Comunicadores del Sur

15.12.2018

Eric Soñis

El proyecto de reforma del Código Contravencional votado este jueves en la Legislatura de la Ciudad fue presentado por el oficialismo con la excusa de combatir a las “mafias” y, especialmente, de prevenir la violencia de género.

Con la reforma se crean nuevas contravenciones cometidas a través de medios electrónicos que contemplan especialmente a las víctimas mujeres (hostigamiento y ciber-acoso) y en contravenciones ya existentes, incluyen agravantes en razón del género de la víctima.

Además, crean la posibilidad de realizar denuncias anónimas, bajo el argumento de preservar a las mujeres y evitar que sufran represalias si denuncian situaciones de violencia.

La lógica detrás de esta reforma es clara. El gobierno utiliza cínicamente una problemática grave y real como es la violencia de género para justificar un aumento del punitivismo en relación al espacio público y para otorgarle mayor discrecionalidad y facultades de control y represión a la Policía de la Ciudad.

El oficialismo ha optado por esta vía para cerrar un año marcado por enormes movilizaciones en reclamo de mayores derechos para las mujeres. A la par, el gobierno se ha negado a discutir en la Legislatura medidas elementales – prácticamente de emergencia – para las miles de mujeres que sufren la violencia de género, tales como la construcción de refugios transitorios y planes de viviendas, regímenes de asignaciones económicas y cobertura social, planes de inserción laboral para mujeres desocupadas, licencias laborales en el ámbito público y privado, licencias y pases educativos para las víctimas y sus hijos, o la creación de equipos interdisciplinarios que acompañen integralmente a las víctimas de violencia.

En definitiva, el velo que Larreta y el oficialismo intentan darle a la reforma con esta "perspectiva de género" tiene un evidente corte de clase. Porque con este nuevo Código se alienta y endurece la persecución policial contra miles de mujeres y madres de bajos recursos que acuden a trabajos informales en la vía pública para garantizar el alimento de su familia. Por ejemplo, con este nuevo Código, quienes cuiden coches o limpien vidrios serán sancionadas con una multa máxima de $5.335 o con hasta 15 días de cárcel.

En la sesión legislativa donde se votó el proyecto, la diputada del FIT, Myriam Bregman, fue contundente y planteó que “Nos usan a las mujeres. Nosotras decimos: no en nuestro nombre. Ninguna mujer que luche por sus derechos puede luchar por delitos con perspectiva de género. Esa no es nuestra lucha. Nosotras no luchamos por delitos con perspectiva de género. Luchamos por nuestros derechos. Y algunas de nosotras luchamos por terminar con este sistema capitalista que amplifica y reproduce el patriarcado. Porque el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar. Y para eso nos organizamos cada día, para tirar abajo el patriarcado. Y cuando nos organizamos y salimos a la calle, nos persiguen. El Código apunta a aumentar esa persecución. Cuando salimos a las calles nos persiguen y no queremos que en nuestro nombre voten este Código”.

En las reuniones de comisión donde se discutió el proyecto muchas mujeres que trabajan de manera informal en la vía pública plantearon cómo la Policía, en general sin identificación, les secuestra la mercadería que ellas compran o directamente les roba el poco dinero que se ganan.

La reforma actúa en los hechos como un regreso a los edictos policiales. Por un lado, aumenta considerablemente la cantidad de conductas que son consideradas contravención y, por ende, aumenta las posibilidades de la Policía de intervenir de oficio. Por otro lado, con las nuevas denuncias anónimas la Policía de la Ciudad podrá justificar su intervención ante cualquier situación: al no ser necesario acreditar la existencia real de una denuncia, les alcanzará con labrar un acta donde solo conste el incomprobable anonimato de la denuncia.

El oficialismo argumenta que las denuncias anónimas buscan "proteger" a las mujeres víctimas de violencia, pero el planteo es insostenible porque el proceso contravencional seguirá en manos de una justicia patriarcal que constantemente demuestra un total desprecio por las víctimas de violencia de género, mientras encuentra atenuantes constantes para los victimarios. Además, la Policía de la Ciudad seguirá jugando un rol central no solo en la investigación del proceso, sino también en la "protección" de las mujeres. En definitiva, el gobierno quiere que la protección de las mujeres quede en manos de los principales responsables de la violencia como es la Policía de la Ciudad.

En momentos donde aumenta la crisis social y económica, donde aumenta la desocupación y la desigualdad social, la respuesta del gobierno es otorgarle mayor poder de fuego a la Policía para perseguir a todos aquellos que buscan sobrevivir trabajando de manera informal en la vía pública. Tal como afirmó Bregman, "con este Código pretenden blindar la pobreza. Pretenden que no se note. Pero eso no se puede hacer, no se puede tapar el sol con la mano. Creo que nuestra tarea es organizar y seguir peleando con todos esos que enfrentan este Código Contravencional".

Criminalización de artistas callejeros y actividades culturales

El Código Contravencional establecía una multa máxima de $1.000 a quien generara ruidos que “excedan la normal tolerancia”. Hasta ahora, esta contravención dependía exclusivamente de la denuncia de particulares.

Con la reforma se establece una nueva sanción de multa máxima de 200 Unidades Fiscales ($3.750) y 1 a 5 días de arresto en caso de ruidos que provengan de la vía pública. Ahora, además, la Policía podrá intervenir de oficio, aunque no exista ninguna denuncia de algún particular. Para que la Contravención no se aplique contra artistas callejeros o cualquier otra actividad cultural, se necesitará ahora un permiso especial del Gobierno de la Ciudad.

Al respecto, Bregman planteo también que esta contravención “no solo persigue a artistas callejeros que salen a ganarse un mango, sino que también lo pueden aplicar a quienes hacemos actividades políticas en la vía pública”

Las “mafias” que enfrenta el gobierno: los trabajadores informales

El Código Contravencional establecía una multa de $200 a $400 a “quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos”. No había hasta ahora contravención por la limpieza de vidrios.

Con la reforma se crea una nueva contravención que incluye a todo aquél que presta o tan solo ofrezca el servicio de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios. Es decir que para que se configure esta contravención no será necesaria la exigencia de una retribución.

La multa en estos casos podrá ser de un máximo de 300 Unidades Fijas, al dìa de hoy un total de $5.335. Las Unidas Fijas (y por ende las multas) se encuentran dolarizadas ya que se actualizan cada 6 meses y se calculan según el valor equivalente a medio litro de nafta premium.

Además, si existe organización previa, o si la contravención se realiza en grandes parqués durante los fines de semana o en un radio de 30 cuadras de un espectáculo masivo, se incorpora la posibilidad de arresto de 5 a 15 días.

Si la contravención se hace en un estadio y se prueba la participación de personas vinculadas al club, se sanciona a la entidad con una multa máximo de 10.000 Unidades Fijas ($178.500 al día de hoy).

“Lo que se persigue con el Código Contravencional es lo que cada día crece más: la venta ambulante de aquellos que intentan ganarse la vida como pueden. Porque en realidad lo que están tratando de hacer es ocultar que en la Ciudad de Buenos Aires cada día crece más la pobreza y la precariedad laboral” planteó Myriam Bregman en la sesión legislativa de este jueves. Y apunto contra quienes serán los encargados de aplicar este nuevo Código: “La fiscal Celsa Ramírez procesó a los trabajadores del Subte por asociación ilícita. Este Código va a ir a parar a las manos de esas fiscales, que lo van a aplicar con este criterio con el cual persiguen a los trabajadores del Subte.”

14.12.2018

Por Jonathan Raed

La convocatoria es para este lunes a las 9, en el Juzgado 16, ubicado en Callao 635. “Queremos recuperar la empresa”, expresaron.

Los trabajadores del laboratorio Roux Ocefa piden la quiebra de la empresa desde hace dos años, cuando dejaron de cobrar el salario. Las trabas legales llevaron la situación al límite, con dos ventas infructuosas en el medio, por lo cual “si no saliera la quiebra en esta semana, estaremos convocando una movilización a las puertas del Juzgado 16, Callao 635, el lunes 17 a las 9”, informaron los trabajadores, hoy constituidos como cooperativa.

El laboratorio Roux-Ocefa, fundado en 1935, entró en convocatoria en 2016, con un pasivo que rondaba los 50 millones de pesos. En abril de 2017, ya concursado, fue vendido por la familia Roux a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, que en febrero de 2018 se la vendió al grupo del polémico empresario Ariel García.

La cooperativa Farmacoop –conformada por trabajadores de Roux Ocefa- tiene tomada la planta de Villa Luro. La empresa tiene otra planta productiva en Lugano, una casa central en Congreso y un campo en Mercedes.

“El último grupo económico, que tiene a Ariel García como cara visible, pertenece al mundo de las mafias de los medicamentos, que a pesar de tener las plantas inhabilitadas y de estar inhibidos por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – Ministerio de Salud), siguieron elaborando medicamentos en otro laboratorio y con otro nombre. Lo que quieren es quedarse con las patentes de nuestros medicamentos”, contó a Tiempo Bruno di Mauro, uno de los trabajadores.

“Compraron las acciones de una empresa concursada, con un activo menor que el pasivo, y acrecentaron la deuda”, detalló y agregó: “Comenzaron a manejar la empresa en marzo, no nos dejaban entrar al laboratorio y nunca pusieron un peso. Además, se empezaron a llevar la maquinaria”.

Di Mauro expresó: “Nuestra intención es recuperar la empresa. Ya armamos la cooperativa, presentamos el plan productivo. Tenemos acuerdos con proveedores, con otros laboratorios, el apoyo de todos los bloques de la Legislatura porteña. Es un proyecto muy sólido, pero no lo podemos llevar a cabo hasta que se determine la quiebra”. Así las cosas, los trabajadores exigen al juez Sánchez Cannavó que determine la quiebra, para recuperar sus puestos de trabajo.

La empresa tenía 400 trabajadores cuando entró en concurso. En la última nómina presentada por la Sociedad Anónima, había 70. “Como no hay recibo de sueldo hace dos años, también está en discusión ese número. En este momento, en la empresa no hay trabajadores activos. A ninguno se le pagó indemnización. En la cooperativa, somos alrededor de 60”, resumió Di Mauro. En un comunicado, los trabajadores aseguraron estar “dispuestos a que se liquide gran parte del activo, que no vamos a utilizar, para cubrir las indemnizaciones de quienes no quieran continuar como cooperativa”.

“Se acabó, estamos cansado de tanto circo y tanta farsa, donde los más perjudicados somos notros. Solo quedamos los trabajadores, somos los únicos garantes de lo que queda de la empresa y de la posibilidad de su continuidad”, sentenció el comunicado firmado por Farmacoop, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La pelota, ahora, está en manos del juez Sanchez Cannavó.

14.12.2018

Una vez más, Cambiemos y sus “peones” hicieron posible la aprobación de un proyecto que transforma el Código contravencional en un instructivo para exterminar la actividad en el espacio público.

Comienza otra lucha:

-Para adentro del colectivo de colectivos que hemos conformado una articulación más estrecha y sólida para salir a defender a las personas que puedan ser víctimas de ésta cobarde reforma.

– Para afuera: Hacer pagar el costo político de cada funcionarix que haya colaborado para que este mamarracho haya llegado a aprobarse.
Lograr el desgaste de cada uno de ellxs para que sea el fin de sus carreras políticas y ayudar a poner fin a esta inmunda chetocracia.

¡¡¡No nos han vencido!!!!
FAAO Frente de Artistas Ambulantes Organizados.

14.12.2018

En la tarde de ayer, 6 de Diciembre, las madres y los pibes del Merendero Darío Santillán y los vecinos que los acompañan, realizaron un nuevo escrache para repudiar al Grupo Martul, organización de especuladores inmobiliarios que pretenden desalojar su sede.

El local del Merendero, México 638/640 es un inmueble alquilado, desde el año 2003, por una Cooperativa de Trabajo que, además de sostener el Merendero más importante del barrio, desarrolla allí una vasta gama de actividades sociales, culturales y educativas. El Grupo Martul, aprovechando especiales circunstancias que atravesaban los anteriores propietarios, se quedo con el inmueble pagando la irrisoria suma de U$S 105.000,oo por un bien que vale cinco veces más. Una vez realizada la operación, aguardaron hasta cinco días antes del vencimiento del contrato de alquiler, para informarnos que no iban a renovarlo y exigir la desocupación del local promoviendo una acción de desalojo.
Esta actitud abusiva, típica de las mafias inmobiliarias que operan en el barrio, pisotea todo el accionar social que se desarrolla allí y pasa por alto el enorme esfuerzo e inversión realizada por esa Cooperativa para acondicionar un inmueble que llevaba treinta años de abandono.
Por esa razón es que los vecinos y el Merendero se están manifestando, regularmente, frente a la sede de MARTUL PROPIEDADES, Av. Independencia 870, exigiendo que se respeten los derechos adquiridos en quince años como inquilinos y que se reconozcan las obras allí realizadas.
Cuando, ayer, un nutrido grupo de vecinos se acerco a la sede de estos especuladores, se encontraron con un fuerte operativo policial que pretendió impedirles el ejercicio de su derecho constitucional a manifestarse. No es casual: el accionar de las mafias de especuladores siempre ha estado asociada a la connivencia policial y ahora más que nunca. Sin embargo, la protesta igual se realizo y miles de transeúntes, vecinos y automovilistas fueron informados de quienes son estos “señores” y de cómo hacen sus fortunas. Estos procedimientos son los mismos que llevo adelante el abogado Jorge García Sale (SHEIK PROPIEDADES) y que le permitieron apropiarse de casi cien inmuebles en San Telmo y Monserrat, hasta que fue detenido, en agosto pasado, acusado de estafa, amenazas, extorsión, evasión fiscal y tenencia de armas de guerra (Clarín, agosto 2018). No casualmente sus abogados son los mismos y sus métodos similares.
Mientras se desarrollaba la pacifica protesta hizo irrupción entre las madres que allí estaban uno de los miembros del grupo de especuladores, amenazando a mujeres y pibes y escudándose en la patota policial presente. Ante la airada reacción de las compañeras no tuvo mejor ocurrencia que tirarse al piso, aduciendo una inexistente agresión y exigiendo atención médica. Lo que no contaba este payaso es que dos compañeros estaban filmando detalladamente todo el incidente, filmación donde quedo expuesta su miserable actitud como una farsa patética y cobarde.
De todas maneras, la protesta se llevo a cabo hasta las 17 hs. y tuvo una gran receptividad por parte de vecinos y transeúntes, entre los que había varios damnificados por el accionar de esta gente. Mientras el proceso judicial sigue su curso (contamos con el patrocinio legal de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre), nosotros seguiremos denunciando y escrachando en la calle a esta banda de especuladores y convocamos al barrio a solidarizarse con esta lucha.
¡¡NO AL DESALOJO DEL MERENDERO DARIO SANTILLAN!!
¡¡BASTA DE DESALOJOS EN EL BARRIO!!
¡¡ABAJO LAS MAFIAS INMOBILIARIAS!! 

MERENDERO DARIO SANTILLAN ASAMBLEA DE SAN TELMO ASAMBLEAS DEL PUEBLO

12.12.2018

Por Revista Cítrica

Otra mentira de Macri y Larreta.

El verso de la “Ciudad Verde”: Desalojaron Viccu, Velatropa y Humeccu, desmontaron el área de amortiguación de la Reserva Ecológica.

El Gobierno de la Ciudad, en connivencia con el rectorado y su mega plan inmobiliario en la zona de Nuñez/Costanera Norte, siguen avanzando, ahora fue Velatropa Eco, uno de los pocos focos de educación socioambiental, que quedaban en CABA.

La Justicia, que venía aguantando un poco, ante el pedido del Ministerio de Seguridad en el marco del G20 no pudo decir que no, y el miércoles cayó el operativo desmedido para desalojar el espacio.

“No somos criminales, pero ese es el trato que tiene la UBA y el GCBA para con todos los que se opongan a su proyecto millonario inmobiliario. Con bastones, cascos, escudos, y todo el equipo antimotines.

Esto es para un polo científico y de investigación mezclado con viviendas para ricos, donde también construirán la UNICABA, pero donde la educación socioambiental no tiene lugar. El cemento ya está reemplazando el bosque.

La vas a ver por internet y después lamentarte de que no existe más, de que no podes ir a disfrutar del bosque en la Ciudad, de un espacio educativo donde hay propuestas que no hay en otros lugares, comunitario”, denunciaron lxs compañerxs.