11.12.2016
A lo largo del año hubo dos hechos políticos que se erigieron como el paradigma de la política del Gobierno en la Ciudad: el traspaso de la Policía Federal y la sanción de la mega ley de seguridad.
Paolo Zaniratto
Abogado | CeProDH
La significancia del traspaso de la Policía Federal Argentina
Aunque el gobierno Nacional y el de la Ciudad hablaron del traspaso como una mera cuestión administrativa y los medios de comunicación concentrados han apañado esta idea, la realidad es que hay implicancias políticas aún no resueltas y un fortalecimiento del aparato policial que es el preludio de mayor represión y persecución penal a los sectores más vulnerables.
El traspaso de un sector de la Policía Federal (PFA) a la jurisdicción de la ciudad se dio, como lo vimos a lo largo del primer año de gobierno, en el marco de un avance en el fortalecimiento y organización de las fuerzas de seguridad: mayor presupuesto, mayor concentración territorial, mayor equipamiento y mayor especialización. Este fortalecimiento quedó en evidencia con el dictado de la Emergencia en Seguridad a nivel nacional. La propia ministra, Patricia Bullrich, había manifestado en ese momento que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, dejando en claro que la medida implica una mayor discrecionalidad. Al mismo tiempo sostuvo que la declaración de emergencia permitirá fortalecer “la presencia del Estado en los lugares más peligrosos”. En palabras del macrismo, un eufemismo para saturar de presencia policial los barrios populares cuya vigilancia permanente ya implica una mayor persecución a los sectores más pobres.
La dedicación de la PFA a las cuestiones locales, en una Buenos Aires que es epicentro de una vasta serie de reclamos y demandas, tanto del resto del país como de la propia Ciudad, tiene su correlato en la política de “piquete cero” prometida por Macri antes de asumir y manifestada por la ministra de Seguridad a principios de año con el “protocolo antipiquetes” y que ahora el diario Clarín brama por su aplicación. Tengamos en cuenta que con un pronóstico para 2017 de una profundización de la caída de los índices económicos, con perspectiva de mayor desempleo y con la idea del gobierno nacional de hacer retroceder las conquistas de la clase trabajadora modificando los convenios colectivos de trabajo, la Ciudad de Buenos Aires está siendo sitiada por las Fuerzas de Seguridad para dar una respuesta a esta conflictividad social que nadie puede descartar que se dé con mayor intensidad el próximo año a pesar que es un año electoral.
El diputado del PTS-FIT Patricio del Corro había manifestado en el momento del traspaso que: "no extraña en este contexto la decisión urgente de realizar el traspaso. Lo que se busca es concentrar y reforzar el aparato represivo del Estado en la Ciudad. No olvidemos que las fuerzas de la Policía Federal que se traspasan ahora se dedicarán exclusivamente al delito en la Ciudad. A esto hay que sumar que el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, acaba de renovar la concesión a las empresas privadas que cumplían tareas de vigilancia y seguridad en distintas zonas de la Ciudad, supuestamente porque no contaban con la Federal. El traspaso sólo puede traer el aumento del control social sobre los sectores más vulnerables, los pobres y la juventud y preparar las condiciones para reprimir aún más la protesta social. No nos olvidemos que a la trayectoria criminal de años de la Federal el macrismo ha erigido como "modelo" a la Metropolitana, una policía que en su corta vida ya tiene un frondoso prontuario delictivo. Integrada su cúpula por represores que provienen de la dictadura militar y por exonerados de la propia Policía Federal, es experta en espiar a los maestros, en reprimir a los pobres como en el barrio Papa Francisco, y en el gatillo fácil".
La mega ley de seguridad
Recordemos que el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ley producto del convenio firmado a principios de año entre Macri y Rodríguez Larreta cuando justamente se dispuso el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.
La sanción de esta mega ley de seguridad en la legislatura, que contó con el apoyo cómplice de todos los bloques de la oposición menos de los legisladores de la izquierda, implica un mayor cercenamiento a las libertades democráticas para todos, pero también mayor criminalización para los sectores más vulnerables: los jóvenes pobres y los niños, niñas y adolescentes. Los últimos casos de torturas sobre menores de edad no hacen más que dejar en evidencia el rol policial en este sistema. Es importante remarcar que cuando nos referimos en nuestras denuncias a un sistema penal de clase, hablamos justamente de estos criterios selectivos de persecución y criminalización. Puntualmente, esta ley viene a legalizar un sinfín de situaciones que ya se venían dando y que en la mayoría de los casos la justicia de la Ciudad venía convalidando, ya sea desde el fallo del Tribunal Superior de Justicia que amplía notablemente las potestades policiales para detener personas con el único justificativo del “olfato policial”, como también el fallo que autoriza a las Fuerzas de Seguridad a usar las pistolas Táser, a pesar que son consideradas un elemento de tortura en el ámbito internacional. Esta ley planea además de legitimar la saturación policial con más de 30.000 efectivos, incorporar todas las cámaras privadas de vigilancia y sumar nuevas para cubrir todo el territorio de la Ciudad, transformando Buenos Aires en un Gran Hermano policial.
La ley plasma una política deliberada de control social sobre los sectores populares de la Ciudad sin atacar a las mafias de la ciudad vinculadas al narcotráfico o la trata de mujeres. Buenos Aires necesita más escuelas, más viviendas, no más cámaras de seguridad ni más policías.
Planean instalar cámaras por toda la ciudad y sumar todas las cámaras que ya están en funcionamiento. Esta “utilización del espacio público” tiene el objetivo de crear un “Gran Hermano” descomunal de vigilancia y control. Las cámaras de vigilancia privada se integran al sistema de videovigilancia pública expandiendo por lo tanto toda la capacidad de monitoreo en forma descomunal. El monopolio de la información obtenida queda en cabeza del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de control. Estamos, por lo tanto, ante la concentración de un poder enorme que deja en evidencia un paradigma de vigilancia total. Al mismo tiempo no podemos dejar de mencionar que la inteligencia ilegal realizada, ya sea por fuerzas provinciales o del Estado nacional, en el seno de organizaciones políticas, populares y de Derechos Humanos implica una persecución política y criminal que es la cara más nefasta de este sistema de vigilancia total que mediante la mega ley quieren legalizar. Es el escándalo de las escuchas del Fino Palacios y Ciro James multiplicado exponencialmente.
Durante este año desde nuestra banca del PTS-FIT con Patricio del Corro y el CeProDH hemos denunciado de conjunto esta política, tanto la del traspaso como esta mega ley, al mismo tiempo recordemos que se ha presentado un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde datos sobre los genocidas que prestaron servicios en la última dictadura militar y que ahora son parte de la Policía Metropolitana. Como era de esperar, aún no han contestado este requerimiento y la razón es muy sencilla; no pueden explicar porqué necesitan personal policial con formación militar para una fuerza que según ellos era de proximidad y vecinal. Por eso, siguiendo con esta lógica, ahora mediante esta ley dejan explícitamente establecido la posibilidad de que personal proveniente de las Fuerzas Armadas integren la nueva policía, es claramente una lógica totalmente reaccionaria.
La ley plantea además que la seguridad privada articula su actividad con el resto del Sistema de Seguridad Pública. Eso eleva la cantidad de personal involucrado exponencialmente. Si tenemos en cuenta que ya hoy la Ciudad de Buenos Aires está militarizada, con 30 mil efectivos de las distintas fuerzas de "seguridad" para las 12.255 manzanas. Esto significa que haya 2,5 policías por manzana y si le sumamos los 50.000 uniformados de las empresas de seguridad privada llegamos a 6,5 por manzana, terminando de consolidar a Buenos Aires en una de las ciudades con más personal de seguridad del mundo.
La clave del programa de seguridad de esta ley es la mayor presencia policial que transformará los barrios en verdaderas cárceles a cielo abierto que además se articula con el traspaso que ya hemos descrito. Ya lo vimos con las torturas y vejaciones que sufrieron Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro en la Villa 21-24 por parte de la Prefectura en septiembre, pero ya es algo que se viene sufriendo hace años en la Capital, especialmente en la zona sur. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) señaló recientemente que la Policía Federal es la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes.
Esta ley es un retroceso enorme en materia de derechos democráticos para todos, y en particular para los sectores más vulnerables, los pobres y los jóvenes, niños y adolescentes y es lo que vamos a seguir denunciando desde el Frente de Izquierda.
