Comunicadores del Sur

30.04.2026

Una decisión administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informada por Pura Ciudad, encendió alertas en el sur porteño luego de que se formalizara la transferencia de terrenos del Autódromo Oscar y Juan Gálvez del barrio de Villa Riachuelo al fideicomiso que administra ese predio. La medida, establecida a través del Decreto 151/2026, incluye también sectores del Parque Ribera Sur, dentro de la Comuna 8, y motivó un pedido de informes por parte de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo.

La organización manifestó su preocupación por el avance de obras en la zona sin que, según señalaron, se contemple adecuadamente la existencia del denominado “Sitio La Noria”, considerado el hallazgo arqueológico más antiguo de la Ciudad. De acuerdo con la presentación, este espacio cuenta con respaldo científico de instituciones académicas y albergaría restos de asentamientos indígenas de más de 800 años de antigüedad.

El reclamo fue elevado tanto al Gobierno porteño como a la Legislatura, e incluye pedidos de información sobre las medidas de protección patrimonial, la intervención de organismos especializados y el impacto ambiental de las obras proyectadas. También cuestiona la falta de registro oficial del sitio en la cartografía urbana, lo que —según sostienen— podría implicar una omisión administrativa relevante.

Desde la Junta advirtieron que en el área ya se realizaron intervenciones, como la demolición de estructuras en el entorno del autódromo, sin una evaluación de impacto arqueológico previa ni supervisión técnica específica. En ese sentido, remarcaron que la normativa nacional vigente establece la protección del patrimonio arqueológico y obliga a las autoridades a resguardarlo.

Además del aspecto histórico, el planteo incorpora preocupaciones ambientales. El Parque Ribera Sur incluye en sus 50 hectáreas al relicto del Riachuelo [ es el recorte que quedo desconectado del río a partir de la rectificación ]con valor ecológico y cumple funciones clave como espacio verde y superficie absorbente. La posible reducción de estas áreas por obras de infraestructura fue señalada como un factor de riesgo para la resiliencia hídrica de la zona.

Al rectificar el meandro quedó en el territorio y fue rellenándose. En 2019 y hasta 2023 la Junta trabajó junto a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para concretar un sitio de interpretación, estudio y puesta en valor del patrimonio paisajístico-ecológico, con recuperación de especies nativas y museo de sitio.

El Decreto en cuestión dejó sin efecto una normativa previa que preveía transferir esos terrenos a la Corporación Buenos Aires Sur, y en su lugar los integró al plan de desarrollo del autódromo.

Desde el Ejecutivo porteño indicaron que la iniciativa apunta a impulsar actividades deportivas, culturales y comerciales, con el objetivo de revalorizar el sur de la Ciudad.

La supervisión del proyecto estará a cargo de la Subsecretaría del Autódromo, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, desde la Junta insistieron en la necesidad de garantizar instancias de participación ciudadana y de cumplir con estándares ambientales y patrimoniales, en línea con la legislación local y acuerdos internacionales.

Mientras se aguardan respuestas oficiales, el planteo suma el respaldo de sectores académicos y especialistas que advierten sobre la importancia de realizar estudios previos antes de cualquier intervención en áreas con potencial arqueológico.

29.04.2026

La Universidad de Buenos Aires amaneció este miércoles sin clases ni actividades administrativas. El paro, convocado por los gremios docentes y no docentes, respondió al comunicado del Ministerio de Capital Humano que exigía un “plan de contingencia” para garantizar la continuidad académica. La respuesta fue inmediata: la comunidad universitaria denunció que el verdadero problema es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma, sancionada en 2025 y ratificada por la Justicia, establece la actualización automática de salarios y becas en función de la inflación, además de garantizar recursos para investigación y hospitales universitarios. Sin embargo, el Gobierno mantiene su aplicación suspendida y apeló las medidas judiciales que ordenaban cumplirla. El argumento oficial es que no existen partidas presupuestarias definidas y que su implementación comprometería el equilibrio fiscal.

Los gremios consideran que se trata de una política deliberada de desfinanciamiento. “El único plan de contingencia que necesita la educación superior es el cumplimiento de la ley”, remarcaron desde ADUBA y APUBA. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que la desobediencia del Ejecutivo constituye un caso de “gravedad institucional” y que gran parte de los trabajadores universitarios perciben salarios por debajo de la canasta básica.

La protesta afectó no solo el dictado de clases en las facultades, sino también el funcionamiento administrativo y hospitalario, incluyendo el Hospital de Clínicas. Desde el interior del país, rectores como Daniel Vega, de la Universidad Nacional del Sur, señalaron que la desobediencia del Ejecutivo debilita el funcionamiento democrático y pone en riesgo la continuidad de las universidades públicas.

En este clima de tensión, los gremios ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, que se prevé multitudinaria y con participación de estudiantes, docentes y organizaciones sociales. Además, algunas federaciones docentes anunciaron paros prolongados durante toda la semana y actividades de protesta en plazas y calles de distintas provincias.

El conflicto, lejos de resolverse, se encamina a una nueva etapa de confrontación entre el Gobierno y el sistema universitario público, con la Ley de Financiamiento como eje central de la disputa.

28.04.2026

El comunicado hace referencia a medidas de racionalización previas, tomadas a comienzos de abril, cuando las cámaras decidieron disminuir la frecuencia de los colectivos en el marco del impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles, lo que generó grandes dificultades para miles de pasajeros en el AMBA. Según fuentes del sector, tras esa primera intervención las frecuencias se elevaron parcialmente, sobre todo en horario pico, pero nunca se normalizaron del todo.

El problema de fondo es financiero y tiene números concretos. El precio del litro de gasoil en surtidor de YPF trepó a $2.065, pero el Estado solo reconoce $1.744 en la estructura oficial de costos. Esa brecha de $321 por litro que deben absorber las propias empresas se traduce, según datos difundidos por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en un déficit diario de $370 millones que vuelve insostenible la prestación regular del servicio. El combustible, además, no es un insumo menor: representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte, y el gasto anual en combustible para sostener la red del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones.

A eso se suma una deuda acumulada que las empresas cuantifican en más de $128.000 millones en concepto de compensaciones estatales adeudadas. Las cámaras reconocen que hubo gestiones parciales para cancelar parte de esa deuda, pero sostienen que los avances no alcanzaron para resolver el problema estructural. El Estado, por su parte, ha mantenido una postura firme: desde la Secretaría de Transporte aseguraron que se cumplió con el pago de los subsidios y que no existe justificativo para la reducción de frecuencias. Frente a esa posición, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició fiscalizaciones y labró actas de infracción.

El deterioro del sistema no es nuevo ni exclusivamente coyuntural. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la oferta de colectivos en el AMBA se redujo un 30% respecto del nivel operativo habitual, con una caída aún más pronunciada, del 40%, en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y de la provincia de Buenos Aires. El parque móvil también viene achicándose con el tiempo: en marzo de 2026 circulaban 16.989 unidades en el AMBA, contra 19.348 en noviembre de 2019. El impacto sobre la demanda ya es visible: en marzo la cantidad de pasajeros cayó un 11% interanual y en abril la baja trepó al 21% frente al mismo mes del año pasado.

Para los usuarios, el golpe es doble: menos colectivos y boletos más caros. Con un boleto mínimo de $700 según el último aumento de marzo de 2026, el costo real del pasaje sin subsidio rondaría los $1.922. Esto significa que, incluso sumando compensaciones estatales y boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado. Según el informe de la UBA, el gasto mensual en transporte público para un hogar promedio del AMBA alcanzó $101.026 en marzo, lo que representa casi la mitad de la canasta de servicios básicos.

Ante este cuadro, las cámaras firmantes —la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)— ratificaron que el próximo jueves 30 de abril habrá una reunión en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan, según consignaron en su comunicado, definiciones concretas y verificables sobre mecanismos y plazos para el reconocimiento de los mayores costos. Si no hay acuerdo para ese entonces, las empresas anticiparon que podrían profundizar los recortes de frecuencia, especialmente en los horarios de menor demanda, como la noche. La advertencia no es menor: el sistema de transporte automotor moviliza a unos cinco millones de pasajeros por día en el AMBA.

27.04.2026

El Banco Ciudad de Buenos Aires prepara para el próximo 13 de mayo una subasta online de inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente en los barrios de Parque Chacabuco, Caballito y La Paternal.

Los fondos obtenidos serán destinados al sistema educativo, en el marco de un proceso impulsado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, la subasta se llevará a cabo a partir de las 10 a través del portal digital del banco y comprende propiedades que forman parte del acervo de sucesiones vacantes.

Entre los inmuebles ofrecidos se encuentra una unidad en Caballito (Comuna 6), ubicada en la avenida Juan Bautista Alberdi 1586/88, con una superficie total de 72,02 metros cuadrados y una base de USD 44.377,37. Este inmueble podrá visitarse el 27 de abril en el horario de 9 a 12.

En segundo lugar, se subastará una fracción indivisa de un terreno en Parque Chacabuco (Comuna 7), en la intersección de avenida Directorio y Puan, con una base de USD 20.195,03, aunque en este caso no se prevé exhibición.

La tercera propiedad es una unidad en planta baja en el barrio de La Paternal (Comuna 15), ubicada en la avenida Teniente General Donato Álvarez 2254, con una superficie cubierta de 24,63 metros cuadrados y una base de USD 30.150. Este inmueble podrá visitarse el 28 de abril, también de 9 a 12.

Los interesados en participar deberán inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación y constituir una garantía equivalente al 3% del valor base del inmueble elegido.

Si se resulta preadjudicatario, lo que se deberá hacer es abonar una seña del 10% y una comisión del 3% más IVA dentro de los dos días hábiles posteriores.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la venta está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora y destacaron que los recursos obtenidos serán destinados al fondo educativo permanente de la Ciudad.

24.04.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó la renovación integral del patio de juegos de la Plaza Tupac Amaru, ubicada en el barrio de Flores (Comuna 7), con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, reforzar la seguridad y promover la inclusión en el espacio público.

La intervención se desarrolló en el sector delimitado por las avenidas Lafuente y Eva Perón, junto a las calles Primera Junta y San Pedrito, y la Autopista 25 de Mayo, dentro de la Comuna 7. El área total alcanzó los 311 metros cuadrados, de los cuales 238 m² corresponden específicamente al patio de juegos.

Antes de la obra, el espacio presentaba un notable deterioro: los juegos infantiles estaban en mal estado, las baldosas de caucho se encontraban desgastadas y había sectores con piso de arena. Además, si bien el perímetro —compuesto por muretes y rejas— conservaba condiciones estructurales adecuadas, requería tareas de puesta en valor.

Los trabajos incluyeron el retiro completo del equipamiento existente, así como del solado deteriorado y la arena en malas condiciones. Luego, se construyó un nuevo contrapiso y se instaló un piso de caucho de distintos colores, diseñado para aumentar la seguridad y mejorar la experiencia de uso.

Uno de los ejes principales del proyecto fue la incorporación de criterios de accesibilidad e inclusión. En este sentido, se sumaron nuevos juegos adaptados a diferentes edades y capacidades, cumpliendo con la normativa vigente y los estándares actuales de seguridad.

Asimismo, se conservaron las estructuras perimetrales originales, que fueron reacondicionadas mediante trabajos de pintura. La intervención también contempló mejoras paisajísticas, con la incorporación de arbustos y especies florales en los bordes del patio, lo que contribuye a una mejor integración con el entorno.