27.4.2016
La muerte de dos menores en el incendio de un taller clandestino del barrio de Flores re-editó hace un año el debate sobre la trata laboral en la Ciudad de Buenos Aires. El aniversario se enmarca en el avance de otra causa similar y el desarrollo progresivo de la organización popular sobre la problemática.
Por Luciana Sousa
Hace un año atrás, bomberos de la Policía Federal rescataban los cuerpos sin vida de dos chicos de 10 y 7 años, Rodrigo Menchaca y Adair Rolando Mur Menchaca, que murieron por asfixia tras el incendio de la casona-taller donde vivían, en la calle Páez 2796, barrio de Flores.
Los rescatistas confirmaron lo que los vecinos venían denunciando: que los accesos de la vivienda -ventanas y portones- estaban tapiados, las habitaciones no tenían ventilaciones por dónde meter las mangueras y hubo un pequeño derrumbe. Se constató además que allí funcionaba uno de los 200 talleres textiles clandestinos que alberga la ciudad más rica de Latinoamérica.
El empresario coreano Lee Sung Yoop, cuyo nombre figuraba en el contrato de alquiler de la casona, está procesado por el delito de trata con fines de explotación laboral. Se probó que la familia Mur-Menchaca producía exclusivamente para este empresario. Todos los trabajadores estaban en negro, no percibían por tanto salario sino remuneraciones que en muchas oportunidades eran retenidas por Lee Sung Yop diciéndoles que se usarían como parte de pago para las máquinas.
La existencia del taller había sido denunciada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en septiembre de 2014. Los vecinos advirtieron el movimiento de camiones que cargaban y descargaban telas; el ruido de las máquinas de coser se escuchaba durante el día y la noche. Una ONG había señalado al edificio de Páez al 2700 como uno de los 40 posibles talleres clandestinos de la zona. La gestión de Mauricio Macri en la ciudad no inspeccionó el local ni realizó los controles.
Antecedente: el incendio de la calle Viale
El trágico aniversario se enmarca en el juicio que actualmente se lleva a cabo por el incendio, diez años atrás, del taller de la calle Luis Viale (Caballito), donde murieron cinco niños y una joven embarazada.
Aquella desgracia se ocasionó a partir de un cable que se recalentó. Luis Fernando Rodríguez, padre de los niños, denunció que los matafuegos estaban vacíos. Según el testimonio de un vecino, agentes de la policía entraban y salían con bolsones de ropa como pago para que las denuncias se archivaran.
Como fuera, ese día los bomberos tardaron en llegar y el entrepiso del taller, donde vivía su familia, se derrumbó.
La causa, caratulada como “incendio seguido de muerte”, incluye desde los últimos días el delito de “reducción a la servidumbre” (actual artículo 145 del Código Penal). Desde el inicio, el juicio adquirió un perfil binacional. Intervino la Cámara de Senadores de Bolivia -por expresa indicación del presidente boliviano Evo Morales-, que pagó el viaje y los viáticos de los sobrevivientes, acompañó a los familias con el traslado de los cuerpos para ser velados del otro lado de la frontera.
El juicio, como antecedente histórico, visibilizó la problemática de los talleres, e identificó a la colectividad boliviana como la víctima principal de un complejo entramado de trata, comunidad que, en condiciones de migración, se vuelve vulnerable a este tipo de destinos: quienes no mueren, nacen y viven toda su vida condenados a condiciones laborales paupérrimas.
El sujeto costurero
Según estiman ONGs que investigan la situación de los talleres textiles, el 80% de la industria textil metropolitana está sostenida en este tipo de taller. En la Ciudad hay unos 300 mil costureros, y la textil es la segunda industria que más creció a nivel nacional después de 2001. Tanto, que alrededor de ella han surgido experiencias de mucho impacto en el sector, como La Salada.
Por otro lado, mientras desde la CAME son profusas las denuncias legalistas hacia manteros y trabajadores en la vía pública, se mantienen las sospechas de las ONGs en relación a 109 reconocidas marcas que usufructúan esta cadena de valor, sin cuestionarse de dónde vienen las prendas, ni en qué condiciones se fabrican.
Las denuncias, hasta ahora, no han rendido frutos. Juan Vásquez, referente de la rama textil de CTEP en Capital, ha reiterado en numerosas entrevistas que hay una docena de allanamientos diarios en pequeños talleres, familiares, en búsqueda -esencialmente- de coimas. Los talleres más grandes, según Vásquez, llegan a mejores arreglos negociando con el Gobierno de la Ciudad.
“No queremos el cierre de talleres: queremos que los costureros salgan de los talleres. Al victimizarlo y mediatizar su situación, lo único que logran es que los vecinos denuncien "ahí hay un taller clandestino”, y así impulsar los allanamientos y la expulsión”, expone Vásquez.
La posibilidad de realizar su trabajo en condiciones dignas atrae cada vez más a los costureros, y ya existe un sector que busca salir de la servidumbre de la mano de la organización, generando nuevas unidades productivas cooperativas, como el polo textil en Tres de Febrero que, próximamente, inaugurará la CTEP.
“Es un proceso largo que nos propusimos encarar, ya que pensamos que la persecución de los talleres no propone un diálogo que permita desnaturalizar ciertas condiciones” expresa Vásquez, y agrega: “El sujeto costurero es algo a construir, pero no le vamos a decir qué hacer, sino que lo vamos a ir construyendo juntos. Allí se encuentra la diferencia, el trabajo con el otro; el victimizarlo sólo hace que ese otro sea dependiente de uno. Nosotros no queremos eso”. El proyecto que se inaugurará en la provincia de Buenos Aires es la muestra cabal de esto.
