16.1.2016

El legislador porteño Pablo Ferreyra expuso un sumario de objeciones a la intentona del gobierno porteño por fusionar a la Policía Federal con la Metropolitana. Este asunto se tratará este lunes 18 en la Legislatura porteña.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina del traspaso de la Policía Federal a la Metropolitana?

Pablo Ferreyra: El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad salda una deuda histórica con los porteños y el sistema federal republicano. Sin embargo, esta expectativa no puede pasar por alto algunas irregularidades que surgen de la simple lectura del convenio, y menos aún, que se ignore la falta de discusiones serias para mejorar la seguridad en la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad propone que la votación del convenio sea cerrada, es decir, que no se permita hacer modificaciones. Asimismo, el convenio sólo pasará por la Legislatura porteña, haciendo interpretación forzada de la Ley Cafiero. Esto evitaría el paso por el Congreso Nacional.

APU: ¿Cuáles son las objeciones puntuales al convenio de traspaso?

PF: Fundamentalmente que los gastos siguen siendo cubiertos por el gobierno nacional. Según el jefe de gobierno porteño, se produciría un traspaso de recursos, pero considerando que hay una partida presupuestaria nacional asignada a la Policía Federal, la administración de los fondos permanecería en el ámbito nacional. Además es un cheque en blanco para que los ejecutivos de Nación y Ciudad establezcan nuevos protocolos de actuación policiales sin acuerdos parlamentarios.

Por otro lado, la trasferencia de agentes no parece responder a un planeamiento estratégico ponderado a la luz de las necesidades de seguridad de la ciudad, sino que parece el producto de negociaciones aisladas entre miembros de la Policía Federal y el Gobierno. De hecho, no especifica si la intención es conformar una sola fuerza. Hay cuestiones extrañas como la “predisposición” que deben tener los agentes de la División Destacamento para estar al servicio del gobierno nacional en operativos de control de ingreso y egreso de la Ciudad.

Otro factor es la falta de claridad respecto a los sumarios y sanciones a agentes transferidos, iniciados en la órbita de Nación y que aplicará la Ciudad, y a las investigaciones iniciadas por una de las fuerzas y que deben trasladarse a la otra para continuarla. Esto último puede volverse perjudicial para las víctimas especialmente de violencia policial. El proyecto también presenta inconsistencias en el punto referido a la División Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que deja en suspenso las proporciones en las que se transferirá.

Por último, el convenio establece que los agentes públicos transferidos conservarán el nivel escalafonario, la remuneración, antigüedad, derechos provisionales y de cobertura social que tuvieran al momento de la celebración de la transferencia o sus equivalentes. Esto, aunque legítimo, dificulta la convivencia entre las dos policías y, sobre todo, la unificación.

APU: ¿Es necesario este traspaso policial?

PF: La Policía Metropolitana tiene una estructura institucional que permitiría, si existiera la voluntad política, la construcción de una política de seguridad responsable y funcional, en diálogo permanente con la ciudadanía. Sin embargo, el PRO se ocupó de contaminar esas estructuras, fomentando prácticas represivas y encabezando sus cúpulas con ex jefes de la PFA, todos ellos cuestionados por violaciones a los derechos humanos.  El gobierno de la Ciudad nunca creó los Foros de Seguridad Ciudadana que por ley le correspondía crear.

Por todo esto, lo que verdaderamente queremos es que el traspaso se haga, pero de un modo en el que se abran canales institucionales de discusión en los que podamos participar y aportar, para poder pensar en serio en una policía de la ciudad que respete los derechos humanos y garantice seguridad a todos los porteños.

16.1.2016

El Ministerio de Educación porteño ha pautado para el día 4 de febrero a las 11hs. la primera Mesa de Condiciones Salariales y Laborales de 2016.

Desde Ademys, a la par que venimos impulsando reuniones convocando a la docencia para la elaboración colectiva de nuestro pliego reivindicativo, hemos planteado ante el Ministerio que dirige Soledad Acuña una serie de puntos que merecen respuesta urgente.

De cara a esta nueva convocatoria, reiteramos lo planteado en la reunión de presentación de las nuevas autoridades realizada el 21 de diciembre de 2015, donde nuestro sindicato sostuvo la necesidad de un bono de fin de año equivalente a un doble aguinaldo, y un aumento de emergencia y recomposición del básico a partir del 1° de enero: somos los trabajadores los principales afectados por la devaluación del 42% realizada hace un mes, la escalada inflacionaria que sólo en los últimos meses de 2015 superó el 10%, y los aumentos de tarifas que ya están en marcha, configuran un cuadro de fuerte confiscación del salario. Recordamos, asimismo, que en dicha reunión de diciembre la Ministra Acuña se comprometió a avanzar en un aumento de salario con una "suma puente" con sueldos de enero, y hasta la fecha no hemos tenido confirmación de la misma ni su monto.

Planteamos nuevamente nuestro pedido de creación de escuelas para poder resolver la falta de vacantes en zona sur, a la par que denunciamos la cantidad de familias que siguen teniendo severos problemas para acceder a la escuela pública en este 2016. Insistimos con nuestra exigencia por concursos transparentes en tiempo y forma, que pueden ser garantizados solo por Juntas de Clasificación democráticamente elegidas, por lo cual exigimos la restitución de dicho órgano y de la votación directa de sus miembros: ni docentes, ni vocales elegidos a dedo. 

A su vez, volvemos a exigir el fin del sumario a las compañeras Elsa y Alejandra, luego de que la Justicia haya resuelto la reinstalación a sus cargos. 

Remarcamos también la exigencia de que se ponga fin a la discriminación sindical que el gobierno porteño ejerce sobre Ademys por oponernos a sus políticas privatistas, discriminación que el gobierno lleva adelante tratando de desconocer a nuestro cuerpo de delegados, hecho que ha sido contestado con movilizaciones masivas y a su vez por la vía judicial desde nuestra entidad.

Los trabajadores no podemos ser, nuevamente, la variable de ajuste. Seguiremos organizándonos en las aulas y en las calles para evitarlo.

15.1.2016

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE ARGENTINA SOBRE CARLOS AZNÁREZ Y RUBÉN SABOULARD

“Desde la Gremial como en nuestro ejercicio profesional de manera particular, intervenimos en procesos contravencionales y penales plagados de nulidades y arbitrariedades, en todas las jurisdicciones de la Argentina. Pero hemos observamos particularmente el proceso contravencional y penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como especialmente plagado de estas nulidades y arbitrariedades. Y no escapa a esta realidad el proceso donde se pretende enjuiciar a Carlos Aznárez a partir de su participación el 27 de agosto del 2014 en un acto de solidaridad con el Pueblo Palestino y de repudio a las masacres que el Estado de Israel llevo adelante contra población civil indefensa”.Así comienza comunicado de la entidad cuyo titular es el abogado del pueblo, Eduardo Soares, en defensa de los compañeros perseguidos. Más abajo resto del texto del pronunciamiento. Toda nuestra solidaridad con el periodista Carlos Aznárez y Rubén Saboulard, dirigente de Asambleas del Pueblo.

Carlos Aznárez, director de la muy conocida publicación RESUMEN LATINOAMERICANO y RUBEN SABOULARD, dirigente de ASAMBLEAS DEL PUEBLO, están acusados de haber sido parte de la larga lista de oradores en el acto ese día a quienes se les endilga “manifestaciones de tinte discriminatorio hacia la religión judía”. Ni Carlos ni su defensa técnica ejercida por esta GREMIAL DE ABOGADOS nos enteramos de la existencia de la causa por los canales que el debido proceso impone.

El Fiscal inició una investigación a partir de una denuncia de la DAIA que nunca notificó a Carlos a fin de que pueda defenderse. Pero además tampoco solicitó al juez competente que adoptara las medidas que impuso solo el Ministerio Público Fiscal y que afectaron derechos fundamentales de Carlos.

Entre esas medidas solicitó al servidor del mail de la publicación RESUMEN LATINOAMERICANO a fin de que se intervenga el mail del periódico y se le informe a la Fiscalía de todo el contenido de los correos entrantes y salientes. Medida que afectó, entre otros, el derecho humano de Carlos a la privacidad de su correspondencia y la libertad de expresión.

El servidor de la cuenta de mails de RESUMEN LATINOAMERICANO comunicó al Periódico que ‘un Fiscal argentino’ pretendía la invasión a los correos privados de la publicación ‘sin la orden de un Juez competente’. Recién de esta forma las personas investigadas tomaron conocimiento de la causa en su contra.
Todo esto llevado adelante sin Juez y sin Defensor. Solo el Fiscal. Tan así que ahora pretende ser él ante quien Carlos ejerza su primer acto de defensa material y técnico: preste declaración indagatoria.

Es por ello que la Gremial de Abogadas y Abogados se presentó ante el Juez natural de Carlos, denunció las violaciones a sus derechos y le solicitó que, en caso de así entender, sea él quien lo convoque a prestar declaración indagatoria. Adjuntamos los escritos donde planteamos la inconstitucionalidad de la norma que faculta a un Fiscal a interrogar a quien investiga. Sobre la norma del Código procesal de la Ciudad de Buenos Aires está la Constitución Argentina y los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional que ordenan que en cualquier proceso en el que estén en juego derechos humanos, ya sea éste comercial, administrativo, penal, o de cualquier otra naturaleza, SIEMPRE deben existir tres partes: Acusador/demandante, Defensor/demandado y Juez imparcial e independiente.
De tal modo resulta inconstitucional y contra convencional que la misma persona que investiga, en este caso a Carlos, sea quien lo indague. El Fiscal no es imparcial, es el adversario procesal de la persona a quien investiga, en este caso de Carlos. Quien debe escuchar a Carlos es un Juez, competente e imparcial, sin interés concreto en el proceso penal como sí lo tiene el Fiscal.

Lejos resulta este planteo de raigambre constitucional y convencional ser parte de una estrategia a fin de ‘ganar tiempo’. El nuestro es un planteo ideológico, de debido proceso, una cuestión de principios: nunca un Fiscal puede arrogarse facultades de Juez.

Pero yendo al fondo de la cuestión, la acusación contra Carlos y Rubén carece de todo sustento fáctico y jurídico. Las manifestaciones de ambos lo fueron en el ámbito de un Acto, como los miles que se hicieron y se hacen en todas partes del mundo, en el que se manifestó la solidaridad con el Pueblo Palestino. En ningún momento, ni el acto ni las manifestaciones allí vertidas, tuvieron ribetes discriminatorios y no existen elementos que así lo indiquen. Por el contrario, lo han sido en el marco de las expresiones que libremente las personas tenemos derecho a pronunciar. En realidad bajo la excusa de investigar a Carlos Aznárez se pretende afectar el derecho a la Libertad de Expresión y a la Libertad de prensa.

A más, debemos decir que en dicho acto también estuvieron presentes muchos judíos así como es ahora interminable la lista de adhesiones a Carlos Aznárez efectuadas por importantes personalidades judías argentinas e internacionales.

Están aquí en juego derechos humanos tales como la libertad de expresión, de publicar, de difundir, de informarse; al debido proceso, al estado de inocencia, al juez imparcial, a la defensa; todos derechos humanos de Carlos y Rubén que están ahora violentados en este proceso pero que se proyectan a cada persona de nuestra Argentina.

Pedimos en primer lugar a los colegas de las distintas organizaciones, que conocen por padecer de estas arbitrariedades, que unifiquemos criterios en torno a este tema. A las organizaciones de DDHH y diferentes coordinadoras y estructuras antirrepresivas que acompañen este planteo. El proceso contra Carlos Aznárez y Rubén Saboulard muestra el intento de fortalecer y consolidar una forma de ejercer la (in)Justicia. Debemos impedirlo.

ASOCIACIÓN GREMIALDE ABOGADASY ABOGADOSDE LA REPUBLICAARGENTINA

12.1.2016

“Con la transferencia de la policía Federal, la Ciudad asume intacta una estructura largamente sospechada por sus cajas paralelas y sus vínculos con el delito organizado.  Una prueba de ello es que la transferencia mantiene inalterado el régimen de los adicionales. A través de ellos, se privatiza la función de seguridad y se establece un mecanismo de manipulación de los jefes policiales sobre sus subordinados”. Esto señaló Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, después de la reunión del Ministro de Seguridad Martín Ocampo con los presidentes de los bloques legislativos.   “Le dijimos al ministro que, si se asume intacta esta estructura corrupta, es por una sola razón: necesitan de ella para reforzar un orden represivo en la Ciudad, de cara a los brutales antagonismos sociales que se manifiestan cotidianamente”. Ramal anticipó su oposición al proyecto oficial de traspaso, que “además, reeditará en la Ciudad una crisis política similar a la que vivimos en Buenos Aires en estos días”.

11.1.2016

Comunicado de prensa

Desde el Espacio de Niñez Y el área Derechos Humanos de ATE CAPITAL, en conjunto con la campaña contra la violencia institucional, manifestamos nuestra preocupación y más enérgico repudio ante el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que permite a la policía pedir documentos en la vía pública y demorar a las y los ciudadanos/as por averiguación de identidad, violando Derechos y Garantías constitucionales.

Por medio de este fallo, el poder judicial habilita las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y la discrecionalidad en el accionar policial, omitiendo los principios rectores de la normativa nacional e internacional de Derechos Humanos y en un alarmante retroceso en la historia de nuestro país con respecto a la lucha contra el accionar policial y la violencia institucional.

No vemos como casualidad el momento de esta decisión judicial con un gobierno de derecha recientemente asumido y caracterizado por la represión y la violación de derechos fundamentales. También entendemos que esta situación es aún más compleja con el reciente traspaso de la policía a la órbita de la Ciudad.

Expresamos especialmente nuestra profunda preocupación por la situación de los jóvenes de sectores más vulnerables quienes son las principales víctimas de la estrategia de control social que discrecionalmente los persigue, castiga y encierra, y que encuentra en este fallo libertad de acción policial. Y advertimos con preocupación que esta medida no sea la antesala para la baja de la edad de imputabilidad.

Por último, convocamos a trabajadoras/es, Organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en su conjunto a repudiar estas prácticas represivas y salir a defender los Derechos de los jóvenes y nuestra Constitución Nacional.

Asociación Trabajadores del Estado

Consejo Directivo Capital Federal