Comunicadores del Sur

22.9.2018

Lxs trabajadorxs sociales agremiadxs en la APSS (Asociación de Profesionales de Servicio Social del GCBA) venimos denunciando desde diciembre pasado las intenciones de Cambiemos en la CABA de avanzar con una reforma regresiva de nuestra carrera profesional. Finalmente esto sucedió el 7 de septiembre cuando ingresó vía Ejecutivo el anteproyecto de Reforma de la Carrera Profesional de Salud de CABA para ser tratado en la Legislatura porteña.

Coherentemente con la coyuntura de ajuste y reformas regresivas que se vienen dando en otros sectores del trabajo, el ante-proyecto de reforma ataca puntos nodales de nuestras condiciones de trabajo. Entre los principales cambios, se incluyen modificaciones regresivas para el ingreso a la carrera, la exclusión de profesiones que son parte de los equipos de salud, la inclusión de evaluaciones periódicas excluyentes, el aumento de la duración de la jornada laboral y modificaciones en las licencias.

A la vez, en una nueva embestida a los gremios –y en especial a los más pequeños-, el anteproyecto de reforma de carrera legaliza el ataque a la vida gremial, otorgando compulsivamente licencias sin goce de sueldo a lxs dirigentes de asociaciones gremiales.

Como es de público conocimiento, cuando la actual conducción de nuestro gremio asumió en agosto del año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta intentó licenciar sin goce de haberes a más de la mitad de nuestra nueva Comisión Directiva; hecho que logramos revertir luego de desplegar un proceso de lucha que duró hasta octubre. En este sentido, hemos iniciado reuniones con diversos representantes del arco opositor, a fin de redoblar esfuerzos para frenar el avance del proyecto en las Comisiones de Salud y Trabajo de la Legislatura porteña.

A la par, y profundizando el camino de seguir achicando la salud pública, en el día de la fecha se publicó en el boletín oficial el decreto 297/18 a través del cual el GCBA confirma nuevos avances al respecto del “Polo Hospitalario Sur”, el proyecto para desmantelar la salud pública en CABA y reducir cinco hospitales (Udaondo, M. Ferrer, Marie Curie, IREP y Muñiz) a uno en el predio donde actualmente se encuentra el Hospital Muñiz.

Al respecto lxs trabajadorxs de los 5 hospitales implicados vienen realizando diferentes acciones rechazando dicho proyecto por la implicancia de dicho desguace.

De la misma manera que desde hace meses nuestra Asociación viene denunciado tanto la reforma a la carrera como el “proyecto hospitalario sur” en todas las instancias de la vida del sindicato, nuestro gremio se encuentra en estado de alerta y realizará todas las acciones que democráticamente discuta y considere pertinentes para frenar este nuevo ataque a los trabajadorxs profesionales de los hospitales y centros de salud porteños.

Acerca de la APSS

La APSS es el sindicato que nuclea a las trabajadoras sociales que se desempeñan en los efectores públicos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayoritariamente en los servicios sociales hospitalarios, los equipos de salud mental de las guardias de urgencias y los centros de salud y acción comunitaria (CESAC).

22.9.2018

Apareció Jessica Rodriguez y sus hijas. La noticia fue confirmada durante horas tempranas de la tarde de este viernes. Compartimos la información

Informamos que en este momento dimos con el paradero de Jessica.

Agradecemos a quienes se movilizaron y garantizaron la difusión y pedimos que deje de circular su imagen y las de sus hijas.

Una vez más el feminismo popular y organizado, demostró que solo unidas y exigiendo nuestros derechos logramos que la burocrática maquinaria policial-judicial se mueva con la efectividad necesaria para salvaguardar la vida de las víctimas.

Hacemos responsable al Estado y la Justicia de garantizar su seguridad a partir de ahora.

¡¡Para que ninguna más nos falte!!

Feminismo Popular y Disidente MP LA DIGNIDAD

Frente de Mujeres EVITA

21.9.2018

por CORREPI

El martes 18 de septiembre, en el Palacio de Justicia, fue la segunda audiencia del juicio oral contra el policía de la ciudad Adrián Otero por el homicidio de Cristian Toledo y la tentativa de homicidio de Dani y Carlitos.

En esta jornada declararon la esposa de Otero, Lorena Agostini, también policía de la Ciudad; el oficial Vorraber, superior de Otero; los inspectores Ávila y Espindola, respectivamente jefe de calle y jefe de servicio interno de la comisaría 30ª y de los primeros en llegar al lugar del hecho y el médico forense Rullan Corna.

El Dr. Rullan Corna se explayó sobre los resultados de la autopsia, describió la herida de bala que mató a “Paragüita”, el “graneo” en su antebrazo, producido por el estallido del vidrio de la ventanilla con el primer disparo de ese lado y las lesiones en el dorso de su mano por “tatuaje”, quemadura de pólvora que prueba que en algún momento el cañón de la pistola disparó a unos 50 ay 70 cm. de él. Los demás, todos miembros de la policía, mostraron tener una amnesia selectiva y un claro odio de clase. Desde la mujer de Otero, que habló sólo para intentar ensuciar a las víctimas (con historias de amenazas y un “temor” por la vida de su familia y colegas uniformados) hasta el abogado defensor Marcelo Pecorelli (que fue echado por tráfico de influencias de la División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad), que intentó presentar un nuevo testigo para acusar de “cacos” –sí, dijo cacos- a las víctimas. Este pedido, resistido por la querella y la fiscalía, fue rechazado por los jueces, que nuevamente tuvieron que explicar al letrado que se está juzgando a su defendido y no a Cristian ni a los sobrevivientes de la cacería iniciada por Adrián Otero.

El policía Vorraber se encargó de resaltar el “gran profesional” que es su amigo. Los inspectores Ávila y Espíndola, que dirigieron el operativo después del fusilamiento, están para patentar un dúo de stand up. Uno perdió la memoria sobre lo que escribió que le dijo su colega Otero en el momento: “creo que me mandé una macana”. Entre los dos protagonizaron un “tomala vos, dámela a mí” con la dirección y ejecución de las medidas iniciales, al punto que exasperaron a los jueces. Espíndola sacó a todos de quicio cuando explicó que no se acordaba mucho porque sólo estuvo 10 minutos en el lugar, cuando acababa de decir que valló el lugar, tomó los datos de personas y vehículos, llamó al SAME, hizo la consulta con el juzgado y llamó a Gendarmería Nacional. Eso sí, dejó claro que para lo único que no alcanzó ese tiempo fue para constatar si Cristian aún estaba con vida.

No pudo explicar por qué, si todos los impactos de bala estaban en el vehículo donde aún estaba el cuerpo de Cristian, y sólo había un arma, la del policía, comunicó al juez que se trataba de un claro intento de robo donde la “víctima” era Otero, con el obvio resultado de la detención de Dani y a Carlitos a la comisaría 30ª, mientras al homicida lo trasladaban al Hospital Churruca para resguardarlo.

Lo que Espíndola no se cansó de decir, fue que estaban a 500 metros de la villa, lo que describió como un “riesgo” que no los dejaba trabajar tranquilos. Ávila, por su parte, habló de la “turba” enfurecida que casi les incendia los patrulleros. Claro que semejante odio de clase se quedó sin soporte cuando la fiscal pidió que les mostraran las fotos del momento y lugar, donde se ve claramente la esquina desolada, precintada, y con una o dos personas apenas caminando hacia alguna parada de colectivo cercana.

El martes 25 tendrá lugar la tercera audiencia, donde seguiremos dando batalla, en la sala y en la puerta del juzgado, porque sabemos que la justicia para los pobres se gana exigiéndola en las calles.

Cristian “Paragüita” Toledo ¡Presente!
Por Cristian y por todxs lxs pibxs.
¡Basta de gatillo fácil! 

21.9.2018

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

En la sesión de este jueves, la Legislatura de la Ciudad aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Las propuestas constituyen un verdadero blanqueo ambiental para actividades y obras que estaban en situación de ilegalidad en relación a los permisos ambientales (Certificado de Aptitud Ambiental).

Con la excusa de de incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica se incorporó una norma que establece: "Están exceptuadas de cumplir con la convocatoria a Audiencia Pública Temática todas aquellas actividades en funcionamiento y preexistentes al 10 de Diciembre de 1998, salvo cuando se trate de modificaciones a las mismas, según lo establezca la Autoridad de Aplicación”.

Es decir, que para todas aquellas actividades preexistentes al 10 de Diciembre de 1998 la ciudadanía no va a tener más derecho a participar de su evaluación de impacto ambiental. Para estas actividades no se llamará audiencia pública. La EIA será secreta entre el GCBA a través de la Agencia de Protección Ambiental y el privado o empresa.

Por ejemplo, en la evaluación del Impacto Ambiental de los Estadios o shoppings ubicados en la ciudad que existían antes del año 1998, la ciudadanía no tendrá derecho alguno a opinar sobre los impactos ambientales que ha vivido durante los años de funcionamiento de dichas actividades.

Cabe destacar que los Certificados de Aptitud Ambiental para actividades CON RELEVANTE EFECTO tienen un plazo de vigencia de cuatro (4). Antes, con la Ley N° 123 cada cuatro años el GCBA debía convocar a la ciudadanía a participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta situación ha sido sistemáticamente violada por el GCBA. Ahora legalizan la práctica ilegal. Un blanqueo ambiental para la política del GCBA y para los empresarios.

La actual Ley N° 123 establecía que las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 m2 que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares debían ser categorizadas como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, esto implicaba la necesidad de convocar a audiencia pública para su procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, este artículo se modificó. Se exige que las obras ocupen más del 50% de una manzana. Esta modificación está orientada a salvar a todos aquellos proyectos inmobiliarios que superaban los 2.500 m2, que recibieron los privilegios de la Legislatura con normas urbanísticas especiales, pero que durante el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental nunca convocaron a audiencia pública. Un caso paradigmático es el Palacio Roccatagliata frenado por la Justicia. Otra decisión de la Legislatura de subsanar la nulidad de los permisos de obra otorgados con esta deficiencia. Un blanqueo Ambiental Inmobiliario.

Por último, sobre la Evaluación Ambiental Estratégica no se estableció como obligación para los privados. No es obligatorio convocar a audiencia pública sino que sólo se hace referencia la obligación de contemplar una instancia de participación ciudadana. Tampoco se habla de la Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa, una de las grandes deficiencias de la gestión del PRO frente al boom inmobiliario en la ciudad.

La Legislatura está dedicada a tiempo completo a subsanar las ilegalidades de los empresarios inmobiliarios. Por una parte, el nuevo Código Urbanístico viene a legalizar los permisos de obras ilegales. Ahora, esta modificación de la Ley N° 123 subsanará las ilegalidades de las actividades anteriores a diciembre de 1998. Blanqueo inmobiliario y ambiental en la gestión de Larreta.

20.9.2018

Sin debate, sin presupuesto y sin certezas sobre el destino de los trabajadores de los hospitales monovalentes de la Ciudad, el Jefe de Gobierno saltó la aprobación de la Legislatura porteña e impuso la creación del Complejo Hospitalario Sur. Cinco hospitales se cierran.

Con un decreto que afirma que se proveerá de mejoras en la eficacia y la eficiencia de su gestión, el Ejecutivo de la Ciudad oficializó por decreto la unificación de cinco hospitales en el Complejo Hospitalario Sur, pasando por alto el tratamiento en la Legislatura.

“Avanza con el 5×1 a pesar de que hace un mes, la Oficina de Acceso a la Información Pública del GCABA (ley 104) nos informó que no hay presupuesto, que no hay tiempos precisos, y que por lo tanto no podían responder con certezas acerca de la realidad de los hospitales involucrados”, indicaron desde el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IReP).
El proyecto apunta a concentrar en terrenos del Hospital de Infecciosas F. Muñiz a los monovalentes de Gastroenterología Hospital B. Udaondo (Caseros 2061), de Rehabilitación Respiratoria B. Ferrer (Finochietto 849, Parque Patricios), de Oncología Marie Curie (en Parque Centenario) y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (situado en Núñez).
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. Con este decreto, se licitaría su construcción en 2019.
“No tiene sustento ni lógica sanitaria, y en lugar de sumar al funcionamiento de la Salud Pública de la Ciudad quita recursos para los usuarios”, agregaron desde el IReP.
Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se organizaron en una multisectorial llamada “No al 5×1”.
Por su parte, los pacientes autoconvocados también manifestaron su postura al darse a conocer la noticia.
“Seguimos en pie de lucha porque lo que menos queremos es que el hospital pare. Vamos a tomar todas las medidas para que esto no se lleve a cabo. Nosotros como pacientes vamos a seguir apoyando al hospital en todo sentido”, expresó Magalí Velázquez, paciente del Marie Curie.
Además, se refirió a las mejoras nombradas en el decreto. “No vemos ninguna. Más que lo escrito no detallan. Es todo una vergüenza. Nosotros ya no tenemos Ministerio de Salud. No tenemos dónde ir a reclamar. Así no se puede habla de mejoras y los más perjudicados somos los pacientes”.