad de Buenos Aires existen villas desde hace más de 80 años. Los aproximadamente 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Si bien, la ley de la Ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas de la ciudad el goce de este derecho es utópico. Todos los días, mujeres, niñas y niños recorren distancias significativas para aprovisionarse de agua.

La empresa AySA S.A tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas. La calidad del agua que consumen los habitantes de las villas no es controlada por ningún organismo estatal.

La Villa 21-24 es un barrio porteño ubicado en la Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos básicos, como el agua potable y la cloaca. La semana pasada, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29. Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA y convocados por la Junta Vecinal, acudimos a constatar la calidad del agua de consumo. La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable. Los vecinos relatan que no es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado. Es frecuente que desde las canillas de los hogares populares, no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos.

La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos sanitarios determina, por ejemplo, que la mortalidad infantil en la Comuna 4 duplique su valor respecto a la Comuna 13. Por eso, solicitamos a todos los organismos competentes que garanticen el derecho humano al agua potable, que controlen periódicamente la calidad del agua de consumo en todos los barrios porteños y que regularicen los servicios públicos para terminar con una de las desigualdades urbanas más vetustas.

La crítica problemática sanitaria y ambiental en las villas de la Ciudad atenta todos los días contra la salud y la vida de sus habitantes, en su mayoría niñas y niños.