Comunicadores del Sur

28.2.2019

Por La Retaguardia

Cada vez son más las personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años se produjo un incremento que alcanzó a 8 mil personas en esta condición. Vanesa Escobar, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, habló con Luis Angió y Cristina Varela en el programa Oíd Mortales, de Radio La Retaguardia, y contó los detalles de esta problemática que alcanza a cada vez más personas.

“En la Ciudad de Buenos Aires, hace dos años, hicimos el censo popular de personas en situación de calle. Nos dio como resultado que hay casi 6.000 personas en situación de calle efectiva en la Ciudad de Buenos Aires y 20.000 personas en riesgo de situación de calle. No es un número menor. Esta última es una categoría que el Gobierno de la Ciudad no tiene en cuenta. Para nosotros y nosotras las personas en situación de calle no son solo aquellas que vemos durmiendo en la calle, sino también aquellas que por diversas situaciones están en riesgo de terminar en esa situación. Por la miseria que estamos viviendo, hay que dejar de pensar que eso les pasa a otras personas. La verdad es que les está pasando a un montón de personas que habitaban una casa o un departamento, que no pudieron pagar más el alquiler y se fueron a vivir a una pensión, y cuando les aumentó la pensión, como no tienen otras redes que los puedan sostener, terminaron durmiendo en la calle o en un parador.

Hoy vemos familias completas en situación de calle. Esas familias están en calle por resultado de las políticas de miseria que viene aplicando este gobierno”, criticó. Escobar habló del incremento en la cantidad de personas en situación de calle que se dio desde que su organización, junto con otras dedicadas a la problemática, cuantificó en el censo hace dos años atrás, y explicó cómo ese número creció en el corto plazo: “En este momento, debe haber al menos 8.000 personas en situación de calle efectiva. Este año vamos a realizar el censo popular. Cuando lo hicimos hace dos años, una de las preguntas era ‘¿Hace cuánto que estás en situación de calle?’.

Las respuestas eran: menos de 6 meses, entre 6 meses y 5 años, entre 5 y 10 o más de 10. El 25% de las personas encuestadas en la capital habían quedado en calle en los últimos 6 meses. Eso fue en 2017. Nosotros vemos el panorama bastante terrible. Cualquier persona que transita por la Ciudad de Buenos Aires puede ver que cada vez hay más gente durmiendo en la calle”, expresó Vanesa.

Los paradores

La militante social se refirió a los paradores que existen en la Ciudad de Buenos Aires para atender a las personas en situación de calle y fue muy crítica al respecto: “Los paradores no dan abasto y no cumplen con la legislación que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Existe la ley 3706, que es la ley de personas en situación de calle, que no la cumplen. Deberían tener abierto un centro de integración, como dice esta ley, pero no se aplica. Los centros de integración suponen su apertura las 24 horas. Una persona que habita la calle no necesita el espacio solo de 18 a 7 horas, sino que necesita poder volver a un lugar donde estar para poder rearmar su vida.

Eso no lo cumplen. Las condiciones de los paradores son de un gran nivel de insalubridad. Nos da mucha vergüenza ajena cuando el Gobierno de la Ciudad se vanagloria del Operativo Frío, cuando sabemos que muchas veces en los paradores de la ciudad no hay agua caliente. A las 6 o 7 de la mañana las personas que están durmiendo ahí se tienen que ir”, contó Escobar y enumeró otros problemas con los que deben lidiar las personas que llegan a estos paradores: “El régimen que hay adentro es carcelario.

Cualquiera puede sufrir un episodio de violencia, cualquiera puede perder sus cosas, no pueden llevar comida y si te sancionan quedás en la lista negra de los paradores: en el sistema queda cargado que no pueden ingresar a ninguno de los paradores de la ciudad”, manifestó en Radio La Retaguardia. Escobar explicó que por estas razones y otras, muchas de las personas en situación de calle prefieren evitar los paradores. En algunas ocasiones, los servicios sociales les sacan a sus hijos/as y la familia queda separada. Vanesa responsabilizó al gobierno porteño por no hacerse cargo de estas problemáticas: “La respuesta la damos las organizaciones. En los espacios que tenemos las organizaciones recibimos a esos compañeros y compañeras en situación de calle. Muchos prefieren habitar la calle porque ahí tienen su lugar de pertenencia, tienen sus cosas, tienen su ranchada. Es muy terrible lo que sucede con las mujeres con hijos. La oferta que tiene la ciudad para mujeres es muy pobre. Es bajísima. Tenemos un montón de casos de mujeres que como viven en la calle con sus hijos menores de 18, les son sacados sus hijos por el Consejo de Niñez por intervención judicial y de modos muy terribles. Es la consecuencia de una no política de vivienda habitacional seria de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad más rica del país tiene 8 mil personas viviendo en la calle. Es una situación muy terrible en todas las ciudades del país.

El año pasado se murió de frío una persona en la calle”, lamentó Vanesa. La integrante del Movimiento Popular La Dignidad contó que si bien la mayor cantidad de personas en situación de calle se concentra en las zonas céntricas y al sur de la ciudad, en el último tiempo se produjo un desplazamiento hacia la zona norte de la ciudad, lo que es resultado también del incremento que se dio en los últimos años: “Sobre todo en zonas muy céntricas y en la zona sur de la ciudad es donde hay mayor cantidad de personas en situación de calle. También empezaron a vivir más personas en situación de calle en la zona norte de la ciudad. Eso es porque la persona que habita la calle tiene que buscarse la moneda en el día a día. Está muy dura la mano para quien vive en la calle. Hay que buscar nueva estrategias de supervivencia.

Por supuesto, hay muchas más personas en situación de calle en las zonas de Congreso, Microcentro y Barracas, que está toda la zona de hospitales”, graficó. Además de la falta de políticas habitacionales y de vivienda destinada a personas en situación de calle o con posibilidad de serlo, uno de los grandes motivos para aumentar el número de personas que deben vivir en la calle son los elevados costos y trabas que implica alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires: “En la zona del Abasto tenemos una casa que labura con población en situación de calle y problemas de consumo de drogas. Nos encontramos con jóvenes que tienen 15 o 16 años y son hijos de personas en situación de calle, que nunca han habitado una casa.

La situación se incrementó en los últimos años y tiene que ver con el macrismo gobernando la ciudad y ahora a nivel nacional, pero también hay una cuestión más estructural que todavía está. Las políticas en relación a lo habitacional y las viviendas en la ciudad son nulas. Los alquileres son muy altos, y es casi imposible acceder a los subsidios habitacionales. Van entre $ 1.500 y $ 4.000. Son muy bajos. No se puede alquilar nada con esa plata. Las políticas de la ciudad no están enfocadas ni hacia la vivienda, ni hacia la salud, ni hacia la educación pública y gratuita”, denunció. Por último, Escobar contó cuáles son las acciones que lleva adelante desde las organizaciones que trabajan para ayudar a las personas en situación de calle: desde ollas populares en distintas plazas de la ciudad, como asesoramiento en trámites necesarios para acceder a un subsidio habitacional. “Rotamos por distintas plazas haciendo encuentros de gente en situación de calle.

La última que hicimos fue en Plaza Constitución, el mismo día que se realizó el Verdurazo. Varios jóvenes y adultos fueron heridos de bala porque en el mismo momento que se reprimía el Verdurazo nosotros nos estábamos instalando ahí. Tenemos planeado hacer otra plaza, probablemente sea Primera Junta. Estuvimos en Plaza Flores, en Plaza Once. Un poco lo que sucede en esos encuentros es asesoramiento en gestión de trámites en relación al subsidio habitacional y otros trámites, atención primaria de la salud y hasta hubo una radio abierta”, cerró Vanesa. De las actividades participan habitualmente Proyecto 7, No tan distintas, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego y el MPLD, entre otras organizaciones sociales.

28.2.2019

Por Lucho Lucero

Esta mañana la policía reprimió a trabajadores de la Coca Cola, los palos y gases también alcanzaron a trabajadores de prensa que estaban cubriendo la actividad.

Desde las 7:30, trabajadores de Coca-Cola, su comisión de mujeres y organizaciones solidarias iniciaban el día con una protesta en Corrientes y Callao contra los despidos en la multinacional norteamericana.

Se armó la columna pasadas las 7:30, se acomodó las banderas y al intentar formarse sobre Avenida Corrientes se desató la represión.

Un fuerte operativo, sin mediar negociación alguna empezó a reprimir brutalmente contra los trabajadores y la comisión de mujeres; sus hijos no quedaron exentos. Trabajadores de prensa que estaban cubriendo la protesta también recibieron los palos y gases. Durante una cuadra la represión avanzó llegando hasta Lavalle y Callao.

Un trabajador de prensa de Canal 9 fue agredido y denunció que la represión se desató sin motivo alguno. Lo mismo sucedió con trabajadores de prensa de este medio.

Una clara demostración de que Larreta y su policía defendió a la multinacional de Coca Cola en vez de los trabajadores despedidos y no solo eso, sino que también intentan tapar y coartar la libertad de prensa y de expresión.

27.2.2019

Pese al sostenido intento del gobierno por cerrar los 29 profesorados y la contrapartida lucha popular por sostenerlos, comienza la inscripción para carreras y postítulos.

Será el próximo 6 de marzo y la convocatoria a inscripción arranca en el prestigioso Joaquín V. González, donde se espera una gran demanda de vacantes y una respuesta contundente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, con la creación de la UniCABA (Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), tiende a la disolución de 29 Instituciones que tienen una trayectoria altamente reconocida en la formación docente.

Bajo los falsos argumentos de “falta de educadores”, necesidad de “jerarquizar la tarea” o, “dispersión de la oferta educativa”, la UniCaba, que comenzaría su real funcionamiento en el 2020, no solo constituye una embestida contra el trabajo docente, sino que a la vez contará con toda la fuerza y recurso del estado en desmedro de los profesorados, con el objetivo que estos se desgasten y vayan desapareciendo.
Por eso es tan importante una abrumadora inscripción para este ciclo y se prevé que la “Especialización en Educación Sexual Integral” (ESI) será una de las más requeridas.
El Postítulo “Especialización Docente en Educación Sexual Integral”, está abierto a docentes y profesionales de todas las disciplinas y tiene como objetivo la formación en educación sexual integral con perspectiva de género, que trasciende el plano de lo puramente biológico y excede ampliamente la mirada preventiva sobre embarazos no planificados o infecciones de transmisión sexual. Se trata de promover salud, de propiciar una lectura crítica de la realidad y de garantizar derechos, entre los que se encuentra el de vivir una sexualidad plena, liberadora, placentera y feliz.
La inscripción se realiza entre el 6 y el 29 de marzo en Ayacucho 632, CABA.

25.2.2019

La entidad que representa a los profesionales en la Ciudad de Buenos Aires y preside otro miembro del clan Caputo viene siendo escenario de despidos y persecuciones. Los trabajadores resisten.

“¡Ustedes están cambiando las reglas del juego, y por lo tanto van a tener que bancársela!”. Esta fue una de las amenazas propinadas por el presidente del Colegio de Escribanos Claudio Caputo ante las medidas gremiales realizadas por los trabajadores en defensa de los puestos, debido al despido sin causa de diez trabajadores a comienzo de año.

El Colegio de Escribanos contaba con el récord histórico de más de 152 años sin ningún tipo de medidas sindicales por parte de los trabajadores. Se trata de una institución retrógrada y elitista si las hay, ya que históricamente el cargo de escribano solo es accesible para ciertas familias, es vitalicio y la licencia que habilita a ejercer se hereda a los descendientes que hayan estudiado la carrera. Pero se produjo un cimbronazo luego de que la nueva presidencia -alineada a Cambiemos y su política de achicamiento del Estado, de habilitación de despidos en las empresas y de aumento de la precarización laboral- iniciara una serie de medidas contra los convenios colectivos, recortando las obras sociales y amenazando con reducir la plantilla de trabajadores al 50%.

Los trabajadores organizados en asambleas comenzaron con una serie de medidas de fuerza que fueron desde quites de colaboración hasta movilizaciones y ruidazos. Una de las cosas que más llamaron la atención fue encontrar al mismísimo Claudio Caputo -de ligazón muy cercana con la familia Macri y vinculado a las cuentas offshore de las que participó su primo Luis- carnerear las medidas de fuerza, atendiendo él mismo las ventanillas de cobro, como si fuera su propio negocio, metiéndose el dinero de las abultadas facturaciones literalmente en su bolsillo.

Esta práctica no es muy diferente de la de su primo Luis Caputo, el otrora presidente del BCRA, que en medio de la corrida cambiaria del pasado año obtuvo ganancias millonarias comprando y vendiendo dólares, y con las tan promocionadas Lebacs; acrecentó enormemente sus ganancias y patrimonio personal a costa de la inflación galopante que nos erosiona cada vez más el poder adquisitivo a los trabajadores. Todo esto sin hablar de las mencionadas empresas offshore con las cuales estuvo vinculado.

En el día de hoy los trabajadores agremiados en la Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) siguen realizando medidas por la reincorporación de los trabajadores y para frenar los despidos. Son jefas y jefes de hogar, y en algunos casos están a cargo de familiares con discapacidades.

23.2.2019

por Claudio Corsalini

Según ONGs, el estadio cerrado que funcionará en un predio de Atlanta traerá caos a la zona. Piden informe del estudio de impacto ambiental.

Un nuevo capítulo se sumó en los últimos días a la polémica que gira en torno a la construcción del estadio cerrado en la zona de Villa Crespo. Esta semana la Justicia porteña determinó que la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) tiene que presentar un nuevo documento en el que explique por qué categorizó el emprendimiento Buenos Aires Arena como “sin relevante efecto ambiental” al momento de entregar el certificado que permitió que la obra avanzara. El estudio se basa en una serie de indicadores que miden el impacto de las vibraciones y sonidos, por ejemplo, que generaría en una zona un proyecto de esas características. Se trata del emprendimiento desarrollado por el grupo La Nación junto a AEG Worldwide en un predio lindero a la cancha de Atlanta.    La decisión la tomó el juez Aurelio Ammirato, que subroga el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3, quien avanzó con el amparo presentado por la Fundación Ciudad el 21 septiembre del año pasado, y que cuenta con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En el mismo dictamen judicial, además, se abrió una convocatoria para que otras entidades o vecinos afectados por la megaobra participen en la causa. El estadio se está construyendo en un terreno que fue cedido por la Ciudad al club  bohemio por cuarenta años. Se encuentra ubicado en la calle Humboldt, entre Padilla y Camargo, en el que se realizarán diferentes eventos musicales y deportivos. El primero de ellos se llevará a cabo en diciembre de este año con la presentación del cantante Shawn Mendes. Por ceder el lugar, el club estaría cobrando un canon de US$ 30 mil mensuales durante el tiempo que dure la obra. Mientras que cuando esté en funcionamiento, la suma se elevaría a US$ 50 mil. Según los vecinos, el estadio traerá aparejada una serie de inconvenientes que van desde el caos de circulación y estacionamiento, desvalorización de las propiedades y hasta el cambio de la fisonomía barrial. Otra de las quejas se basa en que el nuevo proyecto es diferente al original. No solo por la superficie que ocupa ahora, pasó de 11 mil m2 a 28 mil m2, sino también por su capacidad. El aforo del estadio pasó de 8  a 12 mil espectadores, con la posibilidad de llevarlo a 16 mil. “Cada evento musical o deportivo que se realice en ese mega estadio la población de Villa Crespo se va a incrementar casi en un tercio, siendo un barrio residencial de media o baja densidad poblacional. Para el gobierno porteño esta afluencia de personas generará el mismo impacto social y ambiental que un kiosco o un comercio pequeño. Otorgaron al estadio Arena los permisos ambientales casi a simple declaración jurada, sin ningún tipo de estudio ambiental ni dictamen técnico. Sorprende la flexibilidad con la que se trató la instalación de este mega estadio”, afirmó Jonatan Baldiviezo, de la ONG vecinalista. “Entendemos que estamos frente a uno de los mayores negocios con la tierra pública. La Ciudad cedió esas tierras por cuarenta años y ni siquiera le cobrará los impuestos inmobiliarios a la explotación”, agregó. Desde la APRA, en tanto, aseguraron a PERFIL que entre el lunes y martes próximo se presentará toda la documentación requerida. “El juez pidió información sobre qué documentos administrativos se emitieron en su momento, la disposición original que estableció la categorización del proyecto, que es de 2015; la disposición modificatoria del emprendimiento, que es 2018; cómo se desarrolló el procedimiento; cómo funcionaba la normativa y cómo se cumplió el proceso”, señalaron desde esa dependencia estatal. La idea de construir un estadio cubierto en ese predio se originó en 2012, cuando la institución de Villa Crespo firmó un contrato con Lugones Center para erigir un Arena en terrenos que la Ciudad le había cedido a Atlanta. Por ese acuerdo, el club de Villa Crespo cobraría un canon mensual. Sin embargo, todo quedó a mitad de camino desde 2015, tras el derrumbe del techo de la construcción, y la obra quedó inconclusa y parada por casi dos años. Mientras que en 2016, la empresa desarrolladora quebró. En su momento y para desarrollar su obra, Lugones Center había pedido un préstamo de 100 millones de pesos al Banco Ciudad.