Comunicadores del Sur

27.04.2026

El Banco Ciudad de Buenos Aires prepara para el próximo 13 de mayo una subasta online de inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente en los barrios de Parque Chacabuco, Caballito y La Paternal.

Los fondos obtenidos serán destinados al sistema educativo, en el marco de un proceso impulsado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, la subasta se llevará a cabo a partir de las 10 a través del portal digital del banco y comprende propiedades que forman parte del acervo de sucesiones vacantes.

Entre los inmuebles ofrecidos se encuentra una unidad en Caballito (Comuna 6), ubicada en la avenida Juan Bautista Alberdi 1586/88, con una superficie total de 72,02 metros cuadrados y una base de USD 44.377,37. Este inmueble podrá visitarse el 27 de abril en el horario de 9 a 12.

En segundo lugar, se subastará una fracción indivisa de un terreno en Parque Chacabuco (Comuna 7), en la intersección de avenida Directorio y Puan, con una base de USD 20.195,03, aunque en este caso no se prevé exhibición.

La tercera propiedad es una unidad en planta baja en el barrio de La Paternal (Comuna 15), ubicada en la avenida Teniente General Donato Álvarez 2254, con una superficie cubierta de 24,63 metros cuadrados y una base de USD 30.150. Este inmueble podrá visitarse el 28 de abril, también de 9 a 12.

Los interesados en participar deberán inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación y constituir una garantía equivalente al 3% del valor base del inmueble elegido.

Si se resulta preadjudicatario, lo que se deberá hacer es abonar una seña del 10% y una comisión del 3% más IVA dentro de los dos días hábiles posteriores.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la venta está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora y destacaron que los recursos obtenidos serán destinados al fondo educativo permanente de la Ciudad.

24.04.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó la renovación integral del patio de juegos de la Plaza Tupac Amaru, ubicada en el barrio de Flores (Comuna 7), con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, reforzar la seguridad y promover la inclusión en el espacio público.

La intervención se desarrolló en el sector delimitado por las avenidas Lafuente y Eva Perón, junto a las calles Primera Junta y San Pedrito, y la Autopista 25 de Mayo, dentro de la Comuna 7. El área total alcanzó los 311 metros cuadrados, de los cuales 238 m² corresponden específicamente al patio de juegos.

Antes de la obra, el espacio presentaba un notable deterioro: los juegos infantiles estaban en mal estado, las baldosas de caucho se encontraban desgastadas y había sectores con piso de arena. Además, si bien el perímetro —compuesto por muretes y rejas— conservaba condiciones estructurales adecuadas, requería tareas de puesta en valor.

Los trabajos incluyeron el retiro completo del equipamiento existente, así como del solado deteriorado y la arena en malas condiciones. Luego, se construyó un nuevo contrapiso y se instaló un piso de caucho de distintos colores, diseñado para aumentar la seguridad y mejorar la experiencia de uso.

Uno de los ejes principales del proyecto fue la incorporación de criterios de accesibilidad e inclusión. En este sentido, se sumaron nuevos juegos adaptados a diferentes edades y capacidades, cumpliendo con la normativa vigente y los estándares actuales de seguridad.

Asimismo, se conservaron las estructuras perimetrales originales, que fueron reacondicionadas mediante trabajos de pintura. La intervención también contempló mejoras paisajísticas, con la incorporación de arbustos y especies florales en los bordes del patio, lo que contribuye a una mejor integración con el entorno.

23.04.2026

Un operativo de desalojo se desarrollaba este jueves por la mañana en un inmueble ubicado en la calle San Blas 1974, en la intersección con Andrés Lamas, en el barrio porteño de Villa General Mitre (Comuna 11), cerca del límite con La Paternal (Comuna 15). El procedimiento comenzó alrededor de las seis de la madrugada y afecta a más de un centenar de personas que habitan el lugar, entre ellas familias con niños y personas con discapacidad.

Según relataron vecinos y residentes, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de distintas áreas del Gobierno porteño llegaron al lugar a primera hora e intentaron ingresar al edificio. De acuerdo con estos testimonios, inicialmente no se habría exhibido una orden judicial escrita, lo que generó resistencia por parte de quienes viven allí. Más tarde, indicaron, se informó que la intervención contaba con aval de la fiscalía, presuntamente comunicado de forma telefónica.

Durante la mañana, el operativo continuaba con un vallado perimetral que impedía el acceso a la cuadra. También se acercaron legisladores, referentes sociales, vecinos y docentes de escuelas cercanas, algunos de los cuales cuestionaron la modalidad del procedimiento y reclamaron soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Desde sectores opositores, la diputada porteña Delfina Velázquez calificó el desalojo como “irregular” y sostuvo que se estaría avanzando sin cumplir con las garantías correspondientes. En la misma línea, otros referentes señalaron que no hubo notificación previa y cuestionaron la falta de una respuesta habitacional integral.

Por su parte, uno de los habitantes del inmueble, que aseguró vivir allí desde hace casi tres décadas, describió que tras una primera negativa de ingreso, las autoridades realizaron un relevamiento interno y comenzaron a desarrollar un censo de las personas que residen en el lugar. Según indicó, a los ocupantes se les habría mencionado la posibilidad de una reubicación, aunque manifestaron su rechazo a soluciones transitorias como subsidios económicos o paradores.

En paralelo, fuentes del Gobierno porteño señalaron que el predio se encuentra ocupado desde el año 2000 y que cuenta con una sentencia firme de desalojo dictada en 2009. Además, indicaron que el procedimiento estaría vinculado a la necesidad de realizar una inspección estructural ante el presunto riesgo de derrumbe.

El inmueble, que abarca varias direcciones entre San Blas y Andrés Lamas, pertenece a un propietario particular y fue escenario de un prolongado conflicto judicial. Desde la administración local también señalaron que algunos de los ocupantes tendrían antecedentes y causas abiertas, aunque estos datos no fueron detallados oficialmente.

Mientras tanto, en el lugar se registraron momentos de tensión, con empujones y discusiones entre efectivos y personas que intentaban ingresar o permanecer en la propiedad. El operativo continuaba al cierre de esta nota, con presencia de fuerzas de seguridad y equipos técnicos que avanzaban en el relevamiento de la situación.

22.04.2026

La legisladora Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires), junto a integrantes de su bloque, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes sobre la licitación de estacionamientos subterráneos disuasorios impulsada mediante la Resolución Conjunta Nº 9/MJGGC/26 en cinco espacios: Parque España, en Barracas (Comuna 4); un predio en la intersección de Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios (Comuna 4); la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo (Comuna 14); el Parque de la Innovación, en Núñez (Comuna 13); y la Plaza Noruega, en Belgrano (Comuna 13), como informó Pura Ciudad

El proyecto requiere información sobre el marco legal que habilita la incorporación de nuevas localizaciones al sistema previsto por la Ley N.º 3058, incluyendo emplazamientos en las Comunas 4, 13 y 14. En particular, se pide precisar la normativa que permite sumar estos puntos, así como la compatibilidad de esa decisión con el esquema original de la ley.

Asimismo, se solicita al Ejecutivo que fundamente el alcance del artículo 8º de la norma, en relación con la posibilidad de ampliar el sistema sin intervención legislativa, e informe si hubo dictamen de la Procuración General de la Ciudad sobre este aspecto.

En relación con la licitación, el pedido incluye el requerimiento del dictamen completo de la comisión evaluadora que intervino en el proceso y los criterios utilizados para declarar de interés público la iniciativa presentada por la empresa E-ARG SRL. También se consulta si se realizaron estudios de factibilidad jurídica, impacto urbano y ambiental, y análisis de demanda.

Otro eje del pedido apunta a la integración del sistema con el transporte público, tal como lo establece la Ley 3058. En ese sentido, se solicita información sobre los mecanismos de integración tarifaria, los estudios de movilidad que respaldan la localización de los proyectos y la posibilidad de que las cocheras funcionen como estacionamientos de uso general.

El proyecto también incluye consultas sobre los aspectos económicos y contractuales, como el monto estimado de inversión, el esquema de financiamiento y las condiciones de explotación de las concesiones, previstas a 20 años.

En materia de participación, se requiere información sobre la intervención de las Juntas Comunales y la realización de instancias de consulta pública, así como los mecanismos previstos para incorporar las opiniones de vecinos y organizaciones.

Por último, se solicita precisar qué organismos estarán a cargo del control de los contratos y si está prevista la intervención de la Auditoría General de la Ciudad o del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo del pedido es contar con información detallada que permita evaluar la implementación del sistema de estacionamientos disuasorios en el marco de las competencias de la Legislatura.

21.04.2026

La Ciudad de Buenos Aires decidió activar un protocolo específico frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas, en un contexto marcado por la proliferación de mensajes intimidatorios que, en muchos casos, se originan en redes sociales y se expanden como parte de dinámicas virales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó que este tipo de acciones “no son bromas” sino conductas que pueden tener consecuencias penales, y sostuvo que no serán minimizadas.

El plan oficial apunta a establecer pautas claras de actuación ante cada alerta, con el objetivo de resguardar la integridad física y emocional de estudiantes, docentes y familias. Para ello, articula la intervención de distintos organismos, entre ellos el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y áreas dedicadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Según se explicó, la intención es anticipar situaciones de riesgo y evitar que el temor altere el normal funcionamiento de las escuelas.

En los últimos días se registraron episodios concretos que obligaron a desplegar operativos de seguridad. En algunos casos, las amenazas derivaron en intervenciones policiales e investigaciones judiciales para determinar responsabilidades, incluso fuera del territorio porteño. Las autoridades también pusieron el foco en el rol de las familias, a quienes convocaron a dialogar con los adolescentes sobre el contenido que consumen y comparten en entornos digitales.

El fenómeno tiene un alcance más amplio y no se limita a la Ciudad. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se activaron protocolos en instituciones educativas tras amenazas reiteradas en un corto período de tiempo, lo que generó alarma entre las comunidades escolares. En uno de los casos recientes, en La Matanza, dos episodios en menos de 48 horas motivaron la intervención de las autoridades y el refuerzo de medidas preventivas.

A nivel regional, la situación también encendió alertas. En distintos puntos de Argentina y Chile se detectó una seguidilla de mensajes anónimos que advertían sobre posibles ataques, lo que obligó a suspender clases y activar mecanismos de seguridad. Especialistas y autoridades investigan si se trata de un “reto viral” entre jóvenes, impulsado por el impacto que generan este tipo de amenazas y su rápida difusión en redes sociales.

El trasfondo de esta preocupación remite directamente al ataque en una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal, protagonizado por un estudiante armado, que derivó en la muerte de un alumno y varios heridos, en un hecho inédito en el país en las últimas décadas. Ese antecedente, sumado a la circulación de amenazas, elevó el nivel de alerta en todo el sistema educativo.

En este escenario, las autoridades buscan un equilibrio entre la respuesta punitiva y las estrategias de prevención. Los protocolos difundidos en distintas jurisdicciones coinciden en desalentar la viralización de mensajes intimidatorios —para evitar su efecto multiplicador— y en promover la denuncia inmediata a través de canales institucionales.

La advertencia oficial es clara: más allá de su origen, las amenazas generan consecuencias reales. No solo movilizan recursos de seguridad y afectan la vida escolar, sino que también pueden derivar en sanciones judiciales. Frente a un fenómeno que combina redes sociales, adolescencia y violencia simbólica, el desafío pasa por intervenir antes de que el miedo se transforme en un hecho concreto.