Comunicadores del Sur

23.1.2019

Por Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo

CADA VEZ SON MÁS LOS INQUILINOS QUE ABANDONAN LA VIVIENDA ANTES DE FINALIZAR EL CONTRATO

De las últimas 300 consultas, casi el 40% son inquilinos que no juntan el dinero para pagar el alquiler, las expensas y los servicios. La finalización anticipada del contrato, la renegociación en cuotas de las deudas o el acuerdo para sostener el alquiler por unos meses hasta encontrar otra alternativa de vivienda, son los casos más recurrentes en los últimos sesenta días, según el informe del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.

Durante el último año se registró una modificación importante en las consultas formuladas por los inquilinos que se presentan en esta Defensoría para ser asesorados. De ser un organismo dedicado a garantizar el cumplimiento de los derechos de quienes alquilan, se pasó a asistirlos cuando tienen dificultades en asumir los pagos mensuales.

En marzo de 2018, el 21% de las consultas estaban vinculadas a la dificultad en sostener el pago del alquiler y las expensas; en octubre, esa cifra ascendía al 35% y durante los meses de diciembre y enero esa tendencia se acentuó, llegando al 37,01% de los casos. Le siguen: la retención indebida del depósito al finalizar el contrato (20,99%), problemas edilicios (19,21%), consultas previas a alquilar (14,23%), problemas con el intermediario (4,98%) y otras consultas (3,55%).

Dentro de los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler, uno de cada tres termina el contrato antes de los dos años, por imposibilidad de sostener el pago. Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, afirmó “Estamos recibiendo familias inquilinas que por no poder seguir pagando el alquiler se mudan a un lugar más chico, más barato, más alejado, evitando por ahora acumular deudas, pero empeorando su calidad de vida. La angustia y frustración por no poder terminar el contrato de alquiler de vivienda es cada vez más frecuente y anticipa momentos críticos para la relación entre inquilinos y propietarios”, declaró el coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, Fernando Muñoz.

Una manifestación muy similar de la misma problemática es el de los inquilinos que llegan a la finalización del contrato y no pueden afrontar los precios de la renovación (3,84%). “Habiendo recibido los nuevos precios y sabiendo que no van a poder pagarlos, necesitan una prórroga por dos o tres meses que les dé tiempo a reubicarse, para después afrontar la mudanza y los nuevos valores del mercado inmobiliario”, afirmó Muñoz.

Otro segmento es el de los inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler (18,26%) o las expensas (5,76%). Son aquellos que, por alguna situación puntual -como la pérdida de su fuente laboral- no pudieron pagar a tiempo. Generalmente necesitan acordar un plan de cuotas, con el objetivo de evitar un juicio de desalojo. Otros, en tanto, ya llegan con el juicio de desalojo iniciado (6,73%).

También están aquellos que se acercan a consultar si es legal que les aumenten tanto el precio del alquiler y las expensas (17,3%), con la expectativa de que exista alguna legislación que los ampare, y finalmente aquellos que quieren reclamarle al locador porque les aumenta el alquiler por fuera de lo establecido por contrato (2,88%) o porque les cobra expensas extraordinarias (15,38%).

A pesar de la necesidad que tienen los inquilinos de recuperar su depósito en dinero al finalizar el contrato, sigue siendo destacable la cantidad de quejas recibidas por falta de devolución del mismo.Al respecto, Fernando Muñoz afirmó: “La retención indebida del depósito es una expresión más de la búsqueda del mercado inmobiliario de exprimir al máximo la rentabilidad de las viviendas. A esta altura resulta atípico encontrar inquilinos a los cuales les hayan devuelto el depósito sin que lo reclamen insistentemente, ya sea a través de cartas documento, mediaciones u otros mecanismos formales”.

También son numerosos los inquilinos que se presentan con problemas edilicios. Dentro de este subtema, los más recurrentes son los cortes de suministro de gas (29,62%) y los problemas de humedad y/o filtraciones (25,92%), ya que son arreglos costosos y que se demoran en el tiempo. En ambos casos el locador tiene la obligación de realizar las reparaciones, reducir el monto del alquiler y en el caso de corte de gas, equipar la vivienda con artefactos eléctricos mientras perdure la falta de suministro.

En relación a las consultas previas a alquilar, las más frecuentes son las dudas sobre cláusulas contractuales y requisitos que se exigen para firmar un contrato.  Sobre esto último es destacable el crecimiento de las consultas vinculadas con los seguros de caución.Estas aseguradoras se han expandido notablemente durante el último año y, según mediciones propias, el 25% de los departamentos ofertados en los portales de búsqueda de inmuebles aceptan este tipo de garantía. En este sentido, la preocupación principal de quienes alquilan está vinculada con los perjuicios que les puede ocasionar contratar a estas empresas.

Así como se confirma la dificultad en sostener el pago del alquiler, también se confirma la reducción de conflictos entre inquilinos e inmobiliarias. Se trata de una tendencia que comenzó tras la sanción de la Ley 5859 (para que la comisión la pague el dueño) en agosto de 2017. Antes de esa legislación, el cobro indebido de comisiones y gastos administrativos era uno de los reclamos principales que tramitaban los inquilinos ante esta Defensoría. A un año y medio de la sanción de esa normativa, este tipo de reclamos descendieron al 4,98%.

Asesoramiento legal

La Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Atención a Inquilinos brinda asesoramiento legal a todos los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a este servicio, los vecinos deben acercarse a cualquiera de las dos sedes donde funciona el programa, Venezuela 538 o Carabobo 84, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. No es necesario sacar turno, la atención es por demanda espontánea y es recomendable acercarse con toda la documentación disponible para que el asesoramiento sea lo más efectivo posible.

También se pueden realizar consultar a través de WhatsApp al 112-254-6185

23.1.2019

Por Carlos Platkowski

Las sanciones fueron libradas a nombre del Frente de Izquierda – PTS por realizar pintadas en las movilizaciones del 5 de diciembre en repudio al fallo de impunidad en el femicidio de Lucía.

El pasado martes los apoderados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores fuimos citados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para notificarnos de una serie de multas labradas a nombre de Frente de Izquierda – PTS. Cuando accedimos a las actas de infracción vimos, con indignación, que todas ellas habían sido labradas por un inspector de la Ciudad que se volcó a la calle exclusivamente a detectar pintadas por el caso de Lucía Pérez y en contra del patriarcado. Ese mismo funcionario, dependiente del ejecutivo a cargo de Larreta, multó también a algunos medios de comunicación que cubrieron esa marcha (por ubicar los móviles en lugares “no permitidos”).

Efectivamente el 5 de diciembre del año pasado en varias ciudades del país se llevaron adelante manifestaciones en repudio al fallo de la justicia marplatense que había absuelto por los cargos de femicidio y abuso sexual a los acusados de haber asesinado y violado a Lucía Pérez. En ese fallo, de clarísimo corte patriarcal, hacían responsable a Lucía de su propia muerte y solo condenaron a los acusados por vender drogas en las inmediaciones de una escuela.

En los primeros 23 días de enero se produjeron 17 femicidios. Los fallos judiciales como el del caso de Lucía y las políticas de estado que en el 2019 destinarán la ridícula suma de 11 pesos por mujer para la prevención de violencia de género son las verdaderas políticas que el Estado toma frente a la cada vez más brutal violencia machista.

En ese contexto el Gobierno de Rodríguez Larreta sale a imponer multas millonarias a quienes nos movilizamos en repudio a los fallos machistas y retrógrados de la justicia argentinas. A pesar de que las pintadas no tienen firma el inspector atribuyó todas ellas al FIT – PTS. Lo que demuestra que su Gobierno mientras enfrenta a la lucha de las mujeres no pierde la oportunidad para perseguir a la izquierda. En efecto, el GCBA viene persiguiendo al FIT desde hace meses mediante la orden a sus inspectores que multen a nuestro espacio cada vez que se lleva adelante una movilización. Esto fue denunciado por la legisladora Myriam Bregman en una de las últimas sesiones del año pasado.

Las niñas, adolescentes y mujeres adultas asesinadas no les causan furia a algunos. El mismo inspector, Miguel Angel Rotondo, nos acusa por daño al espacio público por una pintada que dice “Lucia”. Hasta su nombre quieren ocultar. El 8 de Marzo seremos cientos de miles en las calles para que no puedan olvidar ni uno solo de los nombres de las mujeres asesinadas por la violencia machista y patriarcal que este estado promueve y defiende hasta con estos pequeños y despreciables actos.

22.1.2019

El apagón ocurrió en la tarde de este martes y afectó a parte de la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano. En Morón, donde se registraron cortes, hubo represión de Gendarmería hacia vecinos que reclamaban.

“Extinción de dominio para las energéticas”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Alejandro Wall. El comentario, como no podía ser de otra manera, recibió cientos de retuits. A esa hora de la tarde, más de 300 mil usuarios de Edenor y Edesur no tenían energía.

El corte de luz fue provocado por una explosión en la subestación Morón de la primera de estas empresas. Así lo informó la cuenta de Twitter @EdenorClientes cuando se acercaban las 19 h. En ese momento, la red social del pajarito ardía por las quejas de los afectados.

Los cortes no solo afectaron a las viviendas particulares y negocios. Las líneas de trenes Sarmiento y Urquiza tuvieron que interrumpir su servicio. Lo mismo ocurrió con las líneas B, D y E del subte.

Donde también se sintió el corte fue en el funcionamiento de los semáforos. Este se vio afectado en numerosas esquinas de la ciudad, contribuyendo al caos en la circulación vehicular.

El apagón se extendió por una enorme porción de los barrios porteños. Villa Crespo, Villa Urquiza, Almagro, Chacarita, Belgrano, Palermo y Colegiales fueron algunos de los lugares afectados. Además, los cortes llegaron hasta el conurbano, afectando la zona norte y hasta parte de La Matanza.

Si había algo que podía sumarse para colmar la paciencia de cientos de miles de personas, eso fue el clima. El apagón tuvo lugar en uno de los días más cálidos del año. A las 18 h, cuando se produjo el incidente, el termómetro marcaba casi 36° de sensación térmica.

Represión nocturna

Hasta avanzada la noche, los cortes de energía seguían en algunos puntos del conurbano. En Morón, donde se produjo la explosión que causó daños en otras zonas, los vecinos del barrio Carlos Gardel salieron a manifestarse. La “respuesta” del Estado fue la represión de la Gendarmería contra quienes protestaban legítimamente.

Un negocio redondo y sin controles

El apagón volvió a dejar al desnudo la falta de inversión en el sistema eléctrico. Las quejas que se vieron en las redes sociales iban dirigidas, en su mayoría, contra el gobierno nacional.

La explicación es sencilla: la gestión de Cambiemos ha permitido constantes subas en las tarifas, lo que implica enormes golpes contra los bolsillos del pueblo trabajador.

La energía eléctrica está entre los servicios que aumentará a partir de los próximos días. Para los clientes de Edenor y Edesur los aumentos serán del 26% en febrero, del 14% en marzo, del 4% en abril y de otro 4% en agosto, totalizando un 48 % hasta poco más de la mitad del año.

Gracias a esos enormes beneficios, las empresas prestadoras del servicio se garantizaron enormes beneficios en sus balances contables. La misma Edenor que este martes generó el apagón masivo cerró el tercer trimestre de 2018 con ganancias por $ 2.100 millones.

Que estas situaciones puedan ocurrir es también responsabilidad del kirchnerismo. En sus 12 años de gestión al frente del Estado nacional, mantuvo las privatizaciones que había dejado el menemismo. Eso implicó mantener las concesiones a Edenor y Edesur.

Precisamente a esa continuidad apuntaron las críticas de la izquierda. Nicolás del Caño, el diputado nacional del PTS-FIT, señaló en su cuenta la necesidad de nacionalizar el servicio energético bajo gestión de los trabajadores y los usuarios.

El planteo de la izquierda parte de una cuestión básica: servicios esenciales como la luz, el agua o el gas no pueden estar subordinados al lucro, a la búsqueda de ganancia.

22.1.2019

Por Eduardo López | Secretario dela Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, le respondió a la ministra de Educación porteña. "Ella dice: 'las escuelas nocturnas no se cierran, nunca dijimos que se iban a cerrar'. Aparentemente no leyó la Resolución 4055/2018 que ella misma firmó donde establece claramente el cierre de los 14 comerciales", resumió. 

La Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, dio una entrevista a un medio periodístico nacional en la que intentó defenderse frente a la seguidilla de conflictos que su gestión generó con la comunidad educativa porteña. Como era de prever, sus aclaraciones oscurecen un panorama educativo que se pasa de castaño. Por eso desde la UTE elaboramos una pequeña guía para leer a la Ministra en contraste con la realidad de sus acciones y más allá de los discursos facturados en el “coaching”.

En primer lugar, obligada a ceder una autocrítica ante el tamaño de los enfrentamientos con la educación pública, Soledad Acuña, se apura a reconocer: "tenemos que mejorar la comunicación con el sistema" educativo. Echarle la culpa a la “comunicación” es un clisé poco feliz después de 11 años de gestión macrista al frente de la educación porteña. Lo que hay que mejorar son las políticas que la comunidad educativa rechaza.

En lo específico del conflicto más reciente, dice "las escuelas nocturnas no se cierran, nunca dijimos que se iban a cerrar". Aparentemente no leyó la Resolución 4055/2018 que ella misma firmó donde establece claramente el cierre de los 14 comerciales. Cuando se está a cargo de la gestión de Gobierno más importante que las palabras, “dijimos, no dijimos” son las resoluciones y decisiones que se toman. 

Por otra parte, en esa costumbre de invocar un diálogo inexistente la responsable de la cartera educativa metropolitana afirmó que "venimos trabajando este año con mucho diálogo con los sindicatos". Sin embargo, las organizaciones sindicales nos enteramos por los directivos de escuelas cuando no por los medios de las principales y más controvertidas medidas de su gestión. Mencionemos algunos:  el proyecto de la UniCABA, el cierre de las escuelas nocturnas, el cierre del Lactario del Ramos Mejía, el traslado de la escuela media del CENARD, la de Cerámica y el Romero Brest. Ningún tema  se “dialogó” previamente con los sindicatos y todos cosecharon en rechazo unánime de la comunidad.

En materia salarial, Acuña, dice “nos juntamos para ir acordando los aumentos salariales para tratar de que no pierdan con respecto a la inflación". No aprobó matemática. Desde junio del 2018 venimos perdiendo entre 6 y 10 puntos mensuales. Las pocas reuniones son para informar los aumentos más que de diálogo o debate. Todas las organizaciones venimos rechazando las propuestas salariales. 

Pero la Ministra insiste, "nos propusimos sentarnos a discutir todas las veces que hiciera falta". Aceptamos el convite.  Ahora hace falta. Desde la semana pasada UTE viene reclamamos la urgente convocatoria a la mesa salarial que la misma Acuña había prometido en la reunión  del 7/12 convocar apenas saliera el índice de inflación de enero y estamos esperando que nos convoquen ya que estamos perdiendo más de 10% con respecto al índice de inflación del IPCBA.

En relación a ello, finalizamos esta breve guía con un contrapunto a una de las afirmaciones preferidas de los funcionarios macristas, una que de tanto repetirse va perdiendo el sentido sin que sus propaladores lo noten.  La frase es: “Esperamos que las discusiones se den con los chicos adentro del aula.” Nosotros no. La UTE espera que las discusiones se den antes de que comience el ciclo lectivo. Mientras los chicos están dentro de su periodo de vacaciones. Por lo tanto exigimos a lxs funcionarios porteños que dejen de emular al Presidente Macri en sus eternas vacaciones y convoquen durante Enero a la Paritaria Salarial, Laboral, Educativa.

22.1.2019

Por Cristian Carrillo

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 47,5 por ciento de la canasta de pobreza el año pasado, hasta los 24.865 pesos, y casi del 51 en la de indigencia. La fuerte suba de alimentos y tarifas presiona a los más vulnerables.

Para un matrimonio de jubilados con casa propia, la línea de pobreza quedó en 12.455 pesos. 

Un hogar compuesto por una pareja joven de 35 años con hijes de 9 y 6 años requirió en diciembre ingresos por 24.865,43 pesos para no caer en la pobreza o 12.237,92 pesos para alimentarse y no ser indigentes. Las cifras corresponden al último informe del departamento estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evidencia un aumento de 47,5 por ciento respecto de un año atrás para la línea de pobreza y de 50,9 por ciento en la de indigencia. La diferencia de 3,4 puntos entre ambas responde a que el incremento de precios que sufrieron los alimentos y bebidas fue uno de los más elevados, lo que hace más pesada la mochila inflacionaria sobre los que menos tienen. En el caso de una pareja de jubilados, tal como informó este diario, el aumento de la canasta para no ser pobre fue mayor: aumentó 48,8 por ciento, a 12.455,35 pesos.

La inflación punta a punta del año pasado a nivel nacional alcanzó al 47,6 por ciento, la más alta en 27 años, según el informe del Indec. De ese registro histórico, una cuarta parte de la escalada se explicó por alimentos y bebidas, el cual aumentó un 51,2 por ciento en los doce meses. Por ejemplo, el kilo de harina subió 172 por ciento, seguido por el aceite girasol (78 por ciento), el arroz blanco (77 por ciento),  los fideos tipo guiseros (64 por ciento) y la leche (47 por ciento). Se trata de productos que hacen a la canasta alimentaria y de escaso o nulo nivel de sustitución.

Según el informe del ente porteño, para el hogar de la pareja citado al comienzo, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijes, la línea de ingresos para no ser considerado pobre creció 1,6 por ciento en diciembre, mientras que para no ser indigente subió 0,96 por ciento. En este caso hubo una desaceleración sobre el final del año que explica la diferencia de medio punto, a lo que se sumó el aumento hasta fin de año en los servicios públicos. Para este hogar teórico, el ente definió como estrato de “no pobres vulnerables” -que pueden pasar a ser pobres ante cualquier cambio- una línea de ingresos de entre 24.865,43 y 31.349,70 pesos. Para encuadrar en el sector “medio frágil”, los fondos necesarios van de 31.349,71 a 39.187,13 pesos, “clase media”, de 39.187,14 a 125.398,83 pesos. Por encima de este último monto (125 mil pesos) se define a los sectores “acomodados”.

Sin embargo, estos valores corresponden a hogares propietarios de sus viviendas. En el caso de una pareja de 25 años propietaria de la vivienda, la línea de pobreza está dada por un monto de 14.492,06 pesos, mientras que el mismo hogar sin ser propietario de un inmueble requiere de 18.005,50 pesos. Esto mantiene el hipotético caso de que la diferencia de 3513 pesos por mes alcance a una pareja para alquilar un inmueble. Una situación similar sucede con la estimación para un hogar de adultos mayores. Para el ente estadístico, ese hogar requiere de 12.455,35 pesos para no ser pobre, aunque el informe subestima la escalada de precios de los medicamentos. De acuerdo con el último informe realizado por la Fundación Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Cepes), una familia de dos jubilados con ciento por ciento de cobertura en sus gastos de Salud se había ubicado entre 18.500 y 20.500 pesos para no ser considerada pobre en noviembre.