9.2.2019 

Por Ing. María Eva Koutsovitis^[1].

Uno de cada siete porteños no tiene garantizada el agua potable segura

Los aproximadamente 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Si bien, la ley de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas el goce de este derecho es utópico.

La Villa 21-24 es un barrio porteño ubicado en la Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos básicos, como el agua potable y la cloaca, regularizados.

A mediados de enero, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29. El 23 de enero, convocados por la Junta Vecinal, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA acudimos a constatar la calidad del agua de consumo. Entrevistamos a varias familias, constatamos la presencia de olor fecal en el agua corriente de varias viviendas y tomamos muestras del agua de consumo que fueron analizadas en un Laboratorio especializado. La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable.

El relato de los vecinos es coincidente: no es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado, es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos. Elaboramos un Informe Técnico, informamos a la Junta Vecinal, a las familias afectadas, a los organismos responsables e iniciamos un expediente administrativo en el Gobierno de la Ciudad^[2].

El Informe presentado incluía un conjunto de recomendaciones a los organismos para, en primer lugar, garantizar la salud de los habitantes del barrio, determinar las causas de la contaminación bacteriológica e implementar acciones para controlar la calidad del agua consumo. Al final del texto se transcriben algunas de las recomendaciones realizadas.

Con el correr de los días el olor fecal en el agua de consumo se fue extendiendo a otros sectores del barrio: Manzanas 16, 26, 27, 28.

El 8 de febrero, diferentes organismos de gobierno (UPE CUMAR^[3], UGIS^[4], SSHI^[5], ACUMAR^[6], AYSA SA^[7]), a solicitud del Juzgado Federal que tiene a su cargo la ejecución de la causa ambiental Matanza-Riachuelo^[8], se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en 7 (siete) viviendas.

 

1.Del acta de la audiencia realizada previamente en el Juzgado, a raíz de la constatación de agua de consumo contaminada, surge que los lugares de extracción de las muestras debían ser “consensuados. Esto no fue respetado. El Ministerio Público de la Defensa, la Junta Vecinal y distintas organizaciones presentes en el barrio nunca fuimos consultados al respecto ni informados previamente respecto a los puntos de muestreo.

 

2.Al momento de la extracción, ninguno de los organismos presentes, contaba con una versión oficial de la metodología de relevamiento sanitario utilizada para definir la cantidad de muestras y los sitios de muestreo.

 

3.Tampoco estaban incorporados al listado los domicilios que habían sido analizados el 23 de enero por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y cuyos resultados acreditaron contaminación bacteriológica.

 

4.En cinco (5) de los siete (7) domicilios previstos por los organismos no fue posible llevar a cabo la toma de muestras, porque de las canillas no salía agua o porque los organismos de la Ciudad y ACUMAR, acordaron utilizar el protocolo de toma de muestras de AySA que no se ajusta a la informalidad de la infraestructura de los Barrios Populares.

 

5.Los sitios de reemplazo de las tomas de muestra no realizadas fueron elegidos sin un criterio técnico definido.

 

6.El operativo de muestreo no previó duplicar las muestras para validar los resultados en un laboratorio alternativo ni tuvo cadena de custodia de las muestras tomadas.

 

La crítica situación sanitaria que atraviesa la Villa 2124 compromete la salud y la vida de sus habitantes, por lo tanto, debe ser abordada con rigor técnico y de manera urgente.

La empresa AySA S.A. tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas.

La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos requiere de adecuadas políticas que garanticen el derecho humano al agua potable en los barrios populares: relevamiento y documentación de la infraestructura existente, control periódico de la calidad del agua de consumo, planes de contingencia consensuados con la comunidad para abordar las emergencias y la prestación de servicio por parte de AySA SA.

 

Recomendaciones elaboradas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA en su Informe Técnico del 30 de enero presentado a todos los organismos responsables.

 

1)     Elaborar un diagnóstico detallado de la problemática sanitaria en las manzanas afectadas. El diagnóstico deberá incluir:

a.      Relevamiento físico exhaustivo de la infraestructura sanitaria de agua potable y cloacal en las Manzanas 24, 25, 29 y en todos los sectores donde las familias informen que el agua presenta olor cloacal.

b.     Relevamiento físico de todos los conductos principales cloacales y de agua potable que abastecen a la zona afectada.

c.      Mapeo detallado de la problemática sanitaria utilizando encuestas sanitarias y análisis de la calidad del agua de consumo implementando protocolos físico-químico y bacteriológicos.

 

2)     Hasta tanto se lleve a cabo el diagnóstico, se identifiquen con precisión las causas de la contaminación bacteriológica y se adopten las medidas estructurales correctivas:

a.     Deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (Manzana 24, 25, 29 y en todos los sectores donde los vecinos indiquen que el agua presenta olor cloacal) agua potable segura mediante el llenado de los tanques domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. Especialmente deberá garantizarse a todos los comedores comunitarios de la zona la entrega de agua potable segura.

b.     Deberá implementarse un protocolo de actuación para informar respecto a la problemática sanitaria detectada y brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a todas las familias localizadas en la zona afectada.

c.      Realizar relevamientos/controles de salud periódicos a las familias localizadas en la zona afectada.

 

3)     Diseñar e implementar, hasta tanto el servicio sanitario sea regularizado y operado por la prestadora AySA S.A., un sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del servicio de agua corriente en toda la Villa 21-24.Se recomienda, con una frecuencia bimestral, analizar mediante la aplicación de protocolos de calidad físicoquímicos y bacteriológicos 6 puntos de muestreo por Manzana.

 

Ver Video aquí:

https://www.facebook.com/100004497945921/videos/1224651601028093/?t=5

 

Contacto:

Inga. María Eva Koutsovitis

Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria

+54 9 11 3770-3727

^[1]Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.

^[2]EX-2019-04873563-GCABA-COMUNA4

 

^[3]Unidad de proyectos especiales Cuenca Matanza Riachuelo

^[4]Unidad de Gestión de Intervención Social

^[5]Subsecretaría de Hábitat e Inclusión

^[6]Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo

^[7]Empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense

^[8]Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N°2 de Morón

9.2.2019

Por Carlos Rodríguez

Integrantes de Artesanos Unidos denunciaron que desde hace cuatro semanas no les permiten vender sus artesanías los domingos. Como parte de la presión, se sumó la militarización de la calle para expulsarlos definitivamente, advirtieron.

 

Desde hace cuatro domingos, en San Telmo los artesanos no pueden montar sus puestos. 

Desde hace cuatro domingos –mañana sería el quinto—, la calle Defensa, del 700 al 1000, ha cambiado bruscamente su aspecto tradicional, el que quieren ver desde siempre los porteños y los turistas, del interior del país o los que llegan de todos los rincones del mundo. Los metales, las cerámicas, las maderas talladas, moldeadas por manos expertas, han sido desplazadas en forma abrupta por policías uniformados vestidos para la guerra, en un lugar donde siempre reinó la paz. Representantes de los cientos de artesanas y artesanos de La Feria de San Telmo, en diálogo con PáginaI12, explicaron que se trata de “un conflicto” que les impide trabajar, como lo hacen desde hace décadas, en un sitio que es “un emblema de identidad y cultura de nuestra ciudad”. Denunciaron que están siendo “avasalladxs como consecuencia de la presión que ejercen los sectores más privilegiados de San Telmo, representados por los anticuarios”. Esa presión hace que el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, haya militarizado el paseo público para expulsarlos en forma definitiva.

Como respuesta, artesanos y artesanas vienen realizando una resistencia pacífica que consiste en ocupar las cuatro cuadras realizando espectáculos artisticos, música, baile y acciones directas para contrarrestar la persecución que están sufriendo. Además de las asambleas y acciones públicas que están realizando para impedir el desalojo, los Artesanos Unidos de la Calle Defensa se han presentado ante la jueza Romina Tesone, a quien solicitaron el dictado de una medida cautelar para que el gobierno de la Ciudad respete su derecho a trabajar y los antecedentes que avalan su histórica presencia en el lugar.

Haydée y Martín, integrantes de Artesanos Unidos, dijeron que el grupo está denunciando “las presiones que se están ejerciendo sobre los poderes represivos para desalojarnos, con la intención de utilizar posteriormente el mismo espacio donde hoy estamos nosotros”, con fines comerciales. En un comunicado, los artesanos señalaron que “este arbitrario proceso de marginación y disgregación intenta desplazarnos del lugar donde trabajamos cada domingo, y por ende nos arrebata la posibilidad de tener un ingreso económico a cientos de artesanxs que hace años venimos construyendo un espacio cultural que ya ha sido visitado por cientos de miles de turistas provenientes de todo el mundo”.

Los artesanos cuestionaron que el proyecto oficial incluya un acuerdo con la Cooperativa El Adoquín, algo que generó controversia entre los artesanos y los vendedores de productos gastronómicos, dos sectores que tienen legítimos derechos, que deberían contar, cada uno, con su lugar, sin entorpecer la actividad del otro. Este diario intentó hablar con Gabriela Olguín, de El Adoquín, pero el diálogo no fue posible, al menos por el momento. Los artesanos defienden su lugar histórico, en la calle Defensa, y consideran que los vendedores podrían trabajar en igual condición y sin problemas, sobre la calle Chile, a pocos metros unos de otros.

El acuerdo al que aluden los artesanos, les quitaría a ellos la posibilidad de seguir trabajando en las cuadras que van del 800 al 1000 de la calle Defensa. Los artesanos señalaron que lo que el gobierno busca con este acuerdo es “el atropello y la manipulación para que en definitiva terminemos confrontadxs entre nosotrxs”. Los artesanos señalaron que “de ningún modo” aceptarán “la usurpación de sus lugares de trabajo”. Por ese motivo “estamos denunciando un pacto cargado de vicios que no contempla las más básicas normas de respeto, dignidad y convivencia”.

El problema central sigue siendo que, por cuatro domingos consecutivos, se ven “impedidxs de armar los puestos debido a los operativos que nos envía la fiscal premiada por la empresa Nike, Celsa Victoria Ramírez, desde la fiscalía 35”. Precisaron que “los operativos consisten en procedimientos de control e intimidación por parte de patrullas y personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, apoyados por la Policía y el cuerpo de Infantería”. El domingo pasado “fue el cuarto fin de semana consecutivo que no trabajamos, pero ante la imperiosa necesidad de hacerlo armamos los paños y fuimos reprimidos por la Infantería, que nos arrojó gases a pesar de haber hecho una resistencia pacífica y pese al inmenso caudal de turistas que pasaba por el lugar”.

Mañana volverán a reunirse sobre la calle Defensa “para seguir resistiendo y para pedir la igualdad de derechos, y la regularización y reconocimiento del espacio donde trabajamos como un paseo cultural que representa un espacio turístico que entre todxs lxs artesanxs supimos construir durante más de una década”. Una de las artesanas que no puede trabajar es Mónica Raquel Alegre, la madre de Luciano Arruga.

 

 

"En la Villa 21-24 de Barracas el agua sale con olor a cloaca"

 

Así lo expresó un comunicado de La Garganta Poderosa. Vecinos y vecinas denuncian que el Gobierno de la Ciudad no termina las obras pautadas y que el agua del barrio no es potable. "A veinte minutos del centro de la capital, no existen buenos aires porque el agua sale con gusto a tierra, a sucio".

 

Más de 28.000 personas son afectadas por la contaminación del agua de la Villa 21-24 de Barracas. "A veinte minutos del centro de la capital, no existen buenos aires porque el agua sale con gusto a tierra, a sucio", denunciaron desde La Garganta Poderosa.

Las muestras tomadas por un estudio realizado por la Junta Vecinal a través de la Facultad de Ingeniería de la UBA, dieron positivo en "infección bacteriológica". Esto significa que el agua no es potable y que puede generar infecciones, fiebre, vómitos, náuseas y diarrea en las 28 mil personas que la consumen en las nueve manzanas afectadas. El informe que lleva la firma de ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la UBA, determinó que el agua se encontraba "contaminada bacteriológicamente, no potable y con fuerte olor cloacal, color amarillo y sedimentos".

En el informe además se detallan un conjunto de medidas para que las autoridades ejecuten de manera inmediata. Entre ellas se describe que es necesario que "hasta que se adopten las medidas estructurales correctivas se deberá garantizarse a todas las familias de la zona afectada (Manzana 24, 25, 29 y en todos los sectores donde los vecinos indiquen que el agua presenta olor cloacal) agua potable segura mediante el llenado de los tanques domiciliarios y la entrega adicional de sachets de agua. Especialmente deberá garantizarse a todos los comedores comunitarios de la zona la entrega de agua potable segura".

Según detalló La Garganta, el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo una obra cloacal, pluvial y de agua que debió finalizar en marzo pasado. "Allí, hay seis comedores que no pueden alimentar a más de 2.400 vecinas y vecinos para no intoxicarlos. Allí, la UGIS, ACUMAR, AySA y la empresa Pose S.A, que ganó la licitación de la construcción, nos están contaminando", sostuvieron.

 

6.2.2019

Por  Ing. María Eva Koutsovitis

Los cerca de 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto de los porteños.  Todos los días, mujeres, niñas y niños recorren distancias significativas para aprovisionarse de agua. Compartimos el informe de la Ingeniera María Eva Koutsovitis,  Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.

 

En la Ciudad de Buenos Aires existen villas desde hace más de 80 años. Los aproximadamente 400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con prestación de servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Si bien, la ley de la Ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, para quienes viven en las villas de la ciudad el goce de este derecho es utópico. Todos los días, mujeres, niñas y niños recorren distancias significativas para aprovisionarse de agua.

La empresa AySA S.A tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas. La calidad del agua que consumen los habitantes de las villas no es controlada por ningún organismo estatal.

La Villa 21-24 es un barrio porteño ubicado en la Comuna 4 del sur de la Ciudad, a la vera del Riachuelo y con ochenta años de historia, que no cuenta con servicios públicos básicos, como el agua potable y la cloaca. La semana pasada, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29. Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA y convocados por la Junta Vecinal, acudimos a constatar la calidad del agua de consumo. La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable. Los vecinos relatan que no es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado. Es frecuente que desde las canillas de los hogares populares, no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos.

La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos sanitarios determina, por ejemplo, que la mortalidad infantil en la Comuna 4 duplique su valor respecto a la Comuna 13. Por eso, solicitamos a todos los organismos competentes que garanticen el derecho humano al agua potable, que controlen periódicamente la calidad del agua de consumo en todos los barrios porteños y que regularicen los servicios públicos para terminar con una de las desigualdades urbanas más vetustas.

La crítica problemática sanitaria y ambiental en las villas de la Ciudad atenta todos los días contra la salud y la vida de sus habitantes, en su mayoría niñas y niños.

4.2.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

El martes 12 de febrero se realizará la primera audiencia del juicio oral contra el policía Ricardo Ayala. Familiares de víctimas de la represión estatal, organizaciones de La Boca y organismos de DD. HH. acompañarán a Lucas y a su familia con una radio abierta y actividades culturales en la puerta de los tribunales.

 

El 9 de noviembre del 2015, Lucas Cabello, un joven vecino del barrio de La Boca, fue atacado en la puerta de su casa frente a su hija de 2 años y su mujer por el efectivo de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Ayala. El brutal accionar del agente, que disparó tres veces a quemarropa, le dejó heridas gravísimas a Lucas quien se recupera en silla de ruedas. Tras tres años de lucha por parte de Lucas, su familia y las organizaciones del barrio, finalmente el próximo martes 12 de febrero iniciará el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. El juicio se llevará adelante en los palacios de Tribunales, en Talcahuano 550. Ayala llega en libertad. 

El ataque contra Lucas ocurrió diez días después de que Mauricio Macri ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales e inauguró la versión del macrismo en materia de “seguridad”, anticipando lo que luego sería la “Doctrina Chocobar”, defendida a ultranza por la ministra Patricia Bullrich. Aquel 9 de noviembre, mientras Lucas luchaba por su vida en el Hospital Argerich, la vicejefa de Gobierno porteño y recién electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, justificó el accionar policial argumentando que había ocurrido a partir de un alerta de botón antipánico por supuesta violencia de género, algo que nunca existió. La versión de Vidal y la versión policial del enfrentamiento fueron desmentidas tanto por la mujer de Lucas como por los vecinos y el colectivo Ni una Menos. 

La historia de Lucas es también la historia de un barrio que viene sufriendo las expulsivas políticas públicas del PRO en materia habitacional. Lucas fue baleado por el policía Ayala en la puerta de su casa, un hogar de “tránsito” donde desde hacía más de una década vivían varias familias reubicadas de un conventillo del IVC (Instituto de Vivienda porteño). Hacinamiento, desalojos e incendios son moneda corriente en La Boca, donde el Gobierno porteño impulsa la especulación y los negocios inmobiliarios a costa de la expulsión de los vecinos y vecinas.  La historia de Lucas es también la muestra de la ineficiencia de las políticas públicas para resolver conflictos vecinales. El policía Ayala estaba de consigna en la puerta del edificio por un conflicto del que nada tenía que ver la familia de Lucas. Además, el Estado envió un uniformado que no tenía la capacitación suficiente. Ayala tenía 20 años y sólo seis meses de entrenamiento.  

 

La causa

 

En enero del 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que el intento de homicidio de Ayala a Lucas Cabello representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Osvaldo Rappa que había calificado el hecho como “exceso en legítima defensa”. La apelación fue lograda por la querella de la familia de Cabello, conformada por los letrados Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del entonces fiscal titular Miguel Palazzani. Actualmente, luego de tres años de macrismo y de diversas presiones a la Justicia, la Procuvin fue desmantelada.

El juicio contra Ayala es el resultado de una lucha que fue sostenida en primera instancia por Lucas, su madre Carolina Vila, su familia, junto el gran apoyo de las organizaciones del barrio que se movilizaron, una y otra vez, motorizando la causa y revirtiendo la cobertura mediática de la prensa hegemónica que lo etiquetaba como “un trapito baleado” pero se negaba a contar su historia.  Como dice el propio Lucas: "Yo le gané a la muerte, soy el hijo de todas esas madres que perdieron a sus hijos y por todos esos pibes voy a seguir luchando”. 

¡Basta de hostigamiento y abuso de las fuerzas de seguridad! ¡Basta de Violencia institucional! ¡Justicia para Lucas Cabello y para todos los pibes y pibas víctimas de la represión del Estado!

 

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente
(Desde el Colectivo de Medios Populares producimos en unidad como urgencia y como apuesta. Coincidimos en que la comunicación no es mercancía. Nos encontramos, ensamblamos, complementamos, potenciamos y existimos, intentando romper con una máxima que buscan imponer como natural: que entre iguales, solo queda competir).

5.2.2019

#NoAlTarifazo #BastaDeAjuste

 

Este VIERNES 8 de Febrero a las 20 hs.

Hasta que no ANULEN los TARIFAZOS seguiremos con los RUIDAZOS

BASTA DE TARIFAZOS! BASTA DE CORTES DE LUZ!

1. Exigimos a la Legislatura que convoque a Sesión Extraordinaria para sancionar la Ley de Emergencia Tarifaria, un nuevo régimen de Tarifa Social y frenar los cortes de Servicios Públicos (Proyecto de Ley N° 3.489-P-2018).
2. Demandamos al GCBA la suspensión de los aumentos del Subte de este mes y siguientes.
3. Basta de destruir nuestros barrios con negociado$ inmobiliarios.
4. Basta de Ajuste! Defendamos a nuestros niños/as y a nuestros mayores.
5. Basta de endeudarnos.
6. Defendamos la Salud y la Educación Pública.

Por una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA en serio con Comunas Autónomas.

Convocamos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento Comunero, Asamblea Ciudadana a sumarse desde sus casas, balcones y desde las siguientes esquinas:

En este *Mapa* están todos las esquinas y contactos de cada una de ellas:
https://buff.ly/2CcY0O8

Comuna 1
Parque Lezama: Av. Brasil y Defensa.
Av. Independencia y Defensa.
Av. Independencia y Chacabuco.
Av. 9 de Julio y Autopista 25 de Mayo.
Comuna 2
Av. Córdoba y Pueyrredón.
Av. Santa Fe y Callao.
Av. Córdoba y Av. Callao.
Comuna 3
Av. Belgrano y Jujuy
Plaza Miserere: Av. Pueyrredón y Av. Rivadavia.
Av. Corrientes y Av. Callao.
Av. San Juan y Av. Entre Ríos.
Av. Córdoba y Pueyrredón.
Comuna 4
La Boca: En 5 esquinas (Av. Benito Pérez Galdós y
Av. Alte. Brown)
Parque Patricios: La Rioja y Av. Caseros.
Pompeya: Av. La Plata y Av. Chiclana
Comuna 5
Almagro: Av. Corrientes y Medrano
Boedo: Boedo y Av. San Juan.
Comuna 6
Acoyte y Rivadavia
Monumento al Cid Campeador: Av. San Martín y Av.
Gaona
Comuna 7
Plaza Pueyrredón (Flores): Av. Rivadavia y Artigas.
Parque Chacabuco: Av. Asamblea y Emilio Mitre.
Varela y Eva Perón
Cobo y Curapaligüe.
Comuna 8
Av. Riestra y Murguiondo
Guaminí y Av. Gral. Fernández De La Cruz.
Av. Soldado de la Frontera frente al Cesac N° 3.
Av. Cruz y Piedra Buena.
Comuna 9
Av. Directorio y Lacarra.
Av. Rivadavia y Carhué.
J. B. Alberdi y Murguiondo.
Eva Perón y Escalada.
Comuna 10
Av. Lope de Vega y Av. Francisco Beiró
Av. Lope de Vega y Av. Álvarez Jonte.
Lacarra y Av. Rivadavia
Av. Lope De Vega y Nogoyá
Mercedes y Av. Juan B. Justo.
Comuna 11
Plaza Dr. Sáenz Peña: Av. Juan B. Justo y Boyacá
Nazca Av. y Alvarez Jonte Av.
Av. San Martín y Nogoyá.
Cuenca y Av. Beiró.
Comuna 12
Saavedra: Av. Balbín y Av. Goyeneche
Villa Urquiza: Monroe y Triunvirato.
Villa Pueyrredón: Mosconi y Artigas.
Comuna 13
Av. Cabildo y Juramento.
Federico Lacroze y A. Thomas.
Av. Crisólogo Larralde y Av. Cabildo.
Comuna 14
Av. Santa Fe y Av. Scalabrini Ortiz.
Av. Santa Fe y Coronel Díaz.
Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo.
Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortiz
Comuna 15
Av. de los Incas y Triunvirato.
Av. Corrientes y Ángel Gallardo.
Av. Corrientes y Av. Scalabrini Ortiz.
Av. Corrientes y Dorrego
Av. San Martin Av. y Av. Juan B. Justo.
Av. Federico Lacroze y Av. Forest.
Av. San Martín y Nogoyá.

CONTACTO: asambleaciudadanabsas@gmail.com

Facebook:
Web: https://buff.ly/2R2qHTc
Twitter:
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YouTube: https://buff.ly/2TO8LgL
Proyecto de Ley N° 3489-P-2018: https://buff.ly/2Ch3Ais
Mapa de esquinas del Ruidazo: https://buff.ly/2CcY0O8
FIRMA en Apoyo a la EMERGENCIA TARIFARIA: https://buff.ly/2QLDoSb

 

 

¿Pobreza cero? Se duplicó el número de indigentes en Buenos Aires

 

Según cifras oficiales el número de indigentes en la ciudad de Buenos Aires pasó de 100.000 al inicio del gobierno de Macri, en 2015, a 198.000 al cierre de 2018.

 

Desde finales de 2015, de la mano de elevados niveles de inflación, que llegan a un acumulado cercano al 115%, la cantidad de indigentes se duplicó en la capital argentina.

En base a datos oficiales de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, en 2015 se habían registrado 100.000 indigentes. Un año después, llegaron a 146.000. En 2017, la cifra descendió a 140.000 pero volvió a aumentar en 2018 y cerró en 198.000 personas que se encontraron bajo la línea de indigencia. Es decir, un 98% de aumento con respecto a 2015 en la ciudad que tiene como responsable del gobierno a Horacio Rodríguez Larreta, del mismo partido que el presidente Macri.

El informe también señala que la cantidad de indigentes aumentó en cada medición durante 2018 de la mano de la inflación. En el primer trimestre del año pasado existían 132.000 personas en situación de indigencia. En el segundo trimestre fueron 173.000 individuos los que no alcanzaron a cubrir la canasta básica alimentaria. Y para setiembre de 2018 eran 198.000 los que se encontraban bajo la línea de indigencia.

También se ha verificado un importante aumento del número de personas en situación de calle, algo que no se veía mucho algunos años atrás. "Tomando como referencia el informe, se ve claramente que existe una correlación entre el empobrecimiento de una parte importante de los habitantes de la ciudad con el aumento de las personas en situación de calle", expresó Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro factor que aumentó la cantidad de individuos durmiendo en las calles fue el ingreso de personas provenientes del conurbano bonaerense que llegaron a la Capital Federal en busca de mejores circunstancias.

Además, el informe registró el aumento de porteños que viven en situación de pobreza. En setiembre de 2015, año en el que Rodríguez Larreta asumió como jefe de gobierno porteño, había 414.000 individuos en situación de pobreza. En setiembre de 2018, fueron 639.000 las personas que no llegaron a cubrir la canasta básica total. Un total de 225.000 personas más que se situaron debajo de la línea de la pobreza.

La canasta básica total se incrementó casi 53% a lo largo de 2018. De esta forma, se ubicó cinco puntos por encima de la inflación total del año, que fue de 47,6%, según el Indec, siendo la más alta desde 1991.