30.10.2018

Por Myriam Bregman

Este martes presentamos en la legislatura porteña un proyecto de ley para la interrupción legal del embarazo (aborto no punible), sabiendo que la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sigue en las calles.

Somos parte de la marea verde que nos movilizamos para arrancar en las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las iglesias, Católicas y Evangélicas, usaron toda su influencia y recursos para impedir que el Senado aprobara la ley. Los senadores apoyaron la exigencia de la jerarquía de las iglesias y de los grupos fundamentalistas y le dieron la espalda al reclamo de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país. A miles de jóvenes que son las protagonistas de esta inmensa marea verde.

A pocos meses de esta votación, en la Ciudad de Buenos Aires un fallo judicial pone en vigencia el protocolo para los abortos no punibles que elaboró Jorge Lemus, cuando ocupó el cargo de Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2012).

El Tribunal Superior de Justicia impugnó un fallo que frenó durante años la aplicación de la resolución 1252/2012 que incluía el citado protocolo. Con este fallo los artículos más reaccionarios de ese texto elaborado cuando el actual Presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno, volverán a estar vigentes.

La resolución del Tribunal puede leerse como un guiño hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien suele enviar fuertes señales a favor de la cúpula de la Iglesia como sucedió en medio del debate por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, en el pasado Tedeum del 9 de Julio de este año. Allí planteó: “En este 9 de julio, al celebrarse un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, quiero presentarme ante Dios como Jefe de Gobierno, consagrando mi vida, mi gestión y la Ciudad de Buenos Aires al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, lo hago bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva esta Ciudad”. Los acuerdos del mandatario porteño con la Iglesia terminan restringiendo los derechos de las mujeres y personas gestantes.

Asimismo, que el Tribunal pueda emitir este fallo se debe a que en 2012 Mauricio Macri vetó la ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad, que recibió el apoyo del movimiento de mujeres, para regular estos procedimientos para la interrupción legal del embarazo. Según Macri "excedía" lo establecido por la Corte Suprema en 2012, dejando vigente la resolución del ex ministro de Salud.

Sin embargo el protocolo elaborado por Lemus retrotrae derechos establecidos en el Código Penal y el fallo FAL, que no establece plazos para la realización de un aborto no punible, sostiene que la práctica es una decisión de la embarazada y el médico y comprensiblemente indica que no es necesario autorización de la Justicia. Estos elementales derechos quedan sepultados en el protocolo de Jorge Lemus.

Nuestro proyecto

El movimiento de mujeres viene denunciando que la resolución firmada por Lemus constituye un agravio a los derechos de las mujeres por la cantidad de requisitos arbitrarios que se exigen para poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo. Máxime si se da en un contexto nacional donde 300 mujeres mueren por año a raíz de las consecuencias de abortos clandestinos, y es sabido que quienes mueren son aquellas mujeres de bajos recursos que apelan a precarias e insalubres clínicas o a improvisados métodos caseros. Sólo las mujeres de altos ingresos acceden a abortos seguros que se hacen en más de una clínica privada, a altos precios.

Nuestro proyecto de ley busca garantizar la atención integral de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes con derecho a la interrupción legal del embarazo que será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los establecimientos sanitarios pertenecientes a los sistemas de salud pública y privada de la Ciudad de Buenos Aires. Y no se requerirá de autorización judicial ni de ningún otro requisito.

Nos alarma el informe reciente que elaboró UNICEF. Allí señala que el 15 % de los partos en Argentina son de adolescentes y alrededor de 3.000 son de niñas. En la mayoría de estos casos han sido víctimas de abuso, porque a esa edad hay abuso de poder. Estas cifras son pavorosas, máxime cuando aún hoy la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), en los establecimientos educativos, se da de forma deficitaria.

Por este motivo, a mediados de septiembre, presentamos junto a Patricio del Corro un proyecto de ley que se titula Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros, sin injerencia religiosa, que fue elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadores de la Educación y estudiantes secundarios. El proyecto tiene el propósito de dar respuestas a los reclamos de estudiantes, docentes y familias que, junto al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, exigen el acceso a una educación sexual sin injerencia religiosa en el ámbito educativo de la Ciudad.

Seguiremos impulsando la movilización en las calles porque sabemos que allí se arrancan nuestros derechos. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el pleno derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, como parte de un conjunto de medidas que garanticen el acceso a educación sexual y anticonceptivos, resulta un derecho impostergable.

29.10.2018

Por CORREPI

Primera condena a prisión perpetua para la Policía de la Ciudad.

Después de un año de transición, anunciada conjuntamente por el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el 1º de enero de 2017 comenzó a operar la Policía de la Ciudad, fusión de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana. La “nueva” fuerza de seguridad, presentada como la que iba a ser transparente, eficiente, profesional y respetuosa de los derechos de las personas, acumula, en 22 meses, más de 30 casos de gatillo fácil, y el martes 23 recibió su primera condena a prisión perpetua.

En las audiencias del juicio, que duró casi un mes y medio, se demostró que la mañana del 15 de julio de 2017 el policía de la Ciudad Gustavo Adrián Otero emprendió una persecución a tiros contra el auto en el que volvían de bailar tres amigos -Cristian, Dani y Carlitos-, porque en una bocacalle habían tenido un cruce de palabras. Se probó que el policía disparó al menos ocho veces a corta distancia contra el auto, desde atrás, desde los costados y desde adelante, y que uno de esos tiros mató a Cristian “Paraguita” Toledo, a pocas cuadra de su barrio, de su casa, de su familia. Por casualidad, o mala puntería, no fusiló también a Dani y Carlitos.

A partir de allí, comenzó una lucha en el barrio, en las calles y en los tribunales, protagonizada por familia, amigxs, vecinxs y organizaciones del barrio, junto a CORREPI, que a los pocos meses debió enfrentar la “doctrina Chocobar”, impuesta como regla por el gobierno de Cambiemos para asegurar la impunidad de quienes son el brazo armado de un gobierno que promueve el ajuste y la militarización en las calles. También hizo su entrada en escena el defensor del policía, Marcelo Pecorelli -expulsado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad por “tráfico de influencia”- que así como manifestó, en la primera audiencia, que iba a interrogar a las víctimas como imputados y no como testigos, se esforzó en empiojar el trámite con inexistentes nulidades, a la vez que intentó, sin éxito, traer como “testigos” favorables al asesino al ministro y el secretario de Seguridad de la Ciudad.

El 11 de septiembre de 2018, Adrián Gustavo Otero se convirtió en el primer policía de la Ciudad que se tuvo que sentar -esposado- en el banquillo de los acusados, y desde el 23 de octubre es su primer condenado por gatillo fácil, y a prisión perpetua.

Dijimos en el alegato que éste era un juicio al que llegamos en circunstancias excepcionales, con el policía preso y acusado no sólo por las querellas, sino por la fiscalía, por la figura correcta: el homicidio agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad estatal. Encontrar jueces y fiscales que se atrevan a usar esa calificación es tan difícil como lograr que le digan tortura (y no apremios, vejaciones o severidades) a la aplicación de tormento.

Dijimos, también, que era la oportunidad para una sentencia histórica, que en pleno avance del estado de excepción impuesto por Macri y sus aliados, llamara las cosas por su nombre, le dijera asesino al asesino y señalara claramente la responsabilidad estatal frente al gatillo fácil.

Rodeados de apoyo popular, de solidaridades inmensas, de unidad y lucha organizada, lo conseguimos.

Condenamos a Otero, pero también desenmascaramos a Horacio Rodríguez Larreta, que, como Patricia Bullrich, no se cansa de decir que CORREPI miente.

Los mentirosos, los jefes de las bandas represoras, son ellos.

29.10.2018

Una suspensión con olor a fraude

Por una oscura maniobra que incluyó irregularidades en la confección de los padrones, se suspendieron las elecciones en la villa 21-24 previstas para hoy. Las organizaciones sociales, que armaron una lista de unidad con chances de arrebatarle la Junta vecinal al Pro, denunciaron un intento de fraude. Con aval de la jueza Liberatori, se votará el 11 de noviembre.

Padrones truchos con niños de 3 años anotados, votantes cuyo nombre figuraba duplicado para votar en simultáneo en dos escuelas y hasta una urna “fantasma” con 400 apellidos: por una serie de irregularidades graves, se debieron suspender las elecciones para la junta vecinal de la Villa 21-24 previstas para hoy, en las que la lista de unidad opositora, que nuclea a una veintena de organizaciones sociales, tenía expectativas de arrebatarle la conducción del barrio a Cambiemos. “Fue una clara maniobra del Pro para ganar tiempo y salir a comprar votos”, denunció uno de los candidatos de la lista “Tierra, Techo y Trabajo”, Lucas Bogado.

Cuando esta mañana, como estaba previsto, los primeros vecinos del barrio se acercaron a las escuelas para fiscalizar y controlar la votación, detectaron las primeras fallas en los padrones. Incluso que varias personas figuraban para votar en las dos escuelas habilitadas a la vez, “Horacio Quiroga” y “República de Haití”. Hasta hubo una urna “flotante”, con 400 empadronados, que no estuvo asignada a ninguna escuela. Enseguida, los referentes de las organizaciones entendieron que así no se podía votar, lo que fue comunicado a la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 que conduce la jueza María Elena Liberatori, encargada de confeccionar el padrón definitivo. Liberatori firmó el acta redactada por los vecinos y los referentes de la lista opositora con las irregularidades detectadas y, dos horas antes de la apertura de las urnas, se dio por levantada la votación, que se reprogramó para el domingo 11 de noviembre.

“Claramente una elección fallida, con errores que sospechamos fueron pactados con la lista del Pro, errores que consideramos llamativos para no decir que fue un fraude”, sostuvo a este medio Federico Rosales, referente del peronismo dentro del barrio. Hace un año, un amplio abanico de organizaciones sociales, agrupaciones políticas, sectores vinculados a la Iglesia, sindicatos y vecinos autoconvocados comenzaron a darle cuerpo a la idea de armar una lista de unidad para enfrentar a la lista “multicolor”, encabezada por Cristian Heredia, para las elecciones de la Junta vecinal. Heredia es el presidente de la villa 21-24 desde 2012, cuando llegó de la mano del PJ y La Cámpora, pero poco después del triunfo de Cambiemos en 2015 se borocotizó. Todo un año de construcción se puso en juego hoy. Las expectativas políticas fueron tan grandes como la desesperación ante la imposibilidad de votar. “Queremos que nos devuelvan las elecciones. Nos robaron. Nos jugaron sucio. Mientras firmábamos el acta de suspensión, los punteros del Pro festejaban porque sabían que hoy perdían”, se quejó Bogado.

El padrón definitivo, a cargo del juzgado, se elabora con los datos del censo que realiza el Instituto de la Vivienda (IVC) porteño, que conduce el militante de la Juventud Pro Juan Maquieyra. El censo se realizó tres meses atrás. Desde entonces, las organizaciones denunciaron que tuvieron problemas para acceder al padrón final y poder comunicar en tiempo y forma las condiciones y el marco institucional de las elecciones en el barrio. De hecho, según contaron a este medio, el padrón con el que debían votar hoy difiere del que recibieron en la previa de la votación.

“Decidimos suspender las elecciones porque hubo un intento de manipulación muy obvio”, sentenció Rosales. Las organizaciones convocan mañana a una conferencia de prensa en la Legislatura porteña desde las 11 de la mañana.

29.10.2018

El Pro quiere cerrar el lactario de la Escuela Infantil Nº6 que se encuentra en el mismo predio que el Hospital Ramos Mejía. Las docentes se enteraron a través de los padres que no pudieron acceder al sistema para anotarse. Serían 45 las vacantes que no se renuevan.

Trabajadoras y trabajadores del Hospital Ramos Mejía, docentes, madres y padres de la Escuela Infantil Nº 6 del Distrito Escolar 6, se encuentran en estado de alerta, por el inminente cierre del lactario de la institución. Según el Gobierno de la Ciudad la desaparición del establecimiento educativo sería de modo progresivo hasta concluir en el 2020. La primera medida tiene como blanco al lactario, seguiría por la sala de 1 y 2, luego la de 3, 4 y 5 y se reorganizará en la escuela a construir en la manzana 66 prevista para ese año.

“Vemos varias cuestiones. En principio la privatización de la educación. Esto que está pasando es una modalidad del macrismo, cierra los lactarios y directamente ni siquiera los impulsa y lo que ofrece como alternativa son los Centros de Primera Infancia que son convenios entre el Estado y ONGS  para privatizar la educación y quitarle el derecho a la educación”, señala Mariano Pasi de la CTA-A Capital regional centro.

Las vacantes que no se renuevan para el año que viene son 45. Los trabajadores de la institución se enteraron del cierre del lactario a través de los padres que quisieron ingresar al sistema para anotarse y no pudieron hacerlo.

“Nos enteramos por el reclamo de las familias que no podían acceder al sistema. Lo que pedimos es que se cumplan los derechos de los niños y niñas y de las familias de acceder a la educación, a la escuela infantil, que es una institución pública porque todo el mundo no quiere ir a la escuela privada”, señala Valeria Scaffa docente del jardín.

La particularidad de la escuela es que funciona dentro del predio del Hospital Ramos Mejía, por lo que muchos de los trabajadores y trabajadoras llevan a sus hijos a esta institución que además tiene una larga tradición en el barrio.

“Espero una beba para febrero, la bacante para el lactario que preciso es la que se cerró. Representa una desorganización terrible porque como trabajadora del hospital y mamá de un niño que va al jardín estaba bastante tranquila de tener esa vacante. Es un modo más fácil de volver al trabajo para una mujer después de tener un bebé cosa que ya es compleja. Atravesar ese momento, acompañada por una institución con la que trabajo hace años y confío plenamente era una manera más alentadora. Cuando me quise anotar me dijeron que era una error de sistema”, explica Melina Basterretche trabajadora del hospital y mama de un alumno del jardín.

Los docentes, trabajadores del hospital, junto con vecinos y padres realizaron el sábado 27 de octubre un evento lúdico en la plaza Mariano Boedo, para visibilizar el reclamo y decir no al cierre del lactario.

26.10.2018

La Anmat había autorizado su fabricación en julio. Esta semana llegó la primera partida desde un laboratorio privado a centros de salud y hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

En los hospitales públicos y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires ya está disponible el misoprostol 200 microgramos, producido específicamente para uso ginecológico u obstétrico. Según se informó, este jueves el Laboratorio Domínguez distribuyó las primeras partidas del Misop 200, luego de que en julio la la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizara su producción para venta exclusiva a hospitales.

El mismo laboratorio informó que, a diferencia del Oxaprost, que combina misoprostol con diclofenac y está oficialmente indicado para úlceras gástricas, el Misop 200 está indicado para uso gineco-obstétrico por vía vaginal.

Así, las personas gestantes que soliciten una interrupción legal de embarazo (ILE) pueden hacerlo en los Cesac hasta la semana doce y a partir de la semana trece el procedimiento debe realizarse en un hospital.

Si bien por el momento solo puede obtenerse en hospitales, se informó que está avanzado el trámite administrativo ante la Anmat para obtener la autorización para que el producto se pueda vender en farmacias.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir declaró al diario Clarín que efectivamente llegó este jueves a los centros de salud de la Ciudad “nueva presentación que no estaba disponible. Hasta ahora sólo contábamos con el Oxaprost que utilizábamos en forma no adecuada. Es un avance porque cuesta menos, aunque no es de producción pública”.

La organización médica difundió un comunicado conjunto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Allí tomaron como ejemplo la medida adoptada por el Programa de Salud Sexual porteño para instar “al Programa Nacional a que estos recursos puedan ser distribuidos en todo el país, para que el acceso a la interrupción legal del embarazo sea el mismo para todas las personas con capacidad de gestar, sin importar la región que habite”.

La Red de Profesionales agregó que “la presentación es para uso vaginal y las recomendaciones del Ministerio son para uso vaginal, por el momento no se puede usar sublingual”.