Comunicadores del Sur

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Juicio contra referentes sociales

29.5.2017

En el día de hoy se llevó adelante la sexta audiencia del juicio oral,  a cargo del TOF 6, contra Lito Borello, Luis D´Elía y Luis Bordón,  por la protesta llevada adelante en la Comisaría 24 de La Boca tras el asesinato de Martín Oso Cisneros la noche del 25 de junio de 2004. Como en la mayoría de las audiencias hasta ahora, desfilaron  los policías involucrados en los hechos,  como testigos de la fiscalía a cargo de la Doctora Gabriela Baigún. Y una vez más, los oficiales (en muchos casos retirados luego de los casi 13 años en que se produjeron los hechos juzgados) dieron exageradas muestras de incongruencias y contradicciones, incluso entre los testimonios que se sucedieron en la jornada de hoy.

El Dr. Adrián Albor, abogado defensor de Borello y D´Elía, quien analizó los testimonios en relación con las acusaciones, y en particular con la figura de la coacción agravada que pretende invisibilizar el hecho de una legítima protesta frente a una situación de encubrimiento policial: “fueron trascendentales los dichos de dos testigos que señalaron que no fueron desalojados de la comisaría por los manifestantes, sino que se retiraron por su propia voluntad”.

A su vez, Albor señaló la importancia para la defensa de haber tomado vista del expediente de la causa por el asesinato de Martín Oso Cisneros,  que hasta ahora era desconocida para la defensa. Según el abogado defensor “estuvo absolutamente justificada la decisión de manifestarse para pedir la captura del asesino de Martín porque claramente todo estaba dispuesto para el encubrimiento”.

Entre otros indicios, el Dr. Albor señala que en ese expediente se evidencia de qué modo la policía intentó colocar una caja de balas en los bolsillos del Oso Cisneros para sostener la hipótesis de un enfrentamiento con su asesino, Juan Carlos Duarte. Para el abogado, ese elemento delata negociaciones entre la policía y el asesino del Oso Cisneros, para su entrega a partir de la creciente protesta en el barrio de La Boca.

A pesar de estos elementos que podrían valorarse como positivos para la defensa en el plano jurídico, Lito Borello, Secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, acusado y perseguido por este juicio, advirtió y señaló,  una vez más, su preocupación por el carácter político de este juicio: “Por las preguntas que le hacen a los testigos se nota que algunos de los jueces ya tienen la sentencia escrita. Buscan de los testigos que ratifiquen lo que ya tienen decidido”.

Borello también atribuyó al carácter político la aceleración de los tiempos del juicio, que esta semana tendrá tres audiencias, mientras que se venía de un ritmo de menos de una audiencia por semana en promedio: “En la medida que se acelera la realidad política se aceleran los tiempos del juicio. Pareciera que el clima de Comodoro Py va al calor del calendario político”.

Una vez más, Lito Borello fue acompañado por una delegación de militantes de la Mesa Gremial 19 y 20 de la CTEP, que permanecieron en las puertas del tribunal de Comodoro Py para darle visibilidad a la audiencia, que se desarrollaba en el interior.  Un  juicio que tal como vienen denunciando las organizaciones populares en el país y en el continente, lo que busca es criminalizar la organización popular y la protesta social, como se vienen repitiendo.

Confirman procesamiento y prisión preventiva para Potocar

28.5.2017

El exjefe de la Policía de la Ciudad continuará detenido. Confirmaron su procesamiento en la causa que lo investiga por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas para brindar “seguridad”.

La sala VII de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de José Pedro Potocar, el exjefe de la Policía de la Ciudad, quien se encuentra detenido desde el 25 de abril. El comisario está acusado de dirigir una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar dinero de manera ilegal a comerciantes y trapitos del barrio porteño de Núñez a cambio de "protección". Además fueron ratificados los procesamientos de otros dos policías de alto rango, la comisaria Susana Aveni y el subcomsario Marcelo Stefanetti.

Potocar había presentado su renuncia como jefe de la Policía de la Ciudad después de que la Cámara del Crimen porteña le rechazara su pedido de excarcelación. En ese entonces la Policía de la Ciudad quedó a cargo del secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien hoy sigue al frente de la fuerza.

La causa comenzó en abril de 2016, cuando Potocar estaba al frente de la Dirección General de Comisarías de la Policía Federal. Según la acusación Potocar y los otros policías implicados mantenían “una marcada división de tareas y, en abuso del poder público que se les confió a los efectivos policiales, llevarían adelante la comisión desde el mes de enero de 2016 distintos delitos de acción pública".

El dinero, según la investigación del fiscal José María Campagnoli, era recaudado por agentes de la comisaría 35°, a cargo del comisario Norberto Villarreal, quien está prófugo y con orden de captura nacional e internacional.

La creación de la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado había sido acompañada por un discurso de “transparencia” por parte del Gobierno de Larreta, quien designó al frente a Potocar como un hombre ejemplar y con “una carrera intachable”. La confirmación de su procesamiento no hace más que poner en evidencia la responsabilidad de la institución policial en el delito organizado, que comienza desde sus más altos mandos.

ores como poner puertas en las aulas, picaportes y taparrollos, cosas que no tienen nada que ver con el problema de fondo que es que no podemos seguir conviviendo con una obra adentro de la escuela”, dijo Paula Leoz, preceptora del colegio y delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

 

Según la denuncia de los docentes, la situación de la escuela es límite: el edificio tiene capacidad para 400 alumnos pero son más de 700, no tiene salida de emergencia, el patio está clausurado y el ascensor no funciona. “Estamos esperando que nos digan cuándo retomar las clases pero no sabemos en qué condiciones vamos a volver. Nos dijeron que después del accidente, la empresa Plan Obra quebró por lo que ahora hay que abrir una nueva licitación, lo que puede llevar meses. Mientras tanto, la obra quedará a medias, con los andamios y el pozo abierto en el patio”, se quejó Leoz.

La única opción que ofreció el Ministerio de Educación porteño fue dividir a los estudiantes y enviarlos a otras dos escuelas: el CBO Evita, una escuela para adolescentes con diferentes dificultades en el aprendizaje, y la primaria Número 28 Distrito Escolar 5. Según informaron los docentes, la propuesta oficial era que “seis cursos funcionen en cuatro aulas de una de esas escuelas (con la consiguiente fusión de varios grados con distintos horarios y materias) y otros seis cursos funcionen todos juntos en un galpón, sin subdivisiones ni acústica ni condiciones mínimas para una clase en la otra escuela. Las clases prácticas como plástica y música se darían en un centro cultural del barrio”, informaron en un comunicado.

Esta propuesta, que fue rechazada también por los padres y por las comunidades educativas de las otras dos escuelas, no preveía ninguna opción para el jardín maternal que actualmente funciona en el Homero Manzi para los hijos de las alumnas madres. “Incluso nos habían dicho que esa mudanza sería hasta octubre, por eso también la rechazamos”, afirmó la preceptora.

Los docentes del Homero Manzi planean entregarle un petitorio a la ministra Soledad Acuña -que cuenta con la adhesión de dirigentes gremiales y políticos, legisladores y pedagogos- para exigir la construcción de “un edificio nuevo que brinde una solución definitiva al conflicto edilicio” que atraviesa la escuela y, mientras tanto, “una solución transitoria acorde a las necesidades de la comunidad educativa mientras se realiza la construcción del edificio nuevo y definitivo”.

El recorte al cine: cierra una sala del Incaa

28.5.2017

Se trata del Espacio Incaa ubicado en el barrio de Constitución, única sala de cine en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que se venía anunciando desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, luego potenciado por la operación de prensa contra el Incaa, dio su primer fruto: cierra el Espacio Incaa del barrio de Constitución.

Así lo confirmó uno de los trabajadores del lugar a la agencia Paco Urondo, ante la que puntualizó que los dueños de la edificación “hablaron con las nuevas autoridades (del Incaa) y les dijeron que no quieren seguir con la renovación del contrato, con el convenio para seguir con el cine”. Esto sucede, según la declaración, porque “las nuevas autoridades deciden no seguir con el cine y esto lo sabemos de palabras de los dueños que lo han dicho y por la programadora del Incaa que también ha dicho que es real”.

En ese sentido, señaló que “al no recibir respuesta de las autoridades del Incaa los dueños decidieron poner en venta el predio y la semana que viene mandarnos carta documento de despido, pagarnos y cerrar”.

“Los dueños del lugar querían seguir con el espacio. Han propuesto que no se pague más el alquiler, sino que se encarguen de los sueldos, las expensas y los servicios, para que el cine siga”, pero el Incaa de Cambiemos no quiere.

Según el trabajador, la posición de los empleados del lugar es que es “un despropósito que en la zona sur de la capital no haya un cine. Constitución es una zona difícil. Tenemos cerca el Borda, el Moyano, hay gente que vive en la calle. Y para muchos es un refugio. Tenemos mucha gente habitué, jubilados, gente que ve tres películas por día, es un escape, un entretenimiento”.

Son cuatro los empleados que trabajan actualmente en el Espacio Incaa de Constitución, ya que, según afirmaron“el Incaa nunca estuvo”. Asimismo, señaló que más allá de la creación de la sala durante la anterior gestión, siempre fueron ellos los que consiguieron incluso las películas para proyectar.

“En vacaciones de invierno de 2015 pudimos conseguir películas para chicos y tuvimos un julio de 11.000 personas y fue toda gente de acá”, dijeron.

Asimismo, añadieron que “en 2016 ya no pudimos sostenerlo porque el tema es que ni siquiera nos dieron el formato que tienen todos los cines y que impiden la piratería, nosotros estamos trabajando con Blu-Ray”.

Cierra el espacio INCAA de Constitución

28.5.2017

Por falta de interés y voluntad política de las nuevas autoridades del INCAA, el espacio Artecinema de Constitución puede cerrar sus puertas. "Al no recibir respuesta de las autoridades del INCAA los dueños decidieron poner en venta el predio", dijo uno de sus trabajadores. 

Por Boris Katunaric 

 

APU: ¿Hay posibilidades que el cine Artecinema de Constitución se cierre?

E(*): Los dueños hablaron con las nuevas autoridades y les dijeron que no quieren seguir con la renovación del contrato, con el convenio para seguir con el cine, no les interesa. Los dueños propusieron que se alquile porque por privados no resultó y tenían que cerrarlo. Las nuevas autoridades deciden no seguir con el cine y esto lo sabemos de palabras de los dueños que lo han dicho y por la programadora del INCAA que también ha dicho que es real. Al no recibir respuesta de las autoridades del INCAA los dueños decidieron poner en venta el predio y la semana que viene mandarnos carta documento de despido, pagarnos y cerrar. 

 

APU: ¿Entonces la decisión no corre por parte de los dueños sino por las autoridades del INCAA?

E: Los dueños del lugar querían seguir con el espacio. Han propuesto que no se pague más el alquiler, sino que se encarguen de los sueldos, las expensas y los servicios, para que el cine siga.
 
APU: ¿Cuál cree que es la razón por la cual no quieren seguir con el espacio? 

E: Política, mismo los dueños lo han dicho. Este cine ha costado muchísimo para que la gente del barrio lo empiece a conocer. Se han conseguido películas para chicos para que puedan empezar a venir.

 

APU: Entonces el cierre es inevitable ¿dieron un plazo para esto?

E: El tema es que no hay contrato hace años. Se firmó una vez sola, los otros cinco años fueron convenios, es decir que de un día para el otro pueden cerrarlo.  

 

APU: ¿Cuál es su posición al respecto?

E: Nos parece un despropósito que en la zona sur de la capital no haya un cine. Constitución es una zona difícil. Tenemos cerca el Borda, el Moyano, hay gente que vive en la calle. Y para muchos es un refugio. Tenemos mucha gente habitué, jubilados, gente que ve tres películas por día, es un escape, un entretenimiento. Creo que culturalmente al barrio le sirve también. 

 

APU: ¿Cómo ha sido hasta ahora la gestión de este espacio?

E: El esfuerzo fue nuestro, de los cuatro empleados, porque los dueños mucha importancia nunca le dieron más que el cine siga. El INCAA nunca estuvo tampoco, siempre fuimos nosotros poniéndole pila y garra. Hacemos publicidad en el diario zonal. También lo que es conseguir películas, salir a volantear y esas cosas las hicimos nosotros. 

En vacaciones de invierno de 2015 pudimos conseguir películas para chicos y tuvimos un julio de 11.000 personas y fue toda gente de acá. 
Y en 2016 ya no pudimos sostenerlo porque el tema es que ni siquiera nos dieron el formato TCP, que es el formato que tienen todos los cines y que impiden la piratería, nosotros estamos trabajando con Blue Ray, al no tener TCP las distribuidoras grandes no nos quieren dar películas. Esto nos impide tener películas para chicos y que se haga familiar el cine, que es siempre lo que buscamos. 

 

(*) El entrevistado prefirió reservar su identidad por cuestiones que ponen en juego su fuente de trabajo. 

Juicio a la Policía de Macri

26.5.2017

El miércoles 24 tuvieron lugar los alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa policial en el juicio que se lleva adelante contra tres efectivos de la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) por herir con balas de plomo a Esteban Ruffa y Germán de los Santos (ambos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos), cuando cubrían fotográficamente el violento desalojo de la Sala Alberdi la madrugada del 13 de marzo de 2013. Mientras la abogada querellante solicitó 20 años de prisión por intento de homicidio agravado por ser miembros de fuerzas de seguridad el fiscal solicitó 3 años y tres meses de prisión por abuso de armas e inhabilitación por cuatro años por ser funcionarios públicos. Por su parte, las dos defensas policiales solicitaron la absolución de los tres efectivos. El miércoles 31 se esperan las últimas palabras de los imputados, por la mañana, y el veredicto del tribunal, por la tarde.

 

“Un fierro y una chapa no los convierte ni en amos ni señores de nuestras vidas”

 

Primero expuso su alegato la Dra. María del Carmen Verdú, abogada de la querella, quien detalló la línea de tiempo de los hechos, en conjunto con los videos y fotografías aportados como prueba tanto por parte de los mismos comunicadores damnificados como por parte de otros comunicadores populares. Finalizó su exposición solicitando la pena de 20 años de prisión, con accesorias legales y costas por el delito de intento de homicidio calificado por ser integrantes de una fuerza de seguridad del estado.

“Tenemos dos grupos de testimonios: los civiles y las víctimas. Coincidentes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar por lo que acabamos de ver. Y los policías, en el mejor de los casos reticentes o con amnesia cuando no lisa y llanamente mentirosos”, remarcó Verdú, y agregó: “esta querella no tiene absolutamente ninguna duda de que los tres imputados dispararon en ese lugar y momento con plomo. Cualquiera de los damnificados y cualquiera de las personas que estaban allí, y que estuvieron en la mira de los imputados, podría estar muerta. Está comprobado por las imágenes que la noche del 12 al 13 de marzo de 2013 los policías metropolitanos dispararon con armas letales, con proyectiles letales, contra civiles desarmados, o peor aún: peligrosamente armados con cámaras que había que eliminar de la escena para evitar justamente lo que acá ocurrió: que nos permitieran reconstruir el hecho y que quedaran registros independientes de su accionar criminal. Y no nos cabe duda de que quién dispara un arma de fuego cargada con proyectiles letales hacia el cuerpo de una persona sabe que esa conducta es idónea para matar.”

Verdú finalizó su exposición apelando al tribunal: “este juicio tiene una importancia histórica: ésta es la primera, y probablemente la última causa que llegue a juicio oral por una situación de represión masiva a la protesta social de la desaparecida hoy Policía Metropolitana (diluida hoy dentro de la Policía de la Ciudad). Es una oportunidad única para mostrar que el Poder Judicial, o al menos parte de sus integrantes, no están dispuestos a tolerar al amparo de exenciones como seguridad, ley u orden, que la vida y la integridad física de las personas dependa de la casualidad o de la buena suerte cuando se topan con un policía. Demostrar que un fierro y una chapa no los convierte en amos ni señores de nuestras vidas ni les da inmunidad para violentar sistemáticamente todas las normas constitucionales, legales y reglamentarias de la propia fuerza. Es un buen momento para un fallo ejemplar en éste sentido. Sería un paliativo para ese pibe que cada cinco horas nos mata el gatillo fácil de las fuerzas que militarizan nuestros barrios o que sucumbe a la tortura en un calabozo. Sería una buena señal para los trabajadores de prensa, como los querellantes en ésta causa, para los comunicadores populares que a diario arriesgan el cuero para contarle a los demás cómo se desarrollan los operativos policiales”.

 
“No fueron disparos continuos, por lo cual no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”

 

En cambio, y a pesar de haber utilizado a lo largo de su exposición los mismos argumentos que la querella, finalmente el fiscal Ciruzzi no acompañó el pedido de pena máxima de la Dra. Verdú, indicó no reconocer en las pruebas a los acusados y sostuvo que considera que sólo hubo abuso de armas y lesiones por parte de los tres uniformados, por lo cual solicitó tres años y tres meses de prisión, más cuatro años de inhabilitación por ser funcionarios públicos.

“No fueron disparos continuos, por lo cual no puedo decir que hubo intencionalidad de matar”, sostuvo el fiscal, y agregó: “tengo el objeto procesal que tengo, y a partir de esto, tengo que actuar. Por la calificación que presenté al tribunal, acuerdo: pena de 3 años y tres meses de prisión, costas e inhabilitación de cuatro años“.

 
Pistolas que se disparan solas

 

Finalmente, las dos defensas policiales solicitaron de igual manera – aunque con diferentes argumentaciones – la absolución de los tres policías imputados al considerar que no está probada su participación – ni por los testimonios ni por las pruebas expuestas – aquella noche en la represión ni que hayan disparado balas de plomo contra los damnificados ni los manifestantes.

El abogado del policía Gabriel Pereira de la Rosa remarcó que el imputado es “absolutamente inocente de los tres hechos de los que está imputado” y sostuvo que “es imposible arribar a un veredicto condenatorio en una causa de éstas características, no sabiendo quién fue el autor de los disparos que produjeron las lesiones” a pesar de estar probado que los tres imputados portaban aquella noche escopetas marca Mossberg calibre 12/70.

El abogado de los policías Miguel Ledesma y Maximiliano Acosta sostuvo “la absoluta inocencia” de ambos imputados, a los cuáles calificó como “excelentes policías y personas” e indicó que “estuvieron en el lugar y en el momento equivocado porque se toparon con un loquito, que entiendo que no está identificado”, que fue el que disparó con plomo aquella noche. Finalizó diciendo que los dos imputados “merecen continuar sus destacadas carreras”

 

“Ahora la pelota está en la cancha del tribunal”

 

En una entrevista realizada hoy por la mañana en FM La Tribu, la Dra. Verdú confirmó que el próximo miércoles 31 se esperan las últimas palabras de los tres imputados, por la mañana y, por la tarde, quizás, el veredicto. “Ahora la pelota está en la cancha del tribunal, que va a tener que elegir entre las dos tesis que se le han presentado y la tesis absolutoria de la defensa”, expresó, aunque aclaró con respecto al veredicto final que “el tribunal ya anticipó que es una situación muy compleja. Lo complejo es la decisión que deben tomar, evidentemente. Se van a tomar quizás un tiempo más para deliberar. Si quieren hacer las cosas bien los tienen que condenar con la pena que nosotros pedimos, o una muy cercana, y si juegan con sus reglas de protección al aparato estatal, sucederá otra cosa”.

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