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Continúa la lucha por la reincorporación de las diez trabajadoras despedidas en la Secretaria de Integración Social y Urbana

​19.2.2018

Otro de los conflictos laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del de las diez trabajadoras sociales despedidas de la Secretaria de Integración Social y Urbana, organismo dependiente de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis, donde ya sus trabajadores y trabajadoras llevan seis semanas con cese de actividades, habiendo llevado a cabo numerosas medidas como pasa con el Canal de la Ciudad y sin lograr aún una respuesta concreta de negociación por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta y de la propia Secretaria encabezada por su director Diego Fernández.

Denuncian peligro de vida en el Conjunto Urbano Barrio Padre Mugica

19.2.2018

El dato surge de un informe técnico realizado en conjunto por los referentes del Movimiento Popular la Dignidad en el Barrio Padre Mugica e integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre las condiciones actuales de salud y vida de sus habitantes.

Reproducimos comunicado:
 

El Complejo Urbano Barrio Padre Mugica surge de la firma de convenios entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2008, para la construcción de 780 viviendas (El complejo diseñado como un proyecto de 13 plateas constructivas, que agrupan tres edificios de cinco plantas cada uno con 20 viviendas).

En el año 2012, las obras se frenan en virtud de que la Fundación Madres de Plaza de Mayo es denunciada por corrupción por las acciones principalmente de su apoderado, Sergio Schoklender. Por esta razón, la finalización de las obras quedó a cargo de la empresa constructora SENTRA S.A. bajo responsabilidad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Aun sin finalizar completamente las obras ni conformar los consorcios, el GCBA y el IVC fueron relocalizando a familias de Villa El Cartón (Ex Au7), del camino de ribera de la Villa 21-24 y del Asentamiento Agustín Magaldi y del Barrio Inta (Ex Villa 19).

La Auditoría General de la Nación (AGN), el 5 de diciembre del año 2013 elevó un informe sobre las obras realizadas por la Fundación, que abarca el período de ejercicio 2005-2011. Allí sostiene que el Conjunto Urbano fue construido sin haberse completado los trámites municipales pertinentes, con lo cual las viviendas adjudicadas no contaban con trámite alguno ni con inspección final de obra, tampoco estaban registradas en el catastro municipal, ni podían ser escrituradas. Tampoco resulta posible verificar la calidad de los materiales empleados en la construcción porque no se especificaron los costos desagregados de los rubros. LA AGN destacó respecto de la presentación del cálculo de estructuras el riesgo de “ruina de obra, fisuras en las paredes, descalce de las carpinterías, y filtraciones”; respecto del estudio de suelos, la “mala elección del sistema de fundaciones, riesgo estructural, ruina de las fundaciones en terrenos permeables”; respecto de la inspección de las obras que quedaban ocultas, el “riesgo de filtraciones y roturas”.

En conjunto los referentes del Movimiento Popular la Dignidad en el Barrio Padre Mugica y los técnicos del Observatorio del Derecho a la Ciudad elaboramos un INFORME TÉCNICO sobre las condiciones actuales en la que se encuentra el Barrio Padre Mugica. Del informe se desprende los actuales peligros a la salud y a la vida de sus habitantes:

Los edificios tienen problemas de mantenimiento porque nunca tuvieron organizados los consorcios, pero tienen vicios de construcción que a lo largo de los años están representando daños prácticamente irreversibles porque afectan la estabilidad constructiva de los edificios.
Todos los edificios del conjunto tienen graves problemas de filtraciones que ponen en peligro la estabilidad estructural debido a las características del sistema constructivo en donde todos los componentes tienen función estructural: los techos superiores tienen filtraciones que hacen a las viviendas de los últimos pisos inhabitables.
Las cañerías de baños y cocinas tanto de provisión como de desagües, tienen pinchaduras y roturas con derrames constantes de líquidos que afectan a todos los ambientes linderos y a las viviendas del piso inferior.
Las carpinterías tienen problemas de colocación que no frenan el ingreso de las aguas de lluvias y están oxidadas y corroídas, y en los balcones se agrava pues redunda en problemas estructurales porque se estanca el agua y afecta a las losas.
Estas filtraciones, además de poner en peligro el sistema estructural con peligro de derrumbe (en dos departamentos la bañera y el artefacto de la cocina cayeron, al ceder las losas al piso de la vivienda de abajo), afecta al sistema eléctrico, y en todas las viviendas provoca cortocircuitos constantes y muros electrocutados.
Las filtraciones de agua en los gabinetes de gas y en los plenos de electricidad, tableros eléctricos, y cajas de ascensores también ponen en riesgo la vida de los habitantes, tal como sucedió recientemente en la Platea 2, en la que además, al tener todos los vanos rejas, hacen de cada edificio una trampa mortal por no permitir una rápida evacuación.
Dados los problemas de cortocircuito en el sistema de instalación eléctrica y el constante riesgo de incendio, es grave que no esté prevista la instalación contra incendios, y que no tengan los pisos los matafuegos reglamentarios.
Con motivo de las filtraciones, además, el gobierno ha realizado instalaciones aéreas de electricidad, y en todos los edificios hay tendido de cables exteriores colgantes que aumenta el riesgo de electrocución.
La remoción de muros divisorios internos de las viviendas representa un riesgo grave que puede afectar la estabilidad de todo el edificio, pues los vecinos manifiestan que en dos viviendas se quitaron paredes en la planta baja y el primer piso.
Las escaleras sin iluminación y sin barandas representan un alto riesgo de accidente, sobre todo para las personas mayores y los niños. Los vecinos mencionaron que son frecuentes. Una vecina se fracturó una pierna y ha caído varias veces por tener que priorizar a los niños

Los problemas edilicios y constructivos del Complejo Urbano Barrio Padre Mugica vulneran no solo el derecho a una vivienda digna sino el derecho a la vida y la integridad física de sus habitantes.

El GCBA y el IVC están avanzando en la construcción de nuevos Complejos Habitacionales en el marco de los nuevos procesos de re-urbanización de villas priorizando los recursos humanos y el presupuesto de la ciudad. Pero han desfinanciado en forma casi absoluta la atención de los Complejos Habitacionales ya construidos y habitados que tienen graves falencias edilicias y precarias condiciones de habitabilidad.

Frente a esta grave situación, , el IVC no ha realizado ningún diagnóstico estructural de los edificios. Sigue postergando las soluciones aduciendo falta de presupuesto porque Nación no autoriza financiamiento para las obras.

En diciembre de 2017, el actual presidente del IVC, Juan Ignacio Maquieyra, se comprometió con las familias a que si al 1 de Enero de 2018, Nación no otorgaba el financiamiento sería el IVC el que pondría el dinero. Casi luego de dos meses sigue sin cumplir con dicho compromiso.

Las familias evalúan presentar una DENUNCIA PENAL contra los Directivos del IVC y su presidente por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Subtes: más aumentos y nuevos negocios en puerta

16.2.2018

Patricio del Corro

Legislador CABA PTS/FIT

El gobierno de la Ciudad armó una agenda para llevar el pasaje a $12,5 a partir de junio, mientras arma una licitación a medida para dar nuevos negocios a capitales privados.

La Ciudad tomó el control del subte en 2012 cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno. Si logra pasar el plan del oficialismo, el aumento en junio de este año habrá sido de más de 1000%, muy por encima de la inflación y de los aumentos recibidos por cualquier trabajador. Un nuevo golpe al bolsillo, que ya viene sufriendo con los aumentos en luz, gas y agua y con un servicio que aun deja mucho que desear. Y más allá de la implantación del sistema multimodal y de la furiosa campaña del oficialismo, por el que el segundo pasaje tendría un costo equivalente a 50% de su valor, alrededor de 85% no recibirá ningún beneficio ya que no realiza ninguna combinación de transporte de manera cotidiana.

De hecho, el aumento previsto para 2018 ampliará exponencialmente la brecha con el incremento, para tomar un ejemplo, del salario docente para el mismo período, que incluso suponiendo un aumento para el primer semestre, apenas llegará a 443%.

Por tanto, en los últimos 6 años la tarifa al usuario del subte habrá aumentado más del doble que el salario de un docente.

 

Los negocios que Metrovías se creó dentro de la concesión

 

La falta de inversión también se lleva bien con el aumento de tarifas. El mayor precio del boleto hace descender la cantidad de pasajeros, que recién en 2017 alcanzó la cantidad de pasajeros de 2011, siendo que la red cuenta con casi 10 estaciones más. La gestión del subte en manos de la Ciudad no ha permitido mejorar las frecuencias radicalmente, ni se ha extendido, ni ha llevado adelante las nuevas líneas planeadas por una mala gestión y cuantiosos regalos a la empresa concesionaria Metrovías. En lugar de mejorar el servicio para que haya cada vez más pasajeros en un medio de transporte que es más barato y ecológico que el colectivo, apenas se compran los trenes necesarios para que las líneas no terminen de colapsar.

Y las compras tampoco son muy buenas. Con la excepción de la línea A, el resto de los coches comprados fueron usados y parte de negociados con, por ejemplo, el Metro de Madrid. En este caso, llegaron a comprarse trenes que no entraban en los talleres y hubo que gastar millones de pesos en transformar todas las estaciones para que esos trenes usados pudieran recorrer las vías de la línea B.

Por su parte, Roggio tiene también a su cargo también otros negocios periféricos a la explotación del subte como la publicidad en andenes y estaciones y hasta el tendido de fibra óptica a través de sus túneles. La ley que traspasó el subte a la ciudad permitía que todos estos negocios rentables pasen a la Ciudad, pero hasta ahora siguen engrosando sus bolsillos. Mientras muestra supuestas pérdidas de Metrovías, esconde las ganancias de sus otras empresas, y todas las nuevas inversiones siguen corriendo por cuenta del Estado.

Este año incluso, la Auditoría de la Ciudad rechazó realizar su control sobre los $2.500 millones a gastarse en la “Construcción, Ampliación y Modernización de la Red de Subterráneos” a cargos de Subterráneos de Buenos Aires S.E., siendo que ya se han detectado irregularidades en la construcción de la Línea H tales como deficiente planificación, incumplimientos de plazos, falta de aplicación de penalidades y redeterminaciones de precios que hicieron que los costos se disparen.

La seguridad es otra de las deudas que mantiene Metrovías con sus usuarios y trabajadores. En los últimos 7 años, murieron 5 empleados en accidentes evitables producto de la falta de inversión y capacitación que debería brindar la empresa. Por el lado de los usuarios, la situación no es mucho mejor, cada vez que llueve son decenas los túneles que se inundan poniendo en riesgo a cientos de miles por las filtraciones y los cables de alta tensión que recorren los túneles.

Asimismo, se le dieron a la empresa cuantiosos subsidios que hoy se encuentran guardados bajo 7 llaves, pero que podrían estar llegando a los $3.000 millones anuales. Esto esconde además el nudo central de las tarifas y los subsidios que aporta la Ciudad con el dinero de los impuestos, ¿cuál es la tasa de ganancia que se le está subsidiando a Metrovías? Y quizás la más importante, ¿por qué un servicio público, donde toda la inversión la realiza el Estado, tendría que dar ganancias a una empresa privada? Estas son preguntas que hace años ningún funcionario de la Ciudad ni gerente de la concesionaria está dispuesto a discutir.

La que correspondería en el estado del actual descontrol es que para que se pueda avanzar en cualquier nuevo aumento, debería existir una auditoría de trabajadores y usuarios del subte que pueda dilucidar qué se hizo con cada peso de subsidios en los últimos años. Es la única forma de acabar con los negocios que empeoran la calidad de los viajes de los que todos los días usamos el subte.

 

Quieren privatizar el subte una vez más

 

El menemismo privatizó el servicio de subterráneos en 1994 y lo puso en manos de la empresa Metrovías. En esos años, se redujo el horario de servicio, se despidió a centenares de trabajadores, se tercerizaron tareas, todo para mejorar el margen de ganancia de la concesionaria. Desde 2014, la concesión se encuentra vencida y se viene prorrogando provisoriamente. Sin embargo este año, se abriría una licitación para reprivatizar el servicio, para lo que el año pasado Rodríguez Larreta y Diego Santilli estuvieron recorriendo Europa, seduciendo empresas para que vengan a hacer negocios con los viajes en subte en Buenos Aires.

Según las últimas noticias periodísticas, habría cinco compañías que evalúan presentar ofertas de Milán, Londres, Lyon, París y Berlín. Curiosamente, todas empresas estatales. No se descarta tampoco que Metrovías se mantenga como concesionario asociado a alguna de ellas. Para todas, el premio mayor que ofrece el gobierno de la Ciudad es ir achicando la brecha con la tarifa técnica que calcula SBASE que se ubica en torno a los $18, transformando cada vez más el transporte público en un servicio diferencial y cada vez más alejado de un derecho universal para todos.

Cuando aún restan conocerse los pliegos de la licitación, todavía quedará latente la pregunta de cuál fue la ganancia de todas las empresas que Roggio usó en la gestión del subterráneo, las de publicidad, las de limpieza, las de seguridad, los talleres, las de fibra óptica, todas fuera de los controles de los trabajadores y los usuarios del subte, con la complicidad de SBASE, que produjeron enormes incrementos en las tarifas sin haber mejorado cualitativamente el servicio.

Varios proyectos de ley que se presentaron en la Legislatura porteña, promueven la estatización del servicio. Entre ellos, el presentado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores que pretende evitar los desmanejos y negociados de los últimos años, operando bajo control, gestión y administración de los trabajadores del subterráneo y del premetro y de usuarios, elegidos en forma efectiva por sus representados cada 4 años, con un plan de inversiones y de extensión del servicio que pueda ser discutido democráticamente y no entre los funcionarios de SBASE y los gerentes de Metrovías.

El gobierno porteño quiere que ATE firme el 12 %

16.2.2018

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires ya acordaron la paritaria con los municipales del Sutecba y los estatales de UPCN. Ahora presiona al otro sindicato de la administración pública para que acuerde en los mismos términos o de lo contrario confirmará la cesantía de 34 empleados públicos.

El gobierno porteño ignoró en las últimas horas un fallo judicial que obligaba a poner a ATE en pie de igualdad con Sutecba y UPCN en la discusión paritaria. La administración de Horacio Rodríguez Larreta arregló un acuerdo del 12 % con esos dos gremios y ahora quiere cerrar por separado con ATE con un argumento que los estatales consideran extorsivo: si firman, se podrá negociar la situación de 34 despedidos.

El acuerdo del 12 %, inferior al techo del 15 por ciento que pretende imponer la nación, es a pagar en varios tramos. Para peor: sin cláusula gatillo.

ATE denunció que no hubo mesa de negociación, que se acordó con UPCN y Sutecba por separado, y que se ignoró el fallo del fuero laboral de septiembre pasado, que obligó al gobierno de la Ciudad a colocar en un pie de igualdad a ATE respecto de los otros sindicatos.

El titular de Daniel Catalano consideró que “es aberrante” que el gobierno de la Ciudad “se aproveche de las necesidades básicas de los trabajadores para flexibilizar las condiciones laborales”. En ese marco, desde ATE definieron como una “farsa” lo que se acordó en forma unilateral y por separado con los gremios. “Hubo acuerdos unilaterales, nunca una mesa a la que nos tendrían que haber llamado”, señalaron fuentes de ATE. Con todo, cuando los funcionarios de la Ciudad se contactaron con el sindicato, se encontraron con lo que denuncian como una extorsión.

Jorge Rey, director General de Relaciones Laborales de la Ciudad, y José Orlhanian, paritario central, plantearon a ATE que si firman por el 12 %, hay chances de discutir los 34 despidos en la Secretaría de Integración Social y Urbana ubicada en la Villa 31, y en el Canal de la Ciudad. Los cesanteados son todos afiliados a ATE. Los despidos fueron bajo el argumento de la reestructuración, aunque el gremio denuncia que se siguió tomando gente. “Advirtieron que si no acordamos el 12 % que firmaron los otros, los 34 no vuelven”, denunciaron desde el gremio.

Así las cosas, ATE no firmó. “Somos el gremio con más afiliados y vamos a seguir peleando, por una negociación más seria”, señalaron, al tiempo que anunciaron que irán a la Justicia por el incumplimiento en la convocatoria. Para el gremio, el gobierno de Rodríguez Larreta quiere que todos los sindicatos firmen por el 12 para mostrarse como un ejemplo a nivel nacional.

“Fuimos elegidos para pelear por un salario digno y por los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Vamos a continuar peleando sin renunciar a ninguno de esos dos mandatos”, destacaron desde ATE.

Durísimo comunicado de los municipales contra el gobierno de Rodríguez Larreta

16.2.2018

Sutecba cargó fuerte contra el anuncio de la Ciudad, que aseguró que se firmó una paritaria del 12 por ciento para los trabajadores.

Bajo el título de "Toda la verdad", el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) emitió un durísimo texto dirigido al Gobierno de la Ciudad en el que señala que "una aviesa y falaz actitud por parte de un funcionario político está comprometiendo el destino de un acuerdo".

El sindicato conducido por Amadeo Genta se refirió de esa forma a las expresiones del gobierno porteño, que anunció este miércoles que acordó un aumento paritario del 12 por ciento para los trabajadores municipales y sin cláusula gatillo.
En ese marco publicaron a través de un comunicado subido a la página web de Sutecba los puntos que hasta ahora fueron acordados de palabra con representantes de Horacio Rodríguez Larreta.
"1. Aplicación de la cláusula gatillo (período abril-marzo 2017/2018). A fin de compensar el atraso salarial provocado por la evolución del IPC se aplicarán medidas compensatorias.
"El próximo 22 del corriente se abonará a todos los trabajadores del escalafón general (planta permanente y transitoria) una suma no remunerativa de 5000 pesos.
"Con los haberes del mes de marzo se aumentará en un 3% el salario conformado. El monto que resulte será la base del cálculo para todo acuerdo que se lleve a cabo a partir del 1 de abril del corriente año.
"Los trabajadores de la Obra Social de la Ciudad recibirán los mismos beneficios que el personal del Gobierno.
"La aplicación de esta cláusula arroja el siguiente resultado, respecto de los haberes de este período.
"Porcentaje total de aumento 23%.
Asimismo, el gremio destacó que lo acordado hasta ahora incluye también que "el 1 de marzo comenzará el proceso de transferencia de 2000 trabajadores contratados a planta transitoria" y "el pase a planta permanente de 650 compañeros, que se efectuará desde el mes de agosto en adelante".
Además, "en el mes de julio se hará efectivo el pago del re encasillamiento de la Nueva Carrera Administrativa", con un incremento promedio del 5 por ciento en los sueldos.
Asimismo, "en el mes de agosto se sumará un 4% más de aumento".

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