Comunicadores del Sur

31.1.2019

En la tarde de ayer, familiares, amigos y sobrevivientes de la masacre de Cromañón se movilizaron desde la Jefatura de Gobierno hasta el santuario ubicado en el barrio de Once. El reclamo se centró contra la decisión del Poder Judicial de entregar el predio a una empresa privada, propiedad de Rafael Levy, uno de los principales responsables de la masacre.

Familiares, amigos y sobrevivientes de la masacre en la República de Cromañón se movilizaron en la tarde de ayer hacia la Jefatura de Gobierno, con intenciones de entregarle un petitorio a Rodríguez Larreta. Sin embargo, no fueron atendidos por el Jefe de Gobierno. Eso sí: quedaron en volver, dentro de cinco días, para entregarle el petitorio que rechaza la orden del Tribunal de devolverle el predio de Once a la empresa Nueva Zarelux SA., propiedad de uno de los responsables de la masacre: Rafael Levy.

En el petitorio, familiares, amigos y sobrevivientes expresan: “Hemos tomado conocimiento de que se están produciendo gestiones a fin de disponer del inmueble y por tanto hacerlo objeto de operaciones comerciales.Si ello ocurre, estaríamos ante una situación donde no solamente no dispondremos de un lugar adonde concurrir a venerar a nuestros familiares y amigos, sino peor aún, se perdería la memoria, y esto agravia no solamente a nosotros como víctimas directas, sino al pueblo de la ciudad en su totalidad, toda vez que Cromañón marcó un antes y un después en la historia de corrupción política y administrativa, y de desprecio por la vida humana durante el período democrático en esta Capital”.

Rafael Levy era el dueño del predio donde funcionaba el boliche República de Cromañón, solo que no estaba a su nombre, sino que figuraba como una empresa offshore radicada en el exterior. Levy, además, es un inversor inmobiliario y empresario textil, a quien se le descubrió que mantuvo abierto un prostíbulo en la misma manzana de la masacre. Juzgado y en libertad condicional, se conoció a través de una investigación del periodista Lucas Schaerer que en un sótano al que se accedía desde el boliche funcionaba un taller textil clandestino.

Consultada al respecto por Marcha, Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, víctima de Cromañón, manifestó:“Si le permitimos volver, entonces la gente de Once, en particular sus jóvenes, corren riesgo porque si le dan sin ninguna restricción el boliche puede poner otro boliche y como le da todo lo mismo a lo mejor pueda volver a ocurrir” (otra masacre).

Por la tarde, en el santuario ubicado frente al boliche y a metros de la plaza Miserere, familiares, amigos y sobrevivientes realizaron un acto. Del mismo participaron: Vanesa, en nombre de familiares y amigos de Luciano Nahuel Arruga; Nancy, mamá de Ismael Sosa; la madre de Mariano Vázquez; Alberto y Leo Santillán; Emilia Vassallo, mamá de Pablo Alcorta; Lourdes, sobreviviente del taller textil de Luis Viale, incendiado en 2006; Alfredo Cuéllar, papá de la China; Norita Cortiñas y Lucas, de La Alameda, entre otros.

En las intervenciones, el hermano de Darío Santillán declaró: “Sabemos que hay lugares, donde puede llegar a darse una luz o incentivar otras luchas, estos tipos, más allá de quien esté, sea el kirchnerismo, el macrismo el menemismo o lo que fuere estos tipos han tratado de apagar estas cosas. No pudieron callarnos. Hay que salir a bancar esto con el cuerpo y alma, que no nos confundan estos asesinos, que por pelear por memoria nos vamos a olvidar de pelear por justicia. Hay muchos hijos de yuta que se han acobijado en el gobierno, cómo Aníbal Ibarra, que lo ha mantenido el kirchnerismo. Hay muchos que nos ofrecen hacer sociedad con Ibarra con Solá, nosotros no vamos a tranzar con nadie”.

Lucas, de La Alameda, por su parte, manifestó que: “Levy es un empresario nacido primero como proxeneta, y después, cómo le pasa a todos los mafiosos, tienen que poner ese dinero en el lavado y lo que hizo, justamente, fue comprar este predio…”, “Producto de la movilización de los familiares, de la Alameda y de varios vecinos, descubrimos que Levy era dueño de un prostíbulo en esta cuadra”.

Las intervenciones, aplaudidas por los presentes, fueron cesando a medida que el sol se ponía sobre las zapatillas colgadas en el santuario. A 14 años de una de las peores masacres sociales, la impunidad de los responsables convive con la lucha de familiares y sobrevivientes, que no se detiene y continúa exigiendo justicia.

29.1.2019

La Dirección de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad prohibió a la Unión de Trabajadores por la Tierra realizar sus tradicionales verdurazos. Aquí los verdaderos motivos para negar el contacto entre consumidores y productores.

Molestan porque venden fruta y verdura a diez pesos.

Molestan porque les arruinan el negocio a los intermediarios que por un atado de rúcula que no sale ni dos pesos se llevan 20.

Molestan porque están en transición a la agroecología y no compran los agrotóxicos de Monsanto-Bayer

Molestan porque se intercambian las semillas.

Molestan porque sus feriazos se convirtieron en un espacio de protesta original y efectivo.

Molestan porque muchos son migrantes y humildes trabajadores de la UTT-Unión de Trabajadores de la Tierra que deciden, al menos por el día que dura el feriazo, no dejarse aplastar por un sistema perverso que le da migajas al que produce y millones a los dueños de la tierra, los supermercados y los especuladores.

Molestan porque están en las plazas

Molestan porque son visibles

Molestan porque a los canales de televisión les gusta mostrar sus ferias

Molestan porque eran nadies y consiguieron voz.

Y porque molestan, la Dirección de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad les prohibió continuar con las ferias. El argumento para prohibirlas fue tan absurdo como falso: que las plazas quedaban sucias y gastaban presupuesto en limpiarlas.

29.1.2019

El índice de personas en estado de indigencia en la capital argentina aumentó considerablemente en el recién concluido 2018 y registró en los últimos cuatro años un incremento del 98 por ciento.

De acuerdo con un reciente informe de la Dirección General de Estadística y Censo porteña, del que se hacen eco varios medios de prensa digitales, en un año casi 50 mil personas cayeron en ese estado en la ciudad, incrementando aún más las cifras de pobreza.

El informe señala que hasta septiembre pasado había unas 200 mil personas bajo la línea de indigencia en tanto el 20,9 por ciento de los citadinos no pueden llegar a cubrir lo que vale en estos tiempos la canasta básica.

Si se compara con los más recientes años, el revelamiento arroja que en comparación con 2015, donde se registró en el tercer trimestre 100 mil indigentes, los números se fueron elevando y en el reciente finalizado 2018 afectó a 198 mil personas más, casi el doble.

Según el informe, difundido en portales como TN y Minuto Uno, hay hoy cerca de 639 mil pobres en la capital argentina.

Factores como la constante inflación, la fuerte subida del dólar a mitad del pasado año y el efecto de la recesión, entre otros, han impactado en la vida de muchos capitalinos y provocó la pérdida del poder adquisitivo de muchos para comprar los alimentos básicos.

28.1.2019

Por Vivian Palmbaum

El próximo miércoles 30 de enero, familiares y sobrevivientes de Cromañón se movilizarán desde la Jefatura de Gobierno hasta el Santuario, con actividades y conferencia de prensa. Se manifestarán contra la entrega del boliche y el intento de borrar la memoria.

A solo 30 días del catorceavo aniversario de la Masacre de Cromañón, familiares de víctimas y sobrevivientes organizarán actividades y una conferencia de prensa para denunciar y rechazar la entrega del boliche a uno de los máximos responsables de las muertes de las 194 jóvenes vidas, aquel 30 de diciembre de 2004. A las 11.30 hs., desde la Jefatura de Gobierno se dirigirán al Santuario donde se realizarán actividades culturales y a las 17.30 hs. se realizará una conferencia de prensa de familiares y sobrevivientes.

El Poder Judicial, después de 13 años, decidió entregar el boliche “República Cromañón” a la empresa “Nueva Zarelux S.A.”, propiedad de Rafael Levy, condenado como principal responsable de la Masacre que estuvo preso y ahora se encuentra en libertad condicional.

Desde Marcha dialogamos con Silvia Bignami, madre de Julián Rozengart, víctima de Cromañón. Ella es integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañón e integrante de Pañuelos en Rebeldía. Silvia se refirió a las consecuencias que implica la entrega del lugar.

“Hay una consecuencia muy concreta en el ánimo de familiares y sobrevivientes. Nosotros y nosotras nunca más entramos allí y hay pertenencias de nuestros seres queridos. Si bien a veces nosotros y nosotras demoramos para decir que queremos del lugar, porque no es un lugar que no nos afecte, no nos da lo mismo. La entrega trae consecuencias muy severas por lo menos en dos planos. Uno en relación al barrio de Once. Es un barrio muy castigado por la trata, por la corrupción, por todo lo que no está permitido”.

Nueva Zarelux S.A. es una sociedad offshore que fue creada en 1997 en Uruguay,  cuyo dueño es Rafael Levy que fue condenado en diciembre de 2014 a cuatro años y medio de prisión por la muerte de 194 personas y las lesiones de más de 1400 ocurridas en la masacre del barrio de Once.

Bignami continuó: “Levy fue acusado por varias organizaciones de tener abierto un boliche, no Cromañón, sino otro que tenía que ver con la trata y toda clase de negocios sucios y de ser el responsable máximo de lo que ocurría en Cromañón y en el hotel aledaño que es todo de él. Si le permitimos volver, entonces la gente de Once, en particular sus jóvenes, corren riesgo porque si le dan sin ninguna restricción el boliche puede poner otro boliche y como le da todo lo mismo a lo mejor pueda volver a ocurrir” (otra tragedia).

“Las consecuencias sobre el ánimo de familiares y sobrevivientes son difíciles de medir”, expresó Bignami. “Además están las consecuencias sobre la memoria del conjunto de la población: se puede barrer con la memoria. Nosotros y nosotras estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sostener un santuario, sostener la memoria del 30 de diciembre, volver a insistir cada vez que vuelve a ocurrir que el Estado es responsable, que el Estado y los empresarios son responsables y todo eso tiene que ver con borrar la memoria. O sea, le doy el boliche, le doy la llave y vuelve a hacer un negocio que no se sabe cuál va a ser y todo esto sin ninguna consulta ni a sobrevivientes ni a familiares, así que las consecuencias son graves”.

“No existe ningún familiar que esté a favor de semejante barbaridad. Nosotros y nosotras queremos participar de las decisiones, nosotros y nosotras pensamos en un espacio de memoria, que se determine con el conjunto de familiares y no con una ONG ignota. Queremos ver qué queremos hacer y cuál será la manera que tenga más impacto en el espacio de la Ciudad. Un espacio de memoria, en eso hay que ponerse de acuerdo”.

La Causa

Bignami hizo un breve detalle de la Causa Cromañón. “La Causa Cromañón fueron varias causas. Hubo juicio contra bomberos donde hubo condenas importantes. Hubo juicios de tipo administrativo, no penales y hubo dos grandes causas, Cromañón 1 y 2, que fue como la división de la Causa principal, en donde en una fueron Chabán, su lugarteniente, los músicos y los funcionarios de la Ciudad y en la segunda fueron algunos funcionarios, pero sobre todo Levy, el dueño del boliche y participante de una empresa off shore. Todos esos juicios están terminados, hubo importantes condenas. Por primera vez en la historia, a cuatro funcionarios públicos de la CABA. Hubo condenas al Subcomisario por corrupción y la condena a Chabán y Villareal,  su lugarteniente. Sin duda fueron condenas importantes por lo que significa Cromañón, como la complicidad del Estado y quienes hacen negocios a costa de la vida. No se logró que el principal irresponsable político fuera llevado a juicio, es decir, Aníbal Ibarra. Solo se logró su juicio político, donde consiguió la destitución, que está prevista por la Constitución de la CABA, que fue histórica. En relación a la causa, el único que sigue preso es Vázquez, el batero de Callejeros, que es un femicida y por lo tanto tiene perpetua”.

Justicia o Poder Judicial

“Nosotras y nosotros no creemos en ese Poder Judicial. Cuando se dice la Justicia determinó habría que decir el Poder Judicial porque la Justicia es mucho más que eso. Justicia es que no se vuelva a repetir, justicia es que los responsables sean escrachados, algo un poco más fuerte que algunos responsables condenados con condenas que son mínimas. El conjunto de los responsables está en libertad. Levy está en libertad condicional y en el medio de su libertad condicional le dan a su apoderada, la misma que estaba en la época de Cromañón, Ana Rothfeld, las llaves del boliche”.

“En relación a la Causa, esta fue empujada por el conjunto de familiares y sobrevivientes, tantos por quienes creían bastante en la justicia como por quienes no creíamos en esa justicia del Poder Judicial y hemos logrado un montón.  Sin embargo no es suficiente, no está el principal responsable y sobre todo se han seguido repitiendo cuestiones vinculadas a la vida y a la corrupción y al desprecio por la vida”.

“Para ayudar a romper esa lógica de muerte, están la lucha y la memoria”, nos decía Silvia el último 30 de diciembre, al conmemorarse el 14º aniversario de la Masacre, quizás como decía “porque las condiciones que dieron origen a la Masacre siguen intactas año tras año, toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañón: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado. Presencia para reprimir a las y los jóvenes a la vez que ausencia para cuidarles”.

Por eso hoy la consigna No Olvidamos, No Perdonamos y No nos Reconciliamos. El Estado es responsable, está presente frente al intento de borrar la memoria.

23.1.2019

Por Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo

CADA VEZ SON MÁS LOS INQUILINOS QUE ABANDONAN LA VIVIENDA ANTES DE FINALIZAR EL CONTRATO

De las últimas 300 consultas, casi el 40% son inquilinos que no juntan el dinero para pagar el alquiler, las expensas y los servicios. La finalización anticipada del contrato, la renegociación en cuotas de las deudas o el acuerdo para sostener el alquiler por unos meses hasta encontrar otra alternativa de vivienda, son los casos más recurrentes en los últimos sesenta días, según el informe del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.

Durante el último año se registró una modificación importante en las consultas formuladas por los inquilinos que se presentan en esta Defensoría para ser asesorados. De ser un organismo dedicado a garantizar el cumplimiento de los derechos de quienes alquilan, se pasó a asistirlos cuando tienen dificultades en asumir los pagos mensuales.

En marzo de 2018, el 21% de las consultas estaban vinculadas a la dificultad en sostener el pago del alquiler y las expensas; en octubre, esa cifra ascendía al 35% y durante los meses de diciembre y enero esa tendencia se acentuó, llegando al 37,01% de los casos. Le siguen: la retención indebida del depósito al finalizar el contrato (20,99%), problemas edilicios (19,21%), consultas previas a alquilar (14,23%), problemas con el intermediario (4,98%) y otras consultas (3,55%).

Dentro de los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler, uno de cada tres termina el contrato antes de los dos años, por imposibilidad de sostener el pago. Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, afirmó “Estamos recibiendo familias inquilinas que por no poder seguir pagando el alquiler se mudan a un lugar más chico, más barato, más alejado, evitando por ahora acumular deudas, pero empeorando su calidad de vida. La angustia y frustración por no poder terminar el contrato de alquiler de vivienda es cada vez más frecuente y anticipa momentos críticos para la relación entre inquilinos y propietarios”, declaró el coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, Fernando Muñoz.

Una manifestación muy similar de la misma problemática es el de los inquilinos que llegan a la finalización del contrato y no pueden afrontar los precios de la renovación (3,84%). “Habiendo recibido los nuevos precios y sabiendo que no van a poder pagarlos, necesitan una prórroga por dos o tres meses que les dé tiempo a reubicarse, para después afrontar la mudanza y los nuevos valores del mercado inmobiliario”, afirmó Muñoz.

Otro segmento es el de los inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler (18,26%) o las expensas (5,76%). Son aquellos que, por alguna situación puntual -como la pérdida de su fuente laboral- no pudieron pagar a tiempo. Generalmente necesitan acordar un plan de cuotas, con el objetivo de evitar un juicio de desalojo. Otros, en tanto, ya llegan con el juicio de desalojo iniciado (6,73%).

También están aquellos que se acercan a consultar si es legal que les aumenten tanto el precio del alquiler y las expensas (17,3%), con la expectativa de que exista alguna legislación que los ampare, y finalmente aquellos que quieren reclamarle al locador porque les aumenta el alquiler por fuera de lo establecido por contrato (2,88%) o porque les cobra expensas extraordinarias (15,38%).

A pesar de la necesidad que tienen los inquilinos de recuperar su depósito en dinero al finalizar el contrato, sigue siendo destacable la cantidad de quejas recibidas por falta de devolución del mismo.Al respecto, Fernando Muñoz afirmó: “La retención indebida del depósito es una expresión más de la búsqueda del mercado inmobiliario de exprimir al máximo la rentabilidad de las viviendas. A esta altura resulta atípico encontrar inquilinos a los cuales les hayan devuelto el depósito sin que lo reclamen insistentemente, ya sea a través de cartas documento, mediaciones u otros mecanismos formales”.

También son numerosos los inquilinos que se presentan con problemas edilicios. Dentro de este subtema, los más recurrentes son los cortes de suministro de gas (29,62%) y los problemas de humedad y/o filtraciones (25,92%), ya que son arreglos costosos y que se demoran en el tiempo. En ambos casos el locador tiene la obligación de realizar las reparaciones, reducir el monto del alquiler y en el caso de corte de gas, equipar la vivienda con artefactos eléctricos mientras perdure la falta de suministro.

En relación a las consultas previas a alquilar, las más frecuentes son las dudas sobre cláusulas contractuales y requisitos que se exigen para firmar un contrato.  Sobre esto último es destacable el crecimiento de las consultas vinculadas con los seguros de caución.Estas aseguradoras se han expandido notablemente durante el último año y, según mediciones propias, el 25% de los departamentos ofertados en los portales de búsqueda de inmuebles aceptan este tipo de garantía. En este sentido, la preocupación principal de quienes alquilan está vinculada con los perjuicios que les puede ocasionar contratar a estas empresas.

Así como se confirma la dificultad en sostener el pago del alquiler, también se confirma la reducción de conflictos entre inquilinos e inmobiliarias. Se trata de una tendencia que comenzó tras la sanción de la Ley 5859 (para que la comisión la pague el dueño) en agosto de 2017. Antes de esa legislación, el cobro indebido de comisiones y gastos administrativos era uno de los reclamos principales que tramitaban los inquilinos ante esta Defensoría. A un año y medio de la sanción de esa normativa, este tipo de reclamos descendieron al 4,98%.

Asesoramiento legal

La Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Atención a Inquilinos brinda asesoramiento legal a todos los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a este servicio, los vecinos deben acercarse a cualquiera de las dos sedes donde funciona el programa, Venezuela 538 o Carabobo 84, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. No es necesario sacar turno, la atención es por demanda espontánea y es recomendable acercarse con toda la documentación disponible para que el asesoramiento sea lo más efectivo posible.

También se pueden realizar consultar a través de WhatsApp al 112-254-6185