Comunicadores del Sur

8.12.2016

La Legislatura porteña sancionó una ley contra el acoso callejero que prevé penas de hasta $1000 o 10 días de trabajo social contra las personas que “hostiguen, maltraten o intimiden” y que “afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de las personas basados en su condición de género, identidad y/o orientación sexual”. Los “piropos” entran dentro de las acciones prohibidas en la nueva normativa. 

Todas las mujeres escuchamos alguna vez un comentario sobre nosotras en la calle. Sea dirigido explícitamente, hecho por lo bajo, o entre hombres. Alguna vez nos dijeron que éramos lindas, nos dijeron groserías o nos hicieron sentir mal por nuestra ropa, forma de ser o simplemente por nuestra identidad sexual.

En los últimos años creció la visibilización de los mal llamados “piropos” como una forma más de violencia y se escuchó, por primera vez, la voz de quienes no nos sentimos halagadas si no, más bien, incómodas.

Tiempo atrás, los medios recogieron estos debates y hasta el ahora Presidente Mauricio Macri entró a la discusión y dijo estar a favor de los “piropos” porque “a todas las mujeres les gustan que les digan un piropo. Por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien”.

En la Ciudad de Buenos Aires trascendieron este año casos de masturbaciones en el subte. Los casos de este tipo son numerosos y llegan a menudo hasta las fiscalías porteñas, donde en el primer semestre del año se recibieron 72 denuncias. Si bien muchos pensarán que éstas son situaciones extremas, son más comunes de lo que parecen y están también vinculadas con las exhibiciones obcsenas en las calles que completan la imagen general para entender de qué manera somos tratadas las mujeres en la ciudad y en nuestra vida diaria.

Las campañas llevadas adelante por organizaciones de mujeres evidenciaron que este tipo de prácticas son comunes a todas (incluídas las niñas) y permitió romper el silencio poniendo el debate sobre la mesa. La ley que sanciona el acoso sexual callejero es un avance para continuar cambiando la cultura machista y promover el respeto y la no discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

7.12.2016

Lxs Trabajadorxs del Subte y Premetro repudiamos el comunicado de Metrovías vinculado a la muerte de un trabajador ocurrida en la madrugada de hoy en el Taller Colonia. Por el mismo la empresa intenta salvar su responsabilidad afirmando que existen protocolos actualizados y que el personal está capacitado para su aplicación. De esa forma da a entender que lo que ocurrió  fue por responsabilidad de nuestro compañero.

Por ley la responsabilidad de la empresa es tomar las medidas de prevención que sean necesarias  para que los accidentes no ocurran, eliminando las condiciones inseguras existentes en las tareas, algo que obviamente no está haciendo cuando ya ocurrieron seis muertes en los últimos años. Todos los accidentes son evitables. Los trabajadores no son los culpables. Matías, como todos sus compañeros, concurrió ayer a trabajar para ganarse la vida, no para perderla.

Si ello ocurrió es porque los protocolos existentes no sirven. Es porque la capacitación que supuestamente se realiza no alcanza. La norma ISO 9001 no tiene relación con la salud o seguridad laboral y su mención en el comunicado demuestra que la única preocupación de la empresa es quedar otra vez impune ante esta nueva muerte. Las Condiciones Inseguras existentes en las tareas del subte son las que desencadenan los accidentes y los trabajadores sólo son sus víctimas.

Por eso exigimos en nuestra propuesta, hasta ahora ignorada por la empresa,  de aprobar un nuevo protocolo, que se implemente un sistema preventivo de alertas y recaudos, con planes de inversión, que eliminen las condiciones inseguras y eviten nuevos daños. Nos mantenemos en Estado de Alerta

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETROnt-weight:bold'>La resistencia de la empresa en aplicar el protocolo de seguridad sobre trabajos con alta tensión coloca a Metrovías como la principal responsable de una nueva muerte. El lucro empresarial ha convertido al subte en un lugar de alta siniestralidad.

Esto sucede mientras el gobierno macrista, responsable del control del subte, impulsa una reforma de ART que va a aumentar la precariedad de la seguridad laboral.

Compañeros, la lucha por la aplicación del protocolo ya no tiene margen. Las seis líneas del Subte se encuentran paralizadas. La seguridad laboral requiere una respuesta firme e inmediata de los trabajadores, frenando toda tarea riesgosa que atente contra integridad física de los trabajadores.

Proponemos una movilización al Ministerio de Trabajo por:

– JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE TRABAJADORES. EXIGIMOS LA RENUNCIA DE MARCELO GRACIANO, GERENTE DE RRHH.

– POR LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ALTA TENSION Y DE TODOS LOS RECLAMOS ELEVADOS POR LOS DELEGADOS DE TALLERES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL Y CONDICIONES DE MANTENIMIENTO.

– ABAJO LA LEY DE ART

-CESE DE LA CONCESIÓN DEL SUBTE A LA GERENCIADORA CRIMINAL METROVÍAS

7.12.2016

El diputado del Frente de Izquierda (PO) Marcelo Ramal denunció que “el desvío de la traza de la autopista Illia apunta a dejar las viviendas precarias como están y realizar una urbanización cosmética de la Villa 31. El proyecto no dice una palabra de la construcción de viviendas necesarias para una verdadera urbanización y omite cualquier referencia a las leyes de urbanización de la villa largamente incumplidas. Se trata de una dilapidación de recursos que irán a los contratistas amigos del gobierno y que deberían destinarse a la transformación de la Villa en un barrio. El corrimiento de la autopista y esta pseudo urbanización están enmarcados en la transformación de la toda la zona ribereña en función del capital inmobiliario y nuevos “Puerto Madero” hacia el norte y el sur. Allí está el proyecto de para permitirle a Irsa la construcción de 13 torres al lado de la Reserva Ecológica, la venta de los terrenos ferroviarios de Catalinas Norte y el Paseo del Bajo. El Frente de Izquierda rechaza estos proyectos inmobiliarios especulativos y contaminantes y acompaña la lucha de los vecinos por una verdadera urbanización”.:ES;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>La alarmante situación que ha dejado este año a 11.432 chicos sin vacantes, cifra reconocida por la Ministra de Educación Soledad Acuña, se centra en los jardines de infantes con 10.665 chicos que han quedado afuera. El Gobierno porteño que poco ha hecho este año para solucionar el problema, pretende desguazar un colegio secundario para atender esta demanda. Los pibes y las pibas tienen clara sus demandas y no entran en falsas contradicciones, las pancartas lo indican “Sí al jardín, No a la quita del predio”.

6.12.2016

El gobierno anunció que otorgará un bono de $1000 por cargo de 20 hs. cátedra o equivalente, hasta dos cargos el 31/12 y otra cuota de $ 1000 el 16/01.

Desde Ademys rechazamos este bono por ser absolutamente insuficiente ya que no recuperamos lo perdido por la inflación. Además expresa los problemas salariales que ya sufrimos: es en negro (no bonifica por antigüedad); es en cuotas (el gobierno habla de un bono de $4000 pero solo se cobra eso con dos o más cargos y en dos cuotas una el 31/12 y otra el 16/1); no respeta la jerarquía hacia arriba (cobrará lo mismo un rector que un maestro de grado) pero sí discrimina a los cargos afectados por la diferenciación salarial a la baja (ACDM, maestros de ciclo, etc.) que cobrarán proporcionalmente menos (de acuerdo a los puntos índice). El bono se cobra hasta dos cargos o 40 hs por lo que se continúa perjudicando a los que trabajan más horas porque el salario es insuficiente. Por si fuera poco no incluye a cientos de docentes de programas nacionales ni Fines, ni obliga a los dueños de escuelas privadas a pagarlo.

Advertimos que la forma en la que se establece el pago es según la cantidad de días trabajados en el mes de diciembre 2016 lo que generará muchas injusticias. Además no está estipulado que no sea sujeto a descuentos por ganancias. Todas estas cuestiones son fruto de una decisión unilateral en la que el Gobierno sólo notificó a los sindicatos la decisión tomada desechando la exigencia que desde Ademys venimos realizando de la reapertura de la discusión salarial.

Desde Ademys reclamamos la reapertura inmediata de la mesa salarial y convocamos a un cese de tareas y concentración el 20/12 a las 15 hs. en el Ministerio de Educación de la Ciudad (Paseo Colón 255).

5.12.2016

En diálogo con Agencia Paco Urondo la lesgisladora porteña del Frente Para la Victoria (FPV) Paula Penacca se refirió a los problemas de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires y a la nueva Ley de Seguridad Pública.

Por Manuel Izraelson

APU: Muchos de los conflictos entre vecinos de la ciudad y las fuerzas de seguridad tienen que ver con desalojos. Hay asociaciones civiles que inclusive denuncian al gobierno porteño los quiere desalojar para emprender negocios inmobiliarios. ¿Cuál es su posición al respecto?

Paula Penacca: En principio el desarrollo urbano de una ciudad es muy importante, pero tiene que ser regulado con un criterio de equidad. Lo que nosotros vemos durante los últimos ocho años de gobierno del PRO es que lo único que se piensa es en favorecer los grandes negocios inmobiliarios. Lo que sucede es que se agrega valor con inversión del Estado a tierras alejadas del centro, como en el sur de la ciudad, y se empiezan a encarecer los alquileres de la zona expulsando a los sectores populares.

El ejemplo más claro es en La Boca con muchos desalojos forzosos. En ese sentido la Asociación Catalinas Sur, conformado por vecinos del barrio Catalinas de La Boca, está denunciando que el gobierno porteño les está pidiendo que devuelvan un predio que les había sido habilitado por la Legislatura porteña por 20 años. En ese predio se realizan actividades sociales para los vecinos en conjunto con otros actores del barrio como el Hospital Argerich. La información que tenemos es que quieren construir una torre. Este tipo de situaciones se repiten constantemente, en vez de que los bienes públicos se usen para el beneficio de los vecinos del barrio el gobierno los usa para el beneficio de grandes empresarios inmobiliarios.

APU: ¿Qué significa la sanción de la Ley de Seguridad Pública en la Ciudad de Buenos Aires?

PP: Fue una ley muy debatida durante los últimos dos meses y medio. Originalmente la ley la presentó el poder ejecutivo pero desde FPV pudimos incorporar muchas cosas, la más importante fue la prohibición del uso de armas letales en manifestaciones públicas. En este contexto la ciudad es el escenario de muchas manifestaciones por el reclamo social producido por el ajuste que viene implementando el macrismo. Ya se han dado hechos de violencia y sabemos cuál es la intención de Mauricio Macri que se reproduce en la ciudad, sobre todo con el protocolo anti piquete en el medio. Poder tener una norma que prohíba el uso de este tipo de armas para nosotros es muy importante y ha quedado marcado en la ley. Con la nueva Policía de la Ciudad era muy necesaria la normativa. También insistimos con aspectos vinculados a la seguridad democrática, con la participación ciudadana, con el control de las fuerzas de seguridad por parte de la sociedad civil. Todos aspectos que finalmente formar parte de la ley y que para nosotros son centrales.

APU: Con respecto al control civil sobre las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se aplica eso según la nueva ley?

PP: En primer lugar se abandonó la idea de un área de asuntos internos, una vieja idea de la policía que significaba la policía controlándose a sí misma. Se planteó un órgano descentralizado, integrado por civiles, que tiene la obligación una vez por año de brindarle a las organizaciones civiles que lo soliciten los expedientes completos de investigaciones de abusos policiales para poder tener un control efectivo. También están los Foros de Seguridad Ciudadana que son ámbitos de participación. Aspectos que ayudan a que las fuerzas de seguridad sea más democráticas y que escuchen a la sociedad a la que en realidad le están brindando un servicio