Comunicadores del Sur

27.11.2018

Por Gustavo Sarmiento

Sin consenso y con la Legislatura militarizada, se votó la polémica Universidad docente. Para la comunidad de los profesorados, el larretismo va por los edificios. Lo que sigue: la vía judicial.

¿Por qué el gobierno porteño se empecinó en votar la ley de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), a pesar de tener a toda la comunidad educativa y a los nueve bloques de la oposición en la Legislatura en contra? ¿Por qué el apuro de aprobarla sin consenso ni debate, y sin siquiera establecerle un presupuesto y una sede para funcionar? Estas preguntas se formulan todavía docentes y alumnos de los 29 profesorados que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quiere sentenciar a una muerte lenta e ineludible. Coinciden en una hipótesis: por un lado, se busca desfinanciar al sistema educativo público, a favor del privado, y al mismo tiempo generar un negocio inmobiliario con la venta de los terrenos donde hoy funcionan los institutos.

El jueves, con la Legislatura vallada y la Policía de la Ciudad reprimiendo, los 34 legisladores de Vamos Juntos aprobaron la ley. Ni siquiera contó con los votos de sus aliados de Evolución. El proyecto habla de que “coexistan” (y compitan) la UniCABA y los profesorados, aunque no por mucho tiempo. Una Agencia Evaluadora se encargará de vigilar cada profesorado para analizar cuál merece continuar y bajo qué parámetros.

La ley no estipula un presupuesto para la UniCABA. Apenas deja entrever que saldrá del presupuesto 2019 para Educación, que ya tiene los fondos asignados para el resto de las áreas de la cartera. En ese caso, deberán quitarle montos a otros programas. Y sólo los profesorados públicos serán examinados por la Agencia Evaluadora. Los privados (sobre todo los 20 eclesiásticos) estarán exentos, tanto de ese control como de la necesidad de actualizar el sistema informático de administración que deberá llevar a cabo cada instituto público, según dictamina la flamante ley. Según el Ejecutivo, es para conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. Pero como la matrícula está ligada a los subsidios, el recorte a los profesorados puede ser otro puñal para su lenta disgregación.

Maximiliano Ferraro, el legislador de Vamos Juntos que llevó el tratamiento de la ley durante todo el año en la comisión de Educación, aseguró que “están garantizados los principios de autonomía y autarquía y todo se organizará a través de un rector organizador”. Lo que no mencionó es que la nueva universidad docente tendrá un primer rector y comité directivo elegidos por el Ejecutivo, por lo que la autonomía no se estaría cumpliendo. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019, para que empiece a funcionar en 2020.

Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior Joaquín V. González, remarcó el problema de la validez de los títulos: “El título de cualquier universidad tiene validez jurisdiccional hasta que lo apruebe la CONEAU. Los profesorados ya la tenemos. En cambio el promedio para darte una nueva validez como universidad es de cinco a seis años”.

La rectora de la Escuela Normal Superior 1 y vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Débora Kozak, advirtió que “hace ya un buen tiempo se vienen sufriendo ajustes: el gobierno nos sacó horas destinadas a investigación, quitó becas, y también en la infraestructura. Tenemos las instituciones en estado deplorable. En medio de todo esta situación, con miles de vacantes, cierre de jardines y recortes educativos, sancionan esta ley que habilita a afectar el presupuesto de cualquiera de los niveles educativos para financiar esa universidad”.

También los contenidos están en jaque. Temen que se generalicen los temas, se borren contenidos que tienden a la formación de sujetos críticos, y se pierdan especificidades y planes actuales de investigación. “En las Normales hay una unidad académica con Jardín y Primaria, donde aplicamos lo aprendido en la carrera, con prácticas innovadoras, como la inclusión de tecnología en el nivel inicial. Eso jamás se podría hacer con la universidad”, remarca Kozak.

Mientras tanto, la pelea de la comunidad educativa comienza a transitar el sendero judicial. Ya se anunció la posibilidad de presentar una demanda colectiva que declare la inconstitucionalidad de la norma. Ya había un amparo a favor que le ordenó al gobierno porteño informar, en un plazo de diez días, detalles sobre la creación de la UniCABA. En el medio, se aprobó la ley. “Iremos por todos los canales legales, queda mucho por hacer y demostrar, seguimos diciendo No a la UniCABA”, enfatiza Simeone.

Las miradas también apuntan al negocio inmobiliario. El primero que disparó la alerta fue el anuncio del traslado y venta del terreno del Romero Brest, referente en la enseñanza de educación física, en Núñez. Otros profesorados, como el Alicia Moreau de Justo y el Normal 1, son Monumentos Históricos. “Es clarísimo para nosotros que hay una intención de negocio inmobiliario. Puede correr riesgo cualquier institución, es completamente factible y está acreditado con el traslado del Romero Brest, que está en buenas condiciones –resalta Kozak–. Lo que les interesan son los edificios. El nuestro es de 1874. Junto con el Mariano Acosta, son las instituciones creadas por Sarmiento adonde vinieron las primeras maestras llegadas de Boston. Tiene una tradición centenaria en la formación docente. Hasta tenemos un archivo histórico con cartas de Sarmiento y Rosario Vera Peñaloza. Es patrimonio pedagógico y también cultural, que con esta ley está en riesgo”. «

26.11.2018

Por Colectivo de Medios Populares*

La madre de Juan Pablo Kukoc habló en el marco del festival realizado en el barrio de La Boca, junto a organizaciones y vecinos.  “Hay que seguir con la vida –apuesta Ivonne- porque fue a ellos a quienes les arrancaron esa vida alegre y de fiesta que tenían. A ellos no les alcanzaba el día, como dice Roxi. Iban al colegio, jugaban al fútbol, estaban con amigos”, afirmó. 

El 19 de noviembre Juan Pablo Kukoc hubiera cumplido 19 años. Pero las balas del policía Luis Chocobar terminaron con su vida apenas un mes después de llegar a los 18. Sin embargo, y como parte de esa lucha por justicia parida de tanto dolor, su mamá Ivonne, sus hermanes y sus amigos, junto con vecinos y organizaciones de La Boca, decidieron armar un festival para festejarlo. “Hay que brindar por su vida”, dice Ivonne a casi un año de que le arrancaron a su hijo. Es viernes y atardece en el barrio de los desalojos y superclásicos. El pedido por justicia grita desde la remera negra de Ivonne, en las banderas que atraviesan la calle Suárez y en los esténciles que multiplican la sonrisa de Pablo en decenas de pañuelos. Y ese pedido no está solo, se hace fuerte en el abrazo incondicional de otras madres que perdieron a sus hijos e hijas en manos de la represión estatal. 

 “Hay que seguir con la vida –apuesta Ivonne- porque fue a ellos a quienes les arrancaron esa vida alegre y de fiesta que tenían. A ellos no les alcanzaba el día, como dice Roxi. Iban al colegio, jugaban al fútbol, estaban con amigos. Si el día podía tener 26 horas, para ellos era mejor. Hay que brindar por su vida”. Y qué mejor que brindar en la calle, con música, globos, pelotero, un mural y la palabra de esas mamás que, casi al mismo tiempo, lloran, mascan bronca, bailan cuarteto y plantan cara ante tanta injusticia.

“Somos todas mamás que nos miramos y tenemos el pin, la remera, que cada cumpleaños de nuestros pibes hacemos esto. Y quizás para el vecino o la vecina somos los locos pero nos dejaron en esta condición, recordando y diciendo Kiki tenías 17, hoy tendrías 27, y te recuerdo y te voy a recordar hasta el resto de mi vida, sólo el día que me muera no te voy a recordar, no voy a pedir justicia, ahí no voy a caminar más”, dice entre lágrimas Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano, asesinado el 8 de julio de 2009 por un policía de la Federal. 

Roxana Cainzos es la mamá de Nehuén, otro adolescente de La Boca que perdió su vida a los 18, atropellado por un patrullero de la Policía Metropolitana que cruzó en rojo, sin sirenas y en contramano. Junto con Ivonne y con Carolina -mamá de Lucas Cabello, también del barrio, víctima y sobreviviente del gatillo fácil- abrieron el merendero “Madres en lucha”.  “La verdad que somos una familia que nos alentamos unas a otras y nos acompañamos en cada momento. Nos encantaría que puedan copiar eso de las madres que somos de distintos pensamientos, quizás, pero en distintas formas siempre estamos unidas y vamos para adelante a pelear contra el mismo monstruo que es el neoliberalismo que nos está matando a nuestros pibes. Lo importante es que dejen de reprimirlos y matarlos, que le den trabajo y educación”, dice Roxi, incansable. 

Entre todas las mamás hay un hombre. Un papá. Es Alfredo, padre de Florencia “La China” Cuellar, asesinada en diciembre de 2012, junto a otras 9 chicas, en la cárcel de mujeres de Ezeiza, por defender los derechos de sus compañeras. Alfredo también toma la palabra: “El Estado tiene que ser responsable, el chico tiene derecho al estudio, a la salud, a una vivienda digna, porque para eso está el Estado, y no empujarlos al abismo para que en algún momento cometan un error y mandarlos a la cárcel para que ahí se pudran. Nos tienen que escuchar a nosotros los familiares porque somos pobres y estamos condenados a vivir ahí. Los familiares unidos sí somos hoy una amenaza para el Estado y sabemos que sigue sosteniendo e implementando la violencia, que la Justicia tiene la balanza inclinada a favor de los poderosos, de la corrupción y de la impunidad.  Por eso es muy importante acompañar porque no es fácil perder un hijo, sobrellevar esta mochila cargada de dolor, impotencia y discriminación”. 

Las mamás se miran y una a una pasan al micrófono. Cada una relata su historia, la de su hijo; todas hablan de injusticia, de un sistema estatal que reprime a los pibes, a los pobres. Pero todas y cada una también destaca esa unión que las sostiene y que buscan, se replique. También señalan que encuentran justicia social en cada movida, cada marcha, cada festival que, como este primer cumpleaños sin Pablo, reúne a familias, amigos, militantes. “Ese cariño, ese beso y ese abrazo que nos damos, nos fortalece. Nosotras, más allá de nuestra cara muy triste y el corazón partido, juntamos fuerza para seguir luchando. Pedir justicia nos fortalece y nos hace ponernos de pie. No queremos que le pase esto a otro de los pibes”, asegura Ivonne.
La luna sale en La Boca y bajo su luz, los amigos y los hermanos y hermanas de Pablo también buscan su manera de recordarlo. De decir cuánto lo extrañan. Con su imagen en alto y en cada pecho, una letra; forman, unidos, su nombre. El baile continúa en Suárez e Irala. Es una noche más sin Pablo y un día más de lucha para que se haga justicia.    

Pablo por Ivonne

“Nació en la provincia de Salta y vinimos a sus 12 años. Él amaba al fútbol y a los animales. En casa tenía una suerte de granja, yo lo cargaba. Tenía su gallina, pollito, su perro, y hasta un día vino con un caballo que se encontró. Y a los dos días apareció el dueño, era chiquito el caballo. Y el dueño se reía cuando lo encontró. Muy simpático lo invitó a que venga de vez en cuando a darle de comer a los animales. Hasta le pidió que le regalara una vaca. Me acuerdo que yo le decía que me parecía mucho, y se le ocurrió que un chancho era mejor. Siempre se encontraba un animalito y lo traía. Él siempre estaba con su perro porque siempre decía que era su amigo fiel”.

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente
(Desde el Colectivo de Medios Populares producimos en unidad como urgencia y como apuesta. Coincidimos en que la comunicación no es mercancía. Nos encontramos, ensamblamos, complementamos, potenciamos y existimos, intentando romper con una máxima que buscan imponer como natural: que entre iguales, solo queda competir)

26.11.2018

Por Emilia Leone

Luego de su retiro vacacional, el presidente Mauricio Macri habló de la escandalosa suspensión de la superfinal entre River y Boca

Aunque no estaba previsto, el presidente habló en la Casa Rosada acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano. En su intervención, apuntó contra la Justicia por la suspensión de la Superfinal entre River y Boca y adelantó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar, entre otras cosas, un proyecto que "endurece las penas" contra los barrabravas.

Por extensión, como parte de su discurso criminalizador, el presidente llamó a "rechazar a los violentos" y a "las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias". Además, calificó de "bochorno" a la agresión que sufrió el micro de Boca, en las cercanías del estadio de River.

"Tenemos fallas en el sistema" de organización de los partidos de fútbol, dijo Macri, y acusó a "parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, que apaña como una conducta razonable tiras piedras, agredir, violentar, y claramente esto no es aceptable".

“¿Cómo puede ser que esas personas estén libres a las horas? No lo entiendo", sostuvo en lo que fue interpretado como un cuestionamiento al Poder Judicial. Además, Macri apuntó que "el jefe de Gobierno, como responsable, está estudiando y viendo cómo perfeccionar" el operativo para cuando se realice el partido, y destacó que “mas allá de los operativos policiales, no puedo resignarme a que haya que militarizar toda la zona, toda la ciudad”, ante un evento como este.

Sin embargo, lejos de una simple "falla", de una “falta de control” o de un “Estado ausente” para garantizar un espectáculo como el Superclásico, lo cierto es que la estrecha relación entre la dirigencia de los clubes, los funcionarios de gobierno, las fuerzas de seguridad y los llamados "barrabravas", no puede ocultarse.

Así lo demostró una vez más, con sus declaraciones, la ministra Patricia Bullrich, quien no se había pronunciado hasta ahora por los escandalosos hechos. Tras explicar que el proyecto "tipifica como delitos penales y no como contravenciones todas las conductas violentas que se realizan durante un evento deportivo”, Bullrich agregó que van a obligar a los barras que tienen prohibición de entrar a la cancha a que se presenten “en predios especiales tres horas antes de los partidos". Igual que Mauricio Macri, negó que hubiera existido una interna policial y una zona liberada para permitir el accionar de los violentos.

Como señaló en este diario el periodista deportivo Augusto Dorado, "que las barras de fútbol ’trabajan’ para intendencias, burocracia de los sindicatos o dirigentes de distinto pelaje en constante ’equipo’ con las fuerzas de seguridad no es ningún secreto". Basta con recordar el rol que tuvieron como parte de la patota de la cúpula de la Unión Ferroviaria que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra durante una medida de los trabajadores tercerizados del ferrocarril.

En una ciudad que en pocos días estará sitiada de cara a la realización del G20, para proteger a los responsables de las guerras y el hambre en el mundo, no faltan, por supuesto, las hipótesis de que estos hechos estuvieron ligados a una interna entre los ministerios de seguridad (Ciudad-Nación) y a acuerdos de sectores de la Policía con la barra brava de River para que ocurriera la agresión, con la la zona liberada.

En vísperas de ese operativo que coordina la cuestionada ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el hecho despierta por ello una alarma mayor. Como se sabe, para el evento que recibirá a los presidentes de los países que lo integran, la ministra desplegará 22 mil efectivos de fuerzas federales. Además, habrá Policía de la Ciudad, Bonaerense y efectivos de los mandatarios extranjeros, como Donald Trump que será acompañado por mil de ellos.

26.11.2018

El titular de la “Seguridad” porteña, experto en planificar represiones y operaciones de inteligencia, no resistió el papelón internacional que tenía a su cargo “cuidar”. ¿El fusible de la interna con Bullrich?

Tras el escándalo que duró todo el fin de semana alrededor de la postergación de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, renunció esta tarde el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo. Según se informó, será reemplazado por el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta había quedado en el ojo de la tormenta tras ser uno de los máximos responsables del operativo de “seguridad” encargado de garantizar el desarrollo normal del espectáculo deportivo que, como se sabe, ni siquiera pudo comenzar por la agresión recibida por el micro del plantel del Boca a poco de llegar al Monumental.

Ocampo (49 años) es abogado recibido de la UBA con una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires y Fiscal General de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. En tanto, desde diciembre de 2015 es ministro de Justicia y Seguridad porteño.

El hasta hoy ministro de Seguridad se había mantenido en total silencio desde la tarde del sábado, cuando su nombre empezó a aparecer en todos los medios antes que los apellidos de los jugadores de River y Boca. Y su renuncia se da horas después de que el presidente Mauricio Macri, su ministra del área Patricia Bullrich y su par de Justicia Germán Garavano brindaran una conferencia de prensa enfocados exclusivamente en el tema.

Pese a su silencio, durante las horas calientes del fin de semana desde su ministerio Ocampo lanzó la definición de que el llamado “tercer anillo” de seguridad en las afueras del Monumental, justo donde el micro de Boca fue apedreado, estaba custodiado por Prefectura. Es decir, por los subalternos de Bullrich.

Precisamente desde el entorno de Bullrich salieron al cruce de Ocampo y dijeron que Prefectura no era la responsable de la custodia del traslado del plantel de Boca. “Nunca avisaron que había que despejar la zona, ni a la Prefectura ni a la Policía de la Ciudad”, dijo Clarín que dijeron desde Seguridad de Nación.

Vale recordar que Ocampo, además de ser padrino de un hijo de Daniel Angelici, es uno de los funcionarios de mayor cercanía con el núcleo del PRO. Esa cercanía fue la que le garantizó en estos casi tres años de gestión de Larreta su cargo como ministro, pese a cometer infinidad de atropellos e irregularidades respecto a la “seguridad” de la población.

Sin ir más lejos, en la última manifestación popular contra el Presupuesto 2019, en los alrededores del Congreso, la Policía de la Ciudad que conducía Ocampo se destacó por cometer todo tipo de ilegalidades contra las libertades democráticas. Entre ellas, se vio en videos a policías apedreando vidrieras de restaurantes y persiguiendo hasta detener a más de veinte cuadras del Congreso a decenas de personas.

Quizás Ocampo no pueda creer que, pese a haberse convertido en un experto en organizar operativos represivos, con altas dosis de control sobre servicios de inteligencia y fuerzas de “seguridad”, haya terminado eyectado de su cargo producto de un par de cascotes certeramente alojados en las ventanillas de un colectivo doble piso.

Cada vez más cobra sentido la versión de una feroz interna entre los ministerios de Seguridad nacional y porteño, lo que incluye también los diferentes “quioscos” atendidos por las diversas fuerzas represivas que tienen a su cargo.

Capaz con la renuncia de Ocampo un capítulo de esta novela haya concluido. Pero evidentemente esto continúa.

23.11.2018

Sol Bajar

Para habilitar la matrícula, exige que suscriban "la defensa del derecho a la vida desde la concepción" y rechacen la educación sexual integral. Un caso que se replica en numerosas escuelas religiosas del país.

Una escuela privada del barrio porteño de Caballito se convirtió en noticia este jueves, cuando comenzó a difundirse el reglamento que el Colegio San José de Calasanz exigía que suscriban los padres para matricular o rematricular a sus hijos.

Entre otras cosas, el contrato de esta institución que pertenece a las llamadas "Escuelas Pías" les pide a los padres aceptar y compartir "la posición de defensa del derecho a la vida desde la concepción". Además, solicita garantizar "la formación sexual integral desde el planteo antropológico católico acorde al Ideario y el Proyecto Escolapio de Educación en el Amor, la Vida, la Afectividad y la Sexualidad", elaborado por las autoridades de este establecimiento católico.

Según trascendió, el texto también solicita aceptar como "obligatorias" materias que según la ley de Educación Sexual Integral deberían ser una "opción institucional". De hecho, según esa ley, sancionada en el año 2006, "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral” con el objetivo de “promover actitudes responsables ante la sexualidad” y “procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”. El problema, como quedó de manifiesto durante el debate sobre aborto, está sin embargo en otros pasajes de esta norma que promovió el kirchnerismo.

Hecha la ley, hecha la trampa

La noticia de este "reglamento" escolar se replica en varias escuelas religiosas, muchas veces sin trascender las paredes de la institución. Así sucede por ejemplo en otras "Escuelas Pías" que hay en Argentina. Estas instituciones, que pertenecen a la orden de los escolapios, ya tienen de hecho varias denuncias por motivos semejantes.

En Córdoba, por ejemplo, el Instituto Escuelas Pías saltó a la fama por promover en las aulas un texto titulado “Las características de un verdadero hombre”, en el que justifica la violencia machista, afirma que "dentro del hogar la función esencial del hombre es ser el jefe" y sostiene que "ese someterse de las mujeres es por amor", además de "explicar" porqué habría "diferencias" entre el cerebro del varón y la mujer, entre otras escandalosas afirmaciones.

El director de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, Perpetuo Lentijo, explica que el reglamento de la escuela porteña no es el único. “Esto ya está pasando en varias escuelas… y no sólo católicas, también en las evangélicas". Según Lentijo, las autoridades "toman sus recaudos para evitar conflictos ulteriores".

Cuenta para ello con el amparo que les brinda la propia ley de Educación Sexual Integral, que en su artículo 5 -en cuya redacción participaron instituciones religiosas y direcciones sindicales docentes como CTERA- plantea que cada "comunidad educativa" debe "incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas [de la ESI] a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

El debate que vuelve a despertar este caso es también acerca de la legalidad que puede tener la incorporación de este artículo de la ESI a un contrato de matriculación de un colegio privado. Un debate que data desde el origen de esta ley y que volvió a actualizarse en el marco del tratamiento del proyecto de legalización del aborto en el Congreso, que entre otras cosas dejó planteada la tarea de terminar con esa injerencia del clero en los contenidos educativos.

Sin injerencia religiosa

En respuesta a este enorme movimiento, y a la simpatía que despertó, las instituciones religiosas lanzaron la campaña "Con mis hijos no te metas". Con ese mensaje, buscan impedir el avance del dictamen que firmaron las comisiones de Educación y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia para modificar esta ley y darle finalmente carácter de "orden público", para que se aplique en todo el país y en todas las escuelas.

Recientemente, los diputados del PTS en el Frente de izquierda, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, volvieron a exigir que ese dictamen tenga tratamiento urgente. Como denunciaron, "está terminando el año parlamentario y el oficialismo se niega a debatir las modificaciones a la ley de ESI, que permitirían que ésta se brinde sin injerencia religiosa y en todo el país".

"Es inadmisible que la jerarquía religiosa siga teniendo el poder de interferir en los contenidos educativos", dijo Del Caño recientemente al referirse a este tema. El referente de la izquierda, autor de diversas iniciativas que apuntan a socavar el poder de la cúpula clerical, contó también que su bloque propondrá que ese dictamen se incorpore a la próxima sesión de Diputados.

La lucha que este año anudó en las calles los pañuelos verdes y naranjas, a pesar de los llamados a "no enojarse con la iglesia", dejó planteada la necesidad de redoblar y multiplicar la fuerza de este reclamo, para exigir que se separe definitivamente a la Iglesia del Estado.