Comunicadores del Sur

21.2.2018

Por el blanqueo salarial, $ 18.000 de salario inicial y 30% de aumento para toda la escala en una cuota. Contra el techo del 15%.

Los y las docentes volvemos a las escuelas y se presenta una situación repetida para cada febrero: la discusión sobre el salario y las condiciones laborales atraviesa las salas de maestros y profesores. Los y las docentes vemos devaluado nuestro salario año a año, hoy el gobierno intenta nuevamente imponer un techo salarial del 15%, aun cuando todos los análisis coinciden que la inflación superará con creces esa cifra.

No es una novedad que el gobierno pretende que seamos los trabajadores y el pueblo quienes paguemos la crisis económica. Los despidos en el Estado y el sector privado, los tarifazos, la inflación, la reforma previsional son claros ejemplos de esta política que las y los trabajadores venimos enfrentando en las calles.

En este marco, los docentes afrontaremos una gran pelea. Nuevamente el gobierno desconoce la paritaria nacional como ámbito de discusión salarial, esta vez mediante un decreto. Además, pretende avanzar sobre nuestras condiciones laborales atacando el estatuto, el régimen de licencias, el ingreso a la docencia. Frente a esto sabemos que se avecina un escenario de conflicto a nivel nacional.

Desde Ademys impulsamos la realización de Asambleas unificadas de toda la docencia de la Ciudad para desarrollar un plan de lucha que nos permita lograr un salario digno y el blanqueo de todas las cifras en negro de nuestro salario que en la actualidad achatan la escala salarial, imponen tope de horas y cargos, afectan nuestro aguinaldo y jubilación. Necesitamos un plan de lucha que derrote la reforma educativa que impulsa el gobierno y afecta a todos los niveles y modalidades con un fuerte perfil privatista buscando destruir la escuela pública. Tenemos que frenar el proyecto del cierre de institutos de formación docente y la creación de la UniCaba; la “Secundaria 2030 ‘Del Futuro´” que atenta contra las condiciones de trabajo de los docentes y condena a los estudiantes a una educación al servicio de las empresas como mano de obra gratuita; seguir contra el traspaso de los docentes de idiomas a la GOLE. Necesitamos un plan de lucha para que el gobierno resuelva la falta de vacantes para miles de niños y niñas en la escuela pública. Para lograr nuestras reivindicaciones apostamos a la más amplia unidad para la lucha: llamamos a los sindicatos, a los docentes afiliados a cualquier sindicato, a los docentes no afiliados a decidir el plan de lucha en asambleas masivas. Creemos que las y los docentes podemos ganar y que eso se logra peleando en las calles, con paros, movilizaciones, hablando con las familias de nuestros estudiantes e invitándolas a acompañarnos.

En diciembre las y los trabajadores protagonizamos jornadas históricas con masivas movilizaciones contra la reforma jubilatoria que culminaron con cacerolazos la noche del 18 de diciembre repudiando la reforma previsional y la represión. El gobierno logró aprobar la reforma con la complicidad de la burocracia sindical y el acuerdo de los gobernadores pero pese a ello salió debilitado frente a sus propios votantes, que dejaron en claro que el voto de octubre no representa un cheque en blanco. Finalmente el gobierno no pudo aprobar el paquete de reformas tal como tenía previsto y tuvo que posponer sin fecha el tratamiento de la reforma laboral.

Durante todo enero y en este febrero se están desarrollando diferentes luchas contra los despidos con ejemplos como el Inti, el Hospital Posadas o los obreros de Fanazul con huelgas, ocupación de los lugares de trabajo e incluso puebladas. Es en este camino y junto a otros trabajadores y trabajadoras que podemos derrotar la política del gobierno y conseguir nuestras reivindicaciones. Debemos tomar estas experiencias y el aprendizaje del conflicto que desarrollamos el año pasado para organizarnos y dar una pelea que nos lleve al triunfo.

Por el blanqueo de todas las cifras en negro de nuestro salario y que pasen al básico.

Por 18.000 de salario inicial y un aumento no menor al 30% para toda la escala sin cuotas.

Contra la reforma educativa que deteriora y privatiza aún más la educación.

Por el retiro del proyecto de creación de UniCaba. Contra la reforma en media “Secundaria 2030” y el traspaso de idiomas a la GOLE.

Por vacantes para tod@s los chicos y chicas en la escuela pública.

21.2.2018

La Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una de las más caras del mundo. Datos oficiales confirmaron que en enero una familia tipo necesito percibir ingresos por $ 17.097 para no caer en la pobreza.

Este martes un informe publicado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña sostuvo que, para no estar por debajo de la línea de pobreza, una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en enero de este año $17.097,91; y $8.326,66 para no caer en la indigencia.

El informe que mide líneas de pobreza y la actualización de canastas de consumo, tomo como muestra cinco tipos de hogares.

Para el caso de la familia tipo constituida por dos padres y/o madres, y dos hijos/as menores; se necesitan alcanzar ingresos por la suma de $ 17.096,91 para superar la línea de pobreza medida por la Canasta Básica Total (CBT), que incluye la cobertura de gastos alimentarios y no alimentarios básicos de sus integrantes.

Mientras que los consumos medidos por la Canasta Básica Alimentaria (CBA) sólo garantizan una cesta de consumo alimentario “básico” para la supervivencia estimado en $ 8.326,66, quienes estén por debajo de este monto son considerados indigentes.

En Argentina una gran parte de la población trabajadora cobra menos de $ 17.000, si a esto le sumamos la pérdida de poder de compra causada por la creciente inflación. Por tal motivo es importante que mientras se sostenga un alza en los niveles de precios, que afectan en gran parte los bienes básicos, los acuerdos paritarios deben estar en sintonía con las perspectivas de inflación reales, para evitar que los trabajadores sigan perdiendo poder de compra y acercándose a los bordes de la línea de pobreza.

21.2.2018

Teniendo en cuenta el contexto general persecución hacia quienes luchamos, los pibes y las pibas de los colegios secundarios entendemos el protocolo ANTI-TOMAS, anunciado esta semana por la Ministra de Educación Soledad Acuña, como parte de la política represiva llevada a cabo por Macri y Bullrich hacia todos los sectores combativos del campo popular, y como parte de un modelo económico dirigido a incrementar las ganancias de los poderosos que no cierra sin medidas represivas hacia los y las que resistimos.

No son, sin embargo, ninguna novedad las medidas destinadas a quebrar la fuerza y voluntad del movimiento estudiantil secundario. Venimos sufriendo desde sanciones a los activistas estudiantiles, hasta escarmientos de parte de efectivos de la Policía que ingresan a los colegios durante nuestras asambleas para amedrentarnos.
Y esto tampoco es una casualidad: se da como una como una respuesta por parte del gobierno al nivel de masividad, organización y conciencia que hemos alcanzado durante el conflicto que llevamos durante el año pasado en rechazo a la Reforma Educativa, con un proceso de tomas que se extendió a mas de 30 colegios en la capital federal y con multitudinarias movilizaciones de miles de pibes y pibas, que a su vez han contado con el apoyo de los sindicatos docentes y de organizaciones de padres y madres en solidaridad al conflicto.

Es cada vez más evidente el temor que tienen los funcionarios de gobierno a la organización estudiantil y a la posibilidad de un nuevo proceso de tomas que ponga en jaque los planes que tiene el Macrismo de poner la Escuela Pública al servicio de los monopolios y de las multinacionales.
Al margen de esto, la fuerza de los pibes y las pibas viene creciendo cada vez más, tanto en los colegios como en los barrios; lo que nos abre también la posibilidad de empezar a coordinar con otros sectores del campo popular en el proceso de resistencia que se está llevando a cabo en todo el plano nacional –pero que dicho sea de paso, ocurre en toda Latinoamérica.

Será necesario que desde la juventud nos entendamos como un actor clave en las distintas luchas que se avecinan. Y al mismo tiempo es importante nos sentemos a pensar y a discutir cómo torcerle el brazo a la política represiva del gobierno, pero también la manera de cuidar la seguridad de todos los compañeros y las compañeras.

Por todo esto, desde las y los Secundarios de La Simón Bolívar rechazamos cualquier intento de escarmiento al movimiento estudiantil, e invitamos a todos los pibes y a las pibas a sumarse a luchar con nosotros y nosotras.

¡A no bajar los brazos porque con organización y con lucha, las y los secundarios venceremos!

21.2.2018

“Los rectores que no cumplan con las obligaciones procedimentales establecidas en el nuevo protocolo serán pasibles de distintas sanciones sobre su carrera docente, según el caso: apercibimientos, sumarios administrativos o pérdida de consideración en los concursos”, explicó Acuña a LA NACION.

Luego, cuando los padres retiren a sus hijos, deberán firmar un acta en la cual se consignará que “mientras dure la situación, y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad sobre el mismo recaerá sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”.

Los padres que en estas circunstancias no retiren a sus hijos podrían ser considerados responsables de los eventuales daños registrados en los edificios públicos y ser sometidos a una acción judicial.

Acuña citó el antecedente de un caso de amenaza de bomba en una escuela que fue denunciado en la Justicia y cuyos responsables fueron multados.

“Confiamos en que el Poder Judicial se pondrá los pantalones largos y no se dedicará a hacer oposición política”, consideró.

“Hasta ahora se privilegió el derecho de protesta por sobre los de educación y trabajo, y se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas”, dijo Acuña. Y agregó que esta medida busca volver a instalar entre los alumnos que “las acciones tienen consecuencias”.

El protocolo fue diseñado por el Ministerio de Educación porteño en colaboración con la Procuración General de la Ciudad, el órgano jurídico de la ciudad de Buenos Aires.

“Este protocolo es una respuesta jurídica vaciada de contenido pedagógico”, consideró Claudia Romero, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Agregó que la normativa se limita a establecer pautas administrativas de acción para preservar la integridad física de las personas y del patrimonio escolar, pero nada dice de la función pedagógica del director. “Es imprescindible poner en juego criterios educativos que trabajen en la prevención de estos hechos”, concluyó.

Aunque La Nación consultó a la Unión de Trabajadores Estatales (UTE), desde allí respondieron que desconocían la noticia del protocolo y se disponían a evaluar su contenido.

También cuestionó la efectividad del protocolo el rector de un importante colegio porteño que pidió preservar su identidad. “Esta gente [por el gobierno porteño] no sabe lo que es una toma”, dijo.

Agregó que en las grandes escuelas, de unos 900 alumnos, es muy difícil conocer el nombre de todos los estudiantes. “Muy pocos preceptores y profesores van a querer colaborar con esa tarea de delación, porque terminada la toma hay que reconstruir la convivencia cotidiana”, añadió. Y expresó que si un directivo no quiere colaborar dirá que no puede reconocer a los estudiantes.

En tanto, los centros de estudiantes de escuelas porteñas también cuestionaron la iniciativa. “Se ofende a los alumnos cuestionando su falta de responsabilidad: en las tomas del año pasado, en muchos colegios, como el Fader y el Raggio, las instalaciones quedaron impolutas”, dijo Mateo Grassi, alumno de las Escuelas Técnicas Raggio, en Núñez. Agregó que las tomas no impiden el dictado de clases y que el nuevo protocolo “criminaliza la protesta, un instrumento legal de la democracia”.

Sin embargo, hay padres que celebraron la nueva medida. “Estoy de acuerdo en que se accione judicialmente contra los padres que alientan las tomas, porque muchos de ellos se aprovechan de que los hijos no son pasibles de acciones judiciales para hacer su propio juego político”, dijo Franco, cuya hija estudia en el Lenguas Vivas.

21.2.2018

Reproducimos:

*El gobierno empuja el No Inicio de clases*

En la mesa salarial docente convocada de modo totalmente tardío a 10 días del inicio de clases el gobierno hizo una oferta insultante que no puede llamarse propuesta: un 6% de aumento en marzo y unos 600$ en mano en concepto de adelanto. La propuesta total es de 12% en tres cuotas (6% en marzo, 3% agosto, 3% octubre). Asimismo pusieron sobre la mesa una propuesta de salario diferenciado por capacitación fuera de servicio para aquellos docentes que aprueben cursos fuera del horario laboral. Esto es parte de la misma política planteada por Vidal en la Provincia de Buenos Aires con un salario ligado al presentismo. Bajo ningún concepto podemos aceptar esta diferenciación: el salario es alimentario y debe cubrir la canasta básica.

Nada de esto se hizo como propuesta escrita formal por lo cual no es información completa y no permite saber si estos montos serán remunerativos.

Desde Ademys rechazamos categoricamente esta “oferta” y fuimos el único sindicato que exigió a la ministra en la mesa el retiro del proyecto de UniCaba que disuelve los institutos de formación docente.

Llamamos a toda la docencia a decidir nuestro plan de lucha el 26/2 en Asamblea Unificada en Av. Belgrano 2527.

Rechazamos la "oferta"

A menos de 10 días del comienzo de clases el gobierno de la ciudad convocó a la primera reunión gremial donde ofreció un 12% en tres cuotas que fue rechazada de plano por los sindicatos presentes. Ademys remarcó la pérdida salarial que se arrastra año tras año y el incumplimiento de la cláusula de actualización, teniendo en cuenta el nivel de inflación de los últimos tres meses habiendo cerrado la paritaria 2017 a la baja.

Además el gobierno propuso una suma fija por "capacitación" es decir, un salario diferido por mérito por única vez de 4.000.

La Sec. Adjunta del sindicato, Amanda Martín, destacó "el gobierno quiere imponer un tope salarial para docentes y para el resto de los trabajadores, consagrando una nueva rebaja salarial y nos empuja a un conflicto. Queremos un blanqueo de las sumas en negro y un aumento real de 30% para toda la escala".

Además del debate salarial Ademys expresó, a través de un pliego presentado de otros puntos salientes como infraestructura, condiciones de trabajo y el rechazo a las reformas educativas en el nivel secundario y superior.

Al respecto la Secretaria señaló "dejamos claro nuestro planteo de rechazo al proyecto de Unicaba por el cual se liquidaría los 29 institutos de formación docente y la secundaria 2030 que ahora le suman un protocolo contra la protesta. Es un avasallamiento total" finalizó Amanda Martin.

Las reuniones tendrán continuidad en la medida que el gobierno convoque, aunque el conflicto es inminente.