Comunicadores del Sur

30.9.2018

Comunicado conjunto

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está debatiendo la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad, es decir de la regulación del procedimiento que norma las investigaciones penales.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, expediente 1790-J-2018, introduce “medidas especiales de investigación” que, de aprobarse, implicarían afectaciones muy negativas a la privacidad y la intimidad.

Una de las técnicas propuestas busca autorizar el ingreso remoto a dispositivos como celulares y computadoras. El acceso remoto es una amenaza grave a la intimidad, ya que puede conducir a la vigilancia en tiempo real a través de la cámara, el micrófono o el GPS, de manera encubierta. Estas tecnologías permiten registrar: capturas de pantalla de lo que la persona está viendo, pulsaciones sobre el teclado y lo que escribe (nombres de usuario, contraseñas, historial de navegación) y acceder a todas las comunicaciones (mensajes, correos electrónicos, llamadas). El acceso remoto también permite manipular los datos almacenados, adulterarlos o borrarlos. Todas estas actividades pueden realizarse y al mismo tiempo eliminar el rastro de esa intrusión. Este acceso del poder punitivo a la esfera de la intimidad personal se realizaría, además, sin límites adecuados para su aprobación y ejecución.

La incorporación de las distintas medidas de investigación tiene problemas serios:

1. Este tipo de medidas deben ser excepcionales y solo utilizarse en la persecución de los delitos más graves. De aprobarse este proyecto de reforma se podrían aplicar a delitos menores e, inclusive, a la investigación de contravenciones.

2. La duración de la vigilancia quedaría sujeta a la libre interpretación de los jueces. Sin límites temporales máximos exigibles se habilita a la renovación indefinida de las medidas. Este tipo de intervenciones, que deberían ser de última ratio, deberían disponerse en plazos cortos, entre los 15 y 45 días.

3. No establece mecanismos de salvaguarda ni de destrucción de la información que se obtenga sobre las víctimas del delito ni otras personas. Tampoco se regula qué autoridad estará a cargo de la información recopilada ni qué se hará con los datos personales obtenidos. Esto alimenta la divulgación, las filtraciones y otros usos indebidos que ya han sucedido bajo la órbita del mecanismo nacional actual de interceptación de comunicaciones.

4. Al/la juez/a solo se le exige dejar todo asentado en un “acta reservada”, en lugar de realizar un “auto fundado”. Sólo con una resolución motivada se puede asegurar el control judicial efectivo posterior por parte del/la imputado/a. Al no exigirla, el proyecto impide el control judicial efectivo. Los criterios y requisitos que cada juez/a debe seguir y cumplir antes de otorgar a los/as fiscales una medida de vigilancia no están determinados. Esto implica una discrecionalidad en el procedimiento judicial.

5. El proyecto incorpora las figuras de agente encubierto/a, el agente revelador/a, el/la informante y la entrega vigilada, pero sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar, tal como se hizo con el Código Procesal Penal de la Nación. Estas técnicas tampoco se regulan en forma acabada y precisa.

6. La modificación del actual Art. 117 que prevé las intervenciones telefónicas no establece límite temporal para la intervención de las comunicaciones. Esto elimina todo criterio de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

Las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control. De lo contrario, se da lugar a injerencias abusivas y arbitrarias en el ámbito de la autonomía individual.

Al mismo tiempo, nada de todo esto fue debatido en profundidad en la Legislatura de la ciudad. Las nuevas posibilidades tecnológicas de investigación requieren una desarrollada y exhaustiva experticia. Por este motivo las y los expertos deberían participar e informar sobre los alcances y consecuencias de este tipo de técnicas. Además, se debería capacitar a las y los jueces para que haya un efectivo control judicial.

En la medida en que está modificación del Código Procesal de la Ciudad vulnera las garantías procesales y el derecho a la vida privada, protegido por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos, las organizaciones firmantes rechazamos su aprobación y solicitamos que se inicie un proceso de debate serio en el ámbito correspondiente.

Access Now

Amnistía Internacional Argentina AI

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ

Asociación por los Derechos Civiles ADC

Asociación Pensamiento Penal Capítulo Buenos Aires APP

Centro de Estudios Legales y Sociales CELS

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la información CELE

Colectivo para la Diversidad COPADI

Fundación Vía Libre

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INECIP

Poder Ciudadano

29.9.2018

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Solano alertó sobre la situación de gravedad que están afrontando las más de 200.000 personas que viven en las villas de CABA como resultado del daño causado por las fuertes lluvias de las últimas horas, y reclamó una asistencia urgente del gobierno para asistir en la emergencia.

“La lluvia de las últimas horas ha generado una situación de colapso en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, provocando inundaciones de calles y viviendas, y causando pérdidas al sector más pobre de la población. La situación es generalizada y muestra que las urbanizaciones promocionadas por el gobierno de Rodríguez Larreta no han pasado de obras de maquillaje, que están muy lejos de representar una verdadera solución a los problemas reales que afrontan las decenas de miles de familias que viven en las villas de la Ciudad”.

“La nueva inundación que vive hoy la villa 20 es reveladora de esta situación, ya que es el resultado del incumplimiento sistemático de las leyes votadas en la Legislatura. Justo frente a la villa 20 el gobierno ha construido en tiempo récord la llamada “villa olímpica” que será usada para los Juegos Olímpicos de la Juventud, una iniciativa impulsada por Larreta como parte de su campaña reeleccionista”.

“En el caso de la inundación de la Villa 31, el agua afectó gravemente incluso a las casas que integran el plan de ´mejoramiento´ promocionado por Larreta.  Es necesario señalar que el gobierno se encuentra empeñado en imponer un plan contra los vecinos, que en vez de poner el eje en la urbanización del barrio pretende favorecer un negocio inmobiliario en una de las zonas más caras de la Ciudad. Centenares de vecinos ya se han movilizado a la Legislatura para expresar el rechazo a este proyecto”.

28.9.2018

Por CORREPI

El nuevo código promovido por el gobierno de Cambiemos incorpora el uso de la fuerza policial sin advertencia previa, contrariamente a lo que consigna la propia ley de seguridad de la Ciudad; formaliza el sistema de denuncias anónimas, multiplicador de causas armadas; criminaliza y persigue a quienes sobreviven con trabajos precarios en la vía pública (vendedores ambulantes, trapitos, personas en situación de prostitución, artesanos, artistas callejeros), y va frontalmente contra la protesta, con las nuevas figuras que penalizan a quienes pegan carteles o a quienes organizan actos en las calles con el eufemismo de “ruidos molestos”. Ciento veinte artículos con los que la policía podrá profundizar el control del territorio al antojo de sus mandantes.

Si algo ha demostrado CAMBIEMOS, es su capacidad ilimitada para garantizar pobreza, inflación y recesión al pueblo trabajador.

Su política económica, de apariencia errática y sin rumbo, sin embargo ha cumplido la promesa de la revolución de la alegría… para los ricos. La más escandalosa transferencia de ingresos expoliados previamente a los trabajadores ha quedado en manos de quienes apostaron a la bicicleta financiera y de los capitales especulativos que con JP Morgan a la cabeza celebran en amarillo.

La otra, la economía real de las mayorías -trabajadorxs ocupadxs, subocupadxs, desempleadxs y precarizadxs; pequeñxs comerciantes y cuentapropistas, jubiladxs- ve caer al PBI en 2,3%; crecer a la inflación proyectada para la gestión macrista en un 32% promedio; una suba del desempleo para 2019 que los más optimistas cifran en el 12%, y todo ello sellado por el estremecedor nivel de endeudamiento público que se ubica en el orden del 87%, más alto que el PBI de 2015, más la entrega explícita de la soberanía económica a los dictados del FMI.

Si algo ha demostrado CAMBIEMOS, es su capacidad ilimitada para garantizar precariedad, desempleo y exclusión social al pueblo trabajador.

Hay vastos sectores, más o menos organizados, que resisten y resistirán, pues la conflictividad social es inherente al neoliberalismo. Pero CAMBIEMOS es además -y sólo comparable en este punto con la última dictadura genocida- un generador de población excedentaria, expulsada del circuito ciudadano, algo que el gobierno de los CEOs llama “sobrante” y para quienes reservan el lugar de la incivilidad.

Es que en la lógica del neoliberalismo, es el mercado quien entrega carta de ciudadanía: si consume sirve, si no, “sobra”.

De allí que el gobierno “le habla al mercado”, le explica al mercado, le concede al mercado. La democracia, aún en su expresión burguesa, se ve entonces completamente degradada por esa lógica. El episodio surrealista de un presidente que, por cadena nacional, habla un minuto y medio para anunciar un acuerdo que no fue, explica mejor que ningún otro el nivel de dependencia y sometimiento de la institucionalidad argentina.

Ni qué hablar de lo que puede pasar si resulta aprobado el bochornoso presupuesto con recortes de 500 mil millones en áreas que afectarán sensiblemente la cotidianeidad de las clases populares.

Los costos de esas políticas generan un clima social de mucha tensión, que inevitablemente colma las calles de cotidianos reclamos. Por ahora, y fragmentados, resultan controlados. Pero ¿hasta cuándo?

La lógica neoliberal se completa, entonces, con la apelación al otro pilar de su formulación: la represión. Gobiernan con el código penal en una mano y con el pertrechamiento sofisticado en la otra. Pero además, como ya no alcanza con el delito para hacernos ingresar al sistema penal, han actualizan y amplían viejas normas que les sirven para criminalizar la “micro ilegalidad”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Código Contravencional reemplaza, desde marzo de 1998, a los célebres edictos policiales. Si bien por entonces nos quisieron presentar una versión edulcorada bajo el engañoso título de “Código de Convivencia”, las sucesivas y siempre represivas reformas posteriores, como la de julio de 2004 que nos costó 17 presxs por más de un año y medio tras la movilización masiva en su repudio, dejaron claro su rol como instrumento para el disciplinamiento y control social. Hoy, el gobierno de CAMBIEMOS avanza aún más en la ampliación de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, arma indispensable a la hora de instalar la lógica intimidatoria y neutralizante que expresan los “incivilizados que amenazan la vida de los ciudadanos”.

Lo dijimos en enero de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictó el fallo “Vera”, que habilitó la detención con fines identificatorios sin siquiera el ambiguo “indicio de sospecha”: Consagraron la validez sin fisuras de las detenciones arbitrarias, fuente no sólo de privación de libertad, sino, de la mano de las torturas, de riesgos bien concretos para la integridad física y la vida de los detenidos.

El nuevo código promovido por el gobierno de CAMBIEMOS incorpora el uso de la fuerza policial sin advertencia previa, contrariamente a lo que consigna la propia ley de seguridad de la Ciudad; formaliza el sistema de denuncias anónimas, multiplicador de causas armadas; criminaliza y persigue a quienes sobreviven con trabajos precarios en la vía pública (vendedores ambulantes, trapitos, personas en situación de prostitución, artesanxs, artistas callejerxs), y va frontalmente contra la protesta, con las nuevas figuras que penalizan a quienes pegan carteles o a quienes organizan actos en las calles con el eufemismo de “ruidos molestos”. Ciento veinte artículos con los que la policía podrá profundizar el control del territorio al antojo de sus mandantes.

Los códigos contravencionales, herederos de los “bandos del buen gobierno” que antaño se aplicaban contra los “vagos y mal entretenidos”, responden a la lógica de la “peligrosidad sin delito” e instalan la cultura del “sospechoso”, definición en la que caben desocupados, pobres, marginalizados, artistas populares, militantes sociales y políticos.

Si tenemos en cuenta que detrás de estas construcciones normativas hay un criterio tan arbitrario como selectivo, no es difícil imaginar a la policía de CAMBIEMOS lanzada a las calles de la ciudad para atrapar a los pobres del nuevo orden.

En CABA y el Gran Buenos Aires vive el 38% de la población del país. Cuando se gobierna como lo hace CAMBIEMOS, el control del espacio público y de la diversidad social, cercana al permanente conflicto, es un imperativo.

Hoy, de la mano de la necesidad de CAMBIEMOS de ejecutar las reglas del mercado, ese fetiche que con total frialdad impulsa el dólar hasta el cielo, multiplica la pobreza e hipoteca el futuro, se profundiza exponencialmente el recurso represivo de las faltas y contravenciones, bendecidas en su ajuste por la Legislatura. Al fin y al cabo, lo “legal” y lo “ilegal” es lo que el poder define así.

Pero las calles empiezan a unirse y la lucha organizada crece, en el duro camino de quebrar las lógicas del poder.

27.9.2018

El Gobierno quiere desalojar la asamblea de Villa Urquiza

Por Nicolás Romero

Por medio de una ley de la dictadura, el gobierno nacional habilitó la venta de un terreno donde se realizan tareas comunitarias. Sostienen que no lo aprobó el Congreso. En el lugar quieren levantar tres torres.

La asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza, que nació tras la debacle del 2001 y que funciona desde entonces en terrenos del ferrocarril Urquiza, sobre la avenida Triunvirato, entre Roosevelt y la vía, está en estado de alerta ante el inminente desalojo que llevará adelante el gobierno nacional para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados. Liliana Rodríguez, tallerista del espacio comunitario, explicó que el juicio para desalojar el lugar avanzó sin que la Asamblea fuera notificada, por lo que no tuvieron derecho a la defensa, y señaló que “a través de una ley de la dictadura, la Agencia de Administración de Bienes (AABE) permite que esos terrenos se pongan a la venta”. “Nos reclaman que nos vayamos para entregar esos terrenos para hacer tres torres”, apuntó la asambleísta y señaló que “hay un pedido de nulidad presentado, pero el desalojo puede caer en cualquier momento”.

El juicio de desalojo fue iniciado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de futbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas.

Rodríguez, psicóloga del hospital psiquiátrico Alvear, donde da un taller para externar pacientes en el marco del programa de Promoción Cultural de la Salud, que replica en el espacio barrial, contó que “desde hace una semana estamos día y noche defendiendo el lugar, con el apoyo del barrio. Nos están tratando como si fuéramos ocupantes, cuando somos una asamblea horizontal que no lucra sino que trabaja para la comunidad”. En este sentido, años atrás, un fallo de la Cámara Federal consideró que no es delito tomar posesión de un inmueble abandonado del Estado, como lo era el local donde funcionaba la pizzería La Ideal que los vecinos recuperaron para armar la asamblea, si sólo se persigue un interés comunitario.

“En la asamblea funciona todos los días, de 18 a 21, el bachillerato popular Berta Cáceres, que da títulos oficiales. Mantenemos una consejería pre y post aborto, que es emblemática en la lucha por la ley del aborto. Hay talleres de electricidad, de tango, de cuentos, biblioteca al paso e infinidad de actividades de integración”. “Hay una gratiferia, se entrega ropa gratis y desde hace un mes se mantiene una olla popular. Las personas en situación de calle saben que acá tienen un lugar de contención: pueden tomar una sopa caliente, un té y estar el tiempo que necesiten”, explicó la tallerista.

Para preservar ese espacio, los asambleístas convocaron a la comunidad y organizaciones sociales a sumarse a la resistencia con las consignas: No a la venta de tierras públicas, Basta de negocios inmobiliarios, No al desalojo de viviendas y de la asamblea, y sí a las ollas populares. El abogado especializado en Derecho Ambiental y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó a este diario que “al asumir (Mauricio) Macri como presidente, emitió decretos que autorizaron la venta de cientos de inmuebles del Estado a través de AABE. El año pasado, la Legislatura aprobó la venta de los terrenos de Villa Urquiza, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 % para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, que ya tiene fecha de subasta para noviembre, Nación se queda con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía”. Sin embargo, el letrado remarcó que “es ilegal autorizar la venta de tierras que son del Estado nacional sin pasar por el Congreso”, y remarcó que no se está garantizando “la protección de los derechos culturales de la ciudadanía. El Estado, que reconoció a la Asamblea, tiene que avanzar y no retroceder”.

27.9.2018

Por Mariana DM

Hace más de dos días, el colegio secundario Normal N°4 del barrio del barrio de Caballito se encuentra tomado por lxs estudiantes que reclaman por mejoras edilicias, contra la creación de la UNICABA y a la vez rechazan la implementación de la “escuela del futuro”. Reunidos en asambleas lxs alumnxs decidieron esta medida de fuerza y esperan respuestas del Gobierno.

Hoy el Colegio Normal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra tomado para decir basta de recortes y de imponer proyectos que no hacen más que deteriorar la educación pública en nuestro país. “Lo decidimos tomar porque estamos en contra de las medidas que quiere tomar este gobierno, como la UNICABA y la escuela del futuro. Estamos tomando por reformas edilicias, porque últimamente las viandas están llegando horribles. Para acompañar la lucha de los terciarios. Para hacernos ver contra todas estas medidas que está tomando el gobierno”, explicaba Martín, referente del Centro de Estudiantes a Revista Resistencias.

La decisión de tomar el colegio se había consensuado en asambleas con lxs delegadxs de los cursos y el centro de estudiantes dos semanas atrás, pero debido a las presiones por parte de las autoridades tanto del colegio como del gobierno de la ciudad, la medida se retrasó hasta ahora. “Lo decidimos porque necesitábamos tomar rápidamente por todas las medidas que está tomando el gobierno contra nosotrxs y contra el pueblo argentino” nos comenta Martín. A la vez, hizo referencia a que tuvieron problemas con autoridades del colegio, supervisores y el gobierno de la ciudad que intentaron imponer el protocolo anti-toma. Lxs estudiantes trataron de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles con lxs directivxs.

Una TOMA en medio de una situación de emergencia educativa

Durante los últimos meses se vivió en la Argentina un fuerte clima de lucha y resistencia a las medidas de corte neoliberal del gobierno que ponen en riesgo a la educación. Tomas, asambleas, movilizaciones fueron algunas de las medidas elegidas por docentes y  estudiantxs para dar batalla al feroz ajuste en educación y en ciencia y técnica que vienen llevando a cabo el gobierno de Macri.

En el mismo establecimiento donde funciona el Normal 4, dicta sus clases uno de los 29 terciarios de formación docente que el gobierno de Larreta pretende cerrar paulatinamente con la creación de la universidad de formación docente (UNICABA). Este proyecto se votará en octubre junto con el presupuesto que se destinará a educación. A la vez, el nuevo programa de estudio “la secundaria del futuro”, que pretende enviar a lxs estudiantes en su 5to año a trabajar sin remuneración a distintas empresas, funciona ya en 19 colegios y continúa extendiéndose para el año que viene a 25 escuelas más. Dicha reforma se conoce a nivel nacional como “Secundaria 2030” y ya se está avanzando en su aplicación.

Luego de la muerte evitable de Sandra y Rubén, tras la explosión de la Escuela Nº 49 de Moreno, cientos de escuelas permanecen cerradas, principalmente en ese distrito pero también en otros lugares de la Provincia de Buenos Aires. Dicha catástrofe puso en evidencia las condiciones peligrosas en las que se están dictando clases en muchas escuelas de la provincia. El incendio en la Escuela Primaria Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires trajo esta preocupación a lxs estudiantes y trabajadores de la educación porteñxs.

En este contexto, lejos de mantenerse pasivxs, lxs estudiantes salen a luchar y desde el Normal 4 proponen sumar más Centros de Estudiantes a la medida y continuar la lucha para hacerle frente al gobierno de Macri y defender la educación pública.