Comunicadores del Sur

1.2.2019

Una vez más, las organizaciones feministas se manifestaron en la ciudad ante la cantidad de femicidios registrados en lo que va del año y para exigir a las autoridades que implementes una serie de medidas para mitigar la violencia hacia ellas.

Organizaciones feministas, partidos políticos y sindicatos participaron este viernes de una nueva multitudinaria movilización a Plaza de Mayo para visibilizar y reclamar por los cruentos femicidios registrados desde que empezó el año.

Las manifestantes se concentraron cerca de las 18 en el ex Ministerio de Salud de la Nación, en Carlos Pellegrini al 300, donde realizaron un pañuelazo y de allí marcharon a Plaza de Mayo. Cerca de las 19, se realizó la habitual lectura del documento confeccionado en conjunto por los diferentes colectivos.

La consigna de la jornada fue “contra las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries”. Además, los organizadores del encuentro plantearon: “El estado, Macri, les gobernadores y las iglesias son responsables. #AbortoLegalYa”

Entre otras agrupaciones, la movilización fue convocada por la Campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, ATE Nacional, la CTA Autónoma, Ademys, el Partido Obrero, el PTS, el MST, Ni Una Menos y La Bancaria.

En la movilización circuló la invitación a firmar la “Declaración de Emergencia en Violencia contra las Mujeres” a través de la cual se le exige “al gobierno nacional la aplicación de políticas efectivas en prevención de violencia, con el presupuesto necesario para su correcta implementación y control por parte de las organizaciones de mujeres. Por promotoras en prevención de violencia en todo el país”.

De esta manera, se pretende que se asignen “partidas presupuestarias extraordinarias para desplegar las medidas necesarias de asistencia y prevención”; la creación en todo el territorio nacional de centros de día y refugios “como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad”.

Además, la declaración de emergencia contempla la reglamentación del patrocinio jurídico para las víctimas de violencia de género. La medida ya está creada por ley pero nunca se concretó. Se solicita también disponer de una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para las mujeres en situación de violencia.

Por último, se propone que “se incorpore un plan nacional de promotoras comunitarias en prevención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia, siendo esta una tarea remunerada”.

1.2.2019

Por Nicolás Romero

El gobierno nacional autorizó a la ABBE a realizar la transferencia de los terrenos de la Villa 31 a la ciudad, que serán usados para financiar las obras del Paseo del Bajo. Entre los 10 predios también está el Mercado de Hacienda.

En la Villa 31 viven 40 mil personas que están en alerta, preocupados por el futuro del barrio. 

Los habitantes de la Villa 31, donde viven unas 40.000 personas, volvieron a encender el alerta en el barrio preocupados por el destino que el oficialismo porteño pretenderá darles a las tierras. La alarma se encendió luego de que se conociera el decreto 87/2019 por el cual el gobierno nacional autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) a transferir a la Ciudad 10 inmuebles del Estado nacional, entre los que se encuentran las tierras del asentamiento y el terreno donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, que serán vendidos para financiar las obras del Paseo del Bajo. El abogado especialista en temas urbanos y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que uno “si bien por ahora es un traspaso, que no tiene la autorización de venta, ya que la tiene que aprobar la Legislatura, está la voluntad previa del gobierno, que en el proyecto original tratado a fines del año pasado, que no salió porque le faltaban votos, habilitaba la venta de la Villa 31”.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, junto con la decisión administrativa 45/2019, vino a concretar lo que aprobó la Legislatura porteña en diciembre pasado, cuando le dio el visto bueno a un convenio entre Nación y Ciudad, en el que la ciudad se hizo cargo de una deuda de 175 millones de dólares –parte de la deuda de 400 millones de dólares que tomó el Estado nacional con la Corporación Andina de Fomento (CAF)– para costear el Paseo del Bajo, el corredor vial de 7,1 kilómetros que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. A cambio de endeudarse, Nación se comprometía a transferir el dominio de varios “inmuebles por un monto equivalente”.

En ese convenio marco, en el que la ciudad toma deuda pública y la Nación le transfiere entre otras tierras las del Barrio Carlos Mugica y el predio del Mercado de Hacienda, por mencionar sólo los terrenos más grandes, se inscribe la autorización del Poder Ejecutivo para que la ABBE escriture diez inmuebles a nombre de la ciudad.

Baldiviezo explicó que por ahora el traspaso lo que hace es hacer operativo el convenio, “autoriza la transferencia de las propiedades pero no la venta, que tiene que pasar por la Legislatura”, y remarcó que “de fomra directa sólo podrían darle la escritura a los habitantes de la villa 31, ya que por una ley de la ciudad, cuando se trata de un programa de vivienda social, el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) puede dar directamente la escritura, como pasó en los Piletones”. Y remarcó que “para la reurbanización de la 31 hace falta más tierra de la que hay disponible, por eso, el riesgo más grande es que busquen vender tierras útiles para la urbanización”. “Hay que ver qué autoriza la Legislatura y en qué términos”, advirtió, y recordó que el año pasado, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó el proyecto N° 3504, que en su redacción originaria planteaba la subasta de todas las tierras en las que se asienta la Villa 31. “Después lo morigeraron, y lo circunscribieron a los terrenos que no se vayan a utilizar para el proceso de urbanización.”

En el mismo sentido, el legislador Javier Andrade (Unidad Ciudadana) dijo en diálogo con este diario que “es contradictorio que se vote una ley de urbanización y al mismo tiempo se habilite la enajenación de los terrenos que se ponen como garantía de la deuda”. “La situación es preocupante”, remarcó, y señaló que algo similar ocurre con el Mercado de Hacienda.

“El 20 de febrero hay una nueva audiencia pública para analizar la integración urbana del predio, porque está en trámite la segunda lectura, y en el medio largan este decreto cediendo el terreno con la posibilidad de enajenarlo”. Además el legislador advirtió que la mayor preocupación es porque “hay 23 familias que viven en la Recova de Mataderos, que son tercera generación de trabajadores del Mercado y que no tienen garantizada su vivienda en el proyecto” que presentó el macrismo para hacer un parque temático, un polo gastronómico y edificios en el terreno de 34 hectáreas.

Para Andrade, vender tierras estatales “es el sello distintivo del gobierno de Macri y Larreta. Aunque lo de Larreta es peor porque hizo en un mandato lo que a Macri le llevó dos. En los 90 se vendían las empresas del estado, ahora están liquidando las tierras públicas, algo inadmisible en cualquier parte del mundo”.

1.2.2019

A un mes y unos días de comenzar el nuevo ciclo lectivo 2019, los docentes bonaerenses insisten al Gobierno local en abrir negociaciones por un aumento salarial y mejor infraestructura escolar.

Los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires reclamaron la víspera al Ministerio de Trabajo convocar a las llamadas reuniones paritarias (convenios) de manera urgente, en busca de una mejor compensación monetaria.

En un comunicado esa agrupación sindical resaltó que el Ejecutivo conducido por la Gobernadora María Eugenia Vidal recibió el pasado 23 de enero la solicitud formal de los dirigentes gremiales para dichas reuniones.

La respuesta del Subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, fue tajante: ‘la decisión que tomó la Gobernadora y este Gobierno es convocar a los docentes en febrero’, señaló el Frente que desde el pasado año vienen reclamando mejores condiciones salariales y laborales.

La discusión por el sueldo es ardua y compleja. No podemos seguir perdiendo tiempo a un mes y cinco días del inicio de clases. Todavía tenemos la negociación de 2018 sin cerrar y es necesaria una urgente recomposición salarial, agregó ese grupo sindical en un comunicado difundo en internet, en el que también llama a la necesidad de una inversión en infraestructura escolar.

‘Más allá de las estrategias electorales, la docencia bonaerense no puede seguir perdiendo de manera constante ante la inflación y los tarifazos’, concluye el texto.

En un mensaje reciente en su cuenta en la red social twitter, el Secretario General del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación en esa provincia, Roberto Baradel, recordó que desde el inicio de este año reclaman al Gobierno bonaerenese una convocatoria a discutir salarios dignos, escuelas seguras y educación de calidad.

Fuimos al Ministerio de Trabajo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Seguimos sin respuesta, subrayó.

31.1.2019

En la tarde de ayer, familiares, amigos y sobrevivientes de la masacre de Cromañón se movilizaron desde la Jefatura de Gobierno hasta el santuario ubicado en el barrio de Once. El reclamo se centró contra la decisión del Poder Judicial de entregar el predio a una empresa privada, propiedad de Rafael Levy, uno de los principales responsables de la masacre.

Familiares, amigos y sobrevivientes de la masacre en la República de Cromañón se movilizaron en la tarde de ayer hacia la Jefatura de Gobierno, con intenciones de entregarle un petitorio a Rodríguez Larreta. Sin embargo, no fueron atendidos por el Jefe de Gobierno. Eso sí: quedaron en volver, dentro de cinco días, para entregarle el petitorio que rechaza la orden del Tribunal de devolverle el predio de Once a la empresa Nueva Zarelux SA., propiedad de uno de los responsables de la masacre: Rafael Levy.

En el petitorio, familiares, amigos y sobrevivientes expresan: “Hemos tomado conocimiento de que se están produciendo gestiones a fin de disponer del inmueble y por tanto hacerlo objeto de operaciones comerciales.Si ello ocurre, estaríamos ante una situación donde no solamente no dispondremos de un lugar adonde concurrir a venerar a nuestros familiares y amigos, sino peor aún, se perdería la memoria, y esto agravia no solamente a nosotros como víctimas directas, sino al pueblo de la ciudad en su totalidad, toda vez que Cromañón marcó un antes y un después en la historia de corrupción política y administrativa, y de desprecio por la vida humana durante el período democrático en esta Capital”.

Rafael Levy era el dueño del predio donde funcionaba el boliche República de Cromañón, solo que no estaba a su nombre, sino que figuraba como una empresa offshore radicada en el exterior. Levy, además, es un inversor inmobiliario y empresario textil, a quien se le descubrió que mantuvo abierto un prostíbulo en la misma manzana de la masacre. Juzgado y en libertad condicional, se conoció a través de una investigación del periodista Lucas Schaerer que en un sótano al que se accedía desde el boliche funcionaba un taller textil clandestino.

Consultada al respecto por Marcha, Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, víctima de Cromañón, manifestó:“Si le permitimos volver, entonces la gente de Once, en particular sus jóvenes, corren riesgo porque si le dan sin ninguna restricción el boliche puede poner otro boliche y como le da todo lo mismo a lo mejor pueda volver a ocurrir” (otra masacre).

Por la tarde, en el santuario ubicado frente al boliche y a metros de la plaza Miserere, familiares, amigos y sobrevivientes realizaron un acto. Del mismo participaron: Vanesa, en nombre de familiares y amigos de Luciano Nahuel Arruga; Nancy, mamá de Ismael Sosa; la madre de Mariano Vázquez; Alberto y Leo Santillán; Emilia Vassallo, mamá de Pablo Alcorta; Lourdes, sobreviviente del taller textil de Luis Viale, incendiado en 2006; Alfredo Cuéllar, papá de la China; Norita Cortiñas y Lucas, de La Alameda, entre otros.

En las intervenciones, el hermano de Darío Santillán declaró: “Sabemos que hay lugares, donde puede llegar a darse una luz o incentivar otras luchas, estos tipos, más allá de quien esté, sea el kirchnerismo, el macrismo el menemismo o lo que fuere estos tipos han tratado de apagar estas cosas. No pudieron callarnos. Hay que salir a bancar esto con el cuerpo y alma, que no nos confundan estos asesinos, que por pelear por memoria nos vamos a olvidar de pelear por justicia. Hay muchos hijos de yuta que se han acobijado en el gobierno, cómo Aníbal Ibarra, que lo ha mantenido el kirchnerismo. Hay muchos que nos ofrecen hacer sociedad con Ibarra con Solá, nosotros no vamos a tranzar con nadie”.

Lucas, de La Alameda, por su parte, manifestó que: “Levy es un empresario nacido primero como proxeneta, y después, cómo le pasa a todos los mafiosos, tienen que poner ese dinero en el lavado y lo que hizo, justamente, fue comprar este predio…”, “Producto de la movilización de los familiares, de la Alameda y de varios vecinos, descubrimos que Levy era dueño de un prostíbulo en esta cuadra”.

Las intervenciones, aplaudidas por los presentes, fueron cesando a medida que el sol se ponía sobre las zapatillas colgadas en el santuario. A 14 años de una de las peores masacres sociales, la impunidad de los responsables convive con la lucha de familiares y sobrevivientes, que no se detiene y continúa exigiendo justicia.

29.1.2019

La Dirección de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad prohibió a la Unión de Trabajadores por la Tierra realizar sus tradicionales verdurazos. Aquí los verdaderos motivos para negar el contacto entre consumidores y productores.

Molestan porque venden fruta y verdura a diez pesos.

Molestan porque les arruinan el negocio a los intermediarios que por un atado de rúcula que no sale ni dos pesos se llevan 20.

Molestan porque están en transición a la agroecología y no compran los agrotóxicos de Monsanto-Bayer

Molestan porque se intercambian las semillas.

Molestan porque sus feriazos se convirtieron en un espacio de protesta original y efectivo.

Molestan porque muchos son migrantes y humildes trabajadores de la UTT-Unión de Trabajadores de la Tierra que deciden, al menos por el día que dura el feriazo, no dejarse aplastar por un sistema perverso que le da migajas al que produce y millones a los dueños de la tierra, los supermercados y los especuladores.

Molestan porque están en las plazas

Molestan porque son visibles

Molestan porque a los canales de televisión les gusta mostrar sus ferias

Molestan porque eran nadies y consiguieron voz.

Y porque molestan, la Dirección de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad les prohibió continuar con las ferias. El argumento para prohibirlas fue tan absurdo como falso: que las plazas quedaban sucias y gastaban presupuesto en limpiarlas.