8.11.2017

Por la Garganta Poderosa

La Garganta Poderosa emitió una respuesta a la cirujana macrista de Nordelta que trascendió a la prensa por criticar a sus vecinos que toman mate.

Te cuento, Michel, yo soy un ciruja, un wachito normal, pero tengo determinados códigos de estética plural y cultural. Te lo digo a vos porque me caíste piolita, sos bastante pillina. Bueno, estuvimos hablando mucho con la ranchada y la verdad que acá el ministro Dujovne no tiene amigos, ni familia, ni ética. Y me parece que la gente que saqueó la Argentina, no difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve una gente que viene de barrios visualmente espectaculares. Y la verdad que a mí no me divierte estar en Zavaleta mirando el Riachuelo, viendo personas que llegan con unas reposeras de Gendarmería, se van a la orilla y torturan adolescentes. Para eso no votaba, no cargaba 200 mil veces la Sube; me quedaba en mi propia provincia y me armaba una casita en las tierras que la gringada alambró. Yo sí tengo problemas de guita, no soy pobre, me va como el orto en la repartija nada más.

Esta casillita la alquilo por mis hijos, mis hermanas, mi viejita, mis tíos y los nenes de mi prima, que tiene 15, para que el día de mañana no se caguen mojando. No me divierte ver gente al lado de la pobreza tomando daiquiri, cual Palm Beach, sin menospreciar a la gente que toma aviones, ni a la que viaja a Miami. Quiero que te quede claro Michel. Yo soy un pibito marginal, un ciruja, pero tengo determinados valores humanos y sociales, que me hacen sentir molesto cuando veo a un grupo de gente llevando al perro a la manicura. Entonces vos tenés que estar en la mierda, tomando agua sucia, escuchando los ladridos de sus dueños y mirando cómo esas bestias, porque no quieren educación, gritan y toman medidas, como si estuviéramos en Manhattan, ¿sí?

La verdad que a mí me gustaría que le mandes este mensaje a Mauricio, ése que coordina, y al Jefe de Gobierno, porque si seguimos así nos van a vender; tal como nos quieren comprar, nos quieren vender. Yo necesito descansar, pero descansar sobre todo físicamente. A mí me molesta que estas bestias, porque son bestias, que no invierten el mínimo en la Escuela, utilicen los espacios públicos como si fueran privados. Toman deuda, tiran papelitos. Es más, justo estaban reunidos la otra vez, por el Día de la Memoria, ¡al lado de Obama! El gato gritaba… Un cache, una cosa de cuarta categoría, una cosa de la década del 90. Quiero decirte que no soy Joe Lewis, el rey de la Patagonia, soy como Santiago Maldonado, un pibe con determinados parámetros solidarios que te permiten comprender el mate, aunque decidas veranear en José Ignacio. Ahhh, después vinieron los del duplex, que los tengo enfrente, gritando por los cortes de luz, ¡porque tampoco se respetan las leyes de urbanización!

Presupuestaron tres veces un arenero, sub ejecutaron la guita, hicieron la plaza más barata, y así. Tengo gente arriba, sinceramente, de décima categoría. No sé si sus departamentos salen super regalados. Pero yo pago dos piecitas, y no me parecen nada baratas. Vivo en la villa, donde lo más económico sigue siendo matarnos. Pero por favor te pido Michel, por la onda que tenés, porque hablaste con la cirujana, con el subdesarrollador, con José y María Santísima… Yo pensaba que había otra onda, más cara, menos careta. La verdad, mucha gente de cuarta, con modales de primera categoría. Propuse poner un Control Popular a las Fuerzas de Seguridad y me dicen que sale muy caro. Mirá, Miche, un gatillo fácil cada 25 horas, multiplicado por todos los meses de un año, no creo que sea demasiado caro, cuando hiciste una inversión de todos tus sueldos en esos pibitos que tienen tu sangre y tu apellido. Pero bueno, hay que hablarlo, hay que reunirse. Yo te pido una reunión urgente, porque hay cosas que no me gustan. Estoy totalmente rayado y arrepentido de haber pagado el IVA en cada paquete de yerba. Porque la verdad que mate, como en la Bristol de Mar del Plata, no se puede tomar todos los días, en reemplazo del almuerzo y la cena. El gato me tiene harto, se rasca todo el día, se la pasa en la piscina… Son unos grasas.
Pero yo no desprecio a la gente.

Creeme Michel, yo no desprecio a la gente.

8.11.2017

Contra la censura en la Noche de los Museos, los artistas hacieron un llamado a toda la comunidad para frenar este atropello.

Se ha interpretado de forma malintencionada que la obra que lleva el título de “Ausencias” evoca al joven Santiago Maldonado.

Como es de público conocimiento Santiago Maldonado desapareció el 1º de agosto tras una brutal represión ejercida por la Gendarmería Nacional, y su cuerpo fue hallado muerto 78 días después en el río Chubut.

Esta obra fue creada hace dos años atrás, pero el 25 de octubre pasado, horas antes del montaje de su exposición en el Archivo Nacional de la Memoria Ex Esma, fue censurada.

Las autoridades del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) esgrimieron que la misma “daba (remitía) a Santiago Maldonado” y de esa forma no permitieron que se exponga, la censuraron.

Los artistas en respuesta a esta obscena actitud decidieron emitir la siguiente convocatoria:

Si querés expresarte contra este atropello, señalan los creadores de la obra, seguí los siguientes pasos:

1- Imprimí, o copiá y pegá la foto en tu espacio, centro cultural, muro.

2- Sacate una foto con la imagen y enviala a ausenciapresente2017@gmail.com

3- Compartí la imagen en todas las redes con #artesicensurano.

Hagamos público el repudio.

Son cientos las adhesiones en contra de la censura.

7.11.2017

Por Jordana Timerman

Cercada por vías de tren, muros, una autopista y el miedo a la inseguridad, la Villa 31 es casi inaccesible. No es el barrio informal más grande de Buenos Aires ni tampoco el más abandonado. Pero es quizás el más emblemático de los barrios que ocupan irregularmente terrenos públicos, antiguamente denominados “villas miseria”.

Se estima que más de 33.000 personas viven en las casas de obra limpia que se elevan al costado de los barrios más pudientes de la ciudad, un incongruente enclave de pobreza en medio de la riqueza concentrada. El barrio sobrevivió la violencia de la última dictadura militar y la desidia de más de tres décadas de democracia. Durante ese tiempo, cualquier atención oficial siempre apuntó hacia el desalojo.

Sin embargo, en los últimos años, esfuerzos de activistas lograron proteger a los residentes con una ley local que prohíbe la expulsión forzosa de sus habitantes y obliga al gobierno a darle a la Villa 31 acceso a servicios de electricidad, agua y aseo; crear espacios públicos, y mejorar las viviendas existentes. Reconoce los derechos de los que ahí viven y la comunidad que crearon.

El año pasado, el gobierno porteño prometió una inversión millonaria para el Barrio 31, como ahora lo denominan algunos. Pero el cumplimiento de la demanda histórica no puede asegurar que la villa estará a salvo. A sus habitantes ahora los amenaza la gentrificación, un enemigo más insidioso que las topadoras que históricamente lo acecharon. La gentrificación es el proceso de renovación urbana que provoca el aumento de alquileres y el desplazamiento de los habitantes tradicionales de un barrio determinado. En el caso de la 31, las políticas de regularización de tenencia e inversiones de infraestructura podrían desplazarlos de forma sutil pero definitiva.

Hay una aparente paradoja: los residentes reclaman mejoras y tenencia legal de sus hogares, pero estas aumentarían el valor de sus tierras provocando la especulación inmobiliaria. Gracias a su peculiar ubicación, la 31 tendría un muy apetecible valor de mercado.

Por eso, la llamada urbanización de la 31 simboliza un momento de disyuntivas para el barrio, pero también para la ciudad. Propiciar la destrucción del barrio mediante financiamiento público continuaría décadas de políticas que resultaron en una ciudad crecientemente segmentada y desigual. Los porteños debemos rechazar la simplista dicotomía entre la gentrificación y la desidia.

Las políticas para la 31 deberían contemplar la relevancia de la ubicación para sus residentes, así como también el valor de la comunidad como parte de una ciudad diversa. Es decir, un proyecto enfocado en el aprovechamiento equitativo de las urbes y el derecho colectivo a influir en su formación, lo que en los estudios urbanos modernos se conoce como el derecho a la ciudad.

Detrás del destino de los residentes de Villa 31 también surge una pregunta acerca de qué tipo de ciudad buscamos crear. Algunos de los residentes históricos se esfuerzan por mantener la comunidad. “Tenemos que tener cuidado para que no sea un barrio solo de gente pudiente”, cuenta Teófilo Tapia, un conocido activista local. El reconocimiento al derecho de vivir ahí “lo ganamos luchando”.

No hay duda de que Villa 31 está cambiando. Las paredes del barrio hoy se encuentran tapizadas de carteles oficiales que prometen obras urgidas; las inversiones han comenzado a llegar y a hacerse visibles. Los adoquines ya recubren algunas calles que hace poco eran de barro y se inundaban con la lluvia. Las canchitas de fútbol adquieren el vibrante color de pasto sintético y ha comenzado la construcción de nuevas viviendas. Los titulares de los diarios pregonan el arribo de Mc’Donalds, organismos públicos municipales y hasta una sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Funcionarios apuestan por la integración del aislado barrio y hablan de crear un mercado como La Boquería de Barcelona. Los críticos más férreos de la renovación, que incluyen grupos de residentes, señalan que ha habido una planificación deficitaria, trabajos mal hechos y sospechas de corrupción. Pero las obras y la atención oficial son señal de esperanza para personas acostumbradas a vivir entre la pobreza y el abandono de las autoridades.

Un tramo de autopista que atraviesa la zona sirve mirador de una prolija manzana de casas intervenidas por el gobierno porteño como parte de un plan piloto para la urbanización de la villa.

Algunos observadores, como Facundo di Filippo, ex legislador y autor de la Ley de urbanización, denuncian que las intervenciones públicas provocaron que los dueños de esas casas aumenten de inmediato el precio de alquiler. Se estima que casi la mitad de los habitantes del barrio podrían ser inquilinos informales. Aumentos de este podrían llevar a su desalojo afectando la continuidad de la comunidad, una cuestión central para las políticas que al final se apliquen.

Tampoco sorprendería presenciar la tendencia gradual hacia la construcción de viviendas de lujo, como lo han visto en la últimas dos décadas los habitantes del Lower East Side de Nueva York. Incluso un proyecto inmobiliario de alta gama que se haría en la zona promete una “sinérgica inversión con las obras del Gobierno de la Ciudad”.

Otros barrios informales en América Latina enfrentan problemas similares. Los residentes más pobres de las favelas de Río de Janeiro han sido desplazados por mejorías públicas. Y los barrios donde se regularizan tenencias informales corren mayor riesgo de recambio poblacional. Es un fenómeno difícil de cuantificar, pero la organización de sociedad civil Rio on Watch documentó a más de mil extranjeros que se habían mudado a una favela bien ubicada antes de las Olimpiadas de Río de 2016. Los alquileres en esa zona se han mantenido elevados a pesar de la recesión que afecta al país. Estos cambios evidencian las dificultades que la integración genera para los más pobres.

Hay mecanismos legales que apuntan a prevenir este tipo de desplazamiento. En Buenos Aires, como en varias ciudades de la región, se han propuesto limitar la venta de estos terrenos durante un tiempo. Aunque la medida restringe la acción individual, se protege la inversión estatal, argumenta Di Filippo.

Organizaciones locales proponen mecanismos que le permitan a los residentes más libertad con sus propiedades pero prevengan la especulación inmobiliaria. Jonatán Baldivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dice que estos mecanismos pueden incluir limitaciones al tipo de edificación que se puede construir en los terrenos, prohibir la unificación de varios terrenos o requerir permisos gubernamentales más estrictos para cambios a las construcciones.

El gobierno ha dado indicios de apertura hacia estas medidas que son una suerte de camino intermedio en la disyuntiva entre la necesidad de desarrollo y la dañina estratificación social del mercado que enfrenta la ciudad con la Villa 31.

La inversión y legalización que se promete para la 31 es importante pero insuficiente. El desplazamiento de los actuales habitantes sería un empobrecimiento para la comunidad y la ciudad. La integración no debería ser erradicación. Un desafío central en la renovación de Villa 31 es no idealizar la pobreza ni condenar a los residentes a la supuestamente pintoresca informalidad de la “favela chic”. Para superarlo, el gobierno debe asegurar la protección del barrio y los derechos adquiridos de quienes lo formaron.

Es justo para los residentes, pero también fomentará una mejor ciudad para todos los porteños.

6.11.2017

Por la “toma” de la comisaría en La Boca en 2004, luego del asesinato del militante social Martín “Oso” Cisneros.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años de prisión al ex funcionario y titular del partido Miles Luis D’Elía por la protesta en la comisaría de La Boca en 2004 para denunciar la complicidad policial con el asesino del dirigente barrial Martín “El Oso” Cisneros. Seguirá en libertad hasta que quede firme la sentencia.

Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron al ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social Luis D’Elía por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Recibió una pena de cuatro años de prisión, que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas.

Minutos antes de que se leyera la sentencia, el titular del partido MILES denunció que estaba siendo juzgado “a expreso pedido” del presidente Mauricio Macri y advirtió que, si tenía que ir preso, lo haría “con orgullo y dignidad”, “Si tengo que ir a la cárcel 4 años y 8 meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara”, añadió en sus últimas palabras ante el tribunal.

Al ex funcionario y dirigente social se lo juzga por la toma de la comisaría 24, a raíz de una pueblada que pedía justicia por el asesinato de Martín “El Oso” Cisneros, un militante barrial cercano a D’Elía. El artífice del crimen fue el narcotraficante Juan Carlos Duarte, quien había sido denunciado en varias oportunidades y que según los referentes barriales actuó luego de que la policía liberara la zona.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos están prescriptos y no corresponde ningún tipo de pena. El tribunal rechazó todos estos planteos, aunque los argumentos serán leídos recién el 5 de diciembre.

D’Elía, por su parte, argumentó que junto a militantes de la Federación Tierra y Vivienda no tomaron la comisaría, sino que los policías abandonaron el edificio ante la protesta vecinal. Hoy, al hablar ante el Tribunal, el ex funcionario destacó que volvería a hacer lo mismo si “narcopolicías” cometieran un crimen igual. “Se busca castigar la protesta social, soy un símbolo de la resistencia de los 90 y este juicio está hecho a expreso pedido de Macri, al sólo efecto de ponerme preso a mí”, dijo a los jueces en sus últimas palabras.

2.11.2017

Por Lucía Ferreri Ochoa

Los diputados porteños dieron luz verde a la licitación que dejará el control del subte en manos de privados. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Con 32 votos a favor, 23 en contra, y una abstención, la Legislatura de la Ciudad aprobó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a ceder la concesión del servicio a una firma privada. Además, la norma establece una prórroga de un año del contrato con Metrovías.

La normativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta prevé “otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)” y recibió fuertes críticas de los bloques de la oposición.

Asimismo, el texto plantea la “elección de un concesionario a través del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional”, el cual tendrá el control del servicio público y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Al decidir tratar el llamado a licitación del subte como servicio público, el oficialismo gambeteó el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad, que estipula la necesidad de contar con dos tercios de los votos para aprobar “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años”. De esta forma, la discusión pasó a requerir 31 votos, número más amigable para el macrismo, que hoy en día cuenta con 28 legisladores propios, sin contar a sus cuatro aliados de la Coalición Cívica y Confianza Pública. Al mismo tiempo se omitió el art. 89 inciso 5 de la carta magna porteña que establece que tienen el procedimiento de doble lectura "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad".

Por otra parte la pulseada sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la medida la ganó el oficialismo, por lo que se requerirán 31 votos debido a que se trata de la concesión de un servicio público.

Los opositores habían presentado diversos proyectos que coincidían en la necesidad de reestatizar el servicio. La iniciativa redactada por el Frente para la Victoria planteaba dar por finalizado el modelo de gestión privado administrado por Metrovías S.A. desde 1994 y reemplazarlo por uno estatal.

En los fundamentos de la norma, los legisladores denunciaban que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios".

En ese sentido, señalaban que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México".

"Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)", afirmaba el pliego.

El legislador del FpV, Javier Andrade, destacó el caso de ciudades como París, Nueva York, San Pablo o Santiago de Chile, donde el servicio de subterráneos está administrado por el Estado y agregó: “Nosotros proponemos un esquema mixto, con un directorio compuesto por el Estado, los trabajadores y los usuarios”.

En esa línea, cabe destacar que las dos empresas impulsadas como candidatas por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, son estatales: Keolis (subsidiaria de la empresa ferroviaria nacional francesa) y la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos).

La iniciativa privatista del Ejecutivo de la Ciudad se basa en la necesidad de optimizar el uso de recursos y recortar el gasto público. Sin embargo, pese a estar el servicio en manos privadas, el Presupuesto 2017 contempló una inversión de 6281 millones de pesos en los subterráneos porteños, los que representa un 3,5% por ciento del total de fondos del Estado distrital.

En concordancia con el proyecto kirchnerista, el socialista Adrián Camps resaltaba que "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas".