Comunicadores del Sur

23.6.2016

La creación de la Agencia de Bienes, nueva Sociedad del Estado para manejar espacios públicos en beneficio de los privados, fue aprobada en la legislatura porteña hace algunas semanas. Contó con los votos del bloque PRO, del FPV y de otros partidos opositores. Adrián Camps, diputado porteño por el Socialismo Auténtico, fue entrevistado en Radio La Retaguardia durante el programa que le dio nombre a la radio, conducido por Fernando Tebele y Eugenia Otero.

La Agencia de Bienes pasa a ser la herramienta de consumación legal de los negocios inmobiliarios y la venta de terrenos a manos privadas, como el predio del Tiro Federal: "Una parte del FPV votó con el PRO, junto a otros bloques opositores como Confianza Pública y Suma +. Lo más grave es que le cedieron al Poder Ejecutivo facultades que son propias de la Legislatura, acción prohibida por el Art. 84 de la Constitución", contó Camps. "Somos nosotros quienes debemos disponer de los bienes de la Ciudad, para lo cual se requieren procedimientos determinados, leyes con doble lectura y audiencia pública". Contrario a ello, "se faculta al PE para que transfiera a la Agencia la totalidad de los bienes de dominio privado que tiene la Ciudad de Buenos Aires".
Cabe recordar que a fines del año pasado, la Legislatura aprobó la venta de inmuebles y terrenos públicos a la Curia porteña, con lo cual tampoco es garantía. Camps sostuvo que, aun así, "existió un proceso democrático de discusión, a través del cual los ciudadanos pueden saber qué es lo que votan", explicó, y aunque las audiencias públicas muchas veces sean ficciones democráticas, en algunos casos sirven para frenar o dar un giro, al darles difusión y ejercer presión.
"Lo que ocurrirá ahora es que si nosotros como diputados quisiéramos ejercer nuestra facultad cuando, por ejemplo, nos llega a la Legislatura una casa por una herencia vacante y quisiéramos destinarla a un centro de jubilados o a alguna actividad social, no lo podemos hacer. Sólo estaríamos facultados si desde el Ejecutivo nos llega algún proyecto presentado por la Agencia de Bienes. Esto es absolutamente inconstitucional porque nos están poniendo un Poder por encima de la Legislatura.
La Agencia ya recibió la transferencia del predio del Tiro Federal (Libertador y Udaondo, frente al estadio de River Plate): "Al mismo tiempo que se aprobó este nuevo ente de Sociedad del Estado, se le transfirieron las tierras del Tiro Federal. Se trata de un negocio del orden de los 600 millones de dólares. Un gigantesco negocio inmobiliario que nada tiene que ver con ninguna expropiación: el Tiro Federal tenía un permiso de uso que le había otorgado la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años, y si la Ciudad quería recuperarlo podía hacerlo asignándole otro lugar. Cosa que tampoco hace esta Ley", dijo Camps.
"El problema es que son tierras públicas -aclaró Camps-, y la propuesta del Gobierno es venderlas. Perderíamos 17 hectáreas destinadas a la especulación inmobiliaria con el pomposo nombre de "parque de innovación", pero no hay ningún parque; lo único que va a haber de parque son las calles. Los lotes se van a vender y la ciudad se quedará con media manzana, con posibilidad de construir hasta 37 metros. El resto, lo vende todo. Sobre Libertador, que ahora hay actividades deportivas, arbolado importante, pileta de natación y canchitas de fútbol, allí arrasarán con todo y van a construir torres de 100 metros de alto. Figura vendido como parque público y es mentira", expresó el diputado.
Dados los antecedentes, es previsible que el gobierno de Rodríguez Larreta no construya viviendas sociales donde se pueden vender viviendas de lujo a 7000 dólares el metro cuadrado: "El valor del suelo en la zona del Tiro Federal ofrece alto interés para dicha especulación. Los dos lotes de adelante tienen capacidad constructiva de 150 mil metros cuadrados. 1 metro cuadrado de capacidad para construir se cotiza a 1000 dólares, o sea, allí solo hay 150 millones de dólares, divididos en dos partes. Harán dos torres de 100 metros. O sea, son pocos los empresarios en la Argentina con 75 millones de dólares para poner arriba de la mesa".
Otro predio que dejará de ser público es el del CEMIC (Las Heras y Sánchez de Bustamante): "Cuando se presentó por primera vez este proyecto de ley, hecho directamente por el Ejecutivo, había un listado de doce bienes a ser entregados a la Agencia para su venta. El más importante es el que tiene el CEMIC, pero se calcula que hay como 2000 propiedades que posee la Ciudad en la actualidad, y serían administradas por esta Agencia".

Una ciudad partida en tres (corporaciones)

"La Ciudad de Buenos Aires -continuó Camps- quedó dividida en manos de tres corporaciones: Puerto Madero, donde las tierras públicas son administradas por una SA, por lo tanto desde la Legislatura no se puede hacer nada. La Corporación Sur, desde avenida San Juan hasta el Riachuelo con control de todos los bienes de dominio privado. Y la Corporación Norte, llamada Agencia de Bienes. Les pedí que me explicaran por qué la Ciudad tiene que tener tres agencias, más una del propio gobierno, cada una de ellas con distinto sistema y distinta composición de directorios. Por ejemplo: la del Sur tiene 5 miembros y la Agencia de Bienes tiene 7, en este caso se debe a que dos lugares están destinados a los partidos de la oposición que les votaron el proyecto".
Con relación a la votación, una lectura política evidencia acuerdos interbloque: "El año pasado hubiera tenido más votos de los que tuvo, porque La Cámpora y Nuevo Encuentro votaron en contra. En general había acuerdos entre el gobierno de Cristina y el de Macri, en el que se intercambiaban apoyos recíprocos y en el paquete, la Ciudad de Buenos Aires era la que perdía. Fue una de las leyes que se logró consensuar -aunque en realidad fue un acuerdo político por fuera de Legislatura- con Nuevo Encuentro y La Cámpora votando en contra (si no hay acuerdo posible, para qué van a quemarse votando a favor)".
Fue así: "El FPV tuvo tres posiciones distintas, 3 diputados a favor, 2 se abstuvieron, 7 en contra. Pero el PRO reemplazó a los diputados del FPV que votaron en contra, por los de Suma +, Confianza Pública (partido de Graciela Ocaña), y Javier Gentilini (partido de Massa), con esto generó una mayoría de 42 votos para sacar esta ley.
Las noticias pueden ser tergiversadas según el modo como se presenten, cuando Clarín publicó "con votos peronistas se aprobó la expropiación del Tiro Federal", se pensó estar ante una gran noticia, cuando en realidad lo que hay de fondo es la aprobación de la Agencia de Bienes del Estado en la Legislatura porteña. Corporación estatal que dispondrá de este predio, y de muchos otros, para su explotación inmobiliaria.
Evidentemente, las únicas bolsas que podemos tirar por arriba del muro informativo son las cargadas de noticias alternativas. Esta es una de ellas. No porque no haya tenido lugar en los medios tradicionales, sino porque aquí se la muestra como es: una puerta gigante que se abre para negociar con tierras públicas. El tiempo dirá quien tenía razón.

23.6.2016

En lo que es una buena noticia, este martes el juez Martínez de Giorgi sobreseyó a la actual presidenta de la cooperativa, imputada en la causa contra el canal Antena Negra TV.  La decisión se produjo luego de haberse realizado movilizaciones ante Enacom y a los tribunales de Comodoro Py. 

Después de tomarle declaración indagatoria, y cumplidos los plazos legales para expedirse, el juez resolvió sobreseerla y no avanzar con el juicio que significaría la criminalización de otra persona por el delito de comunicar. Recordamos que el primer imputado sigue aún procesado, por la causa que se generó tras el primer secuestro de los equipos del canal.

El juez sostuvo que la intención de la integrante del canal comunitario no es dañar a la otra parte en este conflicto, la empresa multinacional Prosegur, que continúa utilizando la señal a pesar de que un decreto presidencial se lo impide. 

Sin embargo, continúa sucediendo que en los fundamentos no se cuestiona el uso indebido que esta empresa hace del canal 20 y de la responsabilidad del organismo de control, el ENACOM, en este conflicto.

Ambas ausencias no son un dato menor ya que aún queda mucho por resolver: una persona procesada con posibilidad de terminar en la cárcel por el “delito” de comunicar; un canal, Antena Negra TV, con los equipos de trasmisión secuestrados por el poder Judicial y un bien público, como es el espectro, liberado al mejor postor.

Aun así, para la Red Nacional de Medios Alternativos, es una victoria que tras la movilización hacia el ENACOM , la radio abierta en las puertas de los tribunales de Comodoro Py – en ambas oportunidades acompañados por diversas organizaciones, organismos de derechos humanos, personalidades y medios comunitarios, alternativos y populares- y las solidaridades que se expresaron desde diversas latitudes hayamos logrado el sobreseimiento de una compañera. 

Esto nos reafirma en la idea de la fortaleza que tiene nuestra comunicación en la calle, la que seguiremos ocupando hasta que se le devuelvan los equipos a Antena Negra TV.

21.6.2016

El hecho de violencia institucional sucedió la semana pasada. Los testigos señalan a un subinspector de la Policía Federal.

Por Santiago Asorey

El Bajo Flores volvió a sufrir la semana pasada otro caso de abuso policial por parte de efectivos de la federal. El gatillo fácil sucedió en las cercanías del Barrio Illia, cuando el joven Cristian Orellana (18) fue alcanzado por el disparo del Subinspector Juan González de la Comisaría 38.  La bala del agente de la fuerza de seguridad atravesó el cuerpo y terminó con la vida del vecino. Los testigos y amigos del joven solicitaron a la fuerza de seguridad que llamen a una ambulancia pero los efectivos se rehusaron.

Al momento del hecho el barrio se encontraba ya saturado de efectivos de La Metropolitana, La Federal, La Brigada, GEOF y la Gendarmería. Orellana fue trasladado al Hospital Piñero por Luis Durán, un amigo del barrio que fue testigo de la situación. El vecino lo reconoció e intentó ayudarlo ante la inacción de los efectivos para pedir una ambulancia. Insólitamente, el joven que auxilió a la víctima terminó siendo detenido en el hospital después de sufrir una paliza por agentes de la fuerza de seguridad. Los familiares denunciaron que se le armó una causa a Durán.

Apenas unas horas después, cuando la familia del joven Orellana no había recibido el cuerpo de su hijo muerto, empezaron a circular en las redes sociales fotos del mismo ya fallecido en la morgue judicial. Las imágenes tomadas se burlaban del joven muerto con distintos fotomontajes. Las fotos fueron tomadas por alguien con acceso a la morgue, ya sean empleados policiales u otros empleados con acceso al lugar.

Marcha por la liberación de Luis

A la denuncia de gatillo fácil del joven Orellana, se suma la denuncia que realizaron los familiares de Duran por su detención y por el abuso policial en el marco de una causa armada. En ese contexto se concentrarán esta semana, junto a familiares de Orellana, vecinos y amigos para “pedir la liberación de Luis Durán”.

21.6.2016

Los estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla, denuncian las condiciones precarias de su centro de estudios. Hoy realizaran, desde el Centro de Estudiantes, un festival para visibilizar la problemática edilicia y exigir al gobierno porteño un edificio propio.

Por Gastón Ceruti*

Edificio propio para el Falla

En los casi 100 años que tiene el Conservatorio Manuel de Falla nunca existió la voluntad estatal de brindar un edificio propio para el desarrollo de la educación artística. Es así que hoy en día el Falla está disgregado en 5 Anexos (4 de ellos son escuelas primarias) y una Sede Central, que funciona en un edificio que no le pertenece al Falla sino al Conservatorio Astor Piazzolla.

El Conservatorio Manuel de Falla “tiene una nómina de 300 profesores y su matrícula es de casi 3000 estudiantes. Durante más de 80 años, gracias al crecimiento progresivo de la matrícula, el Falla circuló por distintos edificios de la ciudad. En 2003, el gobierno porteño comenzó a gestionar la compra de un edificio propio para instalar definitivamente al conservatorio y, mientras tanto, decidió trasladarlo “temporalmente” al edificio ubicado en Gallo y Sarmiento, edificio que pertenece al Conservatorio de la Ciudad Astor Piazzolla.

Ninguno de los espacios de estudio cumple con las condiciones acústicas necesarias para la enseñanza musical; además, la Sede Central está totalmente colapsada porque el espacio no alcanza para la cantidad de alumnos y alumnas que cursan allí sus estudios.

Desde el año 2011, el Centro de Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla (CEMFa) decidió llevar a cabo la lucha por un edificio propio y en condiciones para la enseñanza musical. Desde instancias institucionales como pueden ser las reuniones con ministros, legisladores, secretarios y directivos, hasta las actividades reivindicativas y autogestivas: festivales, cortes de calles, ollas populares, asambleas y denuncias en defensoría del pueblo. Desde el CEMFA se ha intentado por todos los medios, y se siguen haciendo, que el genuino reclamo sea escuchado. Hasta el día de hoy no se obtuvo una respuesta concreta.

Nuevos conflictos ante la falta de soluciones

Durante el año 2013 el conservatorio se hallaba en estado de asamblea permanente y movilización. A fines de ese año el gobierno de la Ciudad decidió, sin consultar a la comunidad del Falla ni del Piazzolla, cerrar el tercer piso de la Sede Central para comenzar obras de remodelación, como un intento de contrarrestar los reclamos y la organización cada vez más importante de los estudiantes, los docentes y los no-docentes. Además, sumaron la promesa de continuar las obras en el segundo y luego con el primero.

Las obras no prevén un aumento de número de aulas, sino que –decían– se iban a restaurar y acustizar las ya existentes. Esto anticipaba de antemano la no resolución definitiva y real a los reclamos de la comunidad académica.

Pero existe una cuestión de fondo: remodelar un edificio que no es propiedad del gobierno y que no cumple con los requisitos acústicos y espaciales de un conservatorio (que crece en matrícula año a año), refleja el rechazo al reclamo de edificio propio y, sobretodo, la decisión política de mantener la precaria situación institucional. Pero fiel a la tradición PRO, el gobierno aseguró que el tercer piso del edificio sería de uso exclusivo del Falla, es decir que además no resolver la problemática del Falla, se continuará precarizando las condiciones de estudio de las y los estudiantes del Piazzolla. Lejos de ofrecer soluciones, la situación es cada vez más crítica.

Desde el gobierno porteño prometieron que las obras iban a durar 6 meses y que la sede que se alquiló, para reemplazar las aulas del piso en cuestión, sería temporal hasta que el piso volviera a ser inaugurado. El tercer piso lleva dos años y medio cerrado y las obras están totalmente paradas a causa de la interrupción de pago del gobierno a la empresa constructora. En el Conservatorio Manuel de Falla nadie sabe cuándo van a terminar las obras, ni qué se hizo con los casi $9.000.000 que se asignaron a la obra.

Los estudiantes se organizan para buscar una resolución

Desde un comienzo, el CEMFa mostro su inconformidad con este proyecto de obra, ya que se las considera un freno al histórico reclamo del edificio propio, como también, un claro intento por desarticular la organización docente-estudiantil.

Bajo la consigna “Edificio propio para el Falla y el pleno uso del edificio para el Piazzolla” la Comisión Edilicia del CEMFa propone realizar un festival para concientizar a toda la comunidad de la problemática edilicia. El mismo está organizado en conjunto con la comunidad académica del Conservatorio Astor Piazzolla y se realizará hoy, miércoles 22 de junio, a las 18 horas en Gallo y Sarmiento. Con esta actividad se busca hacer visible la precaria situación en la que se encuentran las instituciones, el pleno uso del edificio de Gallo para las y los estudiantes del Conservatorio Astor Piazzolla y la concreción de un edificio propio y en condiciones dignas para la enseñanza musical de excelencia que brinda el histórico Conservatorio Manuel de Falla.

*Militante del Centro de Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla (CEMFa)

21.6.2016

El Congreso de los Pueblos, que reúne a varias organizaciones sociales marchó este martes hacia las dependencias municipales donde hoy se discutía y se aprobó el aumento del pasaje en subte (metro) a 7,50 pesos. La Audiencia Pública donde se iba a tratar el tema se convirtió en un bunker cerrado y copado por la policía que no dejaba pasar a nadie que no estuviera en una lista realizada por el gobierno municipal.

Eso generó fricciones en la puerta, con la policía y los laderos del macrismo que plantaron vallas metálicas (como las que se vieron el lunes en Rosario), mientras los manifestantes coreaban: “queremos entrar” y “Macri basura, vos sos la dictadura”.

Finalmente, varios oradores de los convocantes a luchar contra el tarifazo dieron cuenta de su repudio al estilo macrista de hacer todo por decreto y con el apoyo policial, y prometieron redoblar las protestas callejeras.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, confirmó que la tarifa del subterráneo pasará a costar 7,50 pesos dentro de “entre 20 días y un mes”. Piccardo confirmó el aumento durante la audiencia pública no vinculante que se desarrolló hoy en la sala C del Centro Cultural San Martin.

El titular de la empresa pública que administra la red informó que el pasaje se irá de 4,50 pesos a 7,50 pesos con una tarifa social de 4 pesos. A su vez estimó que la llamada “tarifa técnica”, que establece el costo total del servicio por viaje sin los subsidios asciende hoy a 13 pesos, 3 pesos más que lo señalado por la Auditoría porteña, debido “al incremento en costos de mantenimiento y apreciación de material rodante”.

Además, el nuevo cuadro estipula descuentos para los usuarios frecuentes del 20 por ciento para los que viajan más de 21 veces por mes; de 30 por ciento, para después del viaje número 31; y de 40 por ciento a partir del viaje 41 del mes.

En la previa de la audiencia, que no hará rever la escala tarifaria impuesta por el gobierno porteño, unas 300 personas quisieron ingresar al Centro Cultural San Martin, ubicado en Sarmiento al 1500, con banderas contra el tarifazo.

A pesar del cerco de seguridad para evitar el ingreso de los manifestantes, en la audiencia representantes de varios sectores de la sociedad expresaron su rechazo al tarifazo. En representación de los trabajadores de subte, el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, denunció que el aumento acumulado del subte alcanza en poco más de tres años el 580 por ciento, lo que significa un “gran golpe para todos los usuarios” y apuntó “a los empresarios que hacen del servicio público un negocio”.

En ese tono, el legislador porteño por MST- Nueva Izquierda Alejandro Bodart sostuvo: “Cuando el subte se privatizó daba ganancias; alguna vez van a tener que explicar por qué años después además de una tarifa carísima y un servicio malo, terminamos subsidiando a esta empresa y ocasionando una pérdida tremenda a la Ciudad de Buenos Aires”.

El legislador cuestionó además la “tarifa técnica” y estimó que fue construida para “terminar justificando más aumento y más subsidios” y aseguró que nunca pudieron demostrar cómo se calcula. En esa misma línea, el legislador por el Frente para la Victoria Gabriel Fucks cuestionó que “no se hayan detallado los costos de explotación para poder hacer el cálculo de la tarifa técnica”.

Desde la asociación de consumidores Fernando Fontenla calificó la tarifa técnica de Metrovías como “incorrecta porque no refleja la tasa de ganancia de la empresa, “lo que indica que Metrovías estaría trabajando ad honorem”.