Comunicadores del Sur

30.4.2019

Por Nicolás Rosales

Integrantes de La Retaguardia participan como voluntarios/as en el censo popular de gente en situación de calle, una iniciativa de varias organizaciones sociales que pretenden contrarrestar los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad. Algo les llama la atención: en algunas ranchadas, ya no hay gente.

Me encontré con los organizadores el viernes a la tarde para participar como voluntario del censo. Fue en la Red Puentes, un centro de día para personas con consumos problemáticos, que queda en la calle Faraday al 1500. La garúa porteña se había instalado con esa humedad tan molesta. Sin embargo, esto no fue un impedimento para hacer la recorrida por Parque Chacabuco y Flores.

Ya era de noche. Fuimos en una ambulancia que prestó el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) y en un auto particular. Pasamos por los alrededores del parque, por calles que lo cruzan, debajo de la autopista, por el Bajo Flores, por los alrededores de la 1-11-14 y el  Hospital Piñero, entre otras zonas.

Lo llamativo fue, en principio, la muy poca cantidad de gente en situación de calle que pudimos observar y censar. Lo primero que pensamos fue: “bueno, por la lluvia quizás se hayan ido a refugiar a otros lugares”. Pero a medida que transcurrieron las horas y el panorama se mantenía, las conjeturas pasaron a ser otras.

Las sospechas de que el propio Gobierno de la Ciudad haya utilizado herramientas legales y no tanto para “limpiar” la Ciudad de las personas que uno puede cotidianamente cruzarse en esta situación, fueron teniendo un peso más significativo. Cabe mencionar que el mismo gobierno porteño salió a hacer su propio censo durante todo el día martes, sabiendo que las organizaciones lo harían desde el jueves.

Un elemento más que nos hizo pensar que las ranchadas habituales ya no estaban donde se suelen ver. Recordemos también que en la primera gestión de este gobierno en la ciudad, con el actual presidente Macri a la cabeza, se había creado la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), una patota desalojadora con nombre de institución, que supo funcionar con patovicas levantando gente en situación de calle.

Lo que vivimos el viernes al no poder encontrar lo que fuimos a buscar para hacer visible esta realidad, parece ser una clara maniobra del gobierno para que el Censo Popular no refleje lo que sucede: cada vez hay más personas que se quedan en la calle por la crisis social y económica.

26.4.2019

Pese a que sobrevivientes exigen que se expropie para hacer un sitio de la memoria, el Poder Judicial le dio las llaves a Rafael Levy, quien ya pintó las paredes y se llevó pertenencias de víctimas.

A fines de marzo, más de doscientos sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio en República de Cromañón presentaron un proyecto de ley que exige al Gobierno porteño la expropiación del predio, en Bartolomé Mitre 3060, donde se sucedió el incendio que cobró la vida de 194 personas en diciembre de 2004.

Este viernes, emitieron un comunicado ante la constatación de algo que sabían que podía suceder. Al lugar donde ocurrió el incendio, llegaron volquetes con materiales de construcción, luego de que la Justicia entregara las llaves a la off shore del Rafael Levy, empresario penalmente responsable por la Masacre.

El objetivo que persiguen con la expropiación es "resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria colectiva de la ciudad". Para esto solicitan al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que conceda las partidas presupuestarias para la restauración del lugar y su posterior mantenimiento. La iniciativa fue ampliamente apoyada y contó con el respaldo de Myriam Bregman, Gabriel Solano y Laura Marrone del Frente de Izquierda.

A continuación reproducimos el comunicado emitido por sobrevivientes de Cromañón, que exigen la preservación del sitio para la memoria y la pelea por justicia, para que nadie más haga negocios a costa de la vida de pibes y pibas:

“Ayer fue un día muy triste para todxs, pudimos confirmar uno de nuestros grandes temores. Aunque sabíamos que era una posibilidad, siempre la creímos lejana.

Como venimos denunciando, a fines del año pasado nos enteramos por los medios de comunicación que el Toc 24, sin comunicar a las querellas, entregó las llaves de Cromañón a la off shore de Rafael Levy, quien fuera penalmente responsable por la Masacre.

Ayer, luego de saber que al boliche llegaban volquetes con material de construcción, confirmamos que efectivamente se están realizando obras y que dentro de Cromañón ya no se encuentran las pertenencias de las y los pibes y sobrevivientes: desaparecieron cosas de un valor incalculable.

Pintaron las paredes tapando las huellas de nuestras manos, que eran el relato vivo del horror que tuvimos que atravesar esa noche. Este es un golpe muy fuerte para nosotrxs.
Para la sociedad y las generaciones venideras representa la imposibilidad de acceder al relato material de lo que sucedió el 30 de diciembre de 2004, hace casi 15 años. Les niega el derecho a la memoria y a comprender por qué es necesario que no se repita.

Tenemos el derecho a decidir cómo contarlo, a recuperar nuestras pertenencias y elegir en qué tiempo hacerlo. La trascendencia histórica de lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, debe ser respetada y visibilizada.

Seguiremos exigiendo la expropiación de Cromañón y la construcción de un Espacio de Memoria para lxs pibxs. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestras convicciones.

La memoria no se negocia.
Cromañón no se toca.
Justicia es que no se repita.
Las y los Pibes Presentes ahora y siempre!

Movimiento Cromañón".

25.4.2019

Por Andrea López

En 2018 la mujer quiso modificar su apariencia facial pero Obsba rechazó hacerlo. La afiliada presentó un amparo que ahora le salió favorable.

La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), bajo cuya órbita se encuentran las trabajadoras y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá autorizar una cirugía facial para una persona trans porque así lo ordenó el Poder Judicial.

Obsba había rechazado el reclamo con el argumento de que buscaba “una cirugía facial estética para adecuar el rostro a los cánones de belleza vigentes en la actualidad, lo cual excede totalmente la ley de identidad de género que ha sido pensada para otros fines distintos”.

El argumento fue rechazado en ese momento por la jueza Cecilia Mólica Lourido, titular del juzgado de primera instancia Nº 20 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.

La misma magistrada ordenó que la obra social cubra las nueve intervenciones que la afiliada reclamaba y que “no pueden considerarse ’cirugías de embellecimiento’, toda vez que se trata de un conjunto de prácticas que tienen por fin adecuar el aspecto físico de la actora a su identidad de género auto percibida”.

Ante la apelación de Obsba el caso llegó a Cámara, donde los jueces Fabiana Schafrik y Carlos Balbín confirmaron el fallo de primera instancia en una resolución que consideró el derecho a la salud y el respeto a la auto percepción como parte del respeto a los derechos humanos, “en relación con la orientación sexual y la identidad de género”, en el sistema internacional pero también en el marco normativo argentino.

La Ley de Identidad de Género está vigente desde 2012, pero aún hoy deben librarse este tipo de batallas legales para poder acceder a una cirugía.

La pelea por ser quien se quiere ser

En el amparo que presentó, la mujer detalló que siempre había deseado rectificar sus datos registrales pero que antes de dar ese paso necesita las cirugías para evitar el rechazo y la discriminación social.

Es que más allá de que en lo formal existen leyes que deberían garantizar estos derechos, para las miles de personas que rompen con el estereotipo y la heteronorma, la realidad es muy distinta.

De hecho recién tres años después de sancionada la Ley de Identidad de Género se logró el presupuesto para aplicar el artículo 11, que es el que atañe al aspecto sanitario.

La discriminación y la estigmatización son impulsadas centralmente por la Iglesia católica que, a través del papa dice brutalidades como que las personas trans son bombas nucleares o manda al psiquiatra a quienes rompen con la heteronorma.

El derecho a la identidad autopercibida, el acceso a puestos de trabajo, a la salud, la educación y otros derechos como el aborto legal, son peleas que debemos dar en las calles, exigiendo también la separación de la Iglesia del Estado.

25.4.2019

La gerencia de Aegis llamó a la fuerza represiva de Rodríguez Larreta con la excusa de que había “amenazas”. La elección se hizo igual y perdió la lista de Armando Cavalieri, el burócrata de Comercio.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ingresó este jueves por la fuerza a un call center para amedrentar a sus trabajadores. Se trata de la empresa de contactos telefónicos Aegis.

La arremetida policial, con la excusa de atender a un llamado sobre un supuesto hecho de “amenazas”, se produjo “en momentos en los que los empleados se preparaban para elegir a sus representantes sindicales”.

“A raíz de una supuesta denuncia de amenazas, los efectivos de la fuerza policial que comanda Horacio Rodríguez Larreta ingresaron al call center y amedrentaron a quienes estaban realizando el acto eleccionario”, agrega Infogremiales.

La empresa es una de las más importantes en el rubro de servicios telefónicos y los trabajadores culpan a la patronal de haber montado esta maniobra, en connivencia con el Gobierno porteño, para intentar evitar que los trabajadores voten a sus delegados. Pero, según se informó, le artilugio no logró su objetivo.

“A pesar de todos esos impedimentos, con buena participación del padrón, se eligieron representantes y la Lista 1, opositora a nivel local y nacional a Armando Cavalieri, ganó por muy amplio margen”.

La embestida policial causó indignación entre trabajadoras y trabajadores de otras empresas del gremio y la solidaridad con quienes sufrieron el ataque a sus derechos sindicales no se hizo esperar.

23.4.2019

Por Nadia Mayorquín

La ciudad es contemplación y acción. No está vacía, cuando no tiene aquello que la convierte en espacio de acción, no fomenta la interacción y socialización, es sólo espectáculo.

Bancos de cemento que simulan ser confortables, hiedra de plástico que simula naturaleza viva para embellecer el paisaje urbano, pinchos en los aparadores y hasta zumbidos de alta frecuencia. Estrategias urbanísticas que intentan desalentar las conductas no deseadas por el poder. La arquitectura hostil, o defensiva, es una tendencia de diseño urbano donde los espacios públicos se construyen o alteran para desalentar su utilización. La protagoniza un mobiliario de vocación disciplinaria. Los más afectados por esta estrategia son las personas sin hogar y los jóvenes. Esta tendencia está más típicamente asociada como medio de repeler a las personas sin hogar, por ejemplo, en la forma de "pinchos anti sin techo", los cuales son colocados en superficies planas para impedir su uso como lugar de descanso.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene incursionando con este diseño urbanístico y concepto de ciudad desde hace 12 años, el objetivo evitar que personas en situación de calle ocupen banquetas públicas, espacios para dormir debajo de las autopistas, etc. Estrategias para ocultar la exclusión y pobreza acumulada en la ciudad que crece día con día producto de las políticas económicas neoliberales aplicadas en el país en los últimos cuatro años y que arrojan a miles de personas a vivir en la calle.

Lo que pretende este tipo de arquitectura es reemplazar el Estado de bienestar, con soluciones que abordan desde un punto de vista meramente técnico los síntomas de un problema social sin considerar sus causas. Estas actuaciones urbanísticas limitan también el uso del espacio público al resto de la población y restringen su libertad.

Pobreza cero

Mientras el modelo económico de exclusión y concentración de la riqueza arroja a miles de personas a vivir en la calle, el gobierno porteño estrena contenedores de basura que llama “inteligentes” y utiliza un mobiliario anti-pobres para colocar en los espacios públicos, con el objetivo de evitar que personas en situación de calle duerman en las plazas, banquetas y hasta en los cajeros automáticos.

Basureros “inteligentes” que por su diseño hermético pretenden servir “para evitar que la gente se meta y saque basura” según lo expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo del 2018 y durante una reunión con un grupo de vecinos indignados por la basura que aumenta en la ciudad, Rodríguez Larreta expresaba que "La única manera de que no haya cartoneros es que no haya cartón". Un año después, cumple su promesa con la justificación de que la basura es separada en origen y entregada a los recicladores. El resto de los residuos queda prácticamente bajo llave, inaccesible a las familias que se encuentran en situación precaria y que buscan en la basura una manera de subsistir.

La Universidad Católica Argentina (UCA) en sus informes detalla que la pobreza aumentó del 26,6 por ciento al 31,3 del 2017 al 2018. En números concretos, el país tiene hoy 12,7 millones de pobres. Los datos publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires revelaron que en 2015 se habían registrado 100.000 indigentes. En el 2016 se registraron  146.000. En 2017, la cifra descendió a 140.000, volvió a aumentar en 2018 cerrando en 198.000 personas que se encontraron bajo la línea de indigencia. Es decir, 98% de aumento con respecto a 2015.

La Ciudad expulsiva

China, Londres, Canadá, Japón, Estados Unidos, España, contienen algunas de las ciudades que aplican esta nueva tendencia que busca alejar a los sin techo hasta de los escalones y bancos de las plazas. Asientos inclinados, piedras estratégicamente diseminadas, pinches filosos en el piso.

Este diseño urbanístico expulsivo ha pasado por diversos procesos dirigidos a crear un entorno urbano en función del automóvil y de aquella parte de la población que el gobierno de la ciudad llama ciudadanos que pagan sus impuestos. El diseño urbano del espectáculo es un digno mapa de la separación que, definitivamente, ha triunfado.

En síntesis buscan tapar lo que nadie quiere ver: pobreza y exclusión. Si bien la solución a las personas que viven en situación de calle no debe ser colocar banquetas más cómodos o permitir que se instalen debajo de autopistas como solución habitacional, el dinero invertido destinado a implementar este tipo de mobiliarios podría utilizarse en otro tipo de soluciones, que resguarden la integridad de esa parte de la población que las políticas económicas neoliberales dejan fuera y sin oportunidad.