Comunicadores del Sur

13.9.2018

Con 42 votos positivos contra 15 negativos y una abstención, el oficialismo convirtió en ley el proyecto que permite la explotación de algunas de las instalaciones del predio.

La Legislatura porteña aprobó este jueves la concesión de 21 edificios ubicados dentro del ex zoológico de Buenos Aires para poder financiar parte de la construcción del Ecoparque.

Con 42 votos positivos, 15 negativos y una abstención, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto que permite la explotación de algunas de las instalaciones del predio.
Los permisos serán entregados en tres etapas: los primeros edificios se pondrán a disposición de las empresas privadas a partir de finales del 2018, otra tanda en el 2020 y otra en el 2022.
Las concesiones serán por un periodo de hasta 10, 15 o 20 años, dependiendo del lote en cuestión, para desarrollar "propuestas educativas, recreativas y de concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, servicios así como propuestas complementarias que mejoren la experiencia del visitante".
De acuerdo con la nueva ley, las sumas recaudadas por el Ejecutivo porteño a partir de estos permisos que otorgarán a las firmas privadas serán destinadas, en forma exclusiva e irrevocable, al proceso de construcción del Ecoparque.

 

13.9.2018

por Colectivo de Medios Populares

El Tribunal Oral en lo Criminal 22 condenó a prisión perpetua al asesino de Natalia Grenbenshicova (15) y Nuria Couto (18). Las jóvenes que fueron atacadas a cuchilladas por Mariano Bonetto el 11 de octubre de 2016 en el Parque Irala de La Boca, murieron días después. El asesino había sido declarado inimputable en dos oportunidades.

El Tribunal Oral en lo Criminal 22, conformado por Ángel Gabriel Nardiello, Patricia Elida Cusmanich y Sergio Adrián Paduczak, condenó a prisión perpetua a Mariano Bonetto, quien apuñaló a Natalia Grenbenshicova (15) y Nuria Couto (18) el 11 de octubre de 2016 en el Parque Irala de La Boca. Nuria murió el 5 de noviembre. Natalia, apenas unos días después, el 24.

El juicio oral y público había comenzado el 14 de junio, con la querella de los familiares de ambas adolescentes y el acompañamiento de amigos y amigas, vecinos de La Boca, alumnos y docentes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano.

Hasta hoy Bonetto estaba detenido en Prisma (área dedicada a los detenidos con problemas psiquiátricos) debido a un fallo anterior que lo había declarado inimputable. Hoy estuvo presente en la sala de audiencias algunos minutos. Se negó a hacer uso de su derecho a decir las últimas palabras y se retiró hacia la alcaidía donde esperó la sentencia.  Tras la condena de hoy deberá ser trasladado a una cárcel común.

La sentencia de prisión perpetua no fue unánime sino por mayoría. La presidenta del tribunal votó en disidencia pero se desconocen los argumentos que serán leídos por los jueces el jueves próximo.

“Estoy contenta, más tranquila porque se hizo justicia como la entendemos acá. No me va a devolver a Natalia pero por fin algo salió como se debe”, dijo emocionada Anna Rodionova, su mamá, al finalizar el juicio.

“La fiscalía había pedido 30 años y las querellas perpetua. Deseábamos este fallo pero creímos que el Tribunal iba a dar lo pedido por la fiscalía. Estamos sobrepasados de emociones. La perpetua da la seguridad de que pague como debe ser”, explicó Liliana Borysiuk, abogada querellante en representación de la mamá de Natalia.

Carlos Couto, el papá de Nuria, también celebró el fallo: “Fue ejemplar, no esperaba una perpetua. El debate fue importante para establecer que era una persona en sus cabales. Se pudo revertir ese dictamen médico que había dicho que era inimputable basado en dos entrevistas de 20 minutos. En el juicio oral, en vivo, se pudo escuchar a los testigos, los amigos de Nuria y Natalia, que hablaban de una persona normal que sabía lo que hacía, lo mismo que los médicos del Argerich y del Santojanni. Así nos dimos cuenta que la base de la defensa en la declaración de inimputabilidad era una estrategia y difería con la verdad”.

“Nada calma el dolor de las familias de Natalia y Nuria. Pero es un alivio, es un fallo ejemplificador y eso nos pone contentos. Y también debemos tomar conciencia de que esto sucedió en una plaza pública, y le puede pasar a cualquiera, y eso hay que verlo y hacer mención. Estamos desamparados por las fuerzas de seguridad y por un Estado ausente en todo momento”, señaló Couto.

El Colectivo de Medios Populares está integrado por FM Riachuelo, La Retaguardia, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, Radio Gráfica, FM La Caterva

13.9.2018

Estudiantes de Psicología de la UBA mantienen una medida de lucha, reclamando por la crisis de las universidades nacionales, pero también por las condiciones edilicias y académicas dentro de la Facultad. Los estudiantes denuncian aprietes del decano y evalúan cambiar la modalidad de la protesta.

Medidas similares se mantienen en las facultades de Sociales y de Filosofía y Letras, así como en distintas universidades del interior del país. Denuncian que el decano de psicología Jorge Biglieri amedrenta a docentes, impidiéndoles participar de las clases públicas organizadas para visibilizar los reclamos. Los estudiantes discuten la posibilidad de cambiar la modalidad de la protesta, permitiendo el uso de las aulas para los docentes que no quieran participar de las clases públicas, así como la reanudación de los trabajos administrativos. El próximo viernes se realizará una asamblea interclaustros para definir los pasos a seguir.

Mariana Gottardo, presidenta del centro de estudiantes de Psicología (CEP) y referenta de La Mella, declaró: “la situación de la universidad es crítica. El modelo económico del gobierno nacional, digitado por el FMI, plantea un terrible ajuste en ciencia y educación, que profundiza la precaria situación de las universidades públicas. En nuestra facultad, por ejemplo, cientos de docentes no cobran un sueldo, se cayeron los techos 3 veces en lo que va del año, se corta continuamente el suministro de agua y luz, y no se avanza con la aplicación del protocolo de acción contra la violencia de género aprobado en 2015. Es por todo esto que las estudiantes nos movilizamos en la histórica marcha del 30/8 y mantenemos distintas medidas de fuerza en la facultad” A su vez, agregó: “el rol que están jugando las autoridades deplorable. En todo este proceso el decano Biglieri ni una vez alzó la voz ni para defender a los docentes, ni para exigir más presupuesto, ni para solucionar los graves problemas edilicios. Lejos de eso, se dedica constantemente a demonizar y estigmatizar la lucha. Hay muchos docentes que nos manifestaron su intención de aportar en las clases públicas, pero que ante las amenazas del decano tuvieron que desistir de hacerlo. Esta es una situación muy grave, pero que a la vez no nos sorprende: es moneda corriente que Biglieri amedrente y persiga a los docentes que piensan distinto.” Por último, agregó: “quiero dejar bien claro que todas las decisiones las hemos tomado en asambleas democráticas y masivas, donde todos pueden expresarse y votar. Nuestra postura como centro de estudiantes, es que después de semanas intensas de actividades, marchas y toma total, es hora de continuar la lucha abriendo las aulas, para poder masificar y profundizar esta lucha, en unidad con todos los estudiantes y docentes de las distintas facultades”.

12.9.2018

De forma vergonzosa, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por mayoría el sobreseimiento de tres trabajadores de prensa detenidos mientras cubrían la represión policial el 1º de septiembre del año pasado. En un comunicado conjunto, el SiPreBA, la RNMA, la CORREPI y el Bloque de Trabajadorxs Migrantes señalaron que “atravesamos un verdadero período de excepción en materia de derechos y libertades democráticas”. Responsabilizaron al gobierno de la Alianza Cambiemos por la medida.

Compartimos el comunicado:

Cambiemos disciplinó la Cámara de Casación

Por mayoría, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de dos trabajadores y una trabajadora de prensa detenidos cuando cubrían la represión policial al finalizar la marcha del 1º de septiembre del año pasado.

Con el voto de Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, y la oposición de Carlos Alberto Mahiques, el máximo tribunal penal resolvió revocar el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones había dictado respecto de Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone, y Paola Barriga Montero, tres de las 31 personas detenidas tras la multitudinaria marcha al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, mientras que mantuvieron el sobreseimiento de Carlos Ardila Guerra, el cuarto periodista imputado.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había procesado, el año pasado, a casi todas las personas detenidas esa noche por intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. Ese fallo fue apelado por las defensas, y el 6 de diciembre de 2017 la Cámara Federal lo revocó con duros términos, a partir del análisis de las fotos y videos que demuestran  que no se cometieron tales delitos. Así, dispuso la falta de mérito para procesar a la mayoría, y, en el caso de lxs trabajadorxs de prensa, decretó su sobreseimiento.

El fiscal de Cámara Germán Moldes interpuso entonces un recurso de casación, que fue sostenido por su par de Casación Raúl Plée, en el que calificó a los fotógrafos y fotógrafa como “Iracundo tropel… canallas y fascinerosos… bestias… horda vandálica… con altas dosis de ‘travestismo’… a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos… tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro…”, entre otra cantidad de improperios.

El 6 de junio de 2018, víspera del Día del Periodista, se realizó la audiencia oral en Comodoro Py, con una importante presencia de referentes de organismos de Derechos Humanos y organizaciones antirrepresivas, así como del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) y el Bloque de Trabajadorxs Migrantes. Lxs abogadxs de CORREPI, desde la defensa, expusieron las falacias y tergiversaciones del planteo fiscal, y ahora, a más de un año de la movilización represaliada, la Cámara de Casación publicó su decisión contra lxs trabajadorxs de prensa.

Mientras el juez Mahiques -insospechado de cualquier desviación izquierdista- sostuvo que “la decisión [de la Cámara de Apelaciones] cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”, y votó por rechazar el recurso de los fiscales, el juez Riggi (a quien habría estado dirigida la coima de José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra) puso de cabeza todos los principios básicos del derecho penal. Con el argumento de que “pueden quedar dudas” sobre si lxs compañerxs participaron o no en los hechos reprochados, decidió que debe continuar el proceso. Literalmente deroga el principio de inocencia y la duda a favor del imputado, con frases como que es necesaria “certeza apodíctica” para sobreseer.

Descaradamente defiende el insostenible fallo del juez Martínez de Giorgi, revocado con reprimendas por la Cámara de Apelaciones por basarse en “afirmaciones dogmáticas” no sustentadas por prueba objetiva, y descree de la condición de trabajadorxs de prensa de lxs compañerxs, a pesar que se les secuestraron chalecos de prensa y cámaras, que se acompañó el video que dos de ellos, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitían en streaming live en el momento de ser detenidos y que el SiPreBA acreditó que estaban cumpliendo tareas profesionales.

Por su parte, la Dra. Catucci planteó lo “prematuro” de los sobreseimientos y adhirió al voto de Riggi.

Felizmente quedó firme la desvinculación de la causa de Carlos Ardila Guerra, en cuyo caso, pese a todos sus intentos, no pudieron demoler el cúmulo de evidencia favorable.

Este fallo pone brutalmente en evidencia el nivel de disciplinamiento que el gobierno de Cambiemos ha logrado sobre el aparato judicial en general, y muy particularmente sobre la justicia federal. No es casual la “renovación” de camaristas federales para impedir fallos contrarios a los intereses oficiales, ni la consolidación de nuevas “doctrinas” en espejo a los anuncios del ejecutivo, como aquello de que “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, y, por lo tanto, poco importa lo que el resto de las pruebas muestre.

A su vez, sabemos que estas detenciones son parte del recrudecimiento del accionar represivo que busca condicionar la libertad de expresión de aquellxs que intentamos, desde los medios alternativos, comunitarios y populares, registrar la violencia policial y las detenciones al voleo que suelen producirse en las manifestaciones populares.

Conscientes de que atravesamos un verdadero período de excepción en materia de derechos y libertades democráticas, redoblaremos los esfuerzos hasta lograr la desvinculación de la causa de todxs lxs compañerxs, y seguiremos en las calles para decir que protestar no es un delito, y comunicar no es un delito.

Contra la represión al conflicto social y a la comunicación popular,

¡Unidad, organización y lucha!

CORREPI, RNMA, SiPreBA y Bloque de Trabajadorxs Migrantes

12.9.2018

Desde las 8.30 de la mañana del martes 11 de septiembre, más de cien compañerxs se concentramos en Lavalle y Talcahuano para hacernos presentes en la primera jornada del juicio contra Adrián Gustavo Otero. Otero es el policía de la Ciudad que asesinó a Cristian “Paragüita” Toledo el 15 de julio de 2017, quien además quiso matar a dos amigos de Cristian, Dani y Carlitos. Declararon los testigos y querellantes de la causa, junto a Leónidas Medina, mamá de Paragüita, representadxs por Micaela Corzo y María del Carmen Verdú. Por Correpi.

Tras poco más de un año del asesinato de Cristian, familiares y amigos de Dani, Carlitos y Paragüita, el Padre Toto, (cura de la parroquia de Caacupé de la villa 21-24) y distintas organizaciones (Hagamos Lo Imposible, C.RE.AR, La Ciega, Poder Popular, Frente Popular Dario Santillán y La Poderosa), nos encontramos una vez más para exigir justicia en los Tribunales de Talcahuano al 500.

La audiencia estaba prevista para las 9.30, pero empezó recién pasadas las 11. Los tres jueces que conforman el tribunal iniciaron el debate a sala llena. En el centro y a la izquierda, se veían remeras que decían “Paragüita presente”, y eran muchas. Familiares que se organizan en CORREPI, también llevaban las fotos de sus seres queridos asesinadxs por la institución policial.

Luego de la lectura de derechos y de la acusación que realizaran la fiscalía y la querella, la defensa planteó por quinta vez la nulidad de todo lo actuado, como también una excepción por falta de promoción legal de la acción. Estos planteos fueron, una vez más, rechazados por el tribunal. El abogado defensor, Marcelo Pecorelli, afirmó, sin vueltas: “voy a interrogar a (Daniel) Nadalich y a (Carlos) Gavilán no como víctimas sino como imputados”. Se trato de una verdadera confesión anunciada del modo en que hostigaría a los testigos durante el interrogatorio.
Esta forma de proceder en los casos de gatillo fácil no es novedosa: sistemáticamente se investiga a las víctimas en calidad de victimarios.
El primero que tuvo la oportunidad de declarar fue el imputado, quien luego de aclarar que no respondería preguntas, leyó un breve texto y entregó un folleto al tribunal. Luego, declaró el primer testigo por la querella, Daniel Nadalich. Con palabras firmes y claras, pudo relatar la cacería humana que vivieron esa madrugada: el intento de llegar al hospital Penna para salvarle la vida a su amigo, el modo en que Otero le apuntaba a la cabeza desde su vehículo y cómo luego fue puesto tras las rejas. “Durante esa mañana, se escuchaban gritos, bombos; si no fuera por la gente que fue a apoyar, seguiríamos estando ahí”, concluyó.

Más tarde, llegó el momento de Leo, la mamá de Paragüita. Ella no solo relató desde un profundo dolor el momento en que se enteró que Cristian no iba a volver nunca más, sino que hizo que quienes estábamos allí lo conociéramos y supiéramos que era un pibe trabajador, amante del fútbol, y cuánto se lo extraña. “Pido una condena que sea firme (…) a mí lo único que me queda es la foto de mi hijo”.

Cuando le tocó declarar a Carlitos Gavilán, se volvió a revivir todo lo sucedido esa madrugada: el miedo paralizante, y el saber que “uno de nosotros estaba herido”. Ambos testigos relataron que ya estando tirados boca abajo y siendo apuntados por Otero con su arma reglamentaria, le pedían que por favor llamara a una ambulancia, porque su amigo estaba herido. “Dejalo que se muera ese hijo de p***” fue la respuesta que recibieron de este policía, quien también sentenció: “su amigo ya me cagó la vida, me da lo mismo matarlos a ustedes ahora”.

Lo que fuera un anticipo por parte del abogado defensor, se hizo efectivo durante los testimonios de Dani y Carlitos. Pecorelli no ahorró oportunidad de presionarlos mediante insistentes preguntas reiteradas e inconducentes. Más de una vez, tanto el tribunal como la querella y la fiscalía, tuvieron que llamarle la atención por la generación de preguntas repetitivas y mal formuladas.

Luego de una larga jornada de lucha, concluyó la primera audiencia de este juicio que puso al primer policía de la Ciudad en el banquillo de los acusados por gatillo fácil.

La próxima audiencia quedó fijada para el próximo martes 18 de septiembre a las 9.30 de la mañana.