Comunicadores del Sur

18.9.2018

El proyecto de declaración fue presentado por el bloque de Myriam Bregman y Patricio del Corro. Ayer, varios referentes de la CTEP habían sido reprimidos y detenidos por la Policía de Rodríguez Larreta.

Este miércoles el PTS-Frente de Izquierda presentó un pedido de declaración para que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudie la represión y detención que sufrieron varios dirigentes sociales y trabajadores inmigrantes. Entre quienes fueron detenidos estaban Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Klejzer, integrantes de la CTEP.

Los hechos, que ya fueron informados por este medio, ocurrieron en la tarde/noche del martes, en la zona de Constitución. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires se llevó detenidos a tres dirigentes sociales que reclamaban la liberación de trabajadores senegaleses.

En el proyecto presentado por el bloque de Myriam Bregman y Patricio del Corro se pide que la legislatura de CABA repudie “la represión y detención de trabajadores inmigrantes de venta ambulante y dirigentes de la CTEP y MTE, ocurridas el martes 18 en el barrio de Constitución, mediante un operativo de la Policía de la Ciudad”.

Entre los fundamentos se señala que “durante el mismo martes ya se había conocido la noticia de la presentación por parte de Juan Grabois, de un recurso de habeas data, tras los dichos de la Ministra de Seguridad y máxima autoridad de las fuerzas represivas, Patricia Bullrich, quien lo había señalado como posible instigador de conflictos sociales, argumentando que ’se lo ve siempre en la calle’”.

En el texto de la declaración se indica además que “esta política es un intento de disciplinamiento a los sectores sociales más afectados por la crisis económica y los planes del FMI, que el gobierno Nacional y de la Ciudad quieren utilizar como un mensaje a los trabajadores y quienes enfrentan el saqueo en curso”.

18.9.2018

Por Sofía Achigar

Cristian Bay era el Secretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar y es dirigente de la agrupación UES/PJ. Contra él pesa una denuncia penal por violencia machista contra docentes de la facultad, y denuncias en la institución de maltrato laboral hacia las trabajadoras y trabajadores no docentes. La comunidad educativa venía exigiendo la destitución

En una sesión bochornosa del pleno del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las autoridades aceptaron la renuncia que presentó Cristian Bay, ahora ex secretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar.

En el documento, de manera provocadora plantea que está a disposición para trabajar en otra área de la UBA. La decana Carolina Mera y las autoridades de la Facultad no han dado respuesta a ninguna exigencia expresada en asambleas y comisiones de base estudiantiles, asambleas no docentes y de docentes de AGD-UBA, donde se exigía la destitución del cargo del funcionario y la aplicación del protocolo contra la violencia de género en la UBA, sancionado en 2015 y reglamentado en 2016, al cual nunca se le ha asignado una partida presupuestaria para su ejecución.

Las trabajadoras y trabajadores no docentes exigen hace meses lo mismo ya que denunciaron maltratos contra los no docentes, así como asignaciones "a dedo" de cargos en la facultad. El último episodio fue la semana pasada cuando, para evitar la sesión del Consejo donde se iba a abordar el caso, una patota de la UES/PJ se atrincheró en la sala del Consejo para evitar que se discuta sobre el tema, lastimando a una trabajadora no docente de la facultad.

Frente a esto, la decana Carolina Mera solo ha evadido el reclamo, con maniobras para evitar que sesione el pleno del Consejo Directivo, llamando a cuartos intermedios para estirar la resolución. Ayer, el haber aceptado la renuncia de Bay dejó al descubierto el encubrimiento que venían realizando las autoridades a un miembro de la gestión actual. Asimismo se presentó y aceptó la renuncia del Subsecretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Desarrollo, Pedro Hip, militante de la UES, acusado por las y los trabajadores no docentes por violencia ejercida en su contra.

17.9.2018

La fiscal Celsa Ramírez calificó de “asociación ilícita” a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), desconociendo al sindicato e imputando a sus miembros. Ramírez fue la encargada de pedir la detención de Néstor Segovia y de otros quince Metrodelegados en el paro realizado a mediados de mayo. Desde AGTSyP expresaron su repudio y convocaron a una reunión. 

La fiscal Celsa Ramírez solicitó el cambio de carátula de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) al de una “asociación ilícita”. En su escrito, Ramírez sostiene que los Metrodelegados “pertenecen a una agrupación que tiene el propósito de llevar a cabo actividades como las que motivan está pesquisa, es decir, las conductas ilícitas previstas y reprimidas por el art. 194 del Código Penal”.

Con este tipo de acciones, la fiscal pretende desconocer al sindicato del subte e imputarlo como una asociación ilícita, criminalizando la protesta y negando el legítimo derecho a huelga de los afiliados. A través de su cuenta de Twitter, el Secretario adjunto de AGTSyP, Néstor Segovia, ha manifestado: “No nos sorprenden estás maniobras del Gobierno mandando a sus fiscales amigos”.

Voces cercanas al sindicato sostienen que Ramírez fue puesta a dedo por el Gobierno para realizar este tipo de acciones, a fines de perseguir al sindicalismo no alineado a Cambiemos. Y tiene lógica: la fiscal fue la responsable de la detención de 16 trabajadores por “atentado y resistencia a la autoridad”, en la huelga de mayo pasado. Además, Ramírez fue indagada por abuso de autoridad en el marco de una investigación en el ex PADELAI.

No es la primera vez que la justicia ataca a los Metrodelegados. En marzo, la Corte Suprema dictaminó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es el único sindicato que cuenta con la personería gremial de los trabajadores del subte. El artículo 210 por el que Celsa Ramírez Imputa a los Metrodelegados prevé penas de prisión de entre 3 a 10 años. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Subte y Premetro rechazaron tales acusaciones y convocaron a una reunión para el próximo jueves por la mañana en Tacuarí y Bernardo de Irigoyen.

17.9.2018

Por Cristina Galasso

El proyecto fue publicado en el Boletín Oficial este lunes. La oposición pedirá que no se cierren ni trasladen los mencionados centros de salud.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó el decreto 297 en el Boletín Oficial hoy por el cual el Ministerio de Salud propicia el desarrollo del proyecto “Complejo Hospitalario Sur”, que consta de la integración de los hospitales: Hospital de Infecciosas “F. Muñiz”, Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo”, Hospital de Rehabilitación Respiratoria “M. Ferrer”, el Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie” y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, en el predio del Hospital Muñiz.

Entre las modificaciones a la estructura organizativa del Ministerio de Salud menciona:  crear la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur como organismo fuera de nivel bajo la órbita de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.

Se modificará parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de Salud quedando modificado parcialmente el Decreto N°363/15 y su modificatorio N°118/17. Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EL DECRETO DE LARRETA

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Nº 5458 – 17/09/2018
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del 15 de septiembre de 2018, la estructura
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios,
de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) (IF-2018- 18661738 – MSGC) y II
(Responsabilidades primarias, Objetivos y Descripción de acciones) (IF-2018-
18661697- MSGC), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2°.- Créase la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario
Sur, como organismo fuera de nivel bajo la órbita de la Subsecretaría de Planificación
Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.

Artículo 3°.- El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora de Ministra de Salud, el
señor Ministro de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones
Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del Servicio Civil
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. SANTILLI p/p – Bou
Pérez – Mura – Migue

14.9.2018

Legislatura de la Ciudad aprobó la concesión de los edificios del Zoológico lo que habilita a negocios de privados en 15 construcciones históricas. Fue con los votos del oficialismo Vamos Juntos y de sus aliados de Lousteau, el bloque Evolución.

La entrega de terrenos públicos para los negociados empresariales en la Ciudad es un clásico del oficialismo. El proyecto de ley aprobado autoriza al Ejecutivo a concesionar por 20 años edificios del ex zoológico Eduardo Ladislao Holmberg. Además del ex Zoo, se aprobó también la subasta de "El Dorrego", conocido popularmente como el mercado de pulgas que se encuentra en el barrio de Colegiales, y son 130 mil metros cuadrados de suelo en una de las zonas más costosas de la Ciudad. Esta entrega es un negocio de 120 millones de dólares que logró el oficialismo a través de la extorsión a los vecinos: si no aprobaban esto no iban a realizar las obras en la Plaza Clemente. El reclamo que ellos están haciendo viene desde hace años y había una ley incluso para realizar las obras necesarias.

Para la aprobación de ambas leyes, el oficialismo contó con los votos del bloque que responde a Lousteau. Rechazaron esta entrega los bloques PTS-Frente de Izquierda de Myriam Bregman y Patricio del Corro, PO, AyL, Unidad Ciudadana (FPV), y el PS. El GEN se abstuvo en la votación del ex Zoológico y rechazó la ley de "El Dorrego".

Negocio para privados, la vida de los animales no importa para el oficialismo

Una vez más el oficialismo se burla del reclamo de los vecinos, organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos de los animales, ya que en audiencias públicas y ayer mismo en la propia sesión, rechazaron la aprobación de la ley del ex Zoo.

Al respecto, el legislador Patricio del Corro afirmó en el recinto: "La rinoceronte Ruth muerta por la desidia, y eso se toca con el tema laboral. Miren lo perversos que son: la rinoceronte Ruth tenía tres cuidadores, echaron a dos para reducir personal porque se ve que los animales les gustan para las redes sociales pero cuando hay que poner plata para que los trabajadores los cuiden, no. Se murió la rinoceronte por los malos tratos, por las obras por las malas condiciones. Al otro día, despidieron a la cuidadora que quedaba. Lo que estaba claro es que había un plan. Era esperar a que se mueran animales con las obras construyéndose arriba de sus cabezas, con una mala situación, sin tener clara la situación laboral de los trabajadores, persiguiendo a los trabajadores que se oponían, y cuando se muere el animal despiden a los que quedan, o sea que se trata de un vaciamiento".