Comunicadores del Sur

23.11.2016

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno acaban de anunciar que van a firmar un decreto para modificar cuestiones centrales en el puntaje docente. Una vez más los/as docentes nos enteramos de las novedades a través de los medios, una muestra más de lo poco que les importa a las autoridades la opinión de quienes todos los días trabajamos en escuelas y colegios.

La modificación consiste en poner tiempo de caducidad al puntaje obtenido mediante la realización de cursos docentes que pasaría a tener una validez de 5 años y de aumentar de 6 a 9 puntos el tope de puntaje por cursos, a partir de 2017. Argumentan que los docentes no se capacitan en forma permanente, una vez que obtienen el puntaje necesario, y que ante esta situación la solución es establecer para los mismos una “fecha de vencimiento”. ¿Será que los conocimientos adquiridos son perecederos? ¿Estamos ante el surgimiento de una nueva mercancía que se adquiere y luego de un tiempo es obsoleta, ya no sirve?

Actualmente el sistema es deficiente y cada docente para capacitarse y obtener el puntaje necesario debe hacerlo fuera del horario laboral, y en la mayoría de los casos abonando aranceles a empresas privadas que “prestan el servicio” y ofrecen mayor disponibilidad de cursada o para aprobar el mismo. Con esta nueva modalidad el Gobierno fomenta la privatización de la capacitación y da rienda suelta al negocio de la venta de puntaje de la mayoría de los sindicatos de la Ciudad que lucran con cursos y carreras al mismo tiempo que negocian con el Gobierno a espaldas de los trabajadores. Los/as docentes nos veremos empujados a ingresar en una lógica mercantil en donde la formación docente se transforma en un bien de uso que debe ser actualizado porque queda en desuso. Sólo quiénes puedan disponer del tiempo necesario para estudiar por fuera del horario laboral, y pagar cursos de formación podrán acceder y permanecer en el sistema, e incluso ascender a cargos de conducción.

Durante los gobiernos macristas se realizó un pronunciado vaciamiento de la capacitación gratuita y a cargo del Estado que estaba representada en CePa –hoy Escuela de Maestros-, mediante el cierre de postítulos y una importante cantidad de cursos. Este mismo gobierno que dice estar preocupado por la formación continua de los docentes, sólo prevé en el presupuesto del próximo año $53.325.236, la cuarta parte que para escuelas verdes, lo que significa que el plan no es incentivar la formación docente continua, sino romper la lista de mérito actual y pasar a jerarquizar los cursos que se den en ámbitos privados.

Un ejemplo claro del objetivo privatista es la promoción de los cursos para docentes y directivos de escuela fueron a capacitarse en la Universidad de San Andrés, en cursos que paga el Ministerio de Educación de la Ciudad. Hasta la fecha, sus costos para el gobierno de la Ciudad no están transparentados como información pública en el proyecto de ley de presupuesto ni existe documentación pública que fundamente la decisión de sostener la formación continua en ese ámbito privado en lugar de la Escuela de Maestros (ex CePA). Mientras se privatiza nuestra capacitación, se avanza con un politica de evaluación punitiva hacia la docencia.

A todo esto se suma que se intenta avanzar en la determinación de qué saberes son prioritarios, estableciendo mayor puntaje a los cursos de determinadas áreas. Este interés del Gobierno de control ideológico, mediante la elección de aquellos saberes “más importantes” afecta directamente la libertad de los maestros de decidir qué quieren estudiar según las necesidades que evalúen como más relevantes según su práctica docente, sus necesidades, su formación previa y sus intereses.

El gobierno avanza mediante un decreto con una medida inconsulta a los/as docentes en la modificación de la carrera docente, destruyendo el sistema de cursos y modificando la estructura del puntaje. Esto debe leerse en un marco más amplio de Reforma Educativa que ya nos están imponiendo donde la privatización y la tercerización e ingreso de empresas y fundaciones a las escuelas van de la mano de la inestabilidad y la precarización laboral. Este avance contra los listados, los concursos, la modificación del puntaje por cursos y antigüedad atenta contra la estabilidad docente y va en camino de la modificación completa del sistema de ingreso y ascenso de la carrera docente.

Desde Ademys venimos sosteniendo la importancia de la capacitación en servicio dentro de la jornada laboral, garantizada por el Estado en forma gratuita. La capacitación en servicio no sólo es una instancia de formación continua sino que además se lleva a cabo en las escuelas y son situadas, es decir, trabajan a partir de la práctica concreta de los maestros y de los conocimientos que han construido.

Para que los docentes podamos capacitarnos y tener una verdadera formación continua el gobierno debe empezar por garantizar salarios dignos, reajustables semestralmente de acuerdo a la inflación, que no obliguen a la docencia a andar corriendo para defenderse del costo de vida o recargarse de horas y cargos para llegar a fin de mes. Que le permitan no sólo sobrevivir, sino comprarse un libro o ir al teatro.

Desde Ademys rechazamos enérgicamente esta modificación en el puntaje de cursos y llamamos a los docentes a organizarnos para rechazarlo.

No a la mercantilización del puntaje

Capacitación gratuita y dentro de la jornada laboral.

ORGANICEMONOS PARA RECHAZAR ESTE NUEVO ATAQUE A LA DOCENCIA

21.11.2016

Por Gabriel Morini

EL GOBIERNO PUSO EN MARCHA PLAN B PARA TRANSFERENCIA CON ACUERDOS "INTERJURISDICCIONALES"

Tendrá que pasar por Legislatura y Congreso. Quieren aplicar migración de fueros Penal, Laboral y del Consumo. Pasarán juzgados vacantes con fiscales, defensores y empleados. Judicialización.

El Gobierno activó el plan B para el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pese a la resistencia de jueces y fiscales, y luego de negociaciones que quedaron truncas para lograr un aplazo. El día D será el 30 de noviembre cuando se firmen los convenios "interjurisdiccionales de transferencia" entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Pese a que se abandonó la idea de una ley especial, los acuerdos -que incluyen fiscales y defensores oficiales- deberán ser refrendados por la Legislatura porteña y por el Congreso. En 60 días se traspasarán 25 juzgados del fuero penal, empleados y fondos. Magistrados apuntan a sembrar amparos para trabarlo y los gremios anticipan plan de lucha contra la transferencia, a partir de mañana, con paros y movilizaciones.

A principios de junio y en sigilo, el Gobierno nacional dio el puntapié para iniciar la demorada trasferencia mediante el envío al Senado de un proyecto que modificaba parte de la ley Cafiero para avanzar con la migración de juzgados. Pero como adelantó Ámbito Financiero el 1 de agosto, el Ejecutivo puso en marcha un plan alternativo en caso de que ese proyecto quedara empantanado: un convenio específico que no implicara modificar esa norma, sino que quedara contenido dentro de sus alcances. Las alarmas se encendieron entre los jueces cuando se enteraron de que el 30-N sería la fecha para su rúbrica, por lo que entienden que se terminaron los amagues y será el inicio de una guerra judicial, con la que cuestionarán su validez.

El convenio marco contiene 10 cláusulas. Allí se reitera el compromiso para transferir "la totalidad de las competencias para investigar y juzgar todos los delitos que no se encuentren comprendidos en materia federal en un plazo no mayor a siete años, en forma ordenada y progresiva". Hay dos versiones de los borradores:

• La Ciudad será competente para investigar todos los delitos (a excepción de los federales).

Se transfieren de inmediato los juzgados penales de Instrucción vacantes: 18 (Nros. 4, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 40, 41, 49); cinco juzgados correccionales (6, 8, 9, 12, 16); y dos juzgados de menores: el 1 y el 5.

• Las causas actuales no migran y serán sorteadas entre los otros tribunales. Las causas iniciadas en la Justicia ordinaria continuarán allí hasta su terminación.

• Las partes se comprometen a realizar gestiones para considerar "periódicamente" las vacantes que se generen. Juez jubilado, juzgado que pasa.

• Los funcionarios y empleados serán integrados al Poder Judicial de la Ciudad "conservando todos sus derechos laborales, la intangibilidad de sus remuneraciones, antigüedad y obra social".

• Concursos: cuando el Presidente reciba las ternas para ocupar vacantes tanto de jueces como de fiscales, el Consejo de la Magistratura deberá remitirlas a Rodríguez Larreta para su consulta, que de acuerdo al borrador, no será vinculante.

• A partir de que se apruebe tanto en la Legislatura como en las dos cámaras del Congreso, Germán Garavano y su par local, Martín Ocampo, celebrarán acuerdos para aplicar la migración en 60 días.

•´Los fondos serán girados a la Ciudad para poner en marcha la transferencia sin "duplicación de gastos".

El convenio incluye a todas las fiscalías y defensorías, lo que podría resultar polémico, porque en el caso de los fiscales podría vulnerarse la autonomía del Ministerio Público que encabeza Alejandra Gils Carbó para pasar a una estructura donde esos funcionarios pasarían a depender del ministro de Justicia local. Hubo negociaciones de último minuto para que los jueces aceptaran la normativa por "flagrancia", otra de las iniciativas resistidas desde el ámbito judicial. El acuerdo dilataría el traspaso. Fracasó.

Un convenio específico hace referencia a la Justicia del Trabajo, una de las más férreas opositoras a la transferencia en lo que interpretan como una avanzada para flexibilizar condiciones laborales. También allí comenzarán por los juzgados vacantes (30), con sus respectivas fiscalías y defensorías, además de la totalidad de su personal. El tercer convenio refiere al fuero de las relaciones del consumo (creado por el kirchnerismo y bloqueado por el PRO con una medida cautelar). En este caso no habría gradualidad ya que ninguna vacante se cubrió y los concursos se impugnaron: 8 juzgados y las 6 vocalías de la cámara serían transferidos sin dilación.

Resistencia

A los jueces se sumarán los fiscales, que esperaban más tiempo para madurar una vía para que el cambio fuera menos traumático. Aspirarán a que el Senado dilate la aprobación, mientras que mañana en el fuero penal habrá un paro con movilización al Palacio de Tribunales para que la Cámara del Crimen se expida y rechace el acuerdo. En asamblea, los empleados ya votaron presentar un amparo. Laboral también parará y se movilizará con el apoyo de los magistrados por detrás

18.11.2016

Para evitar repetir el escrache recibido en una escuela de Lugano el jefe de Gobierno fue en secreto a un colegio de San Telmo. Pero igual lo llenaron de preguntas.

Roberto Silva

Delegado de UTE – Colegio N° 7 Pueyrredón

Por eso decidieron tomar ciertos recaudos. Esta vez, Larreta y su Ministra de Educación María Soledad Acuña eligieron el “anonimato”. Se hicieron presentes este jueves 17, por la mañana en el Colegio N°7, Pueyrredón, de San Telmo.

Por la forma que llegaron y cómo se movieron se puede pensar que esta vez decidieron el perfil bajo y sólo llevar un fotógrafo oficial para retratar a los funcionarios que no son de escritorio, que también ponen el cuerpo y visitan escuelas. Obviamente que para eso pidieron discreción y orden.

Las autoridades presentes los recibieron, recorrieron la escuela y les dijeron todo lo que falta en el colegio. También observaron los murales que con mucho sacrificio se inauguraron hace pocos días en el Colegio, que representaron un enorme esfuerzo de docentes y estudiantes y que embellecen y llenan de orgullo las paredes del patio.

Pasaron por algunos pasillos de la escuela mientras se estaba dando clases (pareció que el “orden” y la menor exposición con mucha gente era una de las condiciones solicitadas). Confirmaron que la escuela tiene numerosísimos problemas edilicios.

Buscando algunas respuestas

Larreta y su ministra terminaban su recorrida cuando un grupo de profes se acercaron a los funcionarios a buscar algunas respuestas sobre temas de lo que se charla habitualmente.

Un profesor hizo el primer planteo: “En este año 2016, informaron en junio que quedaron once mil chicos sin vacantes, se informó a la Legislatura. La preocupación de mis compañeras es cómo piensa el gobierno de la Ciudad resolver este tema de las vacantes, porque hay chicos que están sin vacantes en los jardines”.

Larreta respondió que “Buenos Aires es la única ciudad en el país que garantiza de cuatro para arriba, vacantes para todos”

Como no era claro, se le insistió que “este año quedaron once mil chicos sin vacantes”. Y ahí sí fue claro el funcionario: “¡No, de cuatro para arriba no!… De cuatro para arriba no faltaron vacantes!” Escucharlo negar algo que su propio Gobierno había reconocido en junio causó gran sorpresa entre los presentes.

Mucho más si se tiene en cuenta que la crisis ocasionada por la falta de vacantes continúa en la Ciudad de Buenos Aires.

Después de esa respuesta a las y los docentes presentes les resultaba difícil pensar que les iban a responder seriamente algún nuevo planteo. Sin embargo, insistieron: “¿Por qué le propuso a la Legislatura bajar el presupuesto educativo para el 2017 y sigue aumentando el subsidio a la educación privada?” Primero Larreta, nuevamente, lo negó. Pero los números son incontrastables, son los que mandó a la Legislatura para el Presupuesto de año próximo.

Entonces Larreta lo justificó con evasivas. “Nos pasaron la Policía Federal”, dijo. Reconoció su política. “Entonces está priorizando la seguridad a la educación”, se le dijo. “No es así”, respondió el Jefe de Gobierno.

Al final y con apuro (se notaba su incomodidad), se le planteó que el salario docente había perdido más del 15 % este año y se le preguntó si el Gobierno porteño va a reconocer esa pérdida. Mientras intentaba retirarse, las respuestas de Larreta fueron “ya discutimos paritarias”. Se le insistió que se perdió mucho del salario. “Tenemos que sentarnos con UTE”, dijo mientras trataba de dejar de hablar con las y los docentes.

Rodríguez Larreta apuró los pasos. Su ministra Acuña ya había abandonado el colegio. No quería decir más palabras, había negado la propia realidad, se lo notó incómodo ante las inquietudes. Su decisión era no seguir hablando.

En las charlas posteriores que hubo en el colegio, en los mensajes de whatsapp que intercambiaron entre varios profes durante la jornada, se coincidió que fue correcto buscar respuestas. Estuvieron frente al Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su ministra de Educación, responsables de la política para la Educación Pública y pudieron interpelarlos parcialmente con los límites que tuvieron.

Pero les sirvió para desenmascarar sus débiles argumentos, evidenciar las intenciones de su política y confirmar los argumentos y preocupaciones.

La realidad que viven los docentes no se puede resolver en una “charla” con Larreta, ni con ninguno de estos gobernantes. La realidad del colegio es la misma de tantos otros de CABA y del resto del país: las políticas para avanzar en la privatización de la educación es una realidad, la crisis edilicia, los sueldos que se recortan con la inflación, la ausencia de capacitación, la ausencia de becas de importes que permitan estudiar a hijos de familias con dificultades económicas y tantos otros problemas. Y las necesidades de las y los docentes coinciden con las de toda la clase trabajadora.

17.11.2016

En la sesión de hoy, Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, fue el primer diputado en exponer  su oposición a la nueva ley de seguridad de la Ciudad.

“La ley que se va a votar refuerza la existencia de un Estado policial, al consagrar las detenciones arbitrarias y la represión a manifestaciones, en medio de un feroz ajuste contra el salario y el derecho al trabajo. Pero además, legaliza  al sistema de adicionales, punto de partida para la privatización de la seguridad, de la formación de cajas paralelas y de un sistema de coacción de los comisarios sobre sus subordinados fundado en  prebendas económicas”. “La ley  pretende enmascarar este estado de cosas con una ficción de participación ciudadana, a través de ´foros´ que carecen de cualquier injerencia o control real sobre lo que ocurre en las comisarías”.

“Pretendiendo presentar un cambio respecto de la actual situación, se establece  el control civil sobre la Policía. Esto, como si la actual crisis policial estuviera al margen de la descomposición general de un orden social y político  que ampara al juego privado, al blanqueo de capitales y al lavado de dinero”.  “Hasta en la coalición gobernante existe hoy una interna feroz relacionada con la influencia del presidente de un importante club de fútbol de esta Ciudad y capitalista de juego sobre la policía y la justicia, o sea, un ´civil”, señaló Ramal en alusión a Daniel Angelici.

Ramal se refirió finalmente a la cuestión de la agremiación y afiliación política de policías, que la ley prohíbe. “Estamos en contra de esta prohibición. Se trata de una regimentación reaccionaria, dirigida a preservar el monolitismo del poder represivo del Estado. Si los policías se agremian con fines reaccionarios, criticaremos esos fines.  Pero  una sindicalización también puede implicar una fractura entre los policías y sus mandos,  o sea, una fractura al interior del aparato represivo del Estado. Y nosotros estamos a favor de la disolución de ese Estado”.  “Un gobierno de  la mayoría trabajadora terminará con la separación entre la sociedad y el Estado, y, por lo tanto, con los cuerpos represivos especiales separados de esa mayoría y diseñados para actuar contra ella”.

13.11.2016

Los trabajadores de la Dirección General de Música denuncian persecución por parte de la gestión, que pretende impugnar administrativamente la elección de la Junta Interna de ATE realizada el 26/10.

El lunes 7 de noviembre los trabajadores de la Dirección General de Música (DGMus) comenzaron su jornada laboral con la noticia de la impugnación administrativa que pretende imponer Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante este ataque, los trabajadores de la DGMus se mantienen organizados, y en asamblea general decidieron los pasos a seguir para impedir este avance represivo contra quienes se organizan democráticamente en asambleas de base para defender sus derechos.
Entre las medidas a tomar decidieron impulsar un petitorio en repudio y realizar un corte el 23 de noviembre en las puertas de la sede central para entregarlo.

Entrevistamos a Marcelo Gómez, Delegado General de la JI de ATE DGMUS e integrante de la Agrupación Marrón Clasista, quien nos dijo que “Desde que llegó esta gestión, nos ataca como organización de base, desconoce a la asamblea de trabajadores y a los delegados de ATE. Venimos organizándonos en todas las sedes como Alsina, Estudio Urbano, la Banda Sinfónica, el anfiteatro del Parque Centenario; y hace unos días hicimos una masiva elección de delegados para la junta interna donde la participación fue histórica.

Esta semana nos enteramos que la dirección, junto con Relaciones de Trabajo de la Ciudad, quiere impugnar la elección de manera administrativa y totalmente arbitraria. Aducen que los trabajadores estarían sobre representados por la cantidad de delegados y por eso pretenden impugnar la elección de ATE, que votó 6 delegados. Mientras el sindicato Sutecba, que tiene una cantidad similar de afiliados, mantiene 8 delegados completamente avalados por las autoridades de la dirección.

Esto además de ser claramente persecutorio es ilegal, ya que realizamos la elección siguiendo todos los pasos legales y formales que había que hacer.
Es una política del gobierno de la ciudad, defender a Sutecba y atacar a ATE, ya que Amadeo Genta, octogenario dirigente del Sutecba, le garantiza la precarización laboral, los bajos salarios y el maltrato laboral permanente. Y es una política nacional del macrismo atacar a los que luchan y se organizan desde abajo para conquistar sus derechos, se ve desde la Jujuy de Morales-Cambiemos, hasta Tierra del Fuego de Bertone-FPV.

Hace meses que nos vienen atacando con prácticas antidemocráticas y antisindicales como cuando el 12 de mayo de este año intentaron impedir una Asamblea general de todas las sedes, bajaron las persianas de la repartición y apostaron efectivos de la policía federal Argentina dentro y fuera del edificio que le pedían identificación a los participantes de la misma.

A raíz de este claro ataque que estamos sufriendo, lanzamos una campaña pública para denunciar y repudiar estas prácticas antisindicales y antidemocráticas que tiene esta gestión que, paradójicamente, se plantea como los paladines del diálogo, pero no reciben a los trabajadores.

Nos quieren amedrentar porque les molesta que nos organicemos democráticamente, que sea la asamblea la que decide los pasos que seguimos, y que participemos de muchas luchas justas como fue la de #NiUnaMenos; o que luchemos por nuestros compañeros contratados que cobran 6.500 pesos en mano”.

A continuación reproducimos el comunicado de la Junta Interna de ATE DGMus:

Por el reconocimiento de nuestra Junta Interna
No a la impugnación y basta de persecuciones

Los delegados electos de la Junta Interna de ATE – Asociación de Trabajadores del Estado y la asamblea de trabajadores, pertenecientes a la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGMUS) denunciamos la ilegal impugnación administrativa de la enorme elección a Junta Interna de ATE que celebramos el día 26 de octubre con la participación de 138 trabajadores de las 5 dependencias de la DGMUS, de los cuales 69 votaron en calidad de adherentes ya que son trabajadores no afiliados o afiliados a otros gremios, que nos brindaron su apoyo.
Este intento de impugnación es parte de las persecuciones y la discriminación gremial que venimos sufriendo por parte de las autoridades de nuestra Dirección en conjunto con distintos organismos del Gobierno de la Ciudad.

La medida antidemocrática en su forma administrativa, afecta no solo los derechos de todos los trabajadores a organizarse, sino que introduce en la relación laboral un alto grado de violencia e intolerancia, muy lejos del discurso de dialogo que proclama el partido de gobierno.

Prueba de esto, en mayo la Dirección mando a la policía a una asamblea General de trabajadores de todas las sedes, pidiéndonos identificación e intentando impedir la misma que sin embargo se realizó por la firme decisión de los trabajadores, de manera totalmente pacífica como siempre. No actúan con la misma rigurosidad frente a otros sindicatos como el Sutecba al cual le reconocen una cantidad mayor de delegados, siendo que contamos con suficiente porcentaje de representación dentro de la Dirección y realizamos la elección sindical con más apoyo en muchos años.

Este ataque se enmarca en una política de Estado del macrismo que pretende debilitar nuestra organización de base, donde todo se decide democráticamente en asamblea, y no hay lugar para las decisiones inconsultas a espaldas de los trabajadores. Saben que una organización basada en los métodos de la democracia de los trabajadores no permite ser manipulada por ninguna gestión y no se va a bajar de la lucha por los derechos de todos, reciba los ataques que reciba.

Queremos denunciar que nuestra Directora General, la Dra. Gabriela Aranaz, además de desconocernos, no nos recibe hace meses cortando unilateralmente cualquier posibilidad de dialogo. También hacemos saber de la complicidad de algunos delegados del Sutecba con la que cuenta la Dirección General para no solo discriminar a los delegados de la JI de ATE, sino también ningunear sistemáticamente los genuinos reclamos de la asamblea de trabajadores.

JUNTA INTERNA DE ATE
DGMUS – Dir. Gral. de Música – GCABA