Comunicadores del Sur

17.4.2015

Apenas unos días después de que estallara el escándalo que revelará las firmas del presidente en paraísos fiscales en el exterior, transcendió a la prensa que en el año 2008 el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quiso convertir a la Ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal.

El proyecto fue frenado en su momento por Alejandra Gils Carbó, en ese momento Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La presentación judicial de Gils Carbó dictaminaba sobre la inconstitucionalidad en el traspaso de las competencias de la Inspección General de Justicia (IGJ) al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri intentó crear bajo la ley 2.875, sancionada en la legislatura porteña en el año 2008, un organismo para fomentar la creación de sociedades extranjeras y cuentas off shore. El organismo iba a funcionar como un “Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas.”

La presentación judicial impulsada por Gils Carbó en febrero del 2009 señalaba sobre el peligro del “crecimiento exponencial de la economía ilegítima a través de paraísos fiscales y de la utilización de sociedades offshore para defraudar al fisco y los derechos de terceros.”

Al mismo tiempo que cuestionaba el proyecto de Macri en relación al rol de “los entes constituidos en paraísos fiscales –en tanto son vehículos aptos para el encubrimiento de actividades delictivas y el fraude a toda clase de leyes imperativas”.

A fines de febrero de este año, apenas unos meses después de que Macri asumiera como presidente, la jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 suspendió la cautelar y reactivo el viejo proyecto macrista de convertir a la ciudad en un paraíso fiscal.

¿Atar de pies y manos a los que investigan al presidente?

La información transcendió a la prensa en el medio de una embestida por parte del macrismo a la Procuración General de la Nación. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de leyes que propone anular gran parte de las facultades de Gils Carbó y convertirla en una mera figura decorativa para preservar al Presidente de las investigaciones de la Justicia.

De aprobarse la reforma judicial en el Congreso, el macrismo impondría Sub-procuradores bajo los cuales se subordinarían las actuales procuradurías especializadas creadas en la actual gestión del MPF (Ministerio Público Fiscal), como la Procelac. Esa Procuraduría tiene como objetivo investigar delitos tributarios, contrabando, lavado de activos y fraudes bancarios o económicos.

El momento no podría ser más delicado para ser presentado este paquete de leyes en el Congreso. Se superpone con la investigación que lleva el fiscal federal Federico Delgado que investiga si el presidente “omitió maliciosamente completar su declaración jurada" respecto a su vinculación a las empresas “fantasmas” Fleg Trading LTD y Kagemusha S.A.

16.4.2015

El Frente de Izquierda reclamará la interpelación de funcionarios

La muerte de cinco jóvenes –y un número similar de hospitalizados- en una fiesta electrónica de Costa Salguero vuelve a colocar sobre el tapete a la “Ciudad Cromañón”. Nos referimos a la explotación de los jóvenes en aras de un entramado de negocios capitalistas, que van desde los concesionarios de espacios públicos y propietarios de boliches hasta el narcotráfico.

En Cromañon, se denunció hasta el cansancio la complicidad entre el Estado porteño y la llamada “industria del espectáculo”, para permitir el hacinamiento de jóvenes en lugares que no estaban en condiciones para agrupar multitudes o soportar siniestros. Ya en 2012, bajo el gobierno de Macri en la Ciudad,  volvió a ocurrir en el boliche Beara, donde dos jóvenes murieron a consecuencia de un derrumbe. Entonces, fueron procesados funcionarios del área de habilitación por la percepción de coimas.

En este caso, la “zona liberada” para el lucro empresarial tuvo contornos más sofisticados. Se trata de la actuación impune de los traficantes de las llamadas “drogas de diseño”, los cuales, según testigos, circulan impunemente en las llamadas ´fiestas electrónicas´. Las metanfetaminas obligan a quienes la consumen a hidratarse, pero los testimonios señalan que los grifos de los baños se encontraban cerrados, para obligar a los consumidores a comprar botellas de agua. El precio de las botellas pequeñas, según se anunciaba en los días previos en el portal de la empresa organizadora Time Warp, era de $ 60. Pero llegaron a cotizarse a $ 100 en el curso de la fiesta. La “escasez” premeditada de agua delata la complicidad de los organizadores del evento con los dealers. Estamos, por lo tanto, ante una verdadera asociación ilícita para reventar la vida y la salud de la juventud. La responsabilidad se extiende a los propietarios del gigantesco salón, que no podían ignorar este manejo. En estas horas, la justicia ha clausurado Costa Salguero, un reducto preferido de los plenarios del PRO, y en cuya empresa concesionaria –que paga un canon ridículo a la Ciudad- participa Fernando Polledo Olivera, el esposo de la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña. La Agencia de Control Comunal se limitó a informar que el lugar se encontraba “debidamente habilitado”. Pero es imposible pensar que semejante operación de intoxicación masiva a los jóvenes pudiera pasar sin la connivencia del Estado.

La banca del Frente de Izquierda reclamará este lunes la interpelación del presidente de la Agencia de Control Comunal, así como un informe exhaustivo sobre las condiciones de habilitación y concesión de Costa Salguero y sus predios; y la responsabilidad de los funcionarios y concesionarios en las megafiestas armadas  en evidente connivencia con narcotraficantes.

Son estos mismos responsables empresariales y políticos los que persiguen a nuestra juventud con la portación de cara y el gatillo fácil, en nombre de la “moralidad”. La juventud debe ejercer con toda libertad su derecho al ocio –pero debe ser liberada de sus verdugos capitalistas, incluyendo a los narcotraficantes y sus cómplices estatales.

16.4.2016

Reproducimos el comunicado del colectivo de militantes por los derechos de los y las costureros/as, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia del taller textil de la calle Luis Viale.

A diez años del incendio del taller clandestino que causó la muerte de una mujer embarazada y cinco chicos, los principales responsables siguen libres:

"El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale (Buenos Aires) provocó la muerte de cinco chicos y una mujer embarazada. Fue el incendio que visibilizó la problemática de los “talleres clandestinos”. A 10 años del hecho, los culpables siguen libres. El próximo 18 de abril comienza el juicio y los responsables podrían quedar libres.

En el taller, que desde su habilitación en 2000 no fue inspeccionado, vivían 64 personas. Aproximadamente la mitad eran chicos. Dormían en “habitaciones” de 3 x 2,5mts separadas por telas y tabiques de madera, compartiendo colchones, sin un espacio para comer y con un solo baño (sin agua caliente). Se trabajaba un promedio de 14 horas por día de lunes a viernes, y 5/6 horas el sábado. Los trabajadores cobraban $200 por mes, es decir, menos de un 25% del salario de convenio en aquel entonces.

Tras el incendio, el Gobierno de la Ciudad sólo les facilitó a los sobrevivientes subsidios de $300 (el salario mínimo era de $800). No se les ofreció ni siquiera alojamiento, y el estado tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados.

Hasta el momento, los únicos imputados son los encargados del taller (Sillerico y Correa), mientras que los principales responsables, los dueños de las marcas, no fueron siquiera citados a declarar. Ello resulta llamativo ya que los empresarios Fischberg y Geiler no eran solo los dueños de las marcas Woll, JD y LDV-Lordeville, sino también de la propiedad de Viale. Se trataba de un taller satélite, práctica común en el ambiente de las marcas para deslindarse de responsabilidades: en vez de coser las prendas en sus propias fábricas, las marcas elijen a un empleado y ‘le ponen’ un taller, facilitándole las máquinas y el espacio, y haciéndole un contrato de alquiler ficticio para que aparezca como responsable. Naturalmente, el taller trabaja bajo exclusivas órdenes de las marcas, que controlan las condiciones de trabajo y el precio de la mano de obra.

Desde el incendio en Viale la situación no mejoró. Ninguna marca fue condenada y las causas están cajoneadas en los juzgados federales, mientras que la oficina de inspecciones de la Ciudad fue desmantelada. El 27 de abril del año pasado, un nuevo incendio en un taller previamente denunciado se llevó la vida de Rodrigo y Rolando. La causa avanza en la Justicia, y el resultado del juicio de Viale podría sentar jurisprudencia.

El Juicio comienza el 18 de abril. Se espera que la sentencia se dicte el 13 de mayo. El fiscal a cargo es Fabián Céliz y la causa está en manos del Tribunal Oral Criminal Nro 5 de CABA, cuyos jueces son Adrián Pérez Lance, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López. La causa está caratulada como “Incendio o estrago agravado seguido de muerte”. Los jueces ya se manifestaron a favor de declararlo culposo, con lo cual la causa prescribiría tras diez años de numerosas dilaciones injustificadas en la Justicia.

Es por ello que familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes lanzamos esta Campaña, para que el caso no quede impune y para que el fallo del Tribunal siente jurisprudencia para los futuros juicios contra las marcas de indumentaria, principales causantes y responsables de la existencia de miles de talleres en donde los y las migrantes son frecuentemente reducidos a condiciones de servidumbre.

A 10 años del incendio. Nunca nadie fue preso.

Los principales responsables siguen libres.
Las grandes marcas de indumentaria siguen fabricando en talleres similares al de Viale.

Exigimos que los jueces Oliden, Ruiz López y Pérez Lance (TOC Nro 5) dicten un fallo ejemplar en el proceso de justicia contra la explotación en talleres, y que instruyan a que la justicia investigue a todos los responsables de estas formas de explotación hasta llegar a los culpables máximos: los empresarios Fischberg y Geiler.

Convocamos a personas, organizaciones sociales y políticas e instituciones de todo tipo a adherir al pedido de Justicia, para que nunca más mueran trabajadores, trabajadoras, niños y niñas en un taller de costura o en cualquier otra situación de explotación."

http://juicioluisviale.wordpress.com
@JuicioLuisViale
www.facebook.com/JuicioLuisViale
#JuicioLuisViale #TalleresClandestinos #NoOlvidamos

Pedido de adhesiones
Por favor circular, firmar al pie y enviar adhesiones a juicioviale@gmail.com

15.4.2016

Comenzó en la Legislatura porteña el debate por el boleto educativo gratuito

Ayer se realizó la reunión de Comisión Obras y Servicios Públicos. Hay cinco proyectos.

Ayer se reunió la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura porteña, en la que se analizaron cinco proyectos relacionados con el boleto educativo. Representantes estudiantiles y docentes se hicieron presentes para exponer las características de cada uno. La gratuidad, la universalidad y el origen de los fondos de financiamiento, estuvieron en el centro del debate.

Luego de las movilizaciones realizadas en Capital Federal y La Plata, resultaba imprescindible que el reclamo por el Boleto Educativo Gratuito se hiciera sentir en la Legislatura Porteña. Se puso de manifiesto lo que desde abajo comienza a surgir, que es la necesidad de conquistar un Boleto Educativo Gratuito para toda la comunidad educativa.

Debido a la gran simpatía que recoge esta demanda histórica, en un contexto de aumento de tarifas de transporte y servicios públicos, es que se espera para este jueves 21 una nueva movilización. La propuesta surgió en la última asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

El proyecto que presentó Patricio del Corro, legislador del PTS/FIT, propone la gratuidad del Boleto para todos los niveles, con financiamiento proveniente de las ganancias de las empresas de transporte. Además, contempla a todos los niveles educativos (públicos y privados) y para los trabajadores docentes y no docentes. También y a diferencia del resto de los proyectos, propone boleto gratuito para un acompañante en los niveles inicial y primario. Del Corro ha participado junto a miles de estudiantes y docentes de las movilizaciones anteriores y pone su banca al servicio de esta demanda.

Desde el bloque del PRO proponen una tarifa social, que ya existe para algunos niveles. Otros proyectos directamente plantean que no tiene que ser para trabajadores de la educación.

En paralelo, los estudiantes secundarios de la Capital Federal, nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), realizaron un corte en la esquina de Avenida Rivadavia y Acoyte en reclamo al Boleto Educativo Gratuito.

15.4.2016

El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil ubicado en Luis Viale de la Ciudad de Buenos Aires provocó la muerte de 5 chicos y una joven embarazada. A 10 años del hecho, este lunes 18 de abril se inicia el juicio pero los culpables siguen libres y el tribunal a cargo ya se manifestó a favor de declarar el hecho como culposo, lo que podría provocar la prescripción de la causa.

El hecho está caratulado como “Incendio o estrago agravado seguido de muerte” y sólo los encargados del taller, de apellido Sillerico y Correa, están imputados, a diferencia de sus dueños, Damián Fischberg y Javier Geiler, y de las marcas cuyos productos se cosían en la calle Luis Viale, que ni siquiera fueron citados a declarar.
El Tribunal a cargo del juicio es el TOC Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López. El fiscal será Fabián Céliz.
Sobrevivientes, amigos y familiares de las víctimas se encuentran realizando una campaña por justicia, junto a numerosas organizaciones que adhieren al reclamo. En este marco, convocan a una conferencia de prensa para este viernes 15 de abril, a las 9.30, en la Legislatura porteña (Perú al 100), en la que hablarán además sobrevivientes, abogados y legisladores de diferentes bloques.
Desde su habilitación en 2000, el taller no había sido inspeccionado y allí vivían 64 personas, la mitad aproximadamente era menor de edad. Dormían en cuartos de 3 x 2,5 metros separados por telas y tabiques de madera, compartían colchones y no contaban con un espacio para comer. Solo tenían un baño, sin agua caliente. En promedio, trabajaban 14 horas por día de lunes a viernes, y de 5 a 6 horas el sábado. En 2006, los trabajadores cobraban 200 pesos por mes, lo que equivalía a un 25% del salario de convenio de aquel momento.
Tras el incendio, el gobierno porteño le dio a los sobrevivientes subsidios de 300 pesos, cuando el salario mínimo era de 800; no les ofreció alojamiento y tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados.
Tras 10 años de reclamos y luchas, el juicio comenzará el lunes 18 de abril, a las 8.30, en los tribunales ubicados en Talcahuano 550 de la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que se dicte sentencia el 13 de mayo. Los sobrevivientes y familiares afirmaron que los jueces ya se manifestaron a favor de declarar el caso como culposo, con lo que la causa prescribiría tras tantos años de dilaciones injustificadas en la Justicia.
“Es por ello que familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes lanzamos esta Campaña, para que el caso no quede impune y para que el fallo del Tribunal siente jurisprudencia para los futuros juicios contra las marcas de indumentaria, principales causantes y responsables de la existencia de miles de talleres en donde los y las migrantes son frecuentemente reducidos a condiciones de servidumbre”, señalaron.