Comunicadores del Sur

10.6.2017

DEMANDAN A INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA DE VECINOS EN DEFENSA DEL CINE TEATRO URQUIZA POR PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL DE TODXS

Desde el año 2013, la Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza [1] venimos pidiendo que el Cine Teatro Urquiza no sea demolido a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura, de acciones de amparo y de manifestaciones ciudadanas.

Esta semana a integrantes de la Asamblea les llegó una carta documento citándolos a una mediación. Es la instancia previa para iniciarles un juicio por daños y perjuicios. La empresa que inicia esta persecución judicial es "Establecimientos Campana S.A.", propietaria del predio donde se asienta el Cine Teatro Urquiza.

Esta empresa quiere demoler el Cine Teatro Urquiza para construir un edificio de más de 30 m de altura.

El 16 de enero de 2017, La Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) comunicó a la empresa que el proyecto presentado no se adecúa a la ley. También informó que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) desestimó el proyecto por no cumplir con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nacional N° 14.800 y el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

La Ley Nacional N° 14.800 establece en su Art. 2º que en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida. Asimismo, la Ley N° 4104 de la Ciudad prevé que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio.

El proyecto presentado apuntaba a una construcción de una "sala" de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro era de 1.114,40 m2 y la propuesta de la empresa es de 208,30 m2. Surge con claridad que el proyecto no se ajusta a lo prescripto por el art. 2º de la Ley Nacional Nº 14.800 ni al art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

Ante el incumplimiento de la normativa y la falta de autorización administrativa para demoler y construir su emprendimiento inmobiliario, Establecimientos Campana S.A. pretende utilizar a la justicia para perseguir judicialmente y amedrentar a los integrantes de la Asamblea.

Esto ha sucedido en reiteradas oportunidades en la ciudad. El propio GCBA ha demandado a la ciudadanía, como es el caso de Basta de Demoler o ha tercerizado en las empresas inmobiliarias la persecución como en el caso de los Vecinxs de Roccatagliata, o ha tercerizado en ONGs afines al PRO como fue "la Asociación Los Verdes" contra integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad [2]. Una vez más, los ciudadanos que defienden los bienes comunes de los porteños, su historia y su cultura son perseguidos por los que ven la ciudad sólo como un espacio para hacer negocios.

Para frenar con esta persecución y no permitir que empresarios amedrenten a ciudadanos le pedimos a la Legislatura porteña que en forma urgente aprueben estos proyectos de ley para que el Cine Teatro Urquiza vuelva a funcionar y se proteja el patrimonio cultural.

10.6.2017

La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE-CTERA, convoca a participar de la Caravana Educativa que se realizará hoy desde los distintos barrios de la Ciudad hacia el Parque Centenario, Leopoldo Marechal al 1000, donde se realizará el acto de cierre.

Comunicado de UTE

Los docentes reclamarán que el Gobierno porteño convoque a la Mesa Salarial que cerró a pesar del rechazo unánime de las organizaciones sindicales. En la jurisdicción más rica del país la gestión de Rodríguez Larreta ofreció una de las recomposiciones salariales más bajas, otorgó unilateralmente un aumento del 10 por ciento hasta el primero de septiembre. La inflación oficial enero/mayo  del IPCBA es el 11,3 por ciento. Sin contar la pérdida salarial de 2016, ya estamos por debajo del proceso inflacionario de 2017.

La comunidad educativa se movilizará hoy por más y mejores escuelas, para que se aumente el presupuesto educativo y se solucionen los problemas de infraestructura que padecen, día a día, las escuelas públicas de la Ciudad. También se volverá a exigir  que ningún niño o niña se quede sin vacante y que se revierta la dramática falta de maestros y profesores a través de políticas públicas activas que promuevan los profesorados y garanticen la cobertura de vacantes.

Por todo esto reafirmamos que la Educación Pública es un Derecho Social, y mañana todos nos movilizamos al Parque Centenario.

Causa Kiki Lezcano: "La sentencia mostrará si queremos una justicia que destruya o convalide la impunidad"

9.6.2017

Así lo afirmó Matías Busso, abogado defensor en la causa por el asesinato del joven de 17 años a manos de la Policía Federal, luego de la primera jornada del juicio oral.

Por Redacción APU

AGENCIA PACO URONDO: El martes se llevó a cabo la primer jornada del juicio por el asesinato de Kiki Lezcano. ¿Qué pasó durante el juicio y cuáles son las perspectivas que tienen?

Matías Busso: La primer jornada tuvo como punto sobresaliente que Veyga se negó a declarar. Eso, si bien puede ser un gesto que lo podemos tomar como incriminatorio pese a que es su derecho y que lo asiste el derecho en ese sentido, no deja de generar un poco de suspicacia. Por otro lado el sabor amargo que tenemos es el de no haber podido escuchar la versión de él y no haber podido confrontarla. Porque el juicio no sólo se trata de una condena sino también se trata de lograr alcanzar la mayor claridad de lo que pasó o acercarnos lo más posible a la verdad absoluta o la verdad histórica de lo que pasó ese día. 
 
APU: ¿Se recusó a un testigo que presentó la defensa?

MB: No, lo que sucedió como otro punto relevante es que hubo testimonios muy inverosímiles, contradictorios. Así fue el caso de los policías que actuaron en el procedimiento, Martinelli y Celaya, donde hubo muchas contradicciones con respecto a lo que habían declarado en las instancias anteriores y demostraron que ocultan ciertas cosas que eran evidentes. Por ejemplo lo del tema de la filmación del video. Ellos se muestran en tiempo y lugar y niegan que haya existido eso, que haya existido ese video y los insultos. Sin embargo el video está, es algo indiscutible y ellos estaban presentes. Entonces eso puede desmantelar sus testimonios o ponerlos en duda. Con respecto al último testigo del hecho, también hay cuestiones que no sería la palabra reacusar, pero también hubo contradicciones. Mostró una cierta empatía por el sospechado. Por eso nos hace pensar que es un testigo que lo que está tratando de hacer es proteger a su vecino, a la persona que supuestamente conoce desde chico y no decir lo que vio. Su testimonio hizo agua en muchas cosas. Entonces el punto positivo del juicio es que los testigos que supuestamente son los que tendrían que acreditar la versión de Veyga, lejos de fortalecerla y respaldarla, la debilitaron y la contradijeron en algunos puntos.

APU: ¿Qué queda para las dos próximas jornadas del juicio? ¿Qué puede llegar a pasar?

MB: Creo que la jornada del martes fue fundamental por los testigos que estaban citados y por ser la primera audiencia que marca por lo general el trayecto de todo el juicio. En ese sentido la vemos como positiva. Para las audiencias que quedan faltan el resto de los testigos, el resto de los policías que participaron en el procedimiento que nunca testimoniaron. Es una incógnita lo que van a decir. Quedan comisarios que nunca fueron citados y peritos que tendrían que testimoniar y convalidar su actuación, ver qué hicieron y hacerles preguntas. Además queda algún testigo más pero fundamentalmente son esos dos testimonios que no se trata de dos personas sino de 4 ó 5 policías y 6 peritos, que son contando los de parte y los oficiales.

APU: ¿Qué es lo que están pidiendo para Veyga?

MB: Como querella estamos pidiendo el homicidio agravado por hacer abuso de su condición de miembro de la Policía. Eso está tipificado en el Artículo 80 Inciso 9 del Código Penal y fija la pena de perpetua, por el asesinato producido en dos oportunidades. En el caso de la Fiscalía no sabemos todavía si en principio pidió la ampliación del requerimiento y no sabemos qué es lo que va a plantear. Pero a priori está pidiendo el abuso en la legítima defensa, que ya contaría de otra pena que se remite al homicidio culposo. Pero nosotros seguimos con la hipótesis de que esto se trató de un homicidio directamente. 

APU: ¿Conecta este caso con otros hechos de violencia institucional? ¿Piensa que puede servir como ejemplo para otras causas?

MB: Sí, nosotros sostenemos que lo que suceda el 26, que en teoría sería el momento de la sentencia, puede marcar un antecedente positivo o negro y negativo para el resto de las causas. Si fuera positivo, lo que esperamos es una ejemplificación de que a los pobres se los respeta, no se los mata ni se los asesina. Tampoco se los desaparece, filma y todos los agravios que generaron a ellos y principalmente a las familias. Además,

demostraría que las investigaciones no pueden quedar en la nada. Entonces marcaría un rumbo en el sentido de que no es una pena que va únicamente para Veyga, sino que va como un ejemplo a toda la sociedad de la justicia que queremos. Por otro lado, si esto resultara negativo y Veyga lograra la absolución, sería una carta de recomendación de cómo asesinar a dos pibes pobres y convalidarlo en la justicia sin ningún sobresalto. Para los dos casos, es una condena que no está dirigida solamente a Veyga y a su familia, sino que está dirigida a toda la sociedad. Habla de qué tipo de policía queremos y qué tipo de justicia queremos. La sentencia mostrará si queremos una justicia que destruya la impunidad o una justicia que la convalide y que sea sumisa a esos poderes. 

9.6.2017

Más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales.

*Por María Fernanda de la Quintana

Tras no cumplir con la obligación de realizar un relevamiento anual con los criterios establecidos en la “Ley 3706” la Justicia ordenó realizar un relevamiento provisorio sobre las personas en situación de calle.

Ante esta situación más de cincuenta organizaciones sociales recorrieron las 15 comunas de la Capital para llevar a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle y rectificar las estadísticas oficiales. El gobierno porteño informa haber registrado alrededor de 850 personas sin techo por año entre 2011 y 2016. Distintas organizaciones especializadas estiman que hay 26.000 personas en situación de calle dentro del ámbito de la CABA.

La carencia de mediciones confiables y precisas sumado a la falta de información en relación a la cantidad y singularidades de la población en situación de calle y en riesgo a la misma, dificulta la identificación de las principales necesidades para la implementación de políticas públicas eficaces.

Se considera, según Ley N° 3.706, sancionada por la Legislatura, que las personas en riesgo de “situación de calle” son aquellas “que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional” las “que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo” y también aquellas… “que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”, entonces la cifra asciende a miles de ciudadanos en CABA.

“Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un promedio de cien muertes anuales”, afirma Horacio Avila, referente de “Proyecto 7” [relacionadas con la falta de vivienda]

El marco legal de referencia no se reduce solo a la Constitución porteña, que garantiza el acceso a la vivienda digna, sino también a la mencionada Ley N° 3.706 de “Protección y garantía integral de los derechos a las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle”, sancionada en diciembre de 2010.  En esta ley se ha vetado uno de sus artículos fundamentales, el quinto, que justamente define el “derecho a la Ciudad” como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”. El veto de este artículo, desnuda la tendencia neoliberal de convertir a la ciudad en una mercancía más, según se desprende en las razones: …“(el derecho a la ciudad) no se condice con los principios constitucionales a los que remite, ya que adolece de un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual definición”.

Las graves dificultades para acceder a la vivienda digna afectan a la gran mayoría de los sectores sociales, en el marco de una Ciudad donde los desalojos, la especulación inmobiliaria y el precio de los alquileres se incrementan y deja a los más vulnerables desprotegidos a manos del mercado.

La actual administración viene obteniendo mayorías electorales sucesivas, reflejo de un consenso consolidado en un importante sector de la población. Sin embargo, respecto a importantes sectores desprotegidos, la única estrategia que exhibe es básicamente expulsatoria. Estas personas precarizadas poseen derechos que en la práctica les son deliberadamente vulnerados.

La ciudad, que desea constituirse en el escaparate del régimen neoliberal, muestra así una faceta barbárica que contradice de modo escandaloso tales pretensiones primermundistas. Cada persona que duerme en los umbrales, cada familia expulsada de su domicilio, cada chico sin escuela, constituye una refutación del discurso enarbolado por los funcionarios que intenta naturalizarse en el seno de la ciudadanía, que aún no logra quebrar la lógica de una política neoliberal.

* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en salud vulnerabilidad y territorio.

8.6.2017

Tras los incidentes ocurridos entre el domingo 28 de mayo a la noche y lunes 29 de mayo por la madrugada en el Instituto de Menores “San Martín” del barrio porteño de Flores -donde se fugaron 7 jóvenes y tres resultaron heridos-, la Procuración Penitenciaria monitoreó el lugar para determinar las razones que motivaron los disturbios y verificar el estado de los jóvenes allí detenidos, así como las condiciones del lugar.

La visita se llevó a cabo el mismo día de los hechos y se mantuvo por tres días consecutivos para realizar entrevistas tanto a las autoridades del centro y de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGRPJ), como a los jóvenes del instituto.

A pesar de que las autoridades dijeron desconocer los motivos que desencadenaron los disturbios, los jóvenes coincidieron en que los mismos se habrían iniciado ante la falta de respuestas a diferentes demandas que venían reclamando a las autoridades; entre los que refirieron malos tratos físicos y verbales por parte del personal de seguridad, problemas en las visitas, escases de comida y, principalmente, un limitado acceso al teléfono, restringido únicamente para dos días a la semana, por un tiempo de 8 minutos y en presencia de operadores o personal de seguridad.

Al relatar los hechos, los jóvenes indicaron que los empleados de seguridad no estaban cuando inició el conflicto y ello posibilitó la fuga de algunos compañeros. Todos los entrevistados manifestaron que cuando el personal de seguridad se hizo presente, comenzaron a dar palazos a todos, los colocaron en el pasillo contra la pared y los esposaron. Algunos manifestaron haber estado desnudos. Posteriormente los bajaron al hall central donde nuevamente fueron golpeados, pateados y pisados mientras estaban tirados en el piso boca abajo y esposados. Exceptuando 3 jóvenes que fueron llevados al Hospital Álvarez y Hospital Piñeiro, el resto de los entrevistados indicó que no fue visto por ningún médico y que sólo una enfermera los revisó superficialmente. 

Ante la grave situación denunciada, la Procuración hizo intervenir al Área de Investigación y Documentación de Eficaces de Caso de Tortura y Malos Tratos, para aplicar el Protocolo correspondiente y tomar las denuncias pertinentes.

En relación a las condiciones del establecimiento, se verificaron amplios destrozos y la reubicación temporal de los jóvenes en otros sectores del instituto, donde se encontraban sin las condiciones mínimas de habitabilidad, la mayoría durmiendo en colchones sobre el piso, sin sábanas ni frazadas suficientes y comiendo en las celdas. La escuela y los talleres también estaban suspendidos.

Dado que en la inspección también estuvieron presentes la Defensoría General de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional y el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, se pidió conjuntamente el inmediato realojamiento a sus respectivos ambientes convivenciales, además de la provisión de la ropa de cama acorde al clima frío de esta época del año. También se señaló la imperiosa necesidad de efectuar los arreglos correspondientes a fin de reanudar las actividades educativas, culturales y físicas a la brevedad.

8.6.2017

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos denunciamos la arbitraria decisión del Tribunal Oral Correccional N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires de no permitir el ingreso de los/as trabajadores/as de prensa a la primera audiencia del juicio por el asesinato de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco a manos del policía Daniel Santiago Veyga, que tuvo lugar el pasado martes 6 de junio. Difundimos comunicado

Comunicadores/as de distintos medios de prensa y de la RNMA que llegaron hasta los tribunales denunciaron que no pudieron ingresar a la Sala de Audiencias, ya que, según expresa la policía en el lugar, la misma sólo puede albergar diez personas. Entendemos que esta es una decisión del Tribunal que impide y limita el derecho a informar de los/as trabajadores/as de prensa y la libertad de expresión. No es casual que estas restricciones se den en causas de gatillo fácil que tienen como imputados a miembros de las fuerzas policiales y que desnudan el papel del sistema judicial en garantizar la impunidad de los acusados.

Con la excusa de la falta de lugar, los/as familiares se vieron obligados a "elegir" entre entrar o dejar su lugar a la prensa. Sin embargo, la prensa alternativa presente en el lugar no pretende ocupar los escasos lugares para la familia sino, como ya sucedió en otros juicios, permanecer parados para registrar los hechos y luego informar lo sucedido.

Sin prensa, el juicio no es de carácter público.
Exigimos ingresar a las próximas audiencias.
Argentina, 8 de junio de 2017

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

NUESTRA POSTURA FRENTE AL INTENTO DE MODIFICACIÓN DE HORARIOS DEL SUBTE

8.6.2017         

Hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que Metrovías, SBASE y el GCBA pretenden modificar el horario de inicio y finalización del servicio del subte.

Al respecto debemos señalar que nuestra Asociación Gremial se ha manifestado públicamente a favor de la extensión del horario en que el subte debiera prestar servicio, cuanto menos, restableciendo el horario vigente durante la gestión estatal previa a la privatización: desde las 5:00 a la 1:20 horas. Ello además de constituir una mejora real acorde a las necesidades de transporte que hoy exigen los usuarios, generaría nuevas fuentes de trabajo.

No es posible decir lo mismo en relación a la modificación de horario. Además de no constituir ninguna mejora real para el servicio, se pretende realizarla de manera unilateral, sin consultar a la AGTSyP, lo que traería aparejado innumerables perjuicios reales para la organización de la familia del trabajador del subte.

Esta situación no puede ser tolerada pasivamente por la AGTSyP, que dispondrá las acciones legales conducentes para que cualquier medida empresarial que se intente aplicar, no genere perjuicio alguno a los trabajadores del subte y sus familias. Por ello, se cursaran las intimaciones necesarias a la parte empresaria, con la finalidad de iniciar de manera urgente las negociaciones necesarias tendientes a salvaguardar los intereses propios ante la pretendida aplicación de la decisión unilateral que nos perjudica.

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO