Comunicadores del Sur

20.12.2015

Los legisladores porteños aprobaron el Proyecto de ley presentado por el diputado de la Ciudad, Pablo Bergel de Bien Común, que declara al canal de televisión comunitario, alternativo y popular Antena Negra TV de “interés cultural y educativo para la ciudad de Buenos Aires por sus seis años de labor comunicacional como canal de televisión comunitario en los barrios porteños de Caballito, Almagro y Villa Crespo”.

El reconocimiento está basado en la historia que tiene el medio de comunicación. Desde sus comienzos ANTV realizó distintas transmisiones como el pasado 24 de Marzo por Golpe cívico-militar; 1º de mayo, Día del trabajador y trabajadora; 26 de junio, Masacre de Avellaneda; entre otras.

Desde 2009 realizó los programas: El bondi informativo, Abya Yala TV, Artículo 14, vip Territorio, Soy de la eskina, Motín en el aula, Foucault para encapuchadxs y Con la Cámara compañera. Dentro de estos seis años de producción propia, la programación se complementa de enlatado tanto documental como ficcional, producido íntegramente por otros colectivos audiovisuales, organizaciones sociales o instituciones educativas y de otras televisoras comunitarias de otras zonas del país.

Por otra parte, el canal realiza talleres de formación técnica y formal en materia de comunicación comunitaria, alternativa y popular audiovisual, implementando metodologías que permitan la apropiación de la herramienta por distintos niveles de comprensión; trabajando con el barrio, escuelas y territorios del sector comunitario.

Esta declaración es un reconocimiento al trabajo realizado de manera colectiva y autogestiva por lxs diferente compañerxs que transitaron por el espacio. Antena Negra TV trabaja desde sus comienzos con dinámicas asamblearias con la tarea de visibilizar las luchas del campo popular de las cuales somos parte, reflexionando el quehacer comunicacional.

#LucharParaTransmitir

#TransmitirParaTransformar

19.12.2015

Los vecinos hablan de un “recrudecimiento” de la violencia policial en las últimas semanas.

Por Santiago Asorey

Pablo César Reynaga (30) tenía tres hijos. Era un vecino de la Villa 1.11.14.  El viernes por la mañana, a plena luz del día, un efectivo de la Policía Federal de la comisaría nº 34 lo asesinó de cuatro disparos en un nuevo hecho de violencia institucional. Pablo recibió tres tiros en el pecho y uno en la mano. El hecho, ocurrido en el barrio Illia del Bajo Flores, convocó a la indignación de los vecinos que hablan de un “recrudecimiento” de la violencia policial en las últimas semanas. El efectivo de la fuerza de seguridad se encontraba de civil al momento del hecho. Los padres, familiares y amigos de Pablo piden justicia. La causa se encuentra radicada en el juzgado de instrucción N° 47 a cargo de fiscal Minilla Lacasa.

El efectivo de la Federal se encuentra detenido en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal en el Palacio de Justicia. Dolly, la madre de Ezequiel Demonty, asesinado por la Policía Federal en el año 2002, acompañó a la familia de Pablo en su reclamo de justicia. “Siempre ésta violencia está preparada para los que menos tienen, para los que siempre fuimos abusados en los barrios populares. Hay un claro hecho de abuso institucional, a plena luz del día y con total impunidad”, manifestó la madre de Ezequiel.

17.12.2015

Hace unas semanas Ademys presentó un juicio sumarísimo en el Fuero Nacional del Trabajo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lograr el reconocimiento de nuestros delegados y representantes en el lugar de trabajo y decretar la nulidad de las disposiciones del Ministerio de Modernización que pretende desconocer las elecciones realizadas por nuestra entidad en las que los docentes eligieron democráticamente a sus compañeros de trabajo como delegados.

En la mencionada demanda, se plantea la nulidad de las disposiciones en función de la inconstitucionalidad del Art. 41 inciso a) y del Art. 52 de la Ley 23.551 en función de la doctrina emanada por la CSJN en los fallos ATE I, Rossi y ATE II.

Asimismo, hemos planteado que la actitud del GCBA de desconocernos sea declarada por la Justicia como una práctica desleal, en tanto obstaculiza el ejercicio de la democracia sindical en los términos planteados en el art. 53 inciso c) de la Ley y la necesaria reparación moral y social frente al daño causado a nuestra entidad, que históricamente ha representado los intereses de los trabajadores y promovido su organización en los lugares de trabajo, hecho reconocido ampliamente por el conjunto de la docencia y por todos los sectores sindicales, sociales y políticos que han manifestado masivamente su apoyo a nuestro sindicato contra este avasallamiento a nuestros derechos.

En este momento, el GCBA tiene que contestar la demanda instaurada. Instamos a la Justicia laboral a que prontamente proceda a resolver la demanda haciendo lugar a la misma, en tanto constituye un hecho básico de respeto a nuestros derechos democráticos como trabajadores y al ejercicio de la libertad sindical, y es producto de la lucha y movilización de nuestra querida Asociación Docente. 

17.12.2015

El nuevo Ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, ha hecho campaña magnificando el salario docente de la Ciudad y la situación educativa en general.

Pero los docentes que trabajamos en las escuelas públicas porteñas sabemos que -aunque no se la declare- hay una emergencia en la infraestructura escolar con escuelas en crisis en todos los distritos escolares. Cada día se suspenden las clases en un promedio de diez escuelas por problemas edilicios, falta de luz o agua, incrementándose la cantidad cada vez que llueve.

Los docentes de la Ciudad debemos trabajar dos y más cargos para llegar (mal) a fin de mes. El salario se paga con varias cifras en negro, generando que un docente con 10 años de antigüedad gane lo mismo que uno que recién se inicia. A lo que debe agregarse que cada vez que un docente toma un nuevo cargo pasa meses sin cobrar.

Se profundizó en los últimos años el vaciamiento de los equipos de orientación escolar que atienden las escuelas primarias y jardines, y los departamentos de orientación escolar de las escuelas medias, donde el Estado desatiende los efectos de la crisis social que impacta en las escuelas y tiene como principal víctima a la niñez y a la adolescencia, y quita los recursos que las escuelas necesitan.

Esto tiene consecuencias en la propia tarea docente, y la orientación del gobierno ha sido responsabilizar a los trabajadores de la educación por los efectos de la crisis social, llegando al extremo de separar del cargo y sumariar a la directora del jardín y la maestra del niño Agustín Marrero, muerto por los golpes de su padrastro.

Este año se llevó a cabo el proceso de inscripción online para los cargos docentes, que generó una enorme crisis, agravada por la reciente votación de una ley que elimina las elecciones democráticas de los vocales de Juntas de Clasificación y Disciplina, que no podría haber avanzado sin el acuerdo de sectores sindicales a espaldas de los trabajadores, perjudicando al conjunto de la docencia y beneficiando a un puñado de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista, en detrimento de los intereses de la docencia y la educación pública (UTE, UDA, AMET, Camyp). Una ley que profundiza la destrucción de las Juntas iniciada por la Ley Abrevaya de 2011, esta vez, votada por todo el Interbloque K y UNEN, con el aval de la burocracia sindical, para restringir la representación de los trabajadores docentes.

Una vez más, el Presupuesto 2016 viene con ajustes que configuran un cuadro de aumentos salariales a la baja, menos recursos para las escuelas públicas y un considerable aumento (30%) de los subsidios a las escuelas privadas (más de $4.000 millones). Además, los recortes afectan a distintas áreas: salud, cultura, vivienda.

Al tiempo que el gobierno profundiza la injerencia de organismos privados y de la Iglesia Católica en las escuelas públicas, se lleva a cabo la puesta en marcha de la unidad de evaluación integral de la calidad y equidad educativa, que ha intentando llevar adelante evaluaciones externas y estandarizadas, con la perspectiva de responsabilizar a los docentes por la situación de la educación y avanzar en la línea de que el salario y la estabilidad en los cargos queden atados a los resultados de la evaluación.

En lugar de llevar adelante un plan de construcción de jardines y escuelas para solucionar el problema de la falta de vacantes  -evidenciada con la inscripción on line que dejó sin escuela a miles de niños/as-, el PRO y la “oposición” legislativa (FpV, ECO, UNEN y otros) cedieron 30.000 metros cuadrados al Arzobispado.

Ante este cuadro, llamamos a la docencia a abrir un proceso de debate en las escuelas y distritos para avanzar en nuestros reclamos y poder enfrentar el ajuste en curso y el que preparan los gobiernos nacional y de la ciudad.

Ademys 

16.12.2015

Difundimos convocatoria:

Desde la implementación del arbitrario y expulsivo sistema de inscripción online se dio a conocer que más de 7000 niños y niñas se quedan sin vacante en la Ciudad de Buenos Aires cada año. Siendo el último día del ciclo lectivo 2015, nuevamente miles de familias llegan a las fiestas angustiadas porque no tienen asegurada la escolarización de sus hijos para el año que viene. "No pudimos asignarte una vacante" o "estás en lista de espera" es la respuesta que obtuvieron de parte del Ministerio tras la inscripción. Seguimos exigiendo el cumplimiento del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que garantiza el acceso a la educación pública, laica y gratuita desde los 45 días de edad. Vamos de nuevo al Ministerio:

* Por más escuelas públicas, laicas y gratuitas de todos los niveles, especialmente en zona sur donde no son suficientes. Que los espacios ociosos de la Ciudad se conviertan en escuelas.

* Por más escuelas infantiles y jardines de infantes públicos, laicos y gratuitos. No a los Centros de Primera Infancia (CPI) porque no son dependencias del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social, razón por la cual no responden a un proyecto pedagógico sino meramente asistencial y precarizan las condiciones laborales de sus docentes.

* Derogación del decreto 1990/97 que permite el cierre de salas, grados y cursos. Exigimos la reapertura de los cerrados en los últimos años.

* Basta de precariedad, no a las aulas containers de chapa y cartón, basta de subejecución de presupuesto para infraestructura escolar, basta de falsas promesas, que las obras se cumplan en los plazos estipulados.

* No a la inscripción online por arbitraria y excluyente, porque la inscripción es un acto pedagógico y porque las familias tienen derecho a elegir la escuela para sus hijos, que la inscripción y las vacantes vuelvan a estar en manos de las escuelas.