Comunicadores del Sur

30.5.2018

Con la participación de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y del Secretario de DDHH del SiPreBA, Tomás Eliaschev, se desarrolló la conferencia de Prensa  donde se amplió la información sobre la causa iniciada a cuatro comunicadorxs por cubrir la represión ocurrida en la movilización del 1° de Septiembre, a un mes de la desaparición de  Santiago Maldonado.

Anunciaron que el próximo miércoles 6 de junio a partir de las 9 de la mañana estarán en los tribunales de Comodoro Py de un carnaval con radio abierta, intervenciones artísticas y toda la comedia del arte para recibir la audiencia donde el Fiscal debe sostener su postura y Correpi realizará la defensa de los imputados.

 

Cronología de los hechos:

El 1 de septiembre se realizó una multitudinaria marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Al momento de la desconcentración, la Policía de la Ciudad realizó una razzia como ya se había vivido el 8 de marzo con la detención de 17 lesbianas tras el paro internacional de mujeres. El operativo policial se extendió a lo largo de avenida de Avenida de Mayo llegando hasta casi el Congreso, se detuvo a 31 personas bajo el cargo de “intimidación pública y resistencia a la autoridad”, entre ellas cuatro comunicadorxs que estuvieron encerrados e incomunicados hasta el 4 de septiembre a la madrugada.

El juez que intervino en la causa es Martínez Di Giorgi, quien tomó la decisión de procesar a 22 de lxs 31 detenidos. Entre éstos últimos, lxs compañerxs trabajadorxs de prensa. Todos estos procesamientos se fundaron en testimonios y actas policiales contradictorias.

Por este motivo, decidimos apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones, logrando el sobreseimiento de los 4 comunicadorxs y decretar la falta de mérito a otrxs 16.

Tras las jornadas del 14 y 18 de diciembre, semana en la cual se detuvieron 254 personas en el país, el fiscal Germán Moldes decidió apelar la decisión de la Cámara que sobreseía a los cuatro comunicadores, en un claro mensaje para la prensa.

En ese sentido, la abogada de algunxs de lxs detenidxs María del Carmen Verdú indicó: “Además de pedir la revocación desconociendo su carácter de trabajadores de prensa, a pesar que les secuestraron hasta el chaleco, Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma también de las leyes para impedir la excarcelación de detenidos/as en el marco de movilizaciones”.

El próximo 6 de junio el fiscal Moldes y lxs comunicadores se encontrarán en Comodoro Py para argumentar cada postura. La decisión final está en manos de la Cámara de Casación que tiene que decidir si efectivamente somete a juicio a lxs comunicadores por ejercer el derecho a comunicar.

 

Criminalizar la protesta, la excusa del fallo de Moldes

 

Los hechos previamente relatados son la punta de un iceberg que tiene al poder político y judicial jugando al ajedrez con los movimientos sociales. La apelación del fiscal Moldes va en contra de lxs trabajadores de prensa pero también intenta criminalizar la protesta.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) denuncia que este fallo se da en el marco del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Nación que suma una gran cantidad de instrumentos legales dirigidos a la represión de la protesta.

 

Compartimos un primer análisis sobre las reformas propuestas al Código Procesal Penal de la Nación por parte del EMVyJ:

 

El 25 de abril, la Cámara de Senadores, con un total de 49 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes, aprobó parte del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Nación.

El proyecto, presentado por los senadores Rodolfo Julio Urtubey y Pedro Guillermo Ángel Guastavino, ex integrantes del bloque del FPV, actualmente del Bloque Justicialista, actualiza y amplía las reformas impulsadas por el kirchnerismo en el año 2014, que en su momento fue aprobado pero dejado en suspenso por un decreto de necesidad y urgencia dictado por Mauricio Macri el 29 de diciembre de 2015.

Este proyecto, que se presenta con el objetivo de “transformar a la justicia como actor principal en la vida de los ciudadanos”, y como medio para “reforzar las herramientas para combatir la delincuencia organizada, compleja y transnacional”, no es otra cosa que un arsenal de instrumentos legales dirigidos a la represión de la pobreza y la protesta.

Dentro de las principales medidas en perjuicio de la clase trabajadora y el pueblo, se encuentran la “ley de flagrancia” y la “ley del arrepentido”. La primera, con una modificación no menor, que es su uso respecto de detenidos y detenidas en situaciones vinculadas a la protesta social. Aunque se aclara que sólo se aplicará a “delitos comunes” (como daño, lesiones o atentado y resistencia a la autoridad,

típicamente usados contra manifestantes), el objetivo es claro: lograr condenas inmediatas para quienes se movilizan contra el ajuste y la represión, tal como lo venimos denunciando desde la movilización por Santiago Maldonado el 1º de septiembre, y las del 12, 14 y 18 de diciembre del año pasado.

Aunque no fue aprobado, y se reenvió a comisión con la posibilidad de ser tratado más adelante, el proyecto incluye la regulación de “Técnicas Especiales de Investigación”. En las causas derivadas de esas movilizaciones ya se viene implementando el “ciberpatrullaje”, antesala de este complejo sistema que daría un marco “legal” para vigilar, perseguir y espiar personas y organizaciones, violentando los derechos a la intimidad y privacidad de las comunicaciones.

El proyecto incrementa también las facultades de los fiscales federales y de la Ciudad en detrimento de sus pares provinciales, y limita el derecho de las personas a permanecer en libertad durante el proceso, al dejar en manos judiciales la evaluación del posible “peligro de fuga” sin exigir que sea “real”.

Por su parte, la Comisión redactora del Anteproyecto de Reforma del Código Penal viene filtrando por goteo iniciativas de fondo no menos peligrosas para el pueblo trabajador, como la no punibilidad de policías u otros miembros de las fuerzas de seguridad que cometan homicidios o lesiones con sus armas reglamentarias “en cumplimiento del deber” (como según el gobierno hizo Chocobar) o el anuncio del

incremento de penas para quienes protagonicen cortes de calles con interrupción del transporte o “tiren piedras a efectivos policiales”.

Denunciamos que este paquete de reformas procesales y penales busca avanzar en el objetivo del gobierno de Cambiemos de avasallar los derechos del pueblo trabajador, lo que requiere redoblar los esfuerzos de unidad, organización y lucha para enfrentarlo.

 

¿Quién es Moldes?

 

El fiscal federal Germán Moldes pidió expresamente al Gobierno de Mauricio Macri que dicte nuevas leyes para que quienes sean detenidos en manifestaciones no puedan ser excarcelados. El escrito llega después de apelar el sobresimiento de cuatro personas que fueron detenidas en la cacería que desataron las fuerzas en la marcha del 1 de septiembre en reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado.

Germán Mario Moldes nació el 30 de diciembre de 1946 en Capital Federal y se crió en el barrio de Boedo. En los 90, Moldes estaba vinculado directamente con el ex presidente Carlos Menem al ocupar el puesto de secretario parlamentario en la Cámara de Diputados, apadrinado por José Luis Manzano, que luego ocuparía el cargo de ministro del Interior.

En esa época, Moldes fue denunciado por Jorge Rachid, secretario de Prensa y Difusión del gobierno de Menem, quien aseguró que Moldes, como parte del gabinete de Manzano “ofreció una comisión para Menem y para mí para que le den Canal 11 a Berlusconi, a través de Franco Macri”.

Cabe recordar que la primera privatización encarada por el menemismo fue la de los canales de TV 11 y 13, ganadas por editorial Atlántida y Clarín, respectivamente.

Según declaró Rachid: “A los tres días se me acerca el doctor Moldes y me ofrece dinero con una valija”. “Moldes decía: `Yo te traigo esto para que hagas la rectificación, al poco tiempo, Manzano asume como ministro del Interior y comienza una persecución contra mi familia”.

En la misma década, en 1991 más precisamente Gustavo Druetta se hizo cargo de la Dirección de Migraciones y denunció presuntas maniobras cometidas por Moldes para ayudar al traficante Monzer al-Kassar, quien entró a la Argentina en 1990.

A principios de 1992, Al Kassar obtuvo en un tiempo récord la nacionalidad Argentina y Druetta descubrió que al expediente administrativo que habilitaba la residencia de Al-Kassar faltaba el informe de Interpol.

Otro escándalo por el que se conoció a Moldes fueron las fuertes críticas por parte de los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA en su participación en la causa. Al ser sobreseídos los acusados, Memoria Activa apeló la decisión pero fue nuevamente abandonada por los fiscales, entre ellos Moldes quien debía impulsar la acción.

El propio Alberto Nisman aseguró que “el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar”. Finalmente fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por no apelar, ni dejar apelar al fiscal Nisman los sobreseimientos dictados en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están implicados funcionarios menemistas, policías y funcionarios judiciales del exjuez Galeano.

En 1996 el diario Clarín denunció que el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes decidió no aceptar la investigación por irregularidades en el PAMI, “ya que el fiscal habría llegado a su cargo por tener excelentes relaciones con el menemismo”, relataba Clarín. El matutino señalo que Moldes provenía del círculo del exministro del Interior José Luis Manzano, debía investigar, entre otros titulares del PAMI, la gestión de Matilde Menéndez, con quien tiempo atrás compartió la función pública en el primer gobierno de Carlos Menem.

Diez años después, en 2016 abrió una causa contra Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, funcionarios y legisladores.

El último escándalo del juez que encabezó las marchas por Nisman fue este año cuando desistió de proseguir con la acusación al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por el cobro de pagos ilegales vinculados con el escándalo de corrupción en Brasil denominado “Lava Jato”. Germán Moldes, no mantuvo el recurso de apelación que había impulsado el fiscal federal Federico Delgado con lo cual la causa quedó archivada. De ese modo Moldes dejó caer la investigación.

Arribas estaba acusado de recibir sobornos por 600 mil dólares, que partieron desde una cuenta bancaria en Hong Kong que, según la Justicia de Brasil, se usaba para canalizar sobornos”, por lo que a raíz de la intervención de la empresa brasileña Odebrecht.

30.5.2018

Será a las 18:00 en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Carlos Calvo 2365, CABA. Se convoca a todas las organizaciones que quieran apoyar a esta lucha testigo contra el ajuste.

Como es de público conocimiento, la lucha de los trabajadores del subte se ha transformado en un conflicto testigo. El macrismo busca derrotar esta pelea, como forma de dar un mensaje para toda la clase trabajadora y para todo aquel que quiera cuestionar los planes de ajuste, cuya próxima etapa se está pactando en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como es conocido, el pedido de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) para discutir paritarias, siendo que es el gremio mayoritario en el sector y rechaza el acuerdo del 15 % en tres cuotas firmado por la UTA, fue respondido con sanciones, persecuciones, represión, y desde este martes el intento de despedir a tres representantes gremiales con fueros.

Junto con eso, se montó una campaña de mentiras orquestada con funcionarios e importantes medios de comunicación para encubrir todo este accionar antisindical e ilegítimo.

Estos ataques son coordinados por el macrismo junto con la empresa privatizada Metrovías, que no solo se beneficia con subsidios millonarios y tarifazos (el último está frenado por un amparo presentado por Myriam Bregman, Patricio del Corro y Claudio Dellecarbonara), sino que además su dueño, Aldo Roggio, está procesado con prohibición de salir del país por el caso Odebrecht, el mayor caso de corrupción en la región. Los ilegales son ellos, no los trabajadores.

Por su parte, el ministerio de Trabajo, a cargo del cuestionado Jorge Triaca, bien conocido por sus escándalos e irregularidades en su intervención en el SOMU, se niega a llevar adelante la compulsa para determinar qué gremio es mayoritario en el subte. Es que si lo hiciera se demostraría que todo lo que dice la AGTSyP es verdad y que todo lo que dice el Gobierno es mentira: este gremio representa al 90 % de los trabajadores y la UTA a casi nadie.

En este marco, la AGTSyP, a propuesta de la agrupación Bordó encabezada por Claudio Dellecarbonara, ha convocado para este viernes a las 18 h a una reunión de solidaridad para rodear de apoyo a esta pelea, cuyo triunfo es de interés para todo el pueblo trabajador. Se trata de defender a las organizaciones del movimiento obrero que cuestionan los techos a las paritarias, los tarifazos, las mentiras del Gobierno, la represión, y cuyos trabajadores son voceros de todos los males que sufren los usuarios día a día por los tarifazos y un servicio ineficiente e inseguro, que no es más que un negociado.

Del debate junto a las organizaciones solidarias debe salir una gran campaña nacional para rodear esta lucha. Si ganan los trabajadores del subte, ganamos todos.

A continuación, el texto de la convocatoria:

EL SUBTE CONVOCA

Invitamos a organizaciones sindicales, sociales y políticas que apoyan nuestra pelea por paritarias libres y sin rebaja salarial, a participar de una reunión en el marco de nuestro conflicto.

Los esperamos este viernes 1º de junio, a las 18:00, en nuestra sede Carlos Calvo 2365.

SECRETARIADO EJECUTIVO AGTSyP METRODELEGADOS

30.5.2018

Este viernes salimos en caravana desde Av. Iriarte 3500, Villa 21-24, a las 8:00 para marchar hasta Tribunales. Por las torturas, hostigamientos y represión que realizan las fuerzas de seguridad en nuestros barrios,¡¡ te necesitamos!! Te esperamos para sumar tu grito a esta Garganta que no la callan ¡NUNCA MÁS!

 

Como no podían sostener su versión original, ni explicar la “persecución” a dos vecinos en su propio domicilio, ni maquillar las lesiones constatadas por los médicos legistas, ni exhibir más armas que sus propias escopetas, ni justificar las prácticas de tortura, ni defender a los abusadores de nuestra compañera, ni argumentar por qué secuestraron a su hermana en un patrullero, ni ocultar la montaña de sus cartuchos, ni presentar un solo testigo, ni sanar los moretones de mujeres y niños, ni entregar pruebas testimoniales, entonces decidieron tomarse 48 horas para componer una renovada historia oficial, con la brillante lucidez que los caracteriza: “TENTATIVA DE ROBO, EN POBLADO Y EN BANDA“.

O sea, toda la Villa 21-24 quedó caracterizada como una inmensa asociación ilícita para el delito, donde nuestros compañeros cumplían un rol neurálgico, cuando estaban recalentándose 3 empanadas, en una casa sin cerradura, ¿entienden? Genios, son genios. A 24 horas de otra causa armada, ¡Roque y Pablo acaban de recibir el sobreseimiento más rápido de la historia! Pues bien, si todos los villeros conformamos esa inmensa organización delictiva, imputados por pobres, entonces todos juntos nos volveremos querella: este próximo viernes, marcharemos en caravana para escoltar a la familia de Iván Navarro, cuya casa fue recientemente baleada, hacia ese juicio oral que intentaron acallar, porque saben el fallo que se viene para esos 6 prefectos torturadores ya procesados con prisión preventiva. Van a tener su poderosa sentencia, no tengan dudas. Y también van a tenerla esos grupos de tareas que nos invadieron el último sábado en la villa. Ahora, si realmente somos capaces de organizarnos en la rabia, comprendiendo la necesidad de gritar en unidad, no sólo le habremos dado un cauce para las familias que todavía no pueden hablar por temor a las represalias, sino que habremos conformado una histórica querella villera para juzgar a sus rastreros y sus notables de manos duras…

Vamos por una condena ejemplar, para los verdaderos responsables de las torturas.

29.5.2018

Por Gabriela Massuh y Jonatan Baldiviezo

Nuestros bienes comunes —más de 70.000 inmuebles del Estado— están en manos de una sola voluntad

“El mundo, para el europeo, es un cosmos, en el que cada cual íntimamente corresponde a la función que ejerce; para el argentino, es un caos”, escribía Borges en 1937. Se refería a nuestra bizarra relación con la cosa pública. Dicho con otras palabras, para el argentino, y sobre todo el porteño, los bienes comunes no son de todos, son de nadie. Más allá de que esto hable de un país socialmente desintegrado (a menos que se trate de fútbol, donde la mayoría de las desintegradas son las mujeres), el tema tiene una acuciante realidad: el despojo de tierras públicas que están llevando adelante el dúo dinámico de Macri & Larreta.

Durante los ocho años de la Intendencia de Macri dieron debida cuenta de este desfalco de tierras y predios públicos impotentes y escasos movimientos sociales. Entre ellos, los defensores de del ambiente Basta de Demoler, Queremos Buenos Aires o el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Pero el tema brilló tristemente por su ausencia en todos los medios, ya fueran K o proclives al PRO. Esta nueva campaña al desierto —así la llamaban sus ejecutores, vendiendo civilización y progreso— privatizó en 8 años de intendencia macrista nada menos que 170 hectáreas públicas de la Capital, equivalentes a casi dos Puertos Madero.

Hoy, con Macri como presidente y el dueño del maxiquiosco porteño Larreta como intendente, el robo de Buenos Aires se convirtió en un verdadero viva la pepa. Tanto, que el proyecto UNICABA que lanzó Larreta, la pomposa Universidad docente anunciada como “la formación de profesores de excelencia”, es nada más que un brillante negocio inmobiliario: los 29 institutos que van a desaparecer están en apetitosos predios de la ciudad cuyos aspirantes, los constructores de siempre, cumplen con el sueño de la demolición para construir altas torres. Tanto, que el desprevenido habitante porteño amante de los edificios históricos debe enterarse en la ciudad de Cannes (Francia) de que el ancestral edificio La Prensa está puesto en venta… Los ejemplos cunden pero ciertamente rebasan los límites de este artículo.

 

 Desde el Olimpo de la presidencia

 

Inmediatamente después de asumir como Presidente, Macri dictó decretos nacionales para autorizar la venta de cientos de inmuebles del Estado Nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En siete decretazos (de ninguna necesidad pero mucha urgencia), autorizó la venta de 107 inmuebles nacionales, 64 ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta política de descapitalización inmobiliaria y transferencia de tierras públicas a empresas inmobiliarias fue el eje de la glamorosa gestión de Macri en la Ciudad, claro está, además de las bicisendas y el Metrobús. Su heredero en la ciudad lo ha superado. Horacio Rodríguez Larreta en tan sólo dos años y medio ha privatizado otras 180 hectáreas de tierra pública.

La Agencia de Bienes del Estado parece funcionar al arbitrio privado del Presidente Maurizio. Si existe una ley en la que toda descapitalización de tierras públicas debe pasar por el Congreso de la Nación, ni al Congreso ni al Ejecutivo parece importarles demasiado. Se actúa con una ligereza insólita: todo Estado que se desprende de tierras abandona espacios para construir plazas, parques, cárceles, hospitales, escuelas, universidades y otros bienes que le pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

Además de este desprecio por lo público y la destrucción de toda posibilidad del Estado como actor fuerte en el mercado inmobiliario, hay que preguntarse: ¿cuál es la autoridad que tiene el Presidente para decidir en soledad el destino de todos los inmuebles del Estado Nacional?

Para responder a esta pregunta hay que analizar el visto (marca de verificación) de cada decreto. Allí se aclara que la facultad del Presidente para vender inmuebles surge del decreto Ley N° 22.423 sancionado por la dictadura en el año 1981, con el Congreso disuelto y firmado por Jorge Rafael Videla, refrendado por los ministros José A. Martínez de Hoz y Alberto Rodríguez Varela.

El artículo 67 de la Constitución de 1853, vigente en 1981, establecía entre las atribuciones del Congreso Nacional la de “disponer del uso y de la enajenación de las tierras propiedad del estado Nacional”. Por tal motivo, Videla, arrogándose la autoridad del Congreso, dictó el Decreto-Ley N° 22.423 a través del cual se delegaba en el Poder Ejecutivo en forma absoluta la facultad de disponer de las tierras públicas del país. Con la vuelta de la democracia este Decreto-Ley conservó su vigencia.

En la reforma constitucional de 1994 se le reatribuye al Congreso Nacional su competencia: es el único poder competente para proceder a la disposición de un bien de propiedad del Estado Nacional. En su artículo 76 la nueva Constitución estableció un nuevo marco normativo para la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo.

¿Cómo se compatibilizó el Decreto-Ley 22.423 de la dictadura con el nuevo marco que establecía la Constitución Nacional en relación a la delegación de facultades del Congreso? En la Constitución se previó una Disposición Transitoria que decía: “la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.

El Decreto-Ley N° 22.423 no contenía un plazo de ejercicio, por lo tanto quedó prorrogada por cinco años su vigencia. Vencido este plazo diversas leyes nacionales fueron prorrogando el plazo de vigencia de la legislación delegada, preexistente a la reforma de la Constitución de 1994, entre ellas la del Decreto-Ley N° 22.423.

Luego de esta última ley el Congreso no prorrogó nuevamente la vigencia de la legislación delegada preexistente a la reforma de la Constitución de 1994. Por lo tanto caducaron todas estas leyes, entre ellas el Decreto-Ley N° 22.423.

 

Marcos Peña, el Maquiavelo

 

¿Cómo es posible que Macri base su autoridad en un Decreto-Ley que ya no tiene vigencia jurídica? Aquí puso el cuerpo el inefable Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros. En el año 2016, en su Informe N° 96 al Congreso Nacional, figura la pregunta N° 87 realizada por la Diputada María Graciela De La Rosa. La pregunta expresaba:

“Teniendo en cuenta que la reforma de la Constitución Nacional realizada en el año 1994 reguló la facultad de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por parte del Congreso (artículo 76) disponiendo que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca; y que el Decreto N° 952/16 se sustenta en el Decreto-Ley N° 22423 dictado en 1981 por Videla, el cual no contempla un plazo ni base para el ejercicio de las competencias delegadas, y que por lo tanto ha sido derogado implícitamente por la reforma de la Constitución Nacional y su aplicación resulta inconstitucional, y que tampoco fue previsto solicitar su autorización en el Decreto N° 952/2016, avanzando por lo tanto sobre esta prerrogativa sin dar intervención al Congreso: ¿cuál es la fundamentación jurídica para que PEN avance sobre competencia privativa del Poder Legislativo, disponiendo la enajenación de tierras del Estado sin autorización del mismo?”

 

La respuesta de Peña fue:

 

“En tal sentido, debe destacarse que el decreto-Ley 22423 sobre el que refiere la pregunta en cuestión forma parte del Anexo II del Digesto Jurídico Argentino aprobado por la Ley 26939 promulgada el 29 de mayo de 2014, y cuyo artículo 2 dice: “Declárense vigentes las normas incorporadas al anexo II, “Leyes nacionales de carácter general vigentes”, que integra la presente ley.

 

Es por ello que, más allá de que el control de constitucionalidad de las leyes se encuentra reservado al Poder Judicial, la controversia respecto de la vigencia o no de las leyes sancionadas con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional, en los hechos, quedó saldada con la sanción por el propio Congreso de la Nación, de la Ley 26939 que crea el referido Digesto Jurídico Argentino”.

El argumento que toma Macri para considerar que el Decreto-Ley N° 22.423 está vigente y le otorga facultades para disponer de bienes inmuebles sin autorización del Congreso Nacional es que éste se encuentra en el listado de leyes vigentes del Digesto Jurídico Argentino (la colección de leyes nacionales vigentes, sistematizadas y ordenadas, analizado por la comisión bicameral del Digesto Jurídico y aprobado por el Congreso).

Sin embargo, este argumento es invalidado por la propia Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino del Congreso. En fecha 26 de abril de 2018, el Doctor Daniel Gustavo Ayoroa, Subdirector del Digesto Jurídico Argentino, y el doctor Mario Luna, Secretario Administrativo y Técnico de la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino, informaron al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Asamblea Parque Cultural Estación Colegiales que el Digesto Jurídico Argentino no se encuentra vigente. Es decir, el DJA no pudo nuevamente dar vigencia al Decreto-Ley N° 22.423 porque no tiene existencia jurídica.

Sin defensas jurídicas, resulta incompresible republicana y democráticamente que el destino de todos los inmuebles del país estén sólo sujetos a la voluntad de una sola persona, el ingeniero Mauricio Macri. La Constitución de la Nación establece un alto valor e importancia al suelo. De allí que sea el Congreso el único facultado para deliberar y decidir su destino. Quiere decir que nuestros bienes comunes, más de 70.000 inmuebles del Estado, están en manos de una sola voluntad. En esta dimensión, nuestro país se ha transformado en una monarquía inmobiliaria. Una monarquía que, para colmo, está poniendo los bienes públicos del Estado como garantía de los negocios de gerenciamiento público privado y también como garantía del pago de la deuda externa.

 

 Epílogo: la prueba de la ilegalidad

 

Compilamos aquí, a modo de prueba de la ilegalidad que se arroga el Presidente de la Nación, la respuesta textual de la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino del Congreso al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Asamblea de vecinos de Colegiales en el mes de abril de 2018:

“La Comisión Bicameral nos ha remitido oportunamente las observaciones recibidas, en el marco de los artículos 21, 22 y 23 de la ley N° 26.939, y la Dirección de Información Parlamentaria se abocó al estudio de las mismas realizándose las recomendaciones correspondientes en tiempo y forma. En total, se recibieron 70 presentaciones externas con cerca de 5.116 observaciones a las cuales deben sumarse 2.449 observaciones internas, realizadas por la Dirección de Información Parlamentaria, en un universo cercado a las 2.400 normas involucradas”.

“Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se remitió a la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino el informe de las Recomendaciones de la Dirección de Información Parlamentaria respecto del conjunto de las Observaciones al Digesto Jurídico Argentino presentadas hasta el 31 de octubre de 2014”.

“De acuerdo a lo notificado oportunamente el día 23 de junio de 2015, la Comisión Bicameral emitió un dictamen resolutivo, mediante el cual tomó en consideración las recomendaciones elevadas por la Dirección de Información Parlamentaria, en relación a las observaciones presentadas”.

“Cabe destacar que posteriormente, la Comisión Bicameral emitió la Orden del Día 2765/2015, el 25 de noviembre de 2015, que contenía la modificación de los anexos en base a las observaciones resueltas y su actualización al 31 de agosto de 2015”.

“La versión definitiva del Digesto Jurídico Argentino no ha sido publicada en el Boletín Oficial, toda vez que el proyecto de ley que aprobaba esa versión no fue sancionado por el Congreso”.

“Al respecto, cabe aclarar lo siguiente: según lo dispuesto por la ley 26939, los textos incorporados como Anexos fueron sometidos a observaciones y resueltas las mismas debían publicarse la versión definitiva, circunstancia que no se cumplió ya que el Proyecto de Ley modificatorio de la Ley 26939 (Expediente 5782-D-2015) que fue sometido a aprobación de ambas Cámaras, sólo contó con la sanción de la Honorable Cámara de Diputados”.

“Por esto es que entendemos que no se encuentra vigente el Digesto Jurídico Argentino (DJA) hasta tanto sea sancionada la ley y se disponga la “publicación definitiva”. Cabe aclarar que sí se encuentra vigente la ley 26939″.

“La confusión sobre la vigencia del Digesto y la Versión Definitiva es que el artículo 23 de la ley 26939 determina: ‘Transcurrido el período de ciento ochenta días corridos y resueltas las observaciones, se dispondrá la publicación en el Boletín Oficial de la versión definitiva del Digesto Jurídico Argentino’. Pero lo que ocurrió es que la Comisión aprobó un Proyecto de modificación de la Ley N° 26.939 y el texto con observaciones y corregido del DJA, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su consideración. En resumen, la Comisión resolvió no dictar una Resolución como determina el artículo 22 de la ley 26939 sino que estimó conveniente proponer la modificación de la ley y por ello el texto del DJA no entró en vigencia”.

29.5.2018

Lo hicieron ante el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, distintos organismos de derechos humanos, ante la colocación por parte del Ejecutivo porteño de rejas en la emblemática plaza.

Según explicaron desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, HIJOS, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares y compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Hijas e hijos del exilio, Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad sostiene: “esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”.

En este sentido los organismos manifestaron: “quienes realizamos esta petición somos parte viva de esa memoria y de la historia de la Plaza de Mayo, de la historia de la ciudad. Las rejas puestas en la Plaza de Mayo violan nuestros derechos de múltiples maneras, como actores de la memoria y la historia que somos. Cabe destacar que los derechos aquí invocados se encuentran protegidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a ella incorporados, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano”.

Especificaron que el artículo 4.1.2.2.1. establece que en el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes y que todo proyecto modificatorio deberá ser aprobado por Ley.

“La intervención en un espacio histórico requiere criterios de conservación y protección especiales que están especificados en el Código de Planeamiento Urbano. Cualquier modificación que se pretenda realizar debe ser aprobada mediante una ley específica.

Por todos estos motivos, solicitamos que se retiren las rejas de la Plaza de Mayo de forma inmediata”, finalizaron.