Comunicadores del Sur

21.9.2018

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

En la sesión de este jueves, la Legislatura de la Ciudad aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Las propuestas constituyen un verdadero blanqueo ambiental para actividades y obras que estaban en situación de ilegalidad en relación a los permisos ambientales (Certificado de Aptitud Ambiental).

Con la excusa de de incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica se incorporó una norma que establece: "Están exceptuadas de cumplir con la convocatoria a Audiencia Pública Temática todas aquellas actividades en funcionamiento y preexistentes al 10 de Diciembre de 1998, salvo cuando se trate de modificaciones a las mismas, según lo establezca la Autoridad de Aplicación”.

Es decir, que para todas aquellas actividades preexistentes al 10 de Diciembre de 1998 la ciudadanía no va a tener más derecho a participar de su evaluación de impacto ambiental. Para estas actividades no se llamará audiencia pública. La EIA será secreta entre el GCBA a través de la Agencia de Protección Ambiental y el privado o empresa.

Por ejemplo, en la evaluación del Impacto Ambiental de los Estadios o shoppings ubicados en la ciudad que existían antes del año 1998, la ciudadanía no tendrá derecho alguno a opinar sobre los impactos ambientales que ha vivido durante los años de funcionamiento de dichas actividades.

Cabe destacar que los Certificados de Aptitud Ambiental para actividades CON RELEVANTE EFECTO tienen un plazo de vigencia de cuatro (4). Antes, con la Ley N° 123 cada cuatro años el GCBA debía convocar a la ciudadanía a participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta situación ha sido sistemáticamente violada por el GCBA. Ahora legalizan la práctica ilegal. Un blanqueo ambiental para la política del GCBA y para los empresarios.

La actual Ley N° 123 establecía que las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 m2 que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares debían ser categorizadas como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, esto implicaba la necesidad de convocar a audiencia pública para su procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, este artículo se modificó. Se exige que las obras ocupen más del 50% de una manzana. Esta modificación está orientada a salvar a todos aquellos proyectos inmobiliarios que superaban los 2.500 m2, que recibieron los privilegios de la Legislatura con normas urbanísticas especiales, pero que durante el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental nunca convocaron a audiencia pública. Un caso paradigmático es el Palacio Roccatagliata frenado por la Justicia. Otra decisión de la Legislatura de subsanar la nulidad de los permisos de obra otorgados con esta deficiencia. Un blanqueo Ambiental Inmobiliario.

Por último, sobre la Evaluación Ambiental Estratégica no se estableció como obligación para los privados. No es obligatorio convocar a audiencia pública sino que sólo se hace referencia la obligación de contemplar una instancia de participación ciudadana. Tampoco se habla de la Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa, una de las grandes deficiencias de la gestión del PRO frente al boom inmobiliario en la ciudad.

La Legislatura está dedicada a tiempo completo a subsanar las ilegalidades de los empresarios inmobiliarios. Por una parte, el nuevo Código Urbanístico viene a legalizar los permisos de obras ilegales. Ahora, esta modificación de la Ley N° 123 subsanará las ilegalidades de las actividades anteriores a diciembre de 1998. Blanqueo inmobiliario y ambiental en la gestión de Larreta.

20.9.2018

Sin debate, sin presupuesto y sin certezas sobre el destino de los trabajadores de los hospitales monovalentes de la Ciudad, el Jefe de Gobierno saltó la aprobación de la Legislatura porteña e impuso la creación del Complejo Hospitalario Sur. Cinco hospitales se cierran.

Con un decreto que afirma que se proveerá de mejoras en la eficacia y la eficiencia de su gestión, el Ejecutivo de la Ciudad oficializó por decreto la unificación de cinco hospitales en el Complejo Hospitalario Sur, pasando por alto el tratamiento en la Legislatura.

“Avanza con el 5×1 a pesar de que hace un mes, la Oficina de Acceso a la Información Pública del GCABA (ley 104) nos informó que no hay presupuesto, que no hay tiempos precisos, y que por lo tanto no podían responder con certezas acerca de la realidad de los hospitales involucrados”, indicaron desde el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IReP).
El proyecto apunta a concentrar en terrenos del Hospital de Infecciosas F. Muñiz a los monovalentes de Gastroenterología Hospital B. Udaondo (Caseros 2061), de Rehabilitación Respiratoria B. Ferrer (Finochietto 849, Parque Patricios), de Oncología Marie Curie (en Parque Centenario) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (situado en Núñez).
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. Con este decreto, se licitaría su construcción en 2019.
“No tiene sustento ni lógica sanitaria, y en lugar de sumar al funcionamiento de la Salud Pública de la Ciudad quita recursos para los usuarios”, agregaron desde el IReP.
Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se organizaron en una multisectorial llamada “No al 5×1”.
Por su parte, los pacientes autoconvocados también manifestaron su postura al darse a conocer la noticia.
“Seguimos en pie de lucha porque lo que menos queremos es que el hospital pare. Vamos a tomar todas las medidas para que esto no se lleve a cabo. Nosotros como pacientes vamos a seguir apoyando al hospital en todo sentido”, expresó Magalí Velázquez, paciente del Marie Curie.
Además, se refirió a las mejoras nombradas en el decreto. “No vemos ninguna. Más que lo escrito no detallan. Es todo una vergüenza. Nosotros ya no tenemos Ministerio de Salud. No tenemos dónde ir a reclamar. Así no se puede habla de mejoras y los más perjudicados somos los pacientes”.

20.09.2018

Este viernes 21 de septiembre, el Tribunal Oral Criminal Nº 9 dictará las sentencias a los seis agentes de Prefectura por las torturas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, en la villa 21-24. 

Este viernes 21 de septiembre, a las 10:00, el Tribunal Oral Criminal Nº 9 a cargo del magistrado Fernando Ramón Ramírez, se conocerá el fallo en la causa que investigó a seis agentes de Prefectura por las torturas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, en la Villa 21-24, en septiembre de 2016. Los uniformados, que cumplen con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, son: Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Alejandro Marsilli, Ramón Fernando Falcón.

En este marco, La Garganta Poderosa recordó a través de un comunicado: "Los hechos se desarrollaron en la noche del 24 de septiembre de 2016, cuando los dos compañeros de La Garganta Poderosa, de 18 y 15 años en ese entonces, fueron llevados por agentes de la Prefectura Naval a la vera del Riachuelo, donde los amenazaron con cuchillos en el cuello, le realizaron simulacros de fusilamiento y les aplicaron tormentos físicos y psicológicos, entre otros amedrentamientos. Finalmente, los obligaron a rezar un padre nuestro, les dijeron que corrieran y que el último que se alejara iba a recibir un disparo".

Además, añadieron: "A los prefectos se los acusa de actuar como una ´patota clandestina´ y su accionar como un ´plan criminal integral´ que abarca la detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad, las torturas y el robo agravado por portación de arma de fuego. Por todo eso, tanto la querella como la fiscalía solicitaron penas de entre 15 y 18 años para los imputados."

Finalmente, la organización popular realizó una convocatoria para acompañar a los jóvenes: "la lectura de la sentencia en el primer juicio contra las Fuerzas de Seguridad de Patricia Bullrich se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9, en Talcahuano 550, CABA. Y luego, La Poderosa convoca a una conferencia de prensa, junto a referentes de Derechos Humanos, en el Hotel Buen, Callao 360".

18.9.2018

Junto a él, fueron detenidos Jaquelina Flores y Rafael Kleijer, mientras reclamaban por la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE. Violenta represión policial. 

Los referentes sociales Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Kleijer fueron detenidos durante horas mientras reclamaban frente a la comisaría 18 (CABA) por la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE. Además, fueron reprimidos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, Grabois fue detenido. 

"Fuimos detenidos junto a militantes sociales y trabajadores senegaleses. Sufrimos todo tipo de maltratos por nuestra procedencia política y organizativa. Estos hechos se dan en el marco del programa de entrega al FMI del Gobierno nacional", aseguró Grabois cuando lo llevaban detenido. 

El hecho generó el repudio de un amplio abanico de organizaciones y dirigentes sociales, sindicales y políticos. Entre ellos, el dirigente peronista Felipe Solá se acercó a la comisaría: "Nos acercamos para acompañar a los compañeros. Nos sorprende mucho que hayan detenido a Grabois. La policía no tiene conducción política", aseguró. 

También, estuvo Daniel Catalano, dirigente de ATE Capital: "La gente tiene paciencia, somos un pueblo paciente. Pero es hora de que Macri se haga cargo de la situación porque se le está yendo el país a la mierda", describió. 

Además, la CTA emitió un comunicado en el repudió las detenciones y la represión a trabajadores de la economía popular:

Mientras los compañeros mencionados, junto a integrantes de varios movimientos sociales se acercaban a la Comisaría 18, de San Juan 1750, para reclamar la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE, fueron brutalmente reprimidos con  gases y bales de goma por parte de la Guardia de Infantería.

Tras la represión injustificada, pues se trataba de una manifestación pacífica, los compañeros mencionados fueron violentamente introducidos a la sede policial y allí permanecen detenidos junto a los demás.

La CTA de los Trabajadores, al tiempo que expresa su más fraterna solidaridad para con los compañeros agredidos y presos, denuncia públicamente que la ferocidad de la represión, que sigue en aumento, pretende acallar las voces de quienes se oponen al  ajuste salvaje, a las políticas de hambre y miseria y a la entrega de la soberanía ancional por parte del gobierno nacional y sus socios porteños. Pero no podrán acobardarnos.

Por eso es que este hecho deleznable nos reafirma en la decisión de parar por  36 horas a partir del próximo 24 del corriente y marchar hacia la Plaza de Mayo a partir de las 14:30 del primer día del paro nacional.

18.9.2018

Myriam Bregman

Con un proyecto de ley, presentado en la Legislatura porteña, proponemos, junto a mi compañero de banca Patricio del Corro, que se instaure la emergencia en educación sexual, estableciendo el fin de la injerencia de las iglesias sobre el tema.

El proyecto de ley que presentamos junto a Patricio del Corro en la Legislatura porteña y que se titula Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros, sin injerencia religiosa fue elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadores de la Educación y estudiantes secundarios. El proyecto tiene el propósito de dar respuestas a los reclamos de estudiantes, docentes y familias que, junto al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, exigen el acceso a una educación sexual sin injerencia religiosa en el ámbito educativo de la Ciudad.

El proyecto que presentamos es urgente y necesario. Nos preocupa la reacción del ‘partido celeste’ de las Iglesias contra la ley de Educación Sexual Integral que debiera dictarse en las escuelas. En Córdoba la campaña de los evangelistas exige a las escuelas que los alumnos no reciban educación sexual y en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal frenó el tratamiento del proyecto presentado por la izquierda y que tenía media sanción, en obediencia a las exigencias de la jerarquía eclesiástica.

La reacción que estamos viendo es una respuesta a la masiva ola verde, se trata de un sector minoritario pero que tiene muchos privilegios y subsidios estatales, que rechaza a las millones de mujeres que colmaron las calles por el elemental derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay revanchismo contra ese despertar de millones de jóvenes.

En este contexto, y a 12 años de aprobado el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley N° 26.150) y la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley N° 2.110), un tercio de los estudiantes secundarios porteños dice no recibir formación en la temática, ya que sigue estando limitada por la intervención de la Iglesia Católica y de otras instituciones religiosas que, mientras se financian con cuantiosos fondos del Estado, violentan el derecho de la juventud a recibir educación sexual sin injerencia religiosa desde una perspectiva de género.

Con nuestro proyecto queremos establecer que nadie se puede interponer en el derecho a recibir educación sexual para decidir. Los niños, niñas, infancias trans y adolescentes son sujetos de derecho, deben ser escuchados y recibir respuesta a sus reclamos. Aún cuando la Argentina formalmente es un Estado laico, en los hechos financia a la Iglesia Católica con leyes de la dictadura. También desde el Estado se avala la injerencia religiosa en la educación.

No podemos dejar de señalar que el Gobierno nacional, preocupado por contener y desviar al movimiento que exigía en las calles “educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal para no morir”, habilitó este año el debate sobre la legalización del aborto. Legisladores de los bloques partidarios coincidieron en señalar la importancia de garantizar educación sexual. Los que hicieron campaña contra la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), justificaron su rechazo a la ley aduciendo que faltaba más educación sexual. Esta mentira se evidencia ahora con el debate sobre la modificación de la normativa sobre educación sexual en el Congreso Nacional, donde estos mismos sectores, luego de haber impuesto el rechazo a la IVE, ahora se niegan a garantizar por ley que sea obligatoria en todas las provincias y no tenga injerencia religiosa.

A la hora de analizar responsabilidades sobre la vulneración del derecho a la educación sexual no alcanza con reducirlas a un problema de desidia en la implementación, cuando en realidad se trata de las consecuencias del pacto del actual y del anterior Gobierno con el poder clerical, reflejado, por ejemplo, en la formulación del Artículo 5º del Programa de Educación Sexual Integral que estipula que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros” y del Artículo 8 de la Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad que estipula que “Los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de las familias y la comunidad educativa”.

De este modo, el parlamento otorgó a la Iglesia Católica el derecho a transmitir en las escuelas confesionales, y en las públicas en las que logra influencia, una visión oscurantista y opresora de las sexualidades. Hoy nos encontramos con que la Iglesia en sus escuelas, a la que asiste un tercio del estudiantado porteño, sigue educando bajo la falsa idea de que los preservativos no son eficaces para evitar el contagio de HIV-SIDA, que la interrupción voluntaria del embarazo es un asesinato o que las sexualidades disidentes constituyen una enfermedad pecaminosa que atenta contra ’la familia’. Incluso, por medio de ONGs, llevan estas ideas retrógradas a los establecimientos educativos públicos como ocurrió con los talleres dictados por ’Protege tu corazón’ autorizados por el Gobierno porteño.

Para millones de seres humanos, la sexualidad, en el marco de la explotación y la alienación capitalista, se ve reducida exclusivamente a un ejercicio (casi rutinario y desprovisto de placer), de las funciones reproductivas entre personas de distinto sexo. Es la injerencia de la Iglesia la que trasmite la idea de que “la única sexualidad normal” es la heterosexual con el fin único de la procreación. Es por esta razón que, aunque la sexualidad humana en general se encuentra encorsetada bajo el patriarcado y la explotación capitalista, son las mujeres y las personas que no se sujetan a esta heteronorma, las que están sometidas a mayor represión, discriminación y opresión.

Para posibilitar el cumplimiento del derecho a la educación sexual desde una perspectiva de género es fundamental que participen docentes, estudiantes y familias en la elaboración de los contenidos pedagógicos sin injerencia religiosa, junto a las organizaciones de mujeres y de las diversas identidades de géneros, los centros de estudiantes y los sindicatos docentes.

Nuestro proyecto dispone una serie de medidas de emergencia para dar respuesta inmediata a la situación actual que condena a la discriminación y al oscurantismo a parte de nuestra juventud. Es una propuesta complementaria de otras que también presentamos en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con todas las leyes de la dictadura que siguen garantizando el poder de las iglesias sobre nuestros derechos.