23.3.2018

Federico Puy y Hernán Cortiñas

En el día de la fecha el Gobierno porteño se reunió con representantes de los 17 sindicatos porteños. Ofreció un aumento salarial 10 puntos por debajo de la proyección de inflación. Desde la Lista Marrón exigen a la conducción de UTE una gran Marcha Educativa y que le pongan fecha urgente a la Marcha Federal con paro nacional de CTERA.

Este jueves en la mesa salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno de Larreta ofreció un aumento del 15% en cuotas: 8% en marzo, 4% en agosto y un 3% en noviembre. Por otra parte se comprometió a abonar el 3,5% que debía por la cláusula gatillo del 2017 junto a un bono de $1000 por única vez.

Como parámetro de la inflación proyectada para el 2018 se puede tener en cuenta que los precios mayoristas de enero y febrero superaron el 10%, que el Gobierno aumentó el ABL un 24% y que la mayoría de las consultoras estiman que la inflación superará el 25%. Estás previsiones revelan que la propuesta de Larreta y Acuña implica una reducción salarial del 10% en términos de salario real, lo cual se acumula al 6% perdido durante el 2016.

Funcionarios del Gobierno porteño aseguran que 15 de los 17 sindicatos aceptarían está propuesta a espaldas de la docencia. La conducción de UTE como la de Ademys ya anunciaron públicamente que la rechazan, pero la conducción Celeste del sindicato mayoritario, UTE/CTERA sigue de tregua, sin convocar a ninguna instancia para que desde las escuelas se defina cómo darle continuidad al plan de lucha contra el ajuste salarial y los ataques a la educación pública.

Resulta indispensable poner en las calles junto a los docentes la fuerza de las familias de los 12.000 chicos sin vacantes, la de los terciarios que exigen el retiro del proyecto de UniCABA, la de los secundarios que volvieron a movilizarse de a miles el pasado 8M exigiendo implementación de ESI, la de los trabajadores y trabajadoras del plan Fines que pelean contra los cierres que dejan docentes sin cargos y estudiantes sin escuelas.

La Ciudad está repleta de conflictos educativos, desde la Lista Marrón exigimos a la conducción de UTE una gran Marcha Educativa para mostrar toda esa fuerza en las calles. A nivel nacional es necesario unir las luchas provinciales. Resulta indispensable que se ponga fecha ya a la Marcha Federal Educativa. Exigimos que sea 4 y 5 de abril en el marco de un paro nacional de CTERA de 48 hs para golpear con un sólo puño el ajuste de Macri y los gobernadores.

Además planteamos que el frente gremial que integra UTE en CABA junto a otros sindicatos como Subte y ATE, ante los ataques en curso, convoquen ya mismo a asambleas en todos los lugares de trabajo, plenarios de delegados comunes para votar un plan de lucha unitario contra el techo salarial, contra el ataque a la personería gremial de los metrodelegados y por todas nuestras demandas ¿Podría Larreta sostener el ajuste si concentramos todas estas fuerzas un día, con paro y movilización de docentes y estatales, acciones en el subte y cortes con los movimientos sociales?

Desde la dictadura atacan la Educación pública. Por eso, este 24 de marzo fortalezcamos la lucha de la docencia marchando con el EMVyJ contra el ajuste de Macri, Vidal y los gobernadores.

21.3.2018

En un claro mensaje de impunidad para las fuerzas de seguridad, la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a tres jefes de la Policía Federal Argentina y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante la represión en el Parque Indoamericano.

La jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó hoy a tres jefes de la Policía Federal Argentina y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante la represión en el Parque Indoamericano. Al mismo tiempo, la jueza procesó a Ricardo A. Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por los homicidios de Chura Puña y Salgueiro y las lesiones.

El operativo en el Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, fue una intervención violenta y abusiva de las fuerzas de seguridad. La investigación probó que la Metropolitana y la Federal actuaron en coordinación e hicieron un uso descontrolado de la fuerza. Además de las balas de plomo que mataron e hirieron a quienes estaban en el predio, los efectivos dispararon al menos 580 municiones anti tumulto y cuando el terreno ya estaba vacío persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde podían. Otros efectivos les dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la villa 20. Como resultado, dos personas murieron y cinco fueron heridas por el impacto de armas de fuego. Ninguna de estas personas estaba adentro del Parque, lo que demuestra que el operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado.

Más de siete años después de los hechos, la decisión de deslindar a los jefes policiales de las consecuencias que tuvo ese operativo sienta un grave precedente. Independientemente de cómo avance la investigación de la responsabilidad de Picart, un despliegue policial como el del Indoamericano, con las características, la duración y las gravísimas consecuencias que tuvo, requiere que rindan cuentas ante el poder judicial quienes lo planificaron, dirigieron y tenían el deber de controlarlo, así como todos los que intervinieron. Además, en este caso particular, los ocho jefes estuvieron presentes en el lugar del operativo o bien, dando órdenes desde la sala de operaciones.

Esta decisión muestra la dificultad estatal para investigar seriamente y juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes.

En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary Chura Puña, quien tenía 28 años y vivía en el barrio de Los Piletones.

21.3.2018

En 2014, trabajadorxs de la educación, padres y madres de Balvanera y Boedo encontraron un edificio del Ministerio de Educación vacío en Venezuela 3269, donde podría funcionar una escuela particularmente, para niñxs de entre 45 días y tres años, es decir la población más afectada por la falta de vacantes en esos barrios. Votaron que la escuela se llame Azucena Villaflor. La semana pasada el Ejecutivo porteño aceptó este nombre, pero decretó que será un jardín de infantes para menores de 3 a 5 años.

Desde hace años, la comunidad educativa de Balvanera y Boedo vienen denunciando que el Estado porteño incumple su obligación constitucional garantizar vacantes en la escuela pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días. Ante la falta de vacantes para más de 12 mil personas, se vienen haciendo festivales, caravanas, actos y marchas para visibilizar este reclamo.
“Con la historia de la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba a cuestas, multiplicamos el reclamo y visibilizamos a las familias que año a año se quedaron sin cumplir su derecho, logramos que el gobierno se comprometiera a empezar la obra y abrir la escuela. Elegimos, votación mediante, llamarla Azucena Villaflor, en honor a la Madre de Plaza de Mayo desaparecida a pocas cuadras de Venezuela 3269, en la Iglesia Santa Cruz.
Sin diálogo, nos encontramos el jueves pasado con la alegría de saber que la escuela ya tiene un decreto nombrándola, pero con otro nuevo atropello: la Azucena Villaflor no será una escuela infantil de 45 días a 5 años, tal como estaba proyectado y se necesita, sino que será un Jardín de Infantes (3 a 5 años)”, afirmaron a través de un comunicado.
En este sentido, exigieron que “se revea este decreto para satisfacer las necesidades que el propio Estado generó”. 

20.3.2018

La jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a 3 jefes de la Policía Federal Argentina y a 5 jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las lesiones ocasionadas a otras 5 personas durante los hechos sucedidos el 7 de diciembre de 2010

La magistrada, en tanto, procesó a Ricardo A. Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por los homicidios de Chura Puña y Salgueiro y las lesiones.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a los padres de Rossemary Chura Puña, afirmaron: “Más de siete años después de los hechos, la decisión de deslindar a los jefes policiales de las consecuencias que tuvo ese operativo sienta un grave precedente. Independientemente de cómo avance la investigación de la responsabilidad de Picart, un despliegue policial como el del Indoamericano, con las características, la duración y las gravísimas consecuencias que tuvo, requiere que rindan cuentas ante el Poder Judicial quienes lo planificaron, dirigieron y tenían el deber de controlarlo, así como todos los que intervinieron.
Además, en este caso particular, los ocho jefes estuvieron presentes en el lugar del operativo o bien, dando órdenes desde la sala de operaciones. Esta decisión muestra la dificultad estatal para investigar seriamente y juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes”.
Desde el CELS recordaron que este operativo en el Parque Indoamericano, que se desarrolló el 7 de diciembre de 2010, fue “una intervención violenta y abusiva de las fuerzas de seguridad”: “La investigación probó que la Metropolitana y la Federal actuaron en coordinación e hicieron un uso descontrolado de la fuerza. Además de las balas de  plomo que mataron e hirieron a quienes estaban en el predio, los efectivos dispararon al menos 580 municiones anti tumulto y cuando el terreno ya estaba vacío persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde podían. Otros efectivos les dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la Villa 20. Como resultado, dos personas murieron y cinco fueron heridas por el impacto de armas de fuego. Ninguna de estas personas estaba adentro del Parque, lo que demuestra que el operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado”, expresaron.

20.3.2018

El gobierno porteño convocó a los gremios docentes del distrito a una nueva reunión paritaria para este jueves. Hay temor en los gremios por un decretazo que selle las negociaciones.

El encuentro, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollará a partir de las 9 en la sede de esa cartera, ubicada en la avenida Paseo Colón 255 del barrio de San Telmo.

El llamado a esta nueva reunión se produce a un día de que el gremio mayoritario del distrito, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), inicie un jornada de paro con movilización en rechazo a la última oferta salarial realizada por las autoridades -del 12 por ciento de aumento- y en demanda del retiro de un proyecto oficial que -afirman- implicaría el cierre de 29 establecimientos terciarios.

De acuerdo con lo previsto, los docentes porteños agrupados en UTE se concentrarán mañana a partir de las 14 frente a la Legislatura, ubicada en la calle Perú 160, para hacer escuchar sus demandas.

En tanto, el viernes último, otro de los gremios porteños, Ademys realizó una marcha de antorchas desde las avenidas Corrientes y Callao hasta el Obelisco, en defensa de la educación pública y en rechazo a la oferta paritaria oficial de un 12 por ciento de aumento.

En paralelo son varias las voces gremiales que empiezan a alzarse que manifiestan el temor por un posible cierre de la paritaria por decreto. Sería una salida para el Gobierno porteño, pero dispararía una andanada de protestas.